Caso ilustrativo
No. 44
Masacre en la aldea La Llorona El Estor, Izabal
“Quedaron manchadas
por ser las viudas de los hombres que trajeron esta tristeza a la aldea.
Todavía existe este odio entre nosotras. Siempre dicen que somos mujeres de
guerrilleros”.
I. ANTECEDENTES
La Llorona, ubicada a unos 18 kilómetros de El Estor, en el
departamento de Izabal, es una aldea pequeña, con no más de veinte casas. La
mayor parte de sus primeros pobladores llegó de las áreas de Senahú y Panzós,
Alta Verapaz. En 1981 la población total era de unas 130 personas, todas
pertenecientes a la etnia maya q’eqchi’. Pocos habitantes dominaban el
castellano y la mayoría trabaja en su propia milpa; prestaban esporádicos
servicios a los finqueros locales. En los alrededores se encuentran las aldeas
El Bongo, Socela, Benque, Río Pita, Santa María, Plan Grande y Nueva Esperanza.
En los años setenta y ochenta las comunidades de todas las
aldeas, a excepción de Nueva Esperanza, profesaban la religión católica.
En el pasado, las tierras de la región habían sido utilizadas
para producir chicle, pero en esos años ya predominaba la actividad ganadera.
Los conflictos en la zona se relacionaban con la tenencia de la
tierra, destacando la incertidumbre sobre los límites territoriales entre
fincas y comunidades, y la ausencia de títulos de propiedad.
El poder real era ejercido por algunos finqueros. La figura
dominante era “Beto” Ponce, miembro de la familia más poderosa del
municipio y dueño de la finca Secacou.
Como en el Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA)
no existía registrado un legítimo propietario del terreno que ocupaba La
Llorona, la comunidad permanecía en la creencia de que la tierra pertenecía al
Estado, por lo que, en los años setenta, inició los trámites para obtener el
título de propiedad. Sin embargo, según testimonios aportados a la CEH, otro
finquero que ejercía gran influencia en la zona ocupó parte del terreno,
generándose una situación conflictiva entre él y la comunidad.
Los hombres de la aldea, por iniciativa propia, trazaron un
nuevo límite entre los terrenos comunitarios y los del finquero, pero el
problema se mantuvo latente.
En las comunidades aledañas a La Llorona no existía opinión
uniforme sobre este conflicto. Un testigo afirma: “…La gente de la aldea
Benque estaba en favor de los finqueros”. Los pobladores de Benque movieron el mojón que señalaba el
límite fijado por los hombres de La Llorona, lo cual desencadenó a su vez una
situación de antagonismo entre ambas comunidades.
En la segunda mitad de los años setenta aparecieron las primeras
noticias sobre la presencia de la guerrilla en las aldeas. “…Hace 23 años
entró Ramón, hablando con la gente. Pasaron a las aldeas, pidiendo comida, al
principio dijeron que eran vendedores y compradores de coches. Su líder era un
hombre de nombre Don Ramón; él dijo que era del Ejército de los Pobres [EGP]”. Pasó por muchas
aldeas preguntando qué problemas tenía la gente y brindándose a solucionarlos.
Decía a los campesinos que la tierra pertenecía a los pobres y que no debían
confiar en los finqueros.
Ya en 1977, Ramón visitaba con asiduidad la aldea La Llorona y,
al constatar que el asunto del terreno estaba causando muchos problemas en la
comunidad, reunió a la gente para practicar nuevas mediciones, lo cual hizo que
cundiera el temor entre los propietarios agrícolas. “Los de las fincas
pensaron que él iba a matar a ellos”.
El temor de los finqueros no era infundado. En 1977 el grupo al
mando de Ramón ejecutó arbitrariamente al finquero español José Hernández,
cerca de la finca El Recreo, de su propiedad.
A raíz de este hecho, se formó un grupo clandestino,
apodado como “Guerrilleros de los Ricos”, para proteger los intereses de
los finqueros. Los
hombres que trabajaron para este grupo, en el pueblo y en el campo, recibían
una paga. Según un declarante: “Los finqueros hicieron un sueldo de 20
quetzales diarios para ir a hacer daño a la gente, pero eran 100 quetzales por
matar a la víctima”. De
acuerdo con lo que señalan múltiples testimonios, fue una alta autoridad
pública de El Estor quien organizó el grupo y pagó a sus integrantes por los
desafueros cometidos en las aldeas contra los “enemigos de los finqueros”, proviniendo
la financiación de un importante propietario agrícola. El grupo, irregular,
tuvo relación con los comisionados militares de la región y, según múltiples
declarantes, fue aquella alta autoridad de El Estor la que actuó como
intermediaria, a efectos de información, entre el grupo y los mandos del
Ejército, aunque también se
produjeron rivalidades mutuas. La asociación clandestina asesinó a varias
personas, incluyendo víctimas que no tenían vinculación alguna con grupos
insurgentes.
En diciembre de 1978 el líder del grupo del EGP, Ramón, fue
capturado por soldados del destacamento militar de El Estor y trasladado a la
zona militar de Puerto Barrios.
Al cabo de dos años regresó a El Estor; pero esta vez como
oficial de la G2 del Ejército de Guatemala.
A mediados de septiembre de 1981, Ramón,
luciendo uniforme militar, formó parte del grupo de soldados que llegó a la
aldea. Esta visita anticipó los hechos que se narran a continuación. “Vino
el Ejército, subieron la bandera de Guatemala al lado de la escuela. El
teniente vino a hablar y con él anduvo el jefe de los comisionados militares de
una aldea vecina, quien nos dijo que ‘hay 5 espinas entre ustedes, luego
llegarán a saber quiénes son’. Nos dieron órdenes de subir y bajar la bandera.
Lo hicimos por casi un mes”.
II. LOS HECHOS
Al atardecer del 28 de septiembre de 1981 un oficial del Ejército,
acompañado de cuatro soldados y un comisionado militar, se reunieron con cerca
de treinta civiles en una casa de la finca El Murciélago, para intercambiar
informaciones sobre la operación que se realizaría al día siguiente. El
encuentro se prolongó hasta la madrugada.
El 29 de septiembre de 1981 a las siete de la mañana, más de
treinta civiles, la mayoría de Nueva Esperanza, entre los cuales se contaban
varios conocidos “informantes” de la Inteligencia militar, acompañados
de algunos comisionados militares y de un pequeño grupo de soldados y oficiales
del Ejército, se apostaron en los alrededores de La Llorona. Luego, entraron en
la aldea. Los civiles y los comisionados ingresaron a doce casas y, de cada una
de ellas, fueron sacando a los hombres. “Los mataron a todos con plomo. Cada
uno en frente de su casa. No tenían tiempo para defenderse”. Los que intentaron huir también
fueron muertos. A las mujeres que trataban de proteger a sus esposos las
arrojaban al suelo y allí les pegaban.
Uno de los hombres, al que acribillaron mientras huía, simuló
estar muerto. Fue el único sobreviviente entre los varones que habitaban esas
doce casas.
Mientras los comisionados militares y los civiles ejecutaban a
los hombres, los soldados sustraían desde las casas las pertenencias de las
víctimas.
En menos de media hora, los autores del asalto salieron de la
aldea. Los cuerpos de las víctimas, catorce en total, quedaron frente a las
casas.
Las mujeres, pese a haber sido amenazadas de muerte en caso de
contar lo sucedido, corrieron hasta la aldea más cercana, el Bongo, para pedir
auxilio. Después de unas horas, llegaron con personas que las ayudaron a
sepultar los cadáveres. Días más tarde, las viudas, con sus casi 60 niños
huérfanos de padre fueron acogidas por la parroquia de El Estor, donde les
proporcionaron habitación y alimentos por varios días, hasta que regresaron los
soldados y las obligaron a volver a su aldea.
De regreso a La Llorona, las mujeres continuaron siendo víctimas
de abusos cometidos por los comisionados militares de la vecina aldea El Bongo.
Varias fuentes señalan que las golpeaban, al tiempo de acusarlas de ser esposas
de comunistas y guerrilleros.
A la vez, dos viudas de sendos ejecutados el 29 de septiembre
establecieron relaciones íntimas con los comisionados militares de El Bongo. “Ellas
atendieron bien a los hombres, no sabemos si fue por miedo o qué”. Más tarde, una de estas mujeres
contrajo matrimonio con uno de los comisionados. Esta situación originó
divisiones que aún persisten en la comunidad.
Después de la masacre, los huérfanos, de modo particular los
varones mayores de doce años, fueron también víctimas de abusos físicos por los
comisionados de El Bongo y Nueva Esperanza. Señala una fuente que, en una
ocasión, el jefe de los comisionados de una de las aldeas se apoderó de un
huérfano y “le llevó y le amarró en una hormiguera. Dijo que era ladrón como
su papá”.
Por otra parte, en esos mismos días,
comisionados de Nueva Esperanza, cuya población pertenecía en su mayoría a la
Iglesia Evangélica “Príncipe de Paz”, ingresaron al templo católico de
La Llorona y, luego de destruir uno de los relicarios, se apropiaron de algunos
objetos de especial significación religiosa, como crucifijos. Acto seguido,
calificando a los católicos de comunistas, exhortaron a la gente a abandonar su
religión e ingresar a la nueva iglesia, a cuyo culto sería destinado el templo.
Sin embargo, desde ese día ningún miembro de la aldea La Llorona volvió entrar
en aquel recinto, hasta un mes después, cuando recobró su condición de templo
católico.
La actividad económica y social se trastocó en la aldea. Las
viudas tuvieron que asumir los trabajos que realizaban sus esposos. Debido a su
falta de conocimiento en el cultivo de la tierra, cosecharon muy poco maíz y
frijol. “A veces no comían, cuando se terminó tenían que comprar su maíz; de
la milpa sacaban muy poco porque no lo hicieron bien … hubo enfermedades,
especialmente entre los niños y los ancianos, no había comida ni ropa. El
maestro de la aldea salió, en parte por miedo, pero tampoco valió la pena que
se quedara porque los jóvenes tenían que trabajar. Tampoco podían gastar dinero
en útiles. La aldea no tuvo maestro en los siguientes cuatro años”.
Los hechos generaron, finalmente, la desintegración de la
comunidad. Algunas mujeres de la aldea sostienen, hasta el día de hoy, que sus
esposos fueron asesinados por culpa de otros tres que estaban vinculados con la
guerrilla y estaban involucrados en el conflicto de tierras. Las esposas de
estos últimos “quedaron manchadas por ser las viudas de los hombres que
trajeron esta tristeza a la aldea. Todavía existe este odio entre nosotras.
Siempre dicen que somos mujeres de guerrilleros”.
Según algunos declarantes, el finquero con quien los aldeanos
disputaban la tierra, aprovechó la situación para apropiarse de otras doce
manzanas de terreno. Las mujeres, según indican las fuentes, tuvieron temor de
denunciar el hecho a las autoridades.
El temor persiste hasta hoy.
III. CONCLUSIONES
La CEH llegó a la convicción de que, en los hechos investigados,
pobladores inermes de la aldea La Llorona fueron ejecutados por civiles y por
comisionados militares. La participación de estos últimos elementos,
colaboradores institucionales del Ejército de Guatemala, así como la presencia,
aquiescencia y protección que los soldados prestaron a los autores de las
ejecuciones, permite concluir que los hechos constituyeron una violación del
derecho a la vida.
Del mismo modo, la CEH llegó a la convicción de que mujeres y
huérfanos de esa finca sufrieron violaciones de su derecho a la integridad
física y moral, cometidas por los mismos civiles y colaboradores del Ejército,
bajo la tolerancia de los responsables de esta institución del Estado.
La CEH considera que este caso es ilustrativo de la influencia
que ejercieron conflictos no resueltos sobre tenencia de la tierra, tanto en la
estrategia de penetración de la guerrilla en población civil ajena al
enfrentamiento armado, cuanto en la utilización del aparato del Estado contra
campesinos pobres y en beneficio de propietarios de fincas agrícolas. A la vez,
ilustra la estrecha vinculación que, a través de comisionados militares y otros
colaboradores del Ejército, se estableció entre esta institución y aquellos
propietarios.
El caso ilustra, también, los efectos negativos que el
inevitable involucramiento de la población civil en el enfrentamiento armado
interno acarreó para la convivencia social, incluso entre las propias víctimas.
Finalmente, los hechos revelan el carácter instrumental que,
para los objetivos de la lucha contrainsurgente, revistió la aparición de
algunas agrupaciones religiosas que se levantaron como alternativa a la labor
pastoral de la Iglesia Católica en el campo.
LISTADO DE LAS VÍCTIMAS
Ejecución arbitraria
Agustín Tiul Tiul
David Mucu Chiquin
Domingo Chub Choc
Domingo Ico Caal
Francisco Coc
Hermelindo Pop Asiq
Manuel Chub Tiul
Manuel Ico Caal
Mateo Ico Caal
Ricardo Tzuy
Santiago Chub Sub
Santiago Coc Chub
Valeriano Mucu
Víctor Ical
Ejecución arbitraria
Agustín Tiul Tiul
David Mucu Chiquin
Domingo Chub Choc
Domingo Ico Caal
Francisco Coc
Hermelindo Pop Asiq
Manuel Chub Tiul
Manuel Ico Caal
Mateo Ico Caal
Ricardo Tzuy
Santiago Chub Sub
Santiago Coc Chub
Valeriano Mucu
Víctor Ical
Víctimas colectivas/desconocidas: 7
Fuente: CEH, Guatemala
memoria del silencio.