Caso ilustrativo No. 79
La masacre en la Embajada de España
“…No nos ha quedado otra alternativa que permanecer en la Embajada de España como la única manera de hacer llegar nuestras denuncias a todo el pueblo de Guatemala y a los pueblos del mundo”.
“Ojalá que estos hechos lamentables e increíbles, que ocasionaron la muerte de hermanos de sangre y de raza, nos hagan comprender a plenitud el valor de la vida humana”.
A partir de 1977 muchos pobladores maya ixil y k’iche’ de los municipios de Chajul, Nebaj, San Juan Cotzal y San Miguel Uspantán, ubicados en el norte del departamento de Quiché, se organizaron en el Comité de Unidad Campesina (CUC).
En estos municipios se registraron en 1979 varios hechos de violencia que fueron responsabilidad del Ejército. En septiembre, siete campesinos de la aldea Chicamán, municipio de Uspantán, fueron detenidos arbitrariamente por miembros del Ejército. Meses más tarde, vistieron a los prisioneros con uniformes verde olivo y los hicieron caminar solos, en un simulacro de emboscada y, por último, los ejecutaron. El 6 de diciembre de 1979 sus cadáveres fueron descubiertos en Chajul.
Días después, el Ejército informó de forma oficial que había dado muerte a siete guerrilleros durante un enfrentamiento armado. De ahí en adelante el Ejército desarrolló una escalada represiva en el municipio de Chajul, combinando rastreos, controles, presencia masiva de carácter militar, cateos en las casas y detenciones arbitrarias de campesinos.
Como respuesta a la represión, campesinos maya ixil y k’iche’, hombres, mujeres y niños, algunos de ellos miembros o líderes del CUC, viajaron a la ciudad capital para denunciar ante medios nacionales e internacionales las graves violaciones de los derechos humanos que estaba sufriendo la población. “Fueron en camionetas con compañeros de Nebaj, Chajul y Cotzal. Cuando llegaron a Guate había gente de otro lugares, allí estaba Vicente Menchú. Ellos sólo querían exigir sus derechos”.
La represión que el Ejército llevaba a cabo en el departamento de Quiché alcanzó también a los sacerdotes que trabajaban en el área, muchos de ellos de nacionalidad española, al igual que a los catequistas guatemaltecos. Por esta razón, el 30 de enero de 1980 Máximo Cajal, embajador de España en Guatemala, viajó al Quiché para hablar con los sacerdotes y, además de ofrecerles protección, “…decirles que si alguno se sentía amenazado, él podría ayudar a sacarlos del país”. En la visita que el embajador de España hizo al departamento de El Quiché no se entrevistó con campesinos, limitándose a conversar con los sacerdotes y las religiosas españoles que trabajaban en el área. Así lo confirma un declarante: “…Con los indígenas no tuvieron ningún trato, fueron a ver a los padres a los conventos…”
En la ciudad capital los campesinos recorrieron muchos lugares para que sus denuncias econtraran eco y fueran atendidas. Todo fue en vano. Se les impidió el acceso al Congreso Nacional de la República cuando intentaban solicitar que se formara una delegación para que visitase los municipios y verificara los hechos que motivaban sus protestas. El grupo no logró obtener el apoyo que esperaba del Congreso Nacional.
Los medios de comunicación se negaron también a difundir la denuncia: “Todos los periodistas estábamos informados, sabíamos que un grupo de personas provenientes de Uspantán, Chimel, de Quiché, se encontraba en Guatemala, realizando una serie de acciones porque estaba solicitando que se integrara una comisión investigadora de la masacre de Chajul. Según ellos, esa masacre había sido cometida por el Ejército el 6 de diciembre … La prensa en ese momento no destacó para nada las peticiones de los campesinos…”
Un declarante, que en aquella época tenía un cargo de relieve en un medio de comunicación, afirmó: “Llegaron a las oficinas del periódico un grupo de campesinos que querían hacer la denuncia de las atrocidades que estaban cometiendo contra ellos en Quiché, nos llevaron a la redacción la denuncia y, con mucha franqueza digo, no nos atrevimos a publicarla, y, lo mismo que hice yo, lo hicieron todos los medios: nadie publicó la denuncia ¿qué los obligamos a hacer? Ir a tomarse la Embajada de España”.
Según un testigo, “…Estos campesinos intentaron ser oídos también por la OEA y allí les cerraron las puertas … Es importante hacer notar que se tocaron las puertas del Estado de Derecho. Se trató hacer funcionar el Estado de Derecho antes de la toma de la Embajada … lo estoy diciendo como periodista, testigo de esa época…”
Sin embargo, fueron apoyados por estudiantes de la Universidad San Carlos (USAC) y militantes del Frente Estudiantil Revolucionario Robin García (FERG), algunos sindicatos y diversas organizaciones populares. Un declarante, que entonces cursaba la carrera de leyes en la Universidad de San Carlos, relató: “…Nosotros les ayudamos … visitaron centrales sindicales, colegios privados, institutos públicos, estuvieron en la prensa y todo. Su principal demanda era que cesaran los bombardeos en Quiché, la represión, el desaparecimiento de campesinos”.
En vista de que todas la vías formales para conseguir una respuesta de las autoridades se habían agotado, buscaron otros medios para alcanzar sus objetivos.
Es entonces cuando, con el apoyo de estudiantes, miembros del Frente Estudiantil Revolucionario Robin García (FERG) y del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), se analizaron las posibilidades que existían para ocupar una iglesia o una representación diplomática. Optaron al fin por ocupar una embajada. De acuerdo con lo señalado por un declarante: “…Se barajaron distintas posibilidades de qué embajada podía ser y se trató de buscar con un criterio operativo y político al mismo tiempo la embajada que prestara mejores condiciones operativas, que fuera accesible y que se pudiera llevar a cabo esta ocupación, pero político también, buscando que fuera un Gobierno democrático, que, por lo menos, no tuviera una actitud contraria y más bien pudiera servir de intermediario para encontrar una solución”.
Antes de tomar la decisión de ocupar la Embajada de España, se pensó en otras, como la de Panamá, la de algún país escandinavo, las de Canadá o Bélgica, que por su ubicación no reunían las mejores condiciones operativas o de impacto público. Además, la Embajada de España tenía un sistema de seguridad menos estricto que otras.
II. LA OCUPACIÓN DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA
A las once de la mañana del jueves 31 de enero de 1980, 27 personas, la mayoría de ellos indígenas y representantes de organizaciones populares de Quiché, y algunos estudiantes, ingresaron de forma pacífica en la Embajada de España.
En el momento de producirse la ocupación el embajador, Máximo Cajal, se encontraba en su despacho. Mantenía una reunión con tres juristas guatemaltecos, Adolfo Molina Orantes, ex ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Eduardo Cáceres Lenhoff, ex vicepresidente de la República de Guatemala, y Mario Aguirre Godoy, profesor de la facultad de Derecho de la Universidad San Carlos. Estos prestigiosos abogados, con anterioridad y por escrito, habían solicitado este encuentro para pedir apoyo económico del Gobierno español, con el propósito de preparar un acto académico.
Mario Aguirre Godoy, quien salió ileso y logró escapar antes de que se produjera el incendio de la Embajada, relató con posterioridad la entrada de los ocupantes en la sede diplomática: “…El doctor Molina Orantes expuso el objeto de nuestra visita, entonces entró por primera vez la persona que nos había atendido al ingresar nosotros a la sede diplomática y dijo: ‘Señor Embajador, quiere usted salir, porque lo necesitan abajo”. El Embajador contestó a dicha persona, el secretario de Embajada Jaime Ruíz del Arbol, que atendiera a quienes acababan de llegar y que procediera a recibir sus peticiones para atenderlos al final de la reunión, y reanudó su diálogo con los juristas. Pocos minutos después informaron al diplomático español de que los visitantes habían cerrado las puertas de la sede, diciendo que la habían ocupado. En ese momento bajó el embajador.
El grupo de campesinos y estudiantes, que llevaban sombreros y los rostros cubiertos, se encontraba en el primer nivel de la sede. Comunicaron al embajador las causas, propósitos y peticiones de la ocupación pacífica a través de una declaración pública, donde se exponía en detalle la represión que estaban sufriendo las comunidades:
“…Toda esta injusticia, toda esta maldad y toda esta cobardía del Ejército Nacional es lo que venimos a denunciar a la capital, pero también aquí fuimos perseguidos y amenazados por las fuerzas represivas. Los periódicos y las radios no querían publicar nada porque también sus trabajadores han sido amenazados de muerte por el Gobierno … por todos estos hechos no nos ha quedado otra alternativa que permanecer en la embajada de España como la única manera de hacer llegar nuestras denuncias a todo el pueblo de Guatemala y a los pueblos del mundo. Estamos firmemente decididos a permanecer dentro de la embajada hasta que las peticiones que les hacemos a ustedes sean resueltas favorablemente …”
En el interior de la sede diplomática se encontraban también, además del español Jaime Ruiz del Arbol, la española María Teresa de Villa, visitante que había acudido a realizar gestiones, y otros funcionarios de nacionalidad guatemalteca: Felipe Sáenz Martínez, canciller de la Embajada de España; María Lucrecia Rivas de Anleu, secretaria; Nora Adela Mena Aceituno, secretaria; Miriam Rodríguez Urrutia, secretaria; Mary Wilken de Barillas, oficial de la cancillería, y María Cristina Melgar, cocinera.
Desde los primeros momentos de la ocupación el embajador español intentó poner fin a la situación irregular que afectaba a la sede diplomática. Expresó a los ocupantes que garantizaba que sus demandas llegarían al Gobierno español y a otros gobiernos amigos, y les conminó a que se retiraran porque, si la noticia de su presencia trascendía, podía acudir la Policía y producir violencias innecesarias.
Los ocupantes no depusieron su actitud. Al contrario, venían dispuestos a continuar varios días en la embajada, ya que traían consigo una considerable cantidad de alimentos (tortillas, maíz, fruta etc.).
Alrededor de las once y media de la mañana desplegaron banderas y pancartas por el exterior de la Embajada en las que se leía: “Condenamos la masacre de Chajul”. El embajador solicitó a los ocupantes que se autorizara la salida del personal de la Embajada y se ofreció personalmente para permanecer en ella junto con el secretario de Embajada. Los ocupantes dijeron que contemplaban la salida de algunas personas, en especial de las mujeres, pero que, como primera medida, tenían que comunicarse con la Cruz Roja. Autorizaron al embajador para que conversara por teléfono con las autoridades guatemaltecas y evitara la entrada de la Policía.
“El Embajador intentó hablar con el canciller Castillo Valdés, pero le fue imposible. Le dijeron también desde el Ministerio de Relaciones Exteriores que el jefe de Protocolo no estaba y que el segundo jefe de Protocolo se encontraba de vacaciones. Pudo finalmente tomar contacto con el Viceministro de Relaciones Exteriores, … todas las llamadas fueron realizadas siempre en presencia de los ocupantes, sin violencia alguna, tenían sin embargo controlados a todos individualmente. El embajador señaló al viceministro que la embajada había sido ocupada por gentes que dicen ser campesinos de El Quiché, el viceministro preguntó: ‘¿Pero son campesinos o no son campesinos?,’ a lo que el embajador Cajal respondió: ‘Pues mire usted, no estoy en condiciones de verificarlo; yo lo que le pido es que traslade usted al Sr. ministro y a las autoridades competentes mi ruego de que la Policía se retire, porque creo que esto será una medida de prudencia que contribuirá a aliviar la tensión y evitará mayores problemas’. El embajador de España trató también de llamar al ministro de la Gobernación …. Se puso al teléfono su secretaria quien le señaló que estaba reunido. El embajador Cajal insistió en que era una llamada muy urgente debido a que la embajada había sido ocupada y que tenía absoluta necesidad de hablar con el ministro”.
En tanto esto ocurría, el Gobierno del general Lucas García recibía las primeras noticias de la ocupación. Un declarante relató que el ministro de Gobernación “…le comentó la situación y Lucas dice: ‘Sáquenlos a como dé lugar’. El Gobierno pensó que era un foco de propaganda allí, por la dimensión que iba tomando era mejor terminarlo allí. Ese ‘sáquenlos a como dé lugar’ fue transmitido literalmente…” por el ministro de Gobernación al director de la Policía Nacional y éste, a su vez, trasladó la orden en los mismos términos al tercer jefe de la Policía Nacional. “…En la práctica, la orden se convirtió en un romper puertas…”
Al cabo de unos 15 minutos se presentaron los primeros policías ante la embajada. Por iniciativa propia, el embajador consideró oportuno evitar que la policía acudiera de forma masiva y de nuevo intentó hacer gestiones en este sentido, vía telefónica, con las autoridades guatemaltecas.
Las negativas del personal del Gobierno guatemalteco ante las reiteradas y urgentes llamadas telefónicas efectuadas por el embajador no fueron casuales. Un declarante relató la forma como se adoptaron las decisiones dentro del Gobierno: “…Del despacho del ministro entraban y salían los que allí estaban reunidos. Pregunté a los otros: ‘¿Serán guerrilleros?’. Donaldo contestó: ‘No, si fueran guerrilleros, ya habrían tirado el primer cadáver como muestra de fuerza’. El sabía desde un principio que se trataba de un grupo de campesinos, estudiantes y pobladores … Donaldo le avisa a Lucas lo que está pasando, con la información básica sobre la situación y se quedan a la espera, mientras se toman medidas preventivas a través del tercer jefe de la Policía Nacional … quien era el encargado del operativo en el lugar. Chupina le daba las órdenes directamente, que estuviera pendiente de las órdenes del presidente. Lucas ha de haberse reunido con García Granados, algunos otros y Héctor Montalván, jefe del EMP [Estado Mayor Presidencial], para tomar una decisión … Mientras esto pasaba en la Presidencia, la secretaria del ministro le avisa a Donaldo que hay una llamada directa del canciller español, Marcelino Oreja, que le urge hablar con el Gobierno. Donaldo le dice a la secretaria: ‘Dígale que no estoy’. A la vez, venía corriendo la secretaria del canciller guatemalteco a decirle al canciller que tenía una llamada directa de Madrid. Igual, el canciller y coronel Rafel Castillo Valdés le instruye a decir que no está. En eso, el embajador Cajal también llama a la Cancillería guatemalteca y al ministro de Gobernación y, como las han instruído, las dos secretarias niegan la presencia de sus jefes. Es decir, a Cajal le es negado el acceso directo que buscaba, se le hace imposible la comunicación oficial. Esta actitud de los ministros respondía a una decisión presidencial…”
La Embajada fue rodeada por decenas de agentes de seguridad.
III. LA INVASIÓN DE LA SEDE DIPLOMÁTICA POR FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO
Rotos los canales regulares de comunicación con las autoridades guatemaltecas, e inútiles incluso las líneas telefónicas, que muy probablemente habían sido cortadas desde fuera por la Policía, y luego de advertir que las fuerzas de seguridad del Estado daban comienzo a la invasión de la sede, hacia la una de la tarde uno de los ocupantes y después el embajador, hablando por medio de un megáfono, pidieron reiteradamente a las fuerzas policiales que se retiraran del edificio. El embajador informó al mando del operativo que los ocupantes aceptaban abandonar de modo pacífico la Embajada.
La petición del diplomático español no fue atendida. Decenas de agentes uniformados y algunos de civil de la Policía Nacional, judiciales y miembros de la Inteligencia del Ejército, fuertemente armados, dieron inicio al asalto de la sede, infringiendo la inviolabilidad que ampara a los agentes diplomáticos y al local de su respectiva misión, al hacerlo ante la clara oposición de su titular.
Los elementos de las Fuerzas de Seguridad del Estado, armados con metralletas, fusiles, pistolas y revólveres penetraron por los jardines y escalaron los balcones hasta llegar al techo, donde intentaron practicar una abertura para acceder al interior, y rompieron puertas y ventanas. Del exterior de la Embajada, de personas que estaban observándolo, llegaban los gritos que pedían que los agentes se retiraran.
En el interior del recinto, tanto el embajador como Adolfo Molina Orantes intentaron convencerles de nuevo de que retrocedieran y pidieron la presencia de un interlocutor responsable:
“…Yo recuerdo muy bien a Adolfo Molina Orantes cuando le explica a las fuerzas de seguridad que se retiren. Les hace ver que él fue ministro de Relaciones Exteriores, que sabe lo delicado que es el momento y que hagan favor de retirarse…”
Dentro de la Embajada el nerviosismo crecía. Los agentes de la Policía entraron en la sede y los ocupantes decidieron, corriendo la orden, refugiarse en el despacho del embajador. “…Cuando la fuerza pública tomó la determinación de entrar al interior del segundo piso, el joven que a mí me pareció más decidido y que transmitía las decisiones en voz alta gritó ‘están entrando’, todos los ocupantes que se encontraban en el pasillo del segundo piso se concentraron en el despacho del señor embajador empujando hacia adentro a todos los que estaban afuera”. Mario Aguirre Godoy aprovechó un descuido de los ocupantes para deslizarse hasta la sala de visitas, donde ya se encontraba la Policía, y se salvó. Los ocupantes cerraron la puerta del despacho del embajador, utilizando como trancas un sofá y una consola. Seguidamente la Policía empezó a derribar la puerta a golpes.
Los ocupantes pedían la presencia del presidente de la Cruz Roja, Sr. Bauer Arzú, que subieran periodistas para garantizar que no los mataran y un bus para trasladarse de inmediato a la Universidad de San Carlos. La Policía se negó a aceptar condiciones. Utilizando hachas y picos, los agentes de seguridad rompieron la puerta e hicieron un orificio.
Ninguna solicitud de negociación fue atendida por los agentes de seguridad. En el recinto donde se encontraban los 37 ocupantes y rehenes, el embajador continuaba pidiendo a gritos, pegado a la puerta, que se atendieran las peticiones. Cuando pedían un plazo para negociar, la respuesta textual era: “De acuerdo, les damos a ustedes un plazo para negociar: tienen dos minutos”. Los rehenes fueron tratados por los policías con la misma dureza que aplicaron a los ocupantes. En un momento determinado el diplomático gritó: “Esta gente está llegando al límite de la desesperación … han sacado cocteles molotov y aquí vamos a morir todos”. Los policías contestaron: “Pues si morimos, morimos todos”.
Fuera de la Embajada, al haberse divulgado con gran rapidez la noticia de que la sede diplomática española había sido ocupada, comenzaron a presentarse los periodistas: “…Cuando nosotros llegamos, una de las cosas que me sorprendió más fue que [a] los periodistas nos dejaron movernos libremente … Había estado anteriormente en otras tomas de embajadas, la Embajada suiza, la Embajada de México, pero nos habían puesto muchas limitaciones a la movilización …, pero aquí no. Tuve el presentimiento de que ahí iba a ocurrir algo, como que ya se había tomado la decisión de escarmentar…”
Numerosos testigos que presenciaron los hechos desde fuera de la Embajada, entre los que se encontraban familiares directos de los rehenes, intentaron persuadir a las Fuerzas de Seguridad para que se abstuvieran de asaltar el edificio. Sin embargo, la actitud de los agentes fue la que se ha descrito. Uno de los testigos se dirigió hacia las personas que comandaban el operativo y les solicitó que “…recapacitaran en su intento de tomar la Embajada, ya que ponían en peligro la seguridad de los rehenes … Me respondieron ambos que seguían órdenes superiores, por lo que yo les pedí tiempo para tratar de cambiar dichas órdenes, habiéndome concedido 15 a 20 minutos … nunca frenaron los intentos de penetrar a la Embajada”.
Un ciudadano español y un empleado de la Embajada que se encontraban en el exterior del recinto, en la puerta de entrada, vieron cómo un policía subía las escaleras en dirección al despacho del embajador cargando un artefacto que le colgaba en bandolera. Advirtieron que no se trataba de un arma para disparar gases lacrimógenos sino que, según técnicos españoles, debió ser un lanzallamas o un expulsor de gas inerte.
IV. LA MASACRE
Mientras tanto, en el interior de la Embajada los hechos comenzaron a precipitarse. Pese a las peticiones del embajador, que se encontraba más cerca de la puerta del despacho acompañado del secretario de Embajada, los agentes de la Policía, entre treinta y cuarenta, continuaban tratando de abrir a golpes un orificio en la puerta: “Cuando la puerta estaba prácticamente hecha astillas dieron un empujón final y, en ese momento, algunos de los ocupantes sacaron revólveres o pistolas y tres o cuatro cócteles molotov, un poco antes habían intentado arrojar uno, no había estallado y tiraron una cerilla, que yo apagué con un pie, sin que tomaran ninguna represalia contra mí … Cuando la puerta se derribó, el sofá y la consola cayeron; todos retrocedimos unos pasos y, súbitamente, se produjo una enorme llamarada en la puerta, después de una leve explosión, como una detonación amortiguada …” “… Ví mis manos ardiendo. No lo pensé dos veces. Salté hacia delante por entre el fuego …” Minutos antes los policías habían intentado introducir un bote de color rojo por el orificio abierto en la puerta, lo que el embajador, en ese momento, logró impedir.
“El programa de televisión Aquí el Mundo reportó que la policía no hizo nada cuando el fuego empezó. El público en la calle gritaba: ‘Se están quemando vivos, rompan la puerta’, mientras tanto la Policía se mantuvo totalmente pasiva”.
Sobre el origen del incendio no se realizaron peritajes por parte del Organo Judicial y falta la información forense sobre el hecho. En el informe realizado por el Estado Mayor del Ejército Español, basado en investigaciones periciales, se “considera muy probable que se utilizara gas inerte o algo similar, lo que produce parálisis inmediata del atacado … por las condiciones del lugar, la postura petrificada de los cadáveres, su posición frontal y la no carencia de oxígeno en el cuarto de la tragedia, no parece posible concluir que la gasolina de un cóctel molotov haya terminado con todas las vidas”.
Un testigo que más tarde pudo ver los cadáveres en la morgue relata: “… [en las fotos] todos los cadáveres están pilados en una esquina uno sobre otros … lo que da la impresión es de alguien que se va para atrás … tuvo que haber sido algo muy fuerte, como un lanzallamas, para que se hayan ido para atrás y empiezan a caer unos encima de otros … además, la mayoría está bocarriba y con los brazos abiertos … Gregorio Yujá sobrevive porque está hasta abajo … la ropa de los de encima está totalmente quemada, la de los abajo no … lo que da la impresión es de un fuego muy violento y muy corto, y una explosión … me imagino por los gases que debió haber algún tipo de explosión porque había cuerpos abiertos y calcinados. Había ojos saltados … entonces fue una cosa muy violenta. … recibió una llamada de un médico que estaba trabajando en una dependencia del Estado, que le dijo que él había participado … en la autopsia … explicó que su experiencia había sido que ese tipo de muerte por la forma en que habían sido quemados y por la forma en que habían quedado los cuerpos, sólo lo produce el fósforo blanco…”
Un testigo que acudió a la morgue para recuperar los cadáveres relata: “No se me olvida la tarea titánica de separar los cadáveres calcinados uno de otro … los separábamos y se despedazaban. La parte de un cuerpo se quedaba pegada en otro, se fundieron … Para poderlos poner cada uno en sus cajas fueron casi 14 horas tratando de identificarlos … casi ninguno tenía la cara reconocible y después dicen que se autoinmolaron …”
Todos los elementos de que dispone la CEH indican que las fuerzas policiales, una vez que ven que sus coacciones no provocan la salida de los ocupantes y que la utilización de botes de gases lacrimógenos no resulta factible, inmediatamente después de haber derribado la puerta, utilizan un lanzallamas o un lanzador de gas inerte contra todas las personas que se encontraban dentro del despacho del embajador, alcanzándolas, en su mayoría, de la cintura hacia arriba de sus cuerpos, proyectándolas hacia atrás unas encima de otras. El fuego provocado se propagó desde esa altura media hacia la parte superior del despacho. Los cócteles molotov que llevaban los ocupantes, a consecuencia de ello, se habrían incendiado igualmente. El embajador, que se encontraba cerca de la puerta, aunque a un lado, se ve afectado porque las llamas le queman la cara y manos. Previsiblemente, por reacción instintiva de conservación, se lanzó entonces hacia la puerta, lo que le permitió salvar la vida. Gregorio Yujá, que se hallaba en el suelo, cubierto por los cuerpos de otros ocupantes, se vio protegido por ellos y logra salvar inicialmente su vida.
Hacia las tres de la tarde, una vez desatado el voraz incendio dentro de la Embajada, las fuerzas de seguridad presentes no hicieron nada para detener el fuego o para rescatar a los ocupantes; tampoco los bomberos pudieron intervenir de inmediato. El fuego creció y duró unos 3 minutos. Pasaron, sin embargo, 10 minutos hasta que una unidad de bomberos pudo actuar, unas cuatro horas después de la toma de la Embajada.
El embajador, que había logrado escapar de las llamas y salir del recinto, resultó con quemaduras en las manos y en la cara, y fue recibido de forma agresiva por la Policía, que le zarandeó y trató de detenerlo. Mediante una rápida intervención de la Cruz Roja se evitó que lo detuvieran e incluso que le mataran, logrando que se le trasladara en seguida al Hospital Herrera Llerandi.
Se vio salir humo muy espeso por las ventanas de la sede y 37 personas que se encontraban en el interior de esa sección de la Embajada murieron quemadas vivas. Sólo Gregorio Yujá Xoná se salvó al encontrarse caído en el suelo, al fondo del despacho, cubierto bajo otros cadáveres. Con muy severas quemaduras en todo el cuerpo, fue trasladado por los bomberos también al Hospital Herrera Llerandi, donde se le internó en estado grave. Entre los muertos se encontraban las personalidades ya mencionadas, Eduardo Cáceres Lenhoff, Adolfo Molina Orantes y el secretario de Embajada, el diplomático Jaime Ruíz del Arbol, al igual que los demás visitantes, empleados de la sede diplomática y ocupantes.
Yujá y el embajador español fueron los únicos testigos de lo ocurrido en el interior de la Embajada. Tanto el uno como el otro fueron custodiados por policías nacionales mientras permanecieron en el hospital.
V. SECUESTRO, TORTURAS Y EJECUCIÓN ARBITRARIA DE GREGORIO YUJÁ
El 1 de febrero, a las ocho y veinte de la mañana, un día después de que Yujá ingresara en el hospital, los agentes de la Policía que custodiaban a los heridos abandonaron su puesto de guardia, quedando así desprotegidos los únicos sobrevivientes y testigos de los hechos.
Varias personas se encontraban en el cuarto del embajador Cajal, entre ellas su homólogo de Costa Rica. A eso de las ocho y treinta, cuando éste salía del edificio para abordar su automóvil, vio cómo un grupo de 20 hombres armados entraba en el hospital. Iban vestidos de civil, con guayaberas y sombrero de petate. Presumiblemente eran miembros de la Judicial. Temiendo por la vida del embajador Cajal, el diplomático regresó a la habitación de éste y lo encontró todavía acompañado por las otras personas.
El comando ingresó al hospital, inmovilizó al personal médico, a los auxiliares y a las enfermeras y entró seguidamente al cuarto donde se encontraba Yujá. Lo sacaron a la fuerza de su cama, cargándolo entre varios y llevándoselo con rumbo desconocido. La acción duró 20 o 25 minutos. Alrededor de las nueve y veinte, los agentes de la Policía Nacional volvieron a montar guardia ante la habitación de Cajal.
Para garantizar la seguridad del embajador Cajal, sobre las ocho y cuarenta y cinco de la noche, familiares y diplomáticos le condujeron en calidad de huésped a la Embajada de los Estados Unidos. Durante el traslado fue seguido por carros sin placas.
El 2 de febrero fue encontrado el cuerpo sin vida de Gregorio Yujá, con evidentes signos de haber sido torturado, a pesar de encontrarse grave y con gran parte de su cuerpo quemado. Su cadáver había sido arrojado en la madrugada frente a la Rectoría de la Universidad San Carlos.
VI. EJECUCIONES ARBITRARIAS DE ALUMNOS DE LA USAC DURANTE EL CORTEJO FÚNEBRE DE LAS VÍCTIMAS DE LA MASACRE EN LAEMBAJADA DE ESPAÑA
El 2 de febrero, sábado, desde primeras horas de la mañana la Policía Nacional montó un cerco de seguridad en la ciudad capital. Mientras tanto, una multitud de personas acompañaba el cortejo fúnebre de las víctimas del 31 de enero. Cuando el cortejo se disponía a salir, dos estudiantes de la USAC, militantes del Frente Estudiantil Revolucionario Robin García (FERG), Gustavo Adolfo Hernández, presidente de la Asociación de Estudiantes de Medicina (AEM), y Jesús España fueron ejecutados en la 2ª avenida, entre 11 y 10ª calle de la zona 1.
También Liliana Negreros, alumna de la USAC, fue desaparecida por la Policía Nacional durante la procesión fúnebre por las víctimas de la Embajada española. El 20 de marzo de 1980 fue encontrado su cuerpo en un cementerio clandestino, cerca de la cabecera municipal de Comalapa.
VII. LOS SUCESOS POSTERIORES
El Gobierno de Guatemala, utilizando la prensa nacional, desató una campaña de desprestigio público hacia los ocupantes de la Embajada que habían muerto. La figura del embajador Cajal fue también objeto de la misma campaña. El Gobierno de Guatemala acusó a los ocupantes de ser miembros de la guerrilla y puso en duda la actuación del diplomático español, tergiversando los motivos que había tenido para viajar al Quiché un día antes de la ocupación, sosteniendo asimismo que había existido un acuerdo previo entre el embajador y los ocupantes.
Hechos posteriores justificaron de sobra la oportunidad y conveniencia de la visita del embajador a los sacerdotes españoles amenazados de muerte en Quiché. Varios de los religiosos españoles que venían sufriendo amenazas fueron ejecutados arbitrariamente en el término de un año, por miembros del Ejército: el padre Juan Alonso Fernández, en Uspantán; el padre Faustino Villanueva, en Joyabaj; y el padre José María Gran, en Chajul.
Ante la gravedad de los hechos y el silencio que mantenía al repecto el Gobierno de Guatemala, el Gobierno español condenó los hechos y la conducta de las autoridades guatemaltecas, exigió el total esclarecimiento de lo ocurrido y comunicó oficialmente la ruptura de relaciones diplomáticas con Guatemala. En respuesta, Romeo Lucas García, jefe de Estado de Guatemala, en carta al presidente español, Adolfo Suárez, solicitó que se restablecieran los vínculos diplómaticos y explicó que “una sólida y granítica comunidad, no debe ponerse en peligro por incidentes aislados como del 31 de enero de 1980, que si bien revisten gravedad, escapan al control humano y pueden ocurrir en cualquier parte del mundo”.
Habrían de transcurrir cuatro años para que se reanudaran las relaciones diplomáticas entre los dos países. En el documento suscrito entonces por ambos Gobiernos, Guatemala reconoció el allanamiento de la Embajada española, la violación de la Convención de Viena y ofreció asumir las responsabilidades de los hechos.
En el ámbito internacional, la Organización de los Estados Americanos (OEA) se pronunció respecto a los hechos declarando “…su rechazo a todos los actos de violencia perpetrados en el recinto de la Embajada de España en Guatemala, que violan normas de Derecho Internacional, afectan principios tradicionalmente respetados por las Naciones americanas y han ocasionado irreparables pérdidas de vidas humanas”.
El Parlamento Europeo emitió una resolución según la que “Conmovidos por los acontecimientos recientes sucedidos en Guatemala y especialmente por el incendio criminal de la Embajada de España por la policía y consciente de que esta tragedia revela la amplitud y ferocidad de la represión que sufre el país, denuncia la intervención brutal de las fuerzas de orden, condena la violencia terrorista a la cual está sujeto el pueblo de Guatemala, especialmente la población indígena, por lo que invita a los Estados miembros a realizar un boicot diplomático al régimen dictatorial…”
VIII. LA IMPUNIDAD
El 31 de enero de 1980 el Juzgado Séptimo de Paz del Ramo Penal de Guatemala ordenó instruir la investigación sobre los hechos ocurridos en la Embajada de España.
En cuanto a los informes médicos forenses, sólo constan las necropsias practicadas a 34 víctimas. Todos los informes señalan como la causa de muerte quemaduras de cuarto y tercer grado.
No consta en el expediente judicial la declaración del principal testigo, el embajador español Máximo Cajal. Se recibieron, en cambio, cuatro declaraciones: una del hijo de uno de los rehenes, la de dos chóferes que presenciaron los hechos desde afuera, y la de Mario Arturo Aguirre Godoy, que estuvo dentro de la Embajada hasta minutos antes de que se desencadenara el incendio. No se elaboraron informes periciales que permitieran establecer las causas del siniestro. No se ordenaron, y, por lo tanto, no se recibieron declaraciones de policía alguno.
El último trámite realizado, de fecha 6 de marzo del mismo año, fue una providencia en la que se dispuso la entrega a sus parientes de los efectos personales de una de las víctimas.
El examen de las pocas páginas que componen el expediente judicial Nº 547-80, del Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, titulado Caso de quema de Embajada de España, muestra claramente la absoluta falta de voluntad del Organismo Judicial y del Ministerio Público de investigar los hechos y de enjuiciar y castigar a los culpables.
Respecto a la desaparición y posterior ejecución extrajudicial de Gregorio Yujá, la CEH no pudo encontrar el parte policial donde se daba cuenta del hallazgo del cadáver. Lo mismo sucedió en relación al caso de los estudiantes universitarios que fueron acribillados durante el funeral celebrado por las víctimas de la masacre.
IX. EL PUNTO RESOLUTIVO NO. 6-98 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
Con fecha 3 de febrero de 1998 el Congreso de la República emitió el Punto Resolutivo No. 6-98, que, por su importancia, se transcribe literalmente:
PUNTO RESOLUTIVO NUMERO 6-98
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
Considerando:
Que los Acuerdos de Paz establecieron la creación de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, como un mecanismo que permita conocer y poner al descubierto los hechos más violentos ocasionados por el conflicto armado interno.
Considerando:
Que la memoria Histórica es parte de la cultura social y que esta misma debe ser inspiración de reconciliación y paz, para que los hechos acaecidos nunca más vuelvan a repetirse en la sociedad guatemalteca.
Considerando:
Que en el año de 1980, un grupo de campesinos hizo suyos los sufrimientos, necesidades y peticiones de la inmensa mayoría guatemalteca que se debate entre la pobreza y pobreza extrema, al tomar la Embajada de España con el único fin de que el mundo conociera su situación.
Por tanto; resuelve:
PRIMERO: Solicitar a la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, incluya dentro de sus investigaciones lo ocurrido en la Embajada de España, y así se pueda conocer la verdad de lo acaecido ese lamentable día 31 de enero de 1980.
SEGUNDO: Solidarizamos con los familiares de quienes dieron su vida por encontrar el camino para un mejor futuro y alcanzar la paz firme y duradera.
TERCERO: Exhortar a la sociedad guatemalteca a efecto de que connmemoremos estos acontecimientos que son parte de la historia de Guatemala y, por lo tanto, constituyen la demostración más grande del sacrificio de sus hijos por la nación.
CUARTO: Solicitar al Gobierno de Guatemala, que siga dando todo su apoyo la Comisión para el Esclarecimiento Histórico y así las guatemaltecas y guatemaltecos puedan conocer los múltiples hechos que, producto del enfrentamiento armado, se dieron durante las tres décadas de lucha revolucionaria.
QUINTO:Trasaladar el presente punto a la Comisión para el Esclarecimiento Histórico y al Gobierno de la República de Guatemala.
SEXTO: El presente punto resolutivo entra en vigencia inmediatamente y será publicado en el Diario Oficial”.
DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS TRES DIAS DEL MES DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO.
RAFAEL EDUARDO BARRIOS FLORES
Presidente
RUBÉN DARÍO MORALES VELIZ
Secretario
VÍCTOR RAMÍREZ HERNANDES
Secretario
La CEH destaca la importancia de este Punto Resolutivo del Congreso de la República, que fue adoptado de forma unánime por el Pleno del mismo. En primer lugar, por las consideraciones que formula, en especial sobre las motivaciones de quienes el 31 de enero de 1980 ocuparon la Embajada de España, la solidaridad que expresa con los familiares de las víctimas, por equiparar a mártires por la paz a las víctimas y el exhorto a commemorar esos acontecimientos. En segundo lugar, porque constituye la única petición formal planteada a la CEH por el Estado de Guatemala para que se investigue un caso en particular.
Derecho aplicable a las relaciones diplomáticas
El Convenio de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 tiene por objeto regular las relaciones diplomáticas entre los Estados que forman parte de la Comunidad Internacional y la de los órganos especializados en las relaciones exteriores, llamados misiones diplomáticas. El personal diplomático y las misiones, incluyendo sus instalaciones y la documentación contenida en ellos, gozan de una serie de privilegios e inmunidades cuyo objetivo es garantizar a cada misión el desarrollo de sus funciones con libertad, seguridad y sin intromisiones ni trabas de ningún tipo.
Guatemala ratificó el Convenio de Viena el 1 de octubre de 1963 y España lo hizo el 21 de noviembre de 1967, sin que ninguno de los dos Estados haya formulado reservas sobre el mismo.
Siendo plenamente aplicable, y por tanto exigible, el Estado de Guatemala violó el Artículo 22 del Convenio de Viena, al haber penetrado la policía en la Embajada y hacerlo contra la voluntad expresa de impedirlo del Embajador; el Artículo 27, no sólo por no proteger la libre comunicación de dicha misión diplomática, sino por haber cortado su teléfono; y el Artículo 29 de la misma, al haber maltratado de palabra y obra, al embajador español. Todas estas acciones suponen una violación de las reglas más elementales del derecho diplomático.
Por otra parte, la CEH está convencida de que el embajador Máximo Cajal actuó de forma correcta ante el hecho de la ocupación ilegal y en su relación y reacción ante el Gobierno anfitrión. Ante los ocupantes mantuvo una actitud dialogante, única válida para impedir y aminorar cualquier reacción de fuerza. Ante el Gobierno de Guatemala actuó de forma respetuosa con el Derecho y la práctica diplomática, al utilizar el canal del Ministerio de Relaciones Exteriores para intentar hablar con el Canciller y otros altos funcionarios, y el del Ministerio de Gobernación, en ambos casos para informar del hecho de la ocupación y su oposición a la entrada de la policía y la petición de que se retirara. El Gobierno español también utilizó el canal diplomático adecuado.
IV. CONCLUSIONES
Analizados todos los antecedentes de este caso, la CEH llegó a la convicción de que agentes del Estado, en concreto la Policia Nacional, judiciales y miembros de la Inteligencia del Ejército, uniformados y de civil, atentaron contra el derecho a la vida de 37 personas, que fueron los responsables materiales de la ejecución arbitraria de quienes estaban dentro de la Embajada de España, y que las más altas autoridades del Gobierno de Guatemala de la época son responsables intelectuales de esta gravísima violación de derechos humanos.
La CEH considera que carece de toda base la hipótesis de que las víctimas se autoinmolaron.
La CEH estima que la reacción del Estado fue injustificable, ya que su operativo y despliegue ofensivo fueron totalmente desporporcionados en relación con la amenaza que representaban los ocupantes, quienes se encontraban, prácticamente, en estado de indefensión.
Del mismo modo, asiste a la CEH la convicción plena de que agentes del Estado ejecutaron arbitrariamente, bajo protección de las autoridades superiores, al único ocupante que sobrevivió la masacre de la Embajada, Gregorio Yujá.
La CEH, coincidiendo con la opinión del Congreso de la República de Guatemala, considera que los ocupantes tenían como única intención la denuncia pública y pacífica de las graves violaciones a los derechos humanos que sufría la población maya en zonas rurales. No haber sido escuchados por autoridad alguna ni por la prensa les llevó al extremo de ocupar la Embajada de España.
Los antecedentes del caso establecen de forma plena que el Estado de Guatemala no llevó a cabo investigación real alguna encaminada a establecer la responsabilidad de los hechos, incumpliendo su deber de perseguir, enjuiciar y sancionar a los responsables y favoreciendo, de este modo, la impunidad.
Por otro lado, a la luz de las normas del derecho internacional, los agentes del estado atentaron flagrantemente contra el Convenio de Viena, al entrar en la Embajada aún contra la voluntad expresa del jefe de misión, al desproteger y atentar contra la vida de su personal y al violar y destruir el recinto diplomático.
El caso de la masacre de la Embajada de España es precedente, prueba de la intensidad y el exceso que alcanzó en 1980 la represión política durante el Gobierno de Lucas García, y refleja tanto la imposibilidad de cualquier acción de oposición, de demanda social de justicia y de denuncia de violaciones de los derechos humanos cometidas en esa época, así como el ambiente de terror y amenaza que se vivía en el país.
La CEH resalta el valor y el significado de la resolución del Congreso de la República de Guatemala, que consideró y reconoció de un modo formal que “un grupo de campesinos hizo suyos los sufrimientos, necesidades y peticiones de la inmensa mayoría guatemalteca que se debate en la pobreza y pobreza extrema, al tomar la Embajada de España con el único fin de que el mundo conociera su situación”, y que “la memoria histórica es parte de la cultura social y que esa misma debe ser inspiración de reconciliación y paz, para que los hechos acaecidos nunca más vuelvan a repetirse en la sociedad guatemalteca”.
Por último, el caso fue un hito en el enfrentamiento armado interno, porque en él confluyeron la violencia que se vivía tanto en las zonas rurales como en las urbanas, en un suceso en que murieron tanto indígenas como ladinos, campesinos, obreros, estudiantes, personal de la Embajada y que evidenció que el Estado no autoimponía límite alguno, jurídico o ético, a sus acciones represivas.
LISTADO DE LAS VÍCTIMAS
Ejecución arbitraria
Adolfo Molina Orantes
Gavina Morán Chupe
Edgar Rodolfo Negreros Straube
Eduardo Cáceres Lenhoff
Felipe Antonio García Rac
Francisco Chen Tecu
Francisco Tun Castro
Gaspar Vi Vi
Jaime Ruíz de Arbol
José Angel Xoná Gómez
Juan José Yos González
Juan Chic Hernández
Juan López Yac
Juan Tomás Lux
Juan Us Chic
Leopoldo Pineda
Luis Antonio Ramírez Paz
Luis Felipe Sáenz Martínez
María Cristina Melgar
Ejecución arbitraria (posterior)
Gustavo Adolfo Hernández González
Jesús Alberto España Valle
Liliana Negreros
María Lucrecia Rivas de Anleu
María Teresa Vásquez de Villa
María Pinula Lux
María Ramírez Anay
María Ramírez Anay
María Wilken de Barillas
Mateo López Calvo
Mateo Sic Chen
Mateo Sis
Miriam Judith Rodríguez Urrutia
Nora Adela Mildred Mena Aceituno
Regina Pol Cuy
Reyno Chiq
Salomón Tavico Zapeta
Sonia Magaly Welchez Váldez
Trinidad Gómez Hernández
Vicente Menchú Pérez
Victoriano Gómez Zacarías
Ejecución arbitraria, tortura, herido en atentado
Gregorio Yujá
Herido en atentado
Máximo Cajal y López
. Fuente: Comisión para el Esclarecimiento Histórico.
Guatemala, memoria del silencio.