ES DEBER DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA RESPETAR, PROTEGER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS Y EL BIEN COMÚN DE TODOS SUS HABITANTES Y NO EL DE BENEFICIAR AL PEQUEÑO E IMPRODUCTIVO SECTOR EMPRESARIAL

ES DEBER DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA RESPETAR, PROTEGER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS Y EL BIEN COMÚN DE TODOS SUS HABITANTES Y NO EL DE BENEFICIAR AL PEQUEÑO E IMPRODUCTIVO SECTOR EMPRESARIAL

Frente a los lamentables hechos acaecidos desde el 15 de marzo en el Valle del Polochic, la presencia policial y militar en el área Ixil y el amenazante comunicado del Organismo Ejecutivo de fecha 17 de marzo, la Convergencia por los Derechos Humanos responsabiliza:

1.      Al Gobierno de la República, en particular al Presidente de la República Álvaro Colom, por las violaciones a los derechos humanos que incluyen ejecución extrajudicial del señor Bed Ac, agresiones físicas a por lo menos de siete comunitarios, quema y destrucción de más de 200 precarias viviendas, destrucción de cultivos de granos básicos y productos agrícolas para la venta e ingresos de por lo menos 500 familias del área.

2.      A jueces y a Fiscales que actúan arbitrariamente ante los conflictos y sin la aplicación de las garantías judiciales respectivas, por ejemplo la reiterada práctica de solicitar desalojo sin la verificación previa de la veracidad del reclamo de propiedad o el desistimiento por inacción de las denuncias de amenazas y agresiones realizadas por defensores de derechos humanos.

3.      A la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) por incumplir su deber de observar y verificar garantías procesales, sancionar oportunamente violaciones de Derechos Humanos y generar mecanismos de diálogos oportunos y efectivos.

4.      Al sector empresarial que impone sus proyectos sobre el bienestar de la población, sin importarle la vida, la seguridad alimentaria, el respeto a la naturaleza y la dignidad de la persona humana entre otros, por ejemplo el actuar del señor Carlos Widman quien cometiendo una serie de delitos busca garantizar la continuidad de un fracasado proyecto empresarial financiado por un préstamo adquirido por el Estado guatemalteco.

Estos hechos no son más que el resultado del ineficiente y demagógico sistema de diálogo que desde el actual y gobiernos previos han sido incapaces de producir algún resultado.

La Convergencia por los Derechos Humanos demanda:

1.      Al Gobierno de la República que suspenda y de marcha atrás a las acciones violentas de desalojo forzoso en consecuencia a las exhortativas que desde diferentes mecanismos del Sistema de las Naciones Unidas se le han realizado.

2.      Al Ministerio Público, a la Corte Suprema de Justicia y a la Instituto de la Defensa Pública Penal que revisen la situación de los defensores de derechos humanos, despenalizando aquellos casos que constituyen claramente una persecución al Derecho a Defender Derechos Humanos y en aquellos casos que en donde existan elementos para la investigación garantizarle al Defensor recursos para su defensa.

Frente a lo expuesto anteriormente, la Convergencia por los Derechos Humanos exhorta a la comunidad internacional, en particular a la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos observe la situación de las y los defensores de derechos humanos a quienes hoy irresponsablemente el Organismo Ejecutivo, difama y criminaliza por el hecho de reivindicar libertades fundamentales consagradas constitucionalmente. Asimismo, coadyuvar a que los Principios en torno a desalojos que desde el Sistema de las Naciones Unidas se han emitido, sean implementados por el Estado guatemalteco.

Por último, exhortamos al Consejo Ecuménico que pueda iniciar el proceso de concreción de un diálogo abierto, franco y que desactive la grave situación por la que hoy está atravesando diferentes poblaciones en el país.

Guatemala, marzo del 2011

CONVERGENCIA POR LOS DERECHOS HUMANOS

Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos -CALDH-

Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos -CIIDH-

Fundación Sobrevivientes

Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala -ICCPG-

Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala -ODHAG-

Seguridad en Democracia -SEDEM-

Unidad de protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Guatemala -UDEFEGUA-

CUC: EJERCITO, POLICÍA NACIONAL CIVIL, PARAMILITARES Y FINQUEROS HIEREN Y ASESINAN A CAMPESINOS

EJERCITO, POLICÍA NACIONAL CIVIL, PARAMILITARES Y FINQUEROS HIEREN Y ASESINAN A CAMPESINOS

En los desalojos realizados hoy 15 de marzo, en el Valle del Polochic, fuerzas de seguridad y paramilitares atacaron a campesinos y campesinas, incluyendo niñas, niños y ancianos. 

En la Comunidad Miralvalle el desalojo fue dirigido por el dueño del Ingenio Chabil Utzaj, Carlos Widmann, el gerente del mismo Ricardo Díaz y Jorge Mario Barrientos a quienes responsabilizamos de los hechos y sus consecuencias.

Las y los campesinos de esta comunidad solicitaron que se les permitiera cosechar el frijol y el maíz que habían sembrado para su subsistencia, pero ello les fue negado por las autoridades.  Cuando los pobladores de las comunidades estaban solicitando que no se destrozaran los cultivos, durante el diálogo, las fuerzas de seguridad y paramilitares comenzaron a disparar y lanzar bombas lacrimógenas, a pesar de la presencia de mujeres y niños. Seguidamente un tractor pasó destruyendo los cultivos.

Como resultado de los disparos realizados indiscriminadamente, fue asesinado de un tiro en la cabeza el compañero Antonio Bed Ac y se encuentran heridos Federico Caal con un disparo de escopeta en la pierna, Emilio Xol y Hugo Caal por las bombas de gas lacrimógeno y Concepción Tut gravemente intoxicada; 51 familias han quedado sin sus cosecha y con sus casas destruidas.

En el casería Agua Caliente de Telemán, Panzós, Alta Verapaz, a las 8:45 de la mañana ingresaron 20  patrullas de la Policía Nacional Civil y 15 camionetas del ejercito; con un aproximado de 2,000 elementos entre policías, soldados, ministerio publico y agentes de particular armados con armas cortas.

Cuando los campesinos y campesinas se estaban retirando, la policía nacional civil ingresó violentamente utilizando a grupos de choque de campesinos armados con machete quienes entraron a quemar las casas y destruir la  milpa. En la retirada la policía junto con los campesinos  de choque, persiguieron a los campesinos con bombas lacrimógenas hasta penetrar en un terreno privado, donde entraron a la casa de la señora María Elena Pau, dueña del inmueble a quien golpearon y vapulearon a José Tun y Rafael Suy que se encuentran heridos. 

Además fueron capturados por la policía los compañeros Justo Tiul Chen, y Sebastian Choc

Responsabilizamos de los muertos, heridos, destrucción de ranchos y quema de cultivos  a Carlos Widmann y Ricardo Díaz, así como a los jefes de la policía y del ejército que dirigieron los ataques en contra de las comunidades K’ekchi’s. Asimismo son cómplices de estas heridas, muertes y daños el fiscal del ministerio público Benigno Ramírez y la jueza Úrsula Magnolia Teyul Yat.

Responsabilizamos, al gobierno de Colom y las y los funcionarios de la Secretaría de Asuntos Agrarios y el Mecanismo de Diálogo Permanente, por engañar a las comunidades campesinas ya que el día de ayer, en la mesa de diálogo, recibieron la propuesta de las comunidades  para solucionar la problemática y hoy eran ilocalizables lo que evidencia un contubernio con los finqueros asesinos y son cómplices de los heridos, asesinatos y destrucción en contra de las comunidades.

Responsabilizamos al BCIE porque lo único que le interesa es recuperar, manchado con sangre de indígenas y campesinos, el dinero que prestaron a los dueños de Chabil Utzaj y que curiosamente fue otorgado a la familia de la esposa del expresidente Berger cuando éste se encontraba gobernando, lo que da indicios de corrupción o tráfico de influencias.

Exigimos que cesen los desalojos y se resuelva la necesidad de más de 800 familias campesinas que no tienen dónde sembrar sus alimentos.

Solicitamos a las organizaciones nacionales e internacionales su solidaridad con las familias desalojadas y su condena a los funcionarios del Estado guatemalteco responsables de estas acciones y a la familia Widmann, dueños del Ingenio Chabil Utzaj.

Cabeza Clara, Corazón Solidario y Puño Combativo
De las y los Trabajadores del Campo

Comité de Unidad Campesina

CUC

15 de marzo de 2011.

Más información en: www.cuc.org.gt