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sábado, 31 de marzo de 2012

El 31 de marzo en nuestra memoria


31 de marzo, hace 42 años:
A mediodía del 31 de marzo de 1970, el vehículo en que se moviliza el embajador de Alemania, Karl von Spreti, es interceptado por dos automóviles en la avenida Las Américas, en la ciudad capital; de los vehículos descienden individuos armados. La víctima es secuestrada e introducida a la fuerza a uno de esos automóviles, que emprende la marcha con rumbo desconocido. El piloto queda abandonado en el lugar, junto al Mercedes Benz del diplomático. http://raulfigueroasarti.blogspot.com/2012/03/secuestro-y-ejecucion-arbitraria-del.html

31 de marzo, hace 36 años:
El 31 de marzo de 1976 se fundó el Comité Nacional de Unidad Sindical (CNUS), entidad rectora de la lucha sindical hasta inicios de los años ochenta.

31 de marzo, hace 30 años:
El 31 de marzo de 1982, en Xalbal, municipio de Ixcán, departamento de Quiché, miembros del Ejército de Guatemala, pertenecientes a la zona militar de Playa Grande, irrumpieron en la comunidad y capturaron a 36 personas. Posteriormente, los soldados torturaron a Pascual Paiz Velásquez, quien era catequista y a su familia junto con otras personas, y los quemaron vivos dentro de su vivienda. Asimismo, efectivos militares ejecutaron, quemándolos, a varios hombres, a quien previamente habían encerrado en la iglesia, a otros los crucificaron y a algunas mujeres jóvenes las violaron antes de ejecutarlas. Víctimas identificadas: Miguel Carmelo, Maria Lucia, Eulalia Paiz Lucas, Gaspar Paiz Lucas, Maria Paiz Lucas, Miguel Paiz Lucas (Niño), Pascual Paiz Velasquez, Pascual Paiz Lucas (Niño), Ana Pascual, Felipe Perez, Maria Perez, Victoriano Perez, Isabela Sebastian Tomas (Niña), Paulina Sebastian Tomas (Niña), Tomas Sebastian Pascual, Tomas Sebastian Bartolo, Bartolo Tomas, Maria Tomas, Jose Torres Tadeo, Sebastian Torres Gomez, Carmen Velazquez, Aurelia Villegas, Cristina Villegas, Margarita Villegas, Vicente Villegas. Víctimas sin identificar: 10.

31 de marzo, hace 28 años:
El 31 de marzo de 1984, en la finca Los Castaños, municipio de Chicacao, departamento de Suchitepéquez, miembros del Ejército de Guatemala capturaron a Carlos Bocel Sapón y a Silverio Toj Caché, quienes eran Patrulleros de Autodefensa Civil. A partir de ese hecho, no se volvió a saber más del paradero de las víctimas.

31 de marzo, hace 17 años:
31 de marzo de 1995. En México se firmó el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas.

Fuente: CEH, Guatemala memoria del silencio.

Secuestro y ejecución arbitraria del embajador de Alemania, Karl von Spreti


Caso ilustrativo No. 88
Secuestro y ejecución arbitraria del embajador de Alemania, Karl von Spreti

I. ANTECEDENTES
En los primeros meses de 1970, que fueron los últimos del Gobierno de Julio César Méndez Montenegro, Guatemala vivía momentos de una gran convulsión política que involucró a todos los grupos, tanto los que se encontraban dentro como fuera de la legalidad. El estado de emergencia había sido dictado en el mes de diciembre de 1969, prorrogado ese mismo mes y vuelto a establecerse en enero de 1970.
El proceso de elección del nuevo mandatario se realizó el domingo 1 de marzo, resultando designado el general Carlos Manuel Arana Osorio. El traspaso de la jefatura de Gobierno estaba fijado para que se celebrara el primero de julio.
A la lógica agitación proselitista de la coyuntura electoral se sumó entonces una cadena de secuestros de carácter político, que ponían en entredicho la capacidad del Gobierno para controlar la violencia generada tanto por la guerrilla urbana como por otros grupos de poder, de signo contrario, vinculados al Ejército y la Policía. Se agregarían al panorama, por último, las presiones diplomáticas derivadas de los propios sucesos.
Al secuestro de Alberto Fuentes Mohr, acaecido el 27 de febrero de 1970, mientras ejercía como ministro de Relaciones Exteriores, siguió el 6 de marzo el de Sean Holly, agregado laboral de la Embajada de los Estados Unidos. Ambas víctimas, secuestradas por las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), fueron liberadas luego de que el Gobierno accediera a las exigencias planteadas por el grupo insurgente, que consistían en la liberación de Vicente Girón Calvillo, en el primer caso, y la de José Manuel Aguirre Monzón y Vitalina Monzón, en el segundo, junto con la aclaración del paradero de dos personas, una de apellido Sierra y otra de nombre Leonel del Cid.
Las Fuerzas Armadas Rebeldes, organización que reivindicó la autoría de las dos acciones, intentaba en esa época fortalecer su presencia en el área urbana y específicamente en la capital. “Ha menguado la guerrilla rural de extrema izquierda que cobró auge bajo el Gobierno militar de 1963-66; pero ahora surge implacable la guerrilla urbana…
Además, a esas alturas del enfrentamiento las FAR ya no perpetraban secuestros por razones o fines políticos, sino también por objetivos económicos. “…En muchos casos fueron [fines] políticos y económicos y no se podía distinguir … la burguesía va a financiar la propia guerra … porque ellos mismos sufragan al Ejército…
En fin “en este contexto, estos comandos urbanos realizan el secuestro de von Spreti…

II. LOS HECHOS
A mediodía del 31 de marzo de 1970, el vehículo en que se moviliza el embajador de Alemania, Karl von Spreti, es interceptado por dos automóviles en la avenida Las Américas, en la ciudad capital; de los vehículos descienden individuos armados. La víctima es secuestrada e introducida a la fuerza a uno de esos automóviles, que emprende la marcha con rumbo desconocido. El piloto queda abandonado en el lugar, junto al Mercedes Benz del diplomático.
El día 1 de abril, por mediación de la Nunciatura, se reciben dos notas de las FAR, idénticas, dirigidas al presidente y al ministro de Relaciones Exteriores, en las cuales la organización guerrillera confirma que von Spreti se halla en su poder, exige la liberación de 15 personas detenidas que, según las notas, están “[en] peligro de ser asesinadas”, que sean puestas bajo la protección de la Embajada de México, para que puedan abandonar el país, y el cese de la represión contra el pueblo guatemalteco.
Luego, las FAR amplían a 22 el número de personas que deben ser liberadas y agregan como exigencia el pago de 700 mil dólares. Por último, establecen un plazo de 48 horas, a partir del jueves 2 de abril, a las tres de la tarde, para que el Gobierno proceda a cumplir todas estas condiciones.
De lo contrario, manifiestan, “…procederemos a ajusticiar al autor intelectual y material de la política imperialista”, en alusión al diplomático secuestrado.
Mientras esto ocurre, a través de las radioemisoras se pide a los secuestradores que faciliten medicamentos al diplomático, pues padece de los nervios y el corazón.
Dada la magnitud de las exigencias de los rebeldes, se reúne el gabinete del Gobierno para discernir si debe ceder ante las exigencias de las FAR y valorar las consecuencias. Algunos ministros proponen establecer el estado de sitio como respuesta a la reincidencia de la guerrilla en este tipo de operaciones de extorsión. En esa misma reunión se les informa que, a excepción de dos de los detenidos cuya liberación exige la guerrilla, los demás han sido procesados o condenados judicialmente, lo cual, a juicio del Gobierno, limita su capacidad de resolución y agrava la disyuntiva: satisfacer las exigencias de los secuestradores, violando la Constitución, o rechazarlas, poniendo en peligro la vida del diplomático.
El Gobierno se inclina por esta segunda opción. El 2 de abril el Ejecutivo decide declarar el estado de sitio, por un plazo de 30 días:
“El Presidente Constitucional de la República … ACUERDA: … queda en receso toda actividad política de los particulares … la policía nacional, departamento judicial, policías municipales, de hacienda y demás agentes de autoridad, deben ponerse a las órdenes de las autoridades militares … los servicios de relaciones públicas e información del Gobierno … quedan centralizados en la jefatura de relaciones públicas del Ejército … el presente acuerdo entrará en vigencia inmediatamente…
En este comunicado, que es dado a conocer por el sistema nacional de radio y televisión y por los periódicos, el Gobierno aclara que la situación legal de los detenidos no permite liberarlos, por haber sido ya procesados o estar siéndolo, en cuyo caso: “Nuestro ordenamiento jurídico les garantiza un proceso imparcial y asegura su integridad física … Cualquier interferencia del Ejecutivo en funciones propias de los tribunales … constituiría una violación de la Constitución de la República”. En efecto, en los anteriores casos de secuestros perpetrados por la guerrilla, que habían sido resueltos sobre la base de la liberación de personas detenidas, éstas aún no habían sido consignadas a los tribunales o se les había dejado en libertad por “falta de mérito”.  
Refiriéndose a la posición adoptada por el Gobierno de Guatemala, su homólogo alemán, a través del encargado de Negocios, manifiesta: “De ninguna manera estamos de acuerdo con esa decisión y expresa la “mayor preocupación por la decisión … de rechazar la propuesta de los secuestradores… Informa, también, que el diplomático secuestrado se encuentra en buen estado y que se ha comunicado por escrito con su hijo.
El 3 de abril por la tarde, llega a Guatemala un alto representante del Ministerio de Asuntos Exteriores, enviado por el Gobierno de Alemania. En la misma noche se entrevista con el ministro guatemalteco de Asuntos Exteriores, e insiste en que Guatemala tiene que cumplir con las exigencias de la guerrilla para conseguir la liberación de von Spreti. Sin embargo, la respuesta que recibe es que la legislación guatemalteca no permite la liberación de personas ya condenadas, a pesar de las obligaciones que resultan del Artículo 29 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
Por su parte, el Cuerpo Diplomático manifestó su preocupación por la seguridad de sus miembros y la de sus familias, sumándose a aquélla la Nunciatura.
El Ejército notificó que se mantenía firme, en apoyo a la decisión del Ejecutivo, “ya que si cede el señor Presidente, se formaría un caos y el pueblo no creería en su capacidad a sólo tres meses para entregar el mandato”.
El 4 de abril el encargado especial alemán se entrevista con el presidente guatemalteco, y vuelve a exponer cuál es la posición alemana sobre el tema. A la una de la tarde, el canciller alemán, Willy Brandt, quien se encuentra en visita oficial en El Paso, los Estados Unidos, dirige un llamado al pueblo guatemalteco y a los responsables del secuestro para que hagan todo lo posible por alcanzar la liberación del rehén.
En el transcurso de la tarde del 5 de abril, el encargado especial y el encargado de negocios entregan dos mensajes al ministro de Asuntos Exteriores, Fuentes Mohr. Un mensaje del canciller alemán Willy Brandt, dirigido al presidente guatemalteco (con el cual no logran establecer comunicación), en el que se apunta: “…Desafortunadamente, se acrecienta la impresión de que el ilustre Gobierno de Guatemala no agota todas las posibilidades para conseguir la liberación del embajador”. El segundo mensaje del ministro de Asuntos Exteriores es dirigido a su colega guatemalteco y destaca una vez más la obligación del Gobierno guatemalteco, fundada en el derecho internacional, de responder positivamente a las exigencias de la guerrilla. 
El día 5 de abril, a través de una llamada telefónica, el nuncio apostólico es advertido por los secuestradores de que el plazo se encuentra agotado, debiendo darlo a conocer al Gobierno de Guatemala.
Alrededor de las siete y media de la noche, una voz anónima informa por teléfono a los bomberos voluntarios del hallazgo de un cadáver en las cercanías de San Pedro Ayampuc, a 17 kilómetros de la capital. Poco después, se confirma que se trata del embajador alemán. Los médicos forenses establecen que su muerte ocurrió alrededor de las cinco de la tarde de ese mismo día y que presenta un disparo en la sien derecha.
El mando del frente urbano de las FAR había tomado la decisión de ejecutar al embajador, “…el Gobierno no accedió a las presiones … era una posición de fuerza … el comando de esta región urbana ejecuta al embajador, para demostrar que no estaban jugando y que hablaban en serio”.
“Se sometió al presidente de la República a esta crisis y respondiendo a esta situación el Gobierno de Méndez Montenegro se puso duro. Pudo haber cedido, pero entonces hubiera quedado mal y el contrincante era Arana Osorio, que se vanagloriaba de haber aniquilado a la guerrilla en el Oriente y defendía una posición de fuerza frente a los secuestros. Se la estaba jugando y entonces tenía que hacer contrapeso a la posición de Arana Osorio. Von Spreti fue víctima de este juego político”.
El Gobierno de Guatemala, en un nuevo comunicado, remitido a través de Relaciones Públicas del Ejército, “…deja constancia de que se agotó todos los medios que estuvieron a su alcance … Desafortunadamente las desorbitantes pretensiones de los secuestradores … hicieron nugatorios estos esfuerzos”.

III. CONCLUSIONES
Con los antecedentes obtenidos por la CEH, ha sido posible adquirir la convicción plena de que el embajador de Alemania, Karl von Spreti, fue víctima de secuestro y ejecución arbitraria perpetrados por miembros de las Fuerzas Armadas Rebeldes, en cumplimiento de una decisión de los dirigentes del frente urbano de esa organización guerrillera.
Ninguna circunstancia otorga justificación jurídica o ética a este crimen. 
La CEH considera que el hecho es ilustrativo de la utilización que la guerrilla hizo de personas inocentes, como el embajador von Spreti, a quien se convirtió, desde el momento mismo de su secuestro, en víctima propiciatoria de un juego de medición de fuerzas políticas, con total desprecio al derecho a la vida.
Además, la CEH considera que este suceso tuvo un impacto negativo especial en las relaciones exteriores de Guatemala, a raíz de la infructuosa presión que todo el Cuerpo Diplomático debió ejercer ante el Gobierno, frente a la posibilidad de que otros miembros del mismo pudieran ser objeto de acciones similares.


Fuente: CEH, Guatemala memoria del silencio.

viernes, 30 de marzo de 2012

El 30 de marzo en nuestra memoria

30 de marzo, hace 49 años:
El 30 de marzo de 1963 fue derrocado Miguel Ydígoras Fuentes por un golpe de estado militar, dirigido por Enrique Peralta Azurida. El golpe de Estado del 30 de marzo 1963 representó la adopción del modelo contrainsurgente que se consolidó durante el Gobierno de Julio César Méndez Montenegro (1966-1970), a través de un pacto secreto entre el alto mando del Ejército y el nuevo Gobierno civil. La Constitución de 1965 fue el marco de legalidad en el cual se desenvolvió la reestructuración institucional que garantizó el poder del Ejército, bajo el espíritu de la DSN. A partir de 1966 los militares recurrieron crecientemente a la práctica del terror como parte de la estrategia contrainsurgente y aceleraron el proceso de profesionalización de su sección de inteligencia y sus operaciones de combate en las que comenzaron a involucrar a civiles.

30 de marzo, hace 29 años:
1.            El 30 de marzo de 1983, en la finca Yalisjau, municipio de Nentón, departamento de Huehuetenango, miembros del Ejército, acompañados por un guía vestido de militar que se cubría el rostro, reunieron por medio del comandante de las PAC a los habitantes de la finca, encerrando a los niños en la escuela. Posteriormente separaron a las mujeres de los jóvenes, mandándoles arrodillarse con la cara pegada al suelo y amenazándolos de muerte. El guía procedió a señalar a Pascual Juan Hernández a quien acusaron de ser guerrillero. La víctima fue torturada en la casa del patrón y después en el destacamento militar que estaba ubicado en dicha finca. Posteriormente fue ejecutado por los soldados, quienes ofrecieron ayuda económica a la viuda de la víctima con la condición de que no dijera que ellos eran los responsables de la ejecución de su esposo.
2.            El 30 de marzo de 1983, en la cabecera municipal de Nentón, departamento de Huehuetenango, los Comandantes de las PAC de dicho municipio convocaron a Tony Chávez y lo enviaron, junto con otros jefes de los patrulleros civiles, a la Zona Militar de Huehuetenango, donde miembros de la Inteligencia Militar (G-2) lo torturaron durante de diez días, al cabo de los cuales lo liberaron. La víctima fue acusada de pertenecer a la guerrilla. Tiempo después, la víctima fue nuevamente trasladada a la Zona Militar mencionada, junto con otros compañeros, donde los torturaron por varios días y después escaparon. La causa de estos últimos hechos fue porque habían descuidado por un momento el lugar donde estaban patrullando.

30 de marzo, hace 27 años:
1.            El día 30 de marzo de 1985, Héctor Gómez Calito fue secuestrado en el trayecto de la capital cuando iba hacia su casa en Amatitlán, luego de una reunión con el GAM. Su cuerpo fue localizado dos días después en el Parque de Las Naciones Unidas, Amatitlán, con evidentes señales de tortura.
2.            El 30 de marzo de 1985 Héctor Orlando Gómez Calito, de 32 años de edad, vocero del GAM, quien se dirigía a su casa, ubicada en Amatitlán. Al día siguiente, su cadáver fue encontrado en el Parque de las Naciones Unidas. De acuerdo con los testimonios y las informaciones de prensa el cadáver presentaba señales de tortura.

30 de marzo, hace 20 años:
El 30 de marzo de 1992, cerca del destacamento de Achiotal, comunidad de San Lucas, municipio de Ixcán, departamento de Quiché, estalló una mina cuando los menores de edad Enrique y Anacleto de apellidos Pelicó Herrera, rajaban leña, lo cual provocó la muerte de Enrique y Anacleto resultó herido. Este último actualmente padece de pérdida temporal de la memoria.

Fuente: CEH, Guatemala memoria del silencio.

jueves, 29 de marzo de 2012

El 29 de marzo en nuestra memoria


29 de marzo, hace 36 años:
El 29 de marzo de 1976, el ex alcalde capitalino Manuel Colom Argueta fue herido en un intento de asesinato. Tras el atentado, Colom Argueta dirigió una carta al Presidente indicando que, desde un mes antes, hombres vestidos de civil de la Policía Regional (policía secreta ligada al Ejército) lo habían venido vigilando. Indicó que la Regional, una oficina con sede en el Palacio Nacional, era la responable de las desapariciones y asesinatos políticos. Los tribunales no investigaron esta denuncia.

29 de marzo, hace 30 años:
El 29 de marzo de 1982, en la Cooperativa El Consuelo, caserío Sabaneta, municipio de Dolores, departamento de Petén, miembros del Ejército de Guatemala capturaron en su casa a Demetrio Quiñónez Hernández, al tío de su esposa y a una joven llamada Eide. Poteriormente aparecieron los cadáveres de los dos hombres, de la joven no se volvió a saber nada.

29 de marzo, hace 29 años:
El 29 de marzo de 1983, en el caserío La Cooperativa, aldea Chaquijyá, municipio de Sololá, departamento de Sololá, miembros del Ejército de Guatemala capturaron a Tomás Tzapón, Alberto Pablo Orozco y Andrés Jiatz Bixcul, todos eran miembros de comités pro-mejoramiento. Desde ese hecho, nadie volvió a saber más del paradero de las víctimas.

29 de marzo, hace 18 años:
29 de marzo de 1994. En México se firmó del Acuerdo Global de Derechos Humanos.

Fuente: CEH, Guatemala memoria del silencio.

miércoles, 28 de marzo de 2012

El 28 de marzo en nuestra memoria


28 de marzo, hace 32 años:
El 28 de marzo de 1980, en el caserío El Desengaño, municipio de Uspantán, departamento de Quiché, efectivos del Ejército de Guatemala ejecutaron a Juan Chop Vicente, a quien primero le cortaron las orejas. Ese mismo día, ejecutaron a catorce personas no identificadas. En 1981, en las montañas de las Guacamayas, ubicadas entre los municipios de Uspantán y Cotzal, los soldados ejecutaron a Isabela Sajbín Concepción y nunca se volvió a saber de Micaela Chop Sajbín, quien también se refugiaba en la montaña.

28 de marzo, hace 31 años:
1.            El 28 de marzo de 1981, en la ciudad de Guatemala, hombres armados, movilizándose en carros particulares, dirigidos por un miembro de la G-2, capturaron en su casa a los esposos Carlos Augusto Mirón Alpírez y María Luisa Campos de Mirón y los condujeron a una casa de tortura del EMP en la zona 1. El día anterior, habían capturado a dos empleadas de esta familia. Los captores ocuparon la casa durante una semana. Cuando el jardinero llegó para hacer sus tareas, fue golpeado. Al día siguiente aprehendieron a Cutberto Vera, otro miembro de la familia. Según testigos, el operativo estaba dirigido a capturar a otros dos miembros de la familia, uno de ellos militante del EGP. De las personas capturadas no se sabe nada hasta la fecha.
2.            El 28 de marzo de 1981, en el cantón Panimaché I, municipio de Chichicastenango, departamento de Quiché, miembros del Ejército de Guatemala capturaron a Diego Xicol Tol, Sebastián Morales Morales y a otras dos personas no identificadas. No se supo más de ellos. Las familias de las víctimas identificadas tuvieron que desplazarse a otra comunidad.

28 de marzo, hace 30 años:
1.            El 28 de marzo de 1982, en el Centro La Unión, Xalbal, municipio de Ixcán, departamento de Quiché, miembros del Ejército de Guatemala ejecutaron a Tomás Bartolo. Siete personas más fueron quemadas vivas.
2.            El 28 de marzo de 1982, en el caserío Los Churuneles, aldea Pujujil III, municipio de Sololá, departamento de Sololá, miembros del Ejército de Guatemala capturaron a Andrés Solís Solís, de dieciocho años de edad. Desde entonces, nadie volvió a saber más del paradero de la víctima.

28 de marzo, hace 28 años:
El 28 de marzo de 1984, en la cabecera municipal de Cantel, departamento de Quetzaltenango, miembros del Ejército de Guatemala interceptaron el paso al Doctor Edgar Leonel Domínguez Izas y le obligaron a subir a una Panel. Desde ese hecho no se volvió a saber más de la víctima.

Fuente: CEH, Guatemala memoria del silencio.

martes, 27 de marzo de 2012

El 27 de marzo en nuestra memoria


27 de marzo, hace 31 años:
El 27 de marzo de 1981, en la cabecera municipal de Rabinal, departamento de Baja Verapaz, comisionados militares y miembros de la Policía Judicial ejecutaron a Rosendo Xoloc Matías, quien era jefe de los comisionados militares. La víctima había sido acusada de ser colaboradora de la guerrilla. Ese mismo año, los mismos hechores ejecutaron a un subteniente del Ejército de Guatemala quien se encontraba de descanso.

27 de marzo, hace 28 años:
El 27 de marzo de 1984, en Mayalán, Cooperativa Ixcán Grande, municipio de Ixcán, departamento de Quiché, miembros del Ejército de Guatemala obligaron a ir al frente de una patrulla militar a Ediberto Fidel Morales de León, quien resultó herido después que la guerrilla realizara una emboscada.

27 de marzo, hace 27 años:
El 27 de marzo de 1985, en la ciudad de Guatemala, un grupo de hombres armados ejecutó a Carlos Cabrera García, quien recibió veintisiete impactos de bala. Cabrera García pertenecía a una comisión universitaria de la USAC.

Fuente: CEH, Guatemala memoria del silencio.

lunes, 26 de marzo de 2012

El 26 de marzo en nuestra memoria

26 de marzo, hace 31 años:
1.            El 26 de marzo de 1981, en el caserío Cruz Nueva, aldea Estancia de la Virgen, municipio de San Martín Jilotepeque, departamento de Chimaltenango, miembros del Ejército de Guatemala ejecutaron con arma de fuego a nueve personas originarias de ese caserío. Finalmente, quemaron las casas y robaron los animales propiedad de las víctimas. Víctimas identificadas: Maria Hermelinda Atz Yucutec (Niña), Maria Horacia Atz Tum (Niña), Maria Tomasa Atz Tum (Niña), Maria Valeriana Atz Yucutec (Niña), Agustina Yucutec Martin. Víctimas sin identificar: 4.
2.            El 26 de marzo de 1981, en la aldea Zanjón San Lorenzo, municipio de Ayutla, departamento de San Marcos, hombres armados, presuntos miembros del Ejército asignados a la G-2, intentaron capturar al maestro de educación y dirigente magisterial, Orlando Evelio Godínez Quijivix, quién opuso resistencia y resultó herido de gravedad. La víctima sobrevivió y fue trasladado al hospital del IGSS en Guatemala, donde a los dos días, hombres armados con el rostro cubierto lo capturaron. No se volvió a saber de su paradero.
3.            El 26 de marzo de 1981, en el caserío El Limón, municipio de Santa Ana, departamento de Petén, miembros del Ejército de Guatemala ejecutaron a Mariano Tiul. Posteriormente quemaron todas las casas de la comunidad.
4.            El 26 de marzo de 1981, Margarita Cobo Ramírez y su esposo, Pedro Vega Caba fueron ejecutados por miembros de las PAC en las montañas de San Pedro, aldea Santa Marta, municipio de Nebaj, departamento de Quiché, donde se habían refugiado para huir de la violencia.

26 de marzo, hace 30 años:
1.            En horas de mañana del 26 de marzo de 1982 llegó el Ejército a la comunidad de Lacamá I, del municipio de Chichicastenango, Quiché. Los habitantes lograron huir, poniéndose a salvo entre los barrancos y la montaña. Los soldados quemaron las casas, los enseres domésticos y las cosechas. Cuando los soldados se retiraron, los habitantes volvieron a la aldea, pero la hermana de Pedro Algua Ramos no regresó. Pedro salió a buscarla en compañía de Manuel Méndez Calel, y ambos fueron capturados por soldados que los condujeron a una casa desocupada donde los quemaron vivos. De los cuerpos de las dos víctimas sólo se encontraron los pies; el resto de los despojos estaba completamente carbonizado.
2.            El 26 de marzo de 1982, en el cantón Lacamá I Centro, municipio de Chichicastenango, departamento de Quiché, miembros del Ejército de Guatemala asignados al destacamento de Chupol, municipio de Chichicastenango, capturaron y quemaron vivos en una casa a Pedro Algua Ramos y Manuel Méndez Calel, ambos eran colaboradores del EGP.

26 de marzo, hace 26 años:
El 26 de marzo de 1986, en el paraje Tzancanac, municipio de Santiago Atitlán, departamento de Sololá, Domingo Icaj Sapalu, quien pertenecía a Acción Católica, salió de su casa y no regresó. Antes de su desaparición, la víctima había sido detenida por miembros del Ejército de Guatemala durante quince días. A raíz de esos hechos nadie volvió a saber más del paradero de esta persona.

26 de marzo, hace 16 años:
El 26 de marzo de 1996, en el municipio de San Rafael Pie de la Cuesta, departamento de San Marcos, comisionados militares y presuntos miembros de la G-2 del Ejército de Guatemala ejecutaron con arma de fuego a Adelso García Alveño.

Fuente: CEH, Guatemala memoria del silencio.

domingo, 25 de marzo de 2012

Comunicado de prensa de CIIDH y Sedem sobre el asesinato de Ovidio Ortiz dirigente del Sindicato de Salud Pública



Demandamos esclarecer asesinato
de dirigente sindical de Salud Pública

1.     El Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos -CIIDH- y Seguridad en Democracia -SEDEM-, repudian enérgicamente el asesinato de LUIS OVIDIO ORTIZ, dirigente del Sindicato de Salud Pública, del Frente Nacional de Lucha y del Comité de Vecinos de la Colonia Salud Pública, en la zona 17.
2.     Este crimen se perpetró la noche del Sábado 24 de marzo, cuando hombres fuertemente armados, que se conducían en dos vehículos, ametrallaron a un grupo de personas que estaba reunido en una esquina de dicho barrio popular.
3.     Como resultado del ataque, cinco personas fueron asesinadas, entre ellas Ovidio Ortiz, a quien le acertaron cerca de 30 balazos entre el pecho y la cabeza. Los otros fallecidos son hijos de sindicalistas o personas vinculadas al sindicalismo pues, la Colonia Salud Pública,
es habitada fundamentalmente por trabajadoras y trabajadores del sistema de salud.
4.     El ataque ocurre en la misma semana en la cual el gobierno presidido por el general retirado Otto Fernando Pérez Molina, anunció un incremento salarial al personal de Salud Pública, en el marco de una demanda sostenida por el sindicato de la entidad. Como cuando en 1980, el gobierno del también general Romeo Lucas García autorizó la inscripción del Frente Unido de la Revolución -FUR- y luego masacró a su líder, Manuel Colom Argueta.
5.     En esta misma semana también se produjo la irregular suspensión de la interpelación al titular de Finanzas, Pável Centeno, presuntamente promovida por la misma familia beneficiaria de los contratos megamillonarios para abastecimiento de medicinas al sistema
de salud. Familia que ha servido a distintos gobiernos y que se ha beneficiado de dichos contratos a lo largo de los últimos 20 años.
6. Este hecho, también responde a otro patrón de conducta que implica la agresión, en aumento, a grupos de personas reunidas en fines de semana en barrios populares. Situación que se presentó por primera vez la madrugada del 15 de enero de este año en la zona 6, en una acción de vapuleo a jóvenes por parte de una unidad militar. Se repitió contra jóvenes de El Mezquital dos semanas después, solo que ejecutada por hombres vestidos de negro y con pasamontañas y, llega ahora con una acción armada que directamente ha cegado cinco vidas.

En virtud de estos hechos, CIIDH y SEDEM:
1.    Demandamos del Ministerio Público (MP) una investigación profesional, que considere las diversas hipótesis, todas relacionadas al rol de defensor de derechos humanos en el ámbito
sindical que realizaba Ovidio Ortiz. Investigación que debe considerar tanto a proveedores del Estado y algunos funcionarios públicos, como a las autoridades del sistema de seguridad.
2.    Instamos al MP a no emitir ni adelantar opiniones hasta tanto no se agoten las investigaciones y se procese, sin miramientos, a quien resulte involucrado como autor material o intelectual en esta masacre.
3.    Exigimos de la Procuraduría de Derechos Humanos que de una vez por todas asuma su rol como vigilante y garante de los derechos humanos en Guatemala, que investigue esta
masacre y que informe públicamente de los resultados de su accionar.
4.    Presentamos a la familia de Ovidio Ortiz, de las víctimas de esta masacre y al movimiento sindical salubrista y de trabajadores en general, sus fraternales condolencias ante este crimen atroz.
5.    Convocamos a la sociedad guatemalteca a repudiar este crimen con energía, demandar de las autoridades una investigacion profunda y luchar para detener esta ola de crimen y violencia.

CENTRO INTERNACIONAL PARA INVESTIGACIONES EN DERECHOS HUMANOS -CIIDH

SEGURIDAD EN DEMOCRACIA  -SEDEM

Guatemala,
25 de marzo de 2012



El 25 de marzo en nuestra memoria


25 de marzo, hace 32 años:
El 25 de marzo de 1980, en el caserío Jacaná, municipio de Nebaj, departamento de Quiché, miembros de la guerrilla capturaron a los hermanos Diego y Gaspar Ceto Pérez. Las víctimas eran acusadas de dar información al destacamento sobre la organización guerrillera en Xoncá, Nebaj. No se volvió a saber nada de ellos.

25 de marzo, hace 31 años:
1.            El 25 de marzo de 1981, en la montaña de Xalabé, municipio de Cobán, departamento de Alta Verapaz, miembros del Ejército de Guatemala ejecutaron a dieciocho personas identificadas, quienes se encontraban huyendo. Víctimas identificadas: Alfonso Caal, Ernesto Caal (Niño), Maria Choc, Rolando Chomo Jolomna (Niño), Julian Chub, Serapio Chub, Angelina Col Choc (Niña), Magdalena Col Choc (Niña), Manuel Col Choc (Niño), Pedro Col Choc (Niño), Jesus Jolomna Chub, Matilde Jolomna, Oscar Jolomna (Niño), Petrona Jolomna Chub, Elvira Pacay, Elvira Wa Pacay (Niña), Concepcion Yat Jolomna (Niña), Francisco Yat.
2.            El 25 de marzo de 1981, en el caserío Pasocjoc, municipio de Zacualpa, departamento de Quiché, hombres armados vestidos de verde olivo capturaron y golpearon a Juan Ruíz de la Cruz, integrante de Acción Católica y a los campesinos Pedro Ruíz Toj, Martín Ruíz Toj y Encarnación Franco Ruíz. Desde esa fecha no se tuvo noticia del paradero de las víctimas.

25 de marzo, hace 30 años:
1.            El 25 de marzo de 1982, elementos del grupo paramilitar “Los Judiciales” capturaron a María Candelaria Hernández Curruchiche, Inés Curruchiche Cosme y Filomena Paz y violaron repetidas veces a una hija de Inés, quien tenía trece años. Se sospecha que las víctimas fueron llevadas al destacamento, desde entonces no se volvió a saber más de ellas.
2.            El 5 de octubre de 1978, en la cabecera municipal de Huehuetenango, miembros de la Policía Nacional capturaron a María Eugenia Mendoza Rivas, a quien interrogaron y sedaron durante tres días, al cabo de los cuales fue puesta en libertad. Posteriormente, el 25 de marzo de 1982, presuntos miembros del Ejército, destacados en la Zona Militar de Huehuetenango, la volvieron a capturar, y nunca más apareció.
3.            El 25 de marzo de 1982, en el caserío Actaj, municipio de Concepción Huista, departamento de Huehuetenango, miembros del EGP ejecutaron a Mateo Ramírez y a Francisco Ramírez Marcos. Asímismo, hirieron a una mujer.
4.            El 25 de marzo de 1982, en la aldea Yalatizú, municipio de Barillas, departamento de Huehuetenango, miembros de la URNG ejecutaron a Antonio Fernando Ramos, quien era maestro.
5.            El 25 de marzo de 1982, en el caserío El Mango, municipio de Santa Ana, departamento de Petén, Domingo Martínez Xitumul, José Reyes y Salomón Reyes fueron citados por el comisionado militar para presentarse en la brigada militar de Poptún. Desde entonces se desconoce del paradero de las víctimas.
6.            El 25 de marzo de 1982, en el cantón Lacama Primer Centro, cantón Chupol, municipio de Chichicastenango, departamento de Quiché, miembros del Ejército de Guatemala ejecutaron en sus casas a Tomasa Morales y a Sebastiana Algua Morales. Ese mismo día, los soldados ejecutaron a los menores de edad: Pedro (I), Pedro (II) y Tomasa de apellidos Méndez Ambrosio. Al día siguiente, los soldadosejecutaron a José Algua Calel cuando hacia vigilancia y José Algua Chumil. Víctimas identificadas: Jose Algua Calel, Jose Algua Chumil, Sebastiana Algua Morales, Pedro Mendez Ambrosio (Niño), Pedro Mendez Ambrosio (Niño), Tomasa Mendez Ambrosio (Niña), Tomasa Morales.
7.            El 25 de marzo de 1982, en el caserío Canaquil, aldea Tzalbal, municipio de Nebaj, departamento de Quiché, miembros del Ejército de Guatemala ejecutaron a Catarina Sánchez, María Terraza Sánchez, de ocho años de edad, Manuel Cuyuch Sánchez, de un año de edad y 29 personas más no identificadas. Víctimas identificadas: Elena Chavez Raymundo, Manuel Cuyuch Sanchez (Niño), Catarina Sanchez, Maria Terraza Sanchez (Niña). Víctimas sin identificar: 28.
8.            El 25 de marzo de 1982, en la aldea Tunajá, municipio de Zacualpa, departamento de Quiché, miembros de las PAC de Joyabaj capturaron y posteriormente ejecutaron a Santiago Coj, quien había sido alcalde auxiliar de su comunidad. El cadáver no fue encontrado.

25 de marzo, hace 29 años:
1.            El 25 de marzo de 1983, América Yolanda Urízar Martínez de Aguilar fue capturada en un lugar cercano a la frontera entre México y Guatemala. El vehículo en el que viajaba fue interceptado cuando se dirigía, en compañía de dos personas más, hacía la ciudad de Guatemala. América Yolanda Urízar Martínez de Aguilar era abogada laborista, asesora sindical  de la Central Nacional de Trabajadores (CNT), del Comité Nacional de Unidad Sindical (CNUS), catedrática de la Escuela de Orientación Sindical de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la USAC y militante de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR). Hasta la fecha la víctima se encuentra desaparecida. http://raulfigueroasarti.blogspot.com/2012/03/desaparicion-forzada-de-america-yolanda.html
2.            El 25 de marzo de 1983, en el caserío de Tunajá, municipio de Zacualpa, departamento de Quiché, miembros del Ejército de Guatemala asignados al Destacamento Militar de Zacualpa capturaron y ejecutaron a Hipólito Hernández de la Cruz y Emilio Hernández junto a tres personas más no identificadas. Las víctimas eran miembros de las PAC y fueron sepultados por los patrulleros civiles en el lugar de los hechos. Posteriormente, fueron exhumados los cadáveres de las vícitimas.

25 de marzo, hace 28 años:
El 25 de marzo de 1984, en el municipio de Mazatenango, departamento de Suchitepéquez, miembros del ejército de Guatemala capturan a dos miembros de las FAR. Uno de ellos, con el seudónimo de Mauricio o Alfonso, a partir de ese momento se desconoce qué pasó con él. La otra persona capturada fue víctima de tortura y posteriormente pasó a delatar a su propia organización.

25 de marzo, hace 27 años:
1.            Los esposos Humberto Escobar Saldaña y Margarita Elena Méndez fueron detenidos el 25 de marzo de 1985, en San Marcos, por hombres armados que se movilizaban en vehículos de la Guardia de Hacienda en compañía de miembros del Ejército. Inicialmente la captura era dirigida solamente contra la señora Méndez, pero en vista de que su marido se opuso también lo retuvieron. Los vecinos también intentaron oponerse pero fueron amenazados de muerte. Antes de retirarse los captores les dijeron a los vecinos que “mañana estarán de regreso, sin ninguna duda, solamente que aclare la señora su situación y viene de vuelta”. Hasta la fecha la pareja está desaparecida.
2.            El 25 de marzo de 1985, en la aldea Patí, municipio de San Rafael Pie de la Cuesta, departamento de San Marcos, miembros de la Guardia de Hacienda y del Ejército de Guatemala capturaron a Margarita Elena Méndez y a su esposo Jorge Humberto Escobar Zaldaña, quienes se dedicaban al trabajo comunitario. Hasta la fecha se desconoce el paradero de las víctimas.

25 de marzo, hace 25 años:
El 25 de marzo de 1987, en el caserío de Chaxá, aldea Xemal, asentamiento de la CPR de la Sierra, Feliciana Hermosa, de setenta años de edad, murió de hambre. Como consecuencia de la operaciones militares de la campaña Fortaleza 87, los ataques en contra de la población fueron constantes, la producción fue completamente arrasada, solo había raíces y hierbas para comer.

Fuente: CEH, Guatemala memoria del silencio.

Desaparición forzada de América Yolanda Urízar Martínez de Aguilar, Ana Lucrecia Orellana Stormont, Edgar Raúl Rivas Rodríguez, María Angela Ayala Saravia y Rosa Estela Pérez Villaseñor


Caso ilustrativo No. 22
Desaparición forzada de América Yolanda Urízar Martínez de Aguilar, Ana Lucrecia Orellana Stormont, Edgar Raúl Rivas Rodríguez, María Angela Ayala Saravia y Rosa Estela Pérez Villaseñor
“Señor presidente: usted como cristiano no puede permitir que nuestra hija sea maltratada física o mentalmente ya que usted afirma en sus mensajes de cada domingo que todo guatemalteco merece ser respetado por ser semejanza de Dios y de la Patria …”
“…ninguna autoridad se ha preocupado por el caso. Yo no puedo seguir viviendo así, ya que mi hija es lo más grande que tengo”.

I. ANTECEDENTES
Durante el régimen militar del general Efraín Ríos Montt se establecieron los Tribunales de Fuero Especial. Algunos detenidos por razones políticas fueron consignados a estos tribunales en forma secreta, pero la mayoría fueron desaparecidos.
Una muestra de la situación expuesta, en el mes de agosto de 1983, sólo en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), existía ya una lista de 37 personas desaparecidas.
Un oficial de Policía Nacional dijo a una víctima sobreviviente de los Tribunales de Fuero Especial que las personas capturadas tenían tres alternativas: “Los Tribunales de Fuero Especial, la libertad o el fusilamiento clandestino”. Algunos de los prisioneros indicaron que uno de los centros de detención en la ciudad de Guatemala era el cuartel general de la zona militar 1, denominado Matamoros o Justo Rufino Barrios.
En este sentido, un informe de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA) señala: “…después de la reunión de finales de octubre de 1982, los oficiales del AGSAEMP [sección del Estado Mayor Presidencial] fueron informados que tenían la libertad de detener, mantener preso, interrogar y disponer de sospechosos de ser guerrilleros, conforme a su criterio”. En febrero de 1983, se reportó que por órdenes de Ríos Montt “… conocidos guerrilleros ya no serán enviados a los Tribunales Especiales, pero más bien se encargarán de tratarlos en el AGSAEMP”.
Efectivamente, varios militantes de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), fueron capturados, torturados y desaparecidos entre el mes de marzo y junio de 1983, entre ellos: América Yolanda Urízar Martínez de Aguilar, Ana Lucrecia Orellana Stormont, Edgar Raúl Rivas Rodríguez, María Angela Ayala Saravia y Rosa Estela Pérez Villaseñor.

II. LOS HECHOS
El 25 de marzo de 1983, América Yolanda Urízar Martínez de Aguilar fue capturada en un lugar cercano a la frontera entre México y Guatemala. El vehículo en el que viajaba fue interceptado cuando se dirigía, en compañía de dos personas más, hacía la ciudad de Guatemala. América Yolanda Urízar de la Central Nacional de Trabajadores (CNT), del Comité Nacional de Unidad Sindical (CNUS), catedrática de la Escuela de Orientación Sindical de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la USAC y militante de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR). Hasta la fecha la víctima se encuentra desaparecida.
El mismo día de su secuestro, el padre de Yolanda Urízar, el coronel retirado Augusto Urízar, denunció de forma pública que “su hija había sido interceptada por hombres armados cuando venía a reincorporarse a la vida pacífica y normal, al amparo de la amnistía que está vigente, ingresando al país procedente [de] México, donde vivió autoexiliada, a raíz de la represión que el Gobierno del general Fernando Romeo Lucas García … ejerció contra las organizaciones laborales y sus asesores”. Un mes después, los padres de Yolanda Urízar, en carta abierta al jefe de Estado, general Efraín Ríos Montt, publicada en los diarios locales afirman que ha transcurrido “… un mes exacto que fuera detenida por las Fuerzas de Seguridad de Gobierno … En relación con esta detención estamos seguros que debe existir un grave error ya que la asesoría sindical no es delito y ésta es la razón de la vida de Yoly”.
El 3 de mayo de 1983 fue capturada Rosa Estela Pérez Villaseñor en la 1ª avenida y 12 calle de la zona 10, de la ciudad capital, por cuatro hombres armados vestidos de civil, quienes viajaban en dos vehículos. Según un testigo presencial, quien trató de auxiliar a la víctima y notificó el hecho a la familia, la víctima se resistió y los hombres la golpearon hasta ensangrentarla. Esta persona siguió los vehículos de los agresores hasta San José Pinula, donde los perdió de vista; no obstante logró obtener el número de placa de los vehículos de los secuestradores. Rosa Estela Pérez Villaseñor trabajaba como secretaria en el Centro de Estudios Folklóricos de la USAC y desde 1981 era militante de la Organización del Pueblo en Armas (ORPA) donde asumía tareas en la estructura de logística de este grupo.
El 6 de junio de 1983, Ana Lucrecia Orellana Stormont fue capturada por cuatro individuos cuando se dirigía a reunirse con Edgar Raúl Rivas Rodríguez, la estaban esperando en el estacionamiento del Hotel Plaza, zona 4 de la ciudad capital, donde ella asistía a un curso de control mental. Según el guardián del parqueo, dos de los hombres la agarraron, la metieron por la fuerza en la parte trasera de su vehículo y se la llevaron con rumbo desconocido. En el lugar quedó tirado su inhalador; ella padecía de asma y le era difícil sobrevivir sin medicina. Ana Lucrecia Orellana Stormont era psicóloga, docente de Ciencias de la Conducta de la Facultad de Medicina de la USAC, asesora del movimiento campesino de Zacapa, de la CNT y militante de las FAR.
Ese mismo día fue secuestrado Edgar Raúl Rivas Rodríguez, entre las seis y las siete de la noche, en el recorrido entre la terminal de autobuses de la zona 4, de la ciudad capital y el Hotel Sheraton (hoy Hotel Ramada), cuando se dirigía a reunirse con Ana Lucrecia Orellana y otra persona, también desaparecida y no identificada. Edgar Raúl Rivas Rodríguez era docente en la Escuela de Ciencia Política de la USAC y militaba en las FAR. Ni los familiares ni sus compañeros volvieron a verlo.
El 13 de junio de 1983 fue capturada María Angela Ayala Saravia por dos individuos, quienes la introdujeron dentro de un vehículo de doble tracción en la 9ª calle A y 3ª avenida de la zona 1 de la ciudad capital, y se la llevaron con rumbo desconocido. María Angela Ayala Saravia era trabajadora social, trabajaba en la Asociación Pro Bienestar de la Familia (APROFAM), era docente en la Escuela de Trabajo Social de la USAC y militante de las FAR.

III. LUGARES DE DETENCIÓN, EXTORSIONES Y TORTURAS
Yolanda Urízar estuvo detenida en el destacamento de Santa Ana Berlín, departamento de Quetzaltenango. Posteriormente, fue trasladada a la Ciudad de Guatemala, donde permaneció prisionera en la Antigua Escuela Politécnica, según se supo “… por testigos … que han estado en la misma prisión clandestina que posee el Ejército en los subterráneos de la antigua escuela militar (politécnica), ella fue allí trasladada, sometida a interrogatorios y torturas, encontrándose en un estado lamentable y habiendo perdido la razón”.
El 19 de junio de 1983 los familiares de Edgar Raúl Rivas Rodríguez recibieron una llamada telefónica de un desconocido, diciendo que se comunicaran con un primo de la víctima, quien mantenía una relación de confianza con el general Mejía Víctores, ministro de la Defensa Nacional, y con Lucrecia Orellana. Esa persona les indicó también que publicaran en los periódicos que Edgar Raúl Rivas Rodríguez se encontraba detenido en el cuartel de Matamoros y que iba a ser fusilado en cinco días.
A principios del mes de julio, un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, amigo de la familia, les corroboró la información de que Rivas Rodríguez se encontraba detenido en el cuartel de Matamoros.
El 7 de junio la familia de Lucrecia Orellana recibió una llamada telefónica de una mujer desconocida, quien les indicó: “… dígale a los padres de Lucrecia que por motivos de seguridad salió a Tapachula, que no se preocupen por ella”. A los ocho días del secuestro, un familiar recibió otra llamada telefónica; “Una voz de hombre le dijo que Lucky estaba en el cuartel general de Matamoros, que debían sacar notas en el periódico pidiendo que Lucky apareciera con vida y que estaba mal del asma que necesitaba medicinas”. Los familiares dieron dinero a los informantes para comprar las medicinas, mientras continuaban recibiendo información de la detenida. Esta situación se prolongó muchos meses después que se hubiera producido su presunta ejecución arbitraria.
En septiembre de 1983 un pariente de la víctima viajó a Washington DC, donde con el apoyo y acompañamiento de la entidad Washington Office on Latin America (WOLA) y de una religiosa norteamericana, logró entrevistarse con Robert Blohm, encargado del “Escritorio” de Guatemala, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, quien solicitó a su secretaria el expediente del caso. Luego de algunas consultas, confirmó que Lucrecia Orellana se encontraba con vida en el cuartel de Matamoros.
Durante su cautiverio, a Lucrecia Orellana la obligaron a identificar a posibles simpatizantes de la guerrilla en el departamento de Zacapa, donde había trabajado con el movimiento campesino de la CNT, antes de su desaparición.
A finales de octubre de 1983 un amigo del hermano de Lucrecia Orellana lo buscó para contarle que había visto a su hermana en el Hospitalito del Segundo Cuerpo de la Policía Nacional:  “Estaba grave, de muerte, muy desmejorada por un gran ataque de asma”. En este sentido, uno de los informantes manifestó: “A Lucky le habían puesto una capucha con gamezán y se había deteriorado mucho, que le habían hospitalizado durante tres días, del 22 al 25 de octubre y que luego la regresaron a Matamoros”.
En los primeros días de noviembre el informante comunica de nuevo a un familiar de Lucrecia Orellana: “Lucky sé esta muriendo, que ella ya no quería vivir más y que no aceptaba sus medicinas”.
En marzo de 1984 un familiar de Ana Lucrecia Orellana Stormont viajó de nuevo a Washington DC, y logró entrevistarse una vez más con el mismo funcionario del Departamento de Estado, quien en esa oportunidad confirmó la muerte de la víctima y su militancia política.
De igual forma, a la familia de Rosa Estela Pérez Villaseñor le informaron, a través de llamadas telefónicas, que ella se encontraba detenida en el cuartel de Matamoros, y exigieron dinero a cambio de evitarle dolor en la aplicación de ciertas torturas. Los torturadores pasaban por la casa de la víctima a recoger el dinero, que se les entregaba en pequeñas cantidades.
Un informante aseguró a un familiar de Lucrecia Orellana que el 5 de noviembre de 1983, los cadáveres de Ana Lucrecia Orellana Stormont y Rosa Estela Pérez Villaseñor habían sido trasladados en un camión, desde el cuartel de Matamoros a Magdalena Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, donde al parecer las enterraron en una fosa común, posiblemente cerca del cementerio del lugar.
Después del 5 de noviembre la familia de Lucrecia Orellana siguió siendo objeto de extorsión. Dos mujeres se comunicaron a la familia que ella seguía viva; les demandaron muchas cosas, entre otras, objetos personales de la víctima, a cambio de información. Estas personas poseían información detallada sobre Lucrecia Orellana, sus gustos, sus plantas y su ropa.
El 13 de junio de 1983, el mismo día del secuestro, la madre de María Angela Ayala Saravia “recibió una llamada telefónica de una persona de sexo masculino, quien no dio a conocer su nombre, indicándole que su hija había salido a una comisión fuera de la capital y que dentro de algunos días se volvería a comunicar”.
Tiempo después a través de dos “judiciales”, la madre de María Angela Ayala Saravia recibió, en tres oportunidades, un cheque que le enviaba su hija para pagar la renta de la casa donde vivía. La última vez que Angela envió el cheque, en el banco no quisieron cambiarlo porque su firma era ya ilegible. Esta vez, los dos “judiciales”, quienes llevaban los cheques a la casa de la víctima, le pidieron a la señora que los acompañara a la caja de seguridad de un banco, donde sustrajeron una gran cantidad de dinero que María Angela Ayala tenía allí resguardado.

IV. DESPUÉS
En diferentes fechas y en varios diarios nacionales e internacionales, fue publicado un campo pagado de las FAR, en el que los guerrilleros planteaban un canje: Ana Lucrecia Orellana Stormont, América Yolanda Urízar Martínez de Aguilar y María Angela Ayala Saravia, las tres militantes de las FAR, a cambio de Marta Elena Ríos Montt, hermana de Efraín Ríos Montt, y Celeste Aída Mejía Víctores, hermana del entonces jefe de Estado, Oscar Humberto Mejía Víctores, estas últimas secuestradas el 29 de junio y el 10 de septiembre de 1983, respectivamente.
El 21 de octubre de 1983, en un comunicado hecho público, la Comandancia General de las FAR informó que la negociación con el Gobierno fue infructuosa y que las secuestradas serían puestas en libertad.
El 26 de octubre de 1983 las FAR pusieron en libertad a Marta Elena Ríos Montt de Rivas y Celeste Aída Mejía Víctores.

V. LA IMPUNIDAD
Los familiares de los cinco desaparecidos buscaron a las víctimas en todos los lugares donde se imaginaron que podían estar. “Se dieron muchas vueltas. Se pusieron recursos de exhibición personal en los tribunales, se mandó una carta a los bomberos, a los centros de salud, a los hospitales y a todos los lugares que pudieran tener relación con personas muertas”.
Las gestiones judiciales realizadas por los familiares y la presión internacional que ejercieron por su liberación diferentes organizaciones internacionales de derechos humanos, sindicales y de decenas de personalidades extranjeras, fueron inútiles. El padre de Rosa Estela Pérez Villaseñor interpuso un recurso de exhibición personal. Los familiares de Edgar Raúl Rivas Rodríguez y Ana Lucrecia Orellana Stormont denunciaron los hechos al Departamento de Investigaciones Técnicas de la Policía Nacional. En el expediente judicial de María Angela Ayala Saravia consta la recepción de la denuncia como única diligencia realizada sobre el caso.
A requerimiento de la CEH, con fecha 21 de enero de 1998, la Policía Nacional remitió el expediente de América Yolanda Urízar Martínez de Aguilar, que evidencia que no se realizó ninguna investigación. El expediente se encuentra compuesto tan sólo por las respuestas de las distintas jefaturas de la Policía Nacional sobre el radiograma circular Nº 0196 CR, que indaga sobre el paradero de América Yolanda Urízar Martínez de Aguilar, y las cartas de la solidaridad internacional en las que se demanda información acerca del paradero de la víctima.
Las familias de las víctimas no volvieron a conocer dato alguno sobre su paradero.

VI. CONCLUSIONES
La CEH, analizados los antecedentes del caso, ha llegado a la convicción de que cuatro militantes de las FAR y uno de ORPA fueron detenidos entre los meses de marzo y junio de 1983 y posteriormente hechos desaparecer. Además, asiste a la CEH la presunción fundada de que todos ellos fueron torturados durante su cautiverio. Dado el tiempo transcurrido se presume que fueron ejecutados arbitrariamente.
La CEH, tomando en cuenta los varios elementos unívocos y concordantes que se llegaron a conocer, presume fundadamente que las víctimas fueron capturadas, torturadas y ejecutadas por agentes del Estado o por personas que actuaron bajo su protección, tolerancia o aquiescencia, en violación de sus derechos a la vida y la integridad personal.
Entre dichos elementos destacan la calidad de las víctimas, su militancia en las FAR y ORPA, su pertenencia a la USAC y a organizaciones sindicales y sociales, el modus operandi de las acciones desplegadas por los agentes clandestinos y la información referente a los lugares donde se mantuvo a las víctimas.
Ni la militancia de las víctimas en las FAR y ORPA, ni cualquier otra consideración de carácter militar o político, justifican jurídica o éticamente estos crímenes.
La CEH considera que el Estado violó el derecho a la justicia de las víctimas y de sus familiares, al no haber investigado seriamente los hechos y haber sido manifiestamente ineficaces los recursos judiciales previstos para sancionar a los responsables.
Además, los hechos son ilustrativos de los sufrimientos que tuvieron que soportar los familiares de los desaparecidos en sus esfuerzos para conocer su paradero, y la extorsión de que fueron objeto por agentes de Estado que conocían la situación de las víctimas.
Finalmente, el secuestro de Marta Elena Ríos Montt de Rivas y Celeste Aída Mejía Víctores, perpetrado por un comando militar de las FAR, ilustra el circulo vicioso de la violencia que tuvo lugar durante el enfrentamiento armado.

LISTADO DE LAS VÍCTIMAS
Desaparición forzada, tortura, privación de libertad
Ana Lucrecia Orellana Stormont
Edgar Raúl Rivas Rodríguez
América Yolanda Urízar Martínez de Aguilar
María Angela Ayala Saravia
Rosa Estela Pérez Villaseñor
Víctimas colectivas/desconcocidas: 1

sábado, 24 de marzo de 2012

El 24 de marzo en nuestra memoria

24 de marzo, hace 32 años:
1.            El 24 de marzo de 1980 fue creado el Departamento de Seguridad e Investigaciones Especiales del Ministerio de Finanzas, el cual dependía del despacho del Ministro de Finanzas, departamento que en realidad fue una unidad de Inteligencia. Esta dependencia contaba con tres oficinas: una en el sótano, otra en la azotea y otra más en el piso 18, todas localizadas en el Ministerio de Finanzas en la 8ª. avenida y 21 calle de la zona 1 de la ciudad capital. La oficina del sótano, que controlaba la salida e ingreso del personal, se utilizó también para ingresar o desaparecer personas. También allí se encontraba el estacionamiento de los vehículos que se utilizaban en las operaciones militares y policiales clandestinas, en particular los jeeps Toyota del Ministerio de Gobernación y de la Policía. La oficina de la azotea controlaba las microondas de la radio del Estado y los canales de radio, del 1 al 6 de la Policía. La oficina del piso 18, al lado del despacho del Ministro, se ocupaba entre otras, de las siguientes funciones: control de aduanas, en donde residía una fuente importante de financiación tanto de la propia oficina como de las otras tareas de contrainsurgencia del Ejército, de los renglones presupuestarios de algunas entidades públicas consideradas como estratégicas para el Ejército; de la contratación administrativa del personal de entidades estatales; de los gastos confidenciales del Ejército en materia de seguridad.
2.            El 24 de marzo de 1980 Fernando Cruz, piloto de la rectoría de la Universidad de San Carlos, pasó a recoger a su casa al licenciado Hugo Rolando Melgar y Melgar, asesor jurídico de la USAC y catedrático de la facultad de Derecho, para llevarlo a la Universidad. Como hacia las 8:10, hombres a bordo de otros vehículos los empezaron a seguir. Dispararon inicialmente al chofer Fernando Cruz y posteriormente se acercaron al automóvil y remataron a las víctimas. La acción iba dirigida contra el licenciado Melgar y Melgar, pues días antes un grupo anticomunista había publicado una lista de víctimas donde figuraba su nombre.

24 de marzo, hace 31 años:
El 24 de marzo de 1981, en el cantón Agua Escondida, municipio de Chichicastenango, departamento de Quiché, miembros del Ejército de Guatemala asignados al destacamento de Tecpán capturaron y torturaron a Manuel Morales Calel, quien era miembro de las FIL. Nunca más se supo de él. En la misma fecha, los mismos responsables violaron a una mujer.

24 de marzo, hace 30 años:
El 24 de marzo de 1982, en la cabecera municipal de San Martín Jilotepeque, departamento de Chimaltenango, miembros del Ejército de Guatemala asignados al destacamento de San Martín Jilotepeque capturaron a María Tasen Hernández y a su hijo Estuardo Zet Tasén, quienes fueron acusados de pertenecer a la guerrilla por un guardaespalda para quien María Tasén trabajaba. Las víctimas estuvieron ocho días detenidos en dicho destacamento. Posteriormente los trasladaron a la aldea Quimal y, finalmente, fueron ejecutados en el Caserío Semetabaj de la aldea Quimal.

24 de marzo, hace 29 años:
1.            El 24 de marzo de 1983, en el patrimonio agrario La Esperanza, municipio de Uspantán, departamento de Quiché, miembros del Ejército de Guatemala guiados por patrulleros civiles del cantón Regadillo y Joya Larga ejecutaron con arma de fuego y machete a Alejandro Camajá Yujá, anciano de 72 años. Ese día fueron capturadas 18 personas entre hombres, mujeres y niños y posteriormente fueron liberadas.
2.            El 24 de marzo de 1983, en la aldea Sacsiguán, municipio de Santa Lucía La Reforma, departamento de Totonicapán,  comisionados militares ejecutaron a Juan Lux Ixcotoyac.

24 de marzo, hace 28 años:
1.            El 24 de marzo de 1984, en la ciudad de Quetzaltenango, miembros de la Policía Nacional capturaron a Domingo Morales Tixal. Desde ese hecho no se volvió a saber más de la víctima. Días después, elementos de la Guardia de Hacienda entraron en casa de Domingo y golpearon a Juan Morales, quien era su papá.
2.            El 24 de marzo de 1984, en la cabecera municipal de Patulul, departamento de Suchitepéquez, miembros del Ejército de Guatemala y comisionados militares capturaron a Juan Coquix Ratzán, quien era militante de la URNG, y lo trasladaron al destacamento del lugar. A raíz de ese hecho, no se volvió a saber más del paradero de la víctima.

Fuente: CEH, Guatemala memoria del silencio.