El partido Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), a la opinión pública nacional e internacional manifiesta:
1. En el juicio seguido contra los generales José Efraín Ríos Mont y José Mauricio Rodríguez Sánchez, sindicados por genocidio, se ha evidenciado la continuidad de la impunidad implementada desde la época contrainsurgente como elemento consustancial a la represión como política del Estado, siendo el sistema de administración de justicia, uno de los principales soportes de esta política. En este caso se evidencia la utilización, manipulación y distorsión del ordenamiento jurídico vigente para entrampar el proceso, obstruir la justicia y favorecer a los sindicados.
2. Irrespetando la independencia de poderes establecidos en la Constitución Política de la República, el actual presidente General Otto Pérez Molina, en reiteradas ocasiones ha emitido opiniones, negando la existencia de actos de genocidio durante la guerra interna. Esta posición política la ha implementado la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA), la apócrifa Fundación contra el Terrorismo, y otras organizaciones, cuyas acciones no hacen más que recordar los procedimientos que utilizaron unidades operativas de la inteligencia militar. En esta misma dirección se inscribe la declaración distorsionadora de la realidad, que con el título de “Traicionar la paz y dividir a Guatemala”, emitió un conjunto de ex funcionarios del gobierno de Álvaro Arzú, quienes aseveraron que el juzgamiento de los delitos antes señalados, conllevaría “la reaparición de la violencia política”, pretendiendo con ello exculpar al Estado de su responsabilidad en la aplicación de la represión contra del pueblo.
3. El Informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), emitido en febrero de 1999, y aceptado públicamente por URNG y cuyas recomendaciones han sido desestimadas por todos los gobiernos a partir de la firma de la paz, estimó que durante la guerra interna se produjeron más de 200,00 muertos y desaparecidos, identificó la comisión de por lo menos cuatro actos de genocidio, especificando dentro de ellos al pueblo Ixil, y señaló a su vez la responsabilidad del Estado en el 93% de los hechos cometidos.
4. Los aspectos señalados fueron identificados en el marco de los Acuerdos de Paz, habiéndose suscrito compromisos para solucionarlos de la mejor manera. Sin embargo, después de su incumplimiento, asistimos a un proceso de continuado deterioro político, social, económico, cultural, ambiental y ético, que hubiese podido ser evitado, además del recrudecimiento de la violencia política ejercida aún hoy en día por el Estado en contra del pueblo, quien actúa legítimamente por la defensa de sus derechos y que, por el contrario, es sindicado, perseguido, capturado, secuestrado y asesinado, utilizando los mismos métodos que en el pasado.
En base a lo anterior, URNG llama a:
1º. Retomar el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, como el camino establecido para lograr la paz firme y duradera, la democracia y el desarrollo resaltándose en este momento las profundas e indispensables reformas al sistema de justicia y el apego de la Ley de Reconciliación Nacional, que excluye expresamente los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad, los cuales son imprescriptibles.
2º. Respetar plenamente la autonomía del sistema de administración de justicia y erradicar las maniobras que reproducen la impunidad como se ha observado en el momento actual.
3º. Reafirmar la solidaridad con las víctimas y sobrevivientes del genocidio y en particular con el pueblo Maya-Ixil, exhortándoles a mantener vigente su memoria histórica, la exigencia y defensa de sus derechos y su inclaudicable lucha por la verdad y la justicia.
4º. Solicitar a la comunidad internacional y a los organismos establecidos en materia de derechos humanos y justicia, a continuar acompañando los procesos de lucha contra la impunidad, la observancia de los derechos de la población y la aplicación del derecho internacional.
5º. Cesar inmediatamente la represión contra el pueblo y la persecución selectiva, pública y privada, en contra de dirigentes sociales, afiliados y militantes de URNG.
Comité Ejecutivo Nacional
Guatemala, 19 de abril de 2013
No hay comentarios.:
Publicar un comentario