Caso ilustrativo
No. 25
Represión selectiva en la aldea La Victoria, San Juan
Ostuncalco, Quetzaltenango
“Estando debidamente
enterado de la AMNISTIA … por este acto,
libre y espontáneamente (sic) manifiesta su deseo de acogerse a los
beneficios de la misma … el presentado BAJO
JURAMENTO se compromete solemnemente a partir de la fecha y en lo futuro,
a no cometer ninguna clase de delitos POLITICOS y COMUNES CONEXOS … ni a participar en actividades subversiva (sic) de ninguna
especie … en virtud de lo manifestado … el comandante de la zona militar …
manifiesta que respetará la integridad física y libertad del presentado y esta
última se hace efectiva [queda libre] en este mismo acto”.
I. ANTECEDENTES
La Victoria es una aldea ubicada en el municipio de San Juan
Ostuncalco, departamento de Quetzaltenango, habitada por población maya mam. A
partir de 1979 la Organización del Pueblo en Armas (ORPA) realizó trabajo
organizativo en algunas aldeas del departamento, entre otras La Victoria, y
varios pobladores decidieron integrarse a sus filas. La relación entre la ORPA
y sus colaboradores se desarrolló en la clandestinidad.
Cuando el Ejército quiso conocer los nombres
de las personas de las comunidades que participaban en la organización, tuvo
que recurrir a delatores. Muchas veces, eran personas del mismo grupo
guerrillero que, después de haber sido detenidos de forma ilegal y al parecer
torturados por el Ejército, participaban en los operativos de éste último y
denunciaban a los miembros de la ORPA de las diferentes aldeas.
II. LA DELACIÓN Y LA REPRESIÓN SELECTIVA
En
agosto de 1983, Lucía Carreto Méndez, de 18 años, y Jesusa Méndez Díaz, de 17
años, guerrilleras originarias de La Victoria, vestidas con sus uniformes verde
olivo, bajaron de la montaña hacia la cabecera municipal de Colomba. Mientras
tomaban unos refrescos pasó un camión militar. Al verlo, las guerrilleras
intentaron escapar, pero fueron detenidas por los soldados.
Días más tarde, en la madrugada, dos miembros de la ORPA pasaron
por La Victoria, para avisar a unos colaboradores sobre la captura de las dos
guerrilleras y sobre la posibilidad de que probablemente el Ejército llegara de
un momento a otro a la comunidad. Ante la advertencia, entre seis y ocho
personas se fueron de La Victoria. Partieron de inmediato: unas se dirigieron
hacia México y otras a la Capital.
El 28 de septiembre de 1983, de madrugada, unos 60 soldados de
la zona militar 17, de la cabecera departamental de Quetzaltenango, llegaron al
centro de La Victoria montados en un camión y un jeep. Los acompañaba,
encapuchada, Lucía Carreto Méndez.
De casa en casa iba señalando a los
supuestos militantes civiles de la ORPA. Primero, llegaron a la casa de
Francisca Méndez Díaz, golpearon la puerta y cuando el padre abrió, entraron y
encontraron a la mujer en su cama. La envolvieron en una chamarra y la
detuvieron, sin darle tiempo siquiera para ponerse los zapatos. Los padres
intentaron seguir a la hija, pero los soldados los patearon, dejándolos en el
suelo.
Luego, pasaron a la casa de Oliverio Leugivildo Castillo López,
lo capturaron y le amarraron las manos a la espalda.
Asimismo, llegaron a la casa de Venturo Ortega Romero, que
estaba durmiendo con su familia. Cinco hombres entraron a la fuerza al patio de
la casa y 10 se quedaron fuera. Preguntaron al señor Ortega por el paradero de
su hijo, quien supuestamente era militante de la ORPA. Le amenazaron
diciéndole, según un testigo presencial: “Si encontramos a tu hijo, no te
vamos a hacer nada a ti”. Al
no encontrarlo, prendieron al señor Ortega, mientras un soldado puso una
pistola en el pecho de su esposa y la amenazó para que no gritara.
Los soldados pasaron por la casa de Arnulfo
Romero López, quien esperaba la llegada de unos vecinos que debían traer una
carga de maíz. Cuando escuchó el ruido de los pasos que se acercaban a su
residencia, convencido de que se trataba de aquellos vecinos, salió. Pero lo
capturaron y le amarraron los brazos hacia atrás.
Los soldados subieron a los cuatro prisioneros en un camión, y
partieron hacia Quetzaltenango. Juan Romero, el padre de Arnulfo Romero López,
intentó seguirlos en un carro, pero unos soldados lo detuvieron, lo bajaron del
carro, y lo patearon, mientras le acusaban de ser guerrillero.
Miembros de la familia Ortega Romero fueron, el mismo día de los
hechos a la zona militar 17. Allí aguardaron para obtener información sobre el
paradero de Venturo Ortega, pero al tercer día de espera fueron amenazados de
muerte y obligados a irse, sin haber obtenido respuesta alguna. A los ocho días,
la misma familia decidió abandonar la aldea La Victoria, y se desplazó a Ciudad
de Guatemala, desde donde regresó unos ocho años después. La familia de Oliverio Castillo y
Castillo, atemorizada por lo acontecido, se refugió en México.
Los capturados fueron desaparecidos.
Dos semanas después, el 11 de octubre de 1983, a las cuatro de
la mañana, unos 80 soldados uniformados que llevaban las caras pintadas regresaron
a la aldea La Victoria. Pasaron casa por casa anunciando que toda la población
debía concentrarse en el campo de fútbol, a la par de la iglesia Menonita, a
las nueve de la mañana. El
mismo mensaje se repetía por un altoparlante. Algunas personas que intentaron
huir hacia la montaña, se dieron cuenta de que otros soldados estaban rodeando
la aldea. Poco a poco, los soldados cerraron el círculo para que todos los
habitantes de la aldea estuvieran en el campo de fútbol. Ya concentrados, los
hicieron formar en fila. Al frente de la iglesia estaban los soldados, tres
camiones, algunos jeeps del Ejército y como cuatro personas
encapuchadas, vestidas con uniformes militares. Entre estas últimas, se
encontraba una vez más Lucía Carreto Méndez, y así también un menor de edad,
miembro de la ORPA, que había sido capturado en las cercanías de Colomba.
Un oficial se acercó al altoparlante y dirigiéndose a la
población, explicó que el mitin se debía a la presencia de la guerrilla en la
aldea y —señalando a los encapuchados— que la captura de los cuatro
guerrilleros allí presentes era la prueba.
Después, otro oficial preguntó por el altoparlante: “¿Quién
es el dirigente de la guerrilla aquí?” Pasaron algunos minutos de
silencio. Alguien dio el nombre de Elidio Ortega Romero. Después de constatar que éste no se
encontraba allí, el oficial ordenó a la población que, en caso de que este
dirigente regresara, debían capturarlo y entregarlo al Ejército.
Al cabo de unos momentos, un oficial llamó por el altoparlante a
Inés Gómez Ortega, alcalde auxiliar y catequista. Insistió varias veces,
afirmando que urgía su presencia. Cuando el requerido se presentó, lo amarraron
y lo subieron a uno de los camiones estacionados a las orillas del campo de
deporte. Hecho esto, el oficial explicó a la población que el capturado estaba
metido en la ORPA y que era necesario alejarlo del pueblo. Semejante escena se
repitió con Gregorio Romero Méndez y Cornelio López Castillo.
En esa ocasión, también fueron capturadas otras dos personas.
Estos cinco prisioneros fueron llevados en un camión militar, con rumbo desconocido.
No se volvió a saber de ellos.
El día 13 de octubre llegaron de nuevo a La
Victoria alrededor de 30 soldados. Iban acompañados por dos personas
encapuchadas y detuvieron a unos 20 civiles, a los que trasladaron a la zona
militar de Quetzaltenango, donde fueron interrogados durante siete días y, más
tarde, amnistiados y liberados; para
ello se elaboraron actas en que se hacía constar que los beneficiarios se
habían “presentado voluntariamente” al comandante de la zona militar 17
y habían sido amnistiados el mismo día de su supuesta presentación (13 de
octubre de 1983). En el acta consta que:
“El presentado BAJO JURAMENTO se compromete
… a no cometer ninguna clase de delitos POLÍTICOS y COMUNES CONEXOS, tanto como
autos (sic), cómplice y encubridor, a no formar
parte bajo ningún aspecto de facciones subversivas, ni a participar en actividades
subversiva (sic) de ninguna especie”.
Más adelante, el acta de amnistía indica: “El comandante de
la zona militar, EN NOMBRE DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA, manifiesta que
respetará la integridad física y la libertad del presentado y esta última se
hace efectiva (queda libre) en este mismo acto”.
Mientras tanto, la aldea siguió bajo control
militar. El 3 de noviembre de 1983, dos semanas después de la liberación de los
primeros amnistiados, llegaron otros 30 soldados, siempre acompañados por
personas encapuchadas. En esta oportunidad detuvieron a seis personas más. A
una de ellas la amarraron y la encerraron en la escuela. Ya reunidos, les
ordenaron que se presentaran en la zona militar 17 y les obligaron a jurar ante
la bandera, que iban a defender y apoyar a Guatemala. Luego, los interrogaron.
Un declarante afirma que los soldados le decían: “Hoy te vamos a matar. Si
no dices nada, vamos a colgarte”. A otro le torturaron hasta que admitió haber
ido a la montaña una vez, y luego fue trasladado al hospital para ser curado. A esta misma persona los soldados la
llevaron a una comunidad donde se estaba realizando un mitin y ahí fue
presentado como un “guerrillero herido, capturado en combate”. Los seis detenidos
fueron liberados el 10 de noviembre. Todos se autoinculparon, para beneficiarse
de la amnistía.
III. CONCLUSIONES
La CEH, estudiados los antecedentes del caso, llegó a la
convicción de que el Ejército atentó contra el derecho a la vida, la integridad
física y la libertad de los pobladores de la aldea La Victoria, generando así
la responsabilidad estatal por tales violaciones. En particular, el Estado de
Guatemala es responsable por las torturas y la desaparición forzada de cuatro
campesinos el 28 de septiembre de 1983, por la detención ilegal y posibles torturas
de cinco campesinos el 11 de octubre del mismo año, de los cuales tres
desaparecieron, por la detención arbitraria y trato inhumano dado a 20 vecinos
de la misma comunidad el 13 de octubre de 1983, y por igual tratamiento dado a
seis personas más el día 3 de noviembre de 1983. Además, por la detención
ilegal y posibles torturas a que fueron sometidos los miembros de la ORPA que
fueron utilizados por el Ejército para delatar a supuestos colaboradores de la
guerrilla.
La CEH concluye, asimismo, que la represión selectiva del
Ejército en contra de supuestos guerrilleros, tuvo la intención de castigar
ejemplarmente a la comunidad entera. Por otro lado, la práctica de la delación
y de la tortura para la obtención de información generó un ambiente de inseguridad
y de desconfianza en la población.
La CEH considera además que el caso ilustra las causas por las
cuales la población se vio en la necesidad de desplazarse internamente o
refugiarse en México.
Por otro
lado, los hechos revelan la utilización de la amnistía como arma política por
parte del Ejército, alejando a aquélla de su objetivo reconciliador. Como tal,
los militares falsearon la realidad presentando capturas ilegales como
presentaciones voluntarias y confesiones arrancadas bajo tortura como
solicitudes espontáneas de amnistía. El Ejército utilizó el mecanismo de la
amnistía para mantener en detención ilegal a supuestos colaboradores de la
guerrilla, obtener de éstos información y, posteriormente de otorgado el
beneficio, mantener a los amnistiados como colaboradores de la institución.
Finalmente, la CEH considera que el caso ilustra el control que
el Estado mantuvo, a través del Ejército, sobre la población civil, manteniendo
a ésta en la zozobra por la inminencia de sufrir represalias en caso de no
colaborar con la Institución Armada.
LISTADO DE
LAS VÍCTIMAS
Desaparición forzada
Arnulfo Romero López
Cornelio López
Francisca Méndez Diaz
Gregorio Romero Méndez
Inés Gómez Romero
Jesusa Romero López
Oliverio Leoguirildo Castillo López
Venturo Ortega Romero
Desaparición forzada, privación
de libertad
Lucía Carreto Méndez
Torturas, privación de libertad
Dorotea Gómez
Efectiva Carreto
Fernando Ortega
Inesia Ortega
Isabel Diaz Romero
Luis Marroquín
Matea Gómez
Modesta Marroquín
Pablo Romero
Pantaleón Ortega
Pascual Gómez
Roberto Carreto Romero
Víctimas
colectivas/desconocidas: 28
Fuente:
CEH, Guatemala memoria del silencio.
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