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viernes, 28 de septiembre de 2012

Represión selectiva en la aldea La Victoria, San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango


Caso ilustrativo No. 25
Represión selectiva en la aldea La Victoria, San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango

“Estando debidamente enterado de la AMNISTIA … por este acto, libre y espontáneamente (sic) manifiesta su deseo de acogerse a los beneficios de la misma … el presentado BAJO JURAMENTO se compromete solemnemente a partir de la fecha y en lo futuro, a no cometer ninguna clase de delitos POLITICOS y COMUNES CONEXOS … ni a participar en actividades subversiva (sic) de ninguna especie … en virtud de lo manifestado … el comandante de la zona militar … manifiesta que respetará la integridad física y libertad del presentado y esta última se hace efectiva [queda libre] en este mismo acto”.

I. ANTECEDENTES
La Victoria es una aldea ubicada en el municipio de San Juan Ostuncalco, departamento de Quetzaltenango, habitada por población maya mam. A partir de 1979 la Organización del Pueblo en Armas (ORPA) realizó trabajo organizativo en algunas aldeas del departamento, entre otras La Victoria, y varios pobladores decidieron integrarse a sus filas. La relación entre la ORPA y sus colaboradores se desarrolló en la clandestinidad.
Cuando el Ejército quiso conocer los nombres de las personas de las comunidades que participaban en la organización, tuvo que recurrir a delatores. Muchas veces, eran personas del mismo grupo guerrillero que, después de haber sido detenidos de forma ilegal y al parecer torturados por el Ejército, participaban en los operativos de éste último y denunciaban a los miembros de la ORPA de las diferentes aldeas.

II. LA DELACIÓN Y LA REPRESIÓN SELECTIVA
En agosto de 1983, Lucía Carreto Méndez, de 18 años, y Jesusa Méndez Díaz, de 17 años, guerrilleras originarias de La Victoria, vestidas con sus uniformes verde olivo, bajaron de la montaña hacia la cabecera municipal de Colomba. Mientras tomaban unos refrescos pasó un camión militar. Al verlo, las guerrilleras intentaron escapar, pero fueron detenidas por los soldados.
Días más tarde, en la madrugada, dos miembros de la ORPA pasaron por La Victoria, para avisar a unos colaboradores sobre la captura de las dos guerrilleras y sobre la posibilidad de que probablemente el Ejército llegara de un momento a otro a la comunidad. Ante la advertencia, entre seis y ocho personas se fueron de La Victoria. Partieron de inmediato: unas se dirigieron hacia México y otras a la Capital.
El 28 de septiembre de 1983, de madrugada, unos 60 soldados de la zona militar 17, de la cabecera departamental de Quetzaltenango, llegaron al centro de La Victoria montados en un camión y un jeep. Los acompañaba, encapuchada, Lucía Carreto Méndez. De casa en casa iba señalando a los supuestos militantes civiles de la ORPA. Primero, llegaron a la casa de Francisca Méndez Díaz, golpearon la puerta y cuando el padre abrió, entraron y encontraron a la mujer en su cama. La envolvieron en una chamarra y la detuvieron, sin darle tiempo siquiera para ponerse los zapatos. Los padres intentaron seguir a la hija, pero los soldados los patearon, dejándolos en el suelo.
Luego, pasaron a la casa de Oliverio Leugivildo Castillo López, lo capturaron y le amarraron las manos a la espalda.
Asimismo, llegaron a la casa de Venturo Ortega Romero, que estaba durmiendo con su familia. Cinco hombres entraron a la fuerza al patio de la casa y 10 se quedaron fuera. Preguntaron al señor Ortega por el paradero de su hijo, quien supuestamente era militante de la ORPA. Le amenazaron diciéndole, según un testigo presencial: “Si encontramos a tu hijo, no te vamos a hacer nada a ti”. Al no encontrarlo, prendieron al señor Ortega, mientras un soldado puso una pistola en el pecho de su esposa y la amenazó para que no gritara.
Los soldados pasaron por la casa de Arnulfo Romero López, quien esperaba la llegada de unos vecinos que debían traer una carga de maíz. Cuando escuchó el ruido de los pasos que se acercaban a su residencia, convencido de que se trataba de aquellos vecinos, salió. Pero lo capturaron y le amarraron los brazos hacia atrás.
Los soldados subieron a los cuatro prisioneros en un camión, y partieron hacia Quetzaltenango. Juan Romero, el padre de Arnulfo Romero López, intentó seguirlos en un carro, pero unos soldados lo detuvieron, lo bajaron del carro, y lo patearon, mientras le acusaban de ser guerrillero.
Miembros de la familia Ortega Romero fueron, el mismo día de los hechos a la zona militar 17. Allí aguardaron para obtener información sobre el paradero de Venturo Ortega, pero al tercer día de espera fueron amenazados de muerte y obligados a irse, sin haber obtenido respuesta alguna. A los ocho días, la misma familia decidió abandonar la aldea La Victoria, y se desplazó a Ciudad de Guatemala, desde donde regresó unos ocho años después. La familia de Oliverio Castillo y Castillo, atemorizada por lo acontecido, se refugió en México.
Los capturados fueron desaparecidos.
Dos semanas después, el 11 de octubre de 1983, a las cuatro de la mañana, unos 80 soldados uniformados que llevaban las caras pintadas regresaron a la aldea La Victoria. Pasaron casa por casa anunciando que toda la población debía concentrarse en el campo de fútbol, a la par de la iglesia Menonita, a las nueve de la mañana. El mismo mensaje se repetía por un altoparlante. Algunas personas que intentaron huir hacia la montaña, se dieron cuenta de que otros soldados estaban rodeando la aldea. Poco a poco, los soldados cerraron el círculo para que todos los habitantes de la aldea estuvieran en el campo de fútbol. Ya concentrados, los hicieron formar en fila. Al frente de la iglesia estaban los soldados, tres camiones, algunos jeeps del Ejército y como cuatro personas encapuchadas, vestidas con uniformes militares. Entre estas últimas, se encontraba una vez más Lucía Carreto Méndez, y así también un menor de edad, miembro de la ORPA, que había sido capturado en las cercanías de Colomba.
Un oficial se acercó al altoparlante y dirigiéndose a la población, explicó que el mitin se debía a la presencia de la guerrilla en la aldea y —señalando a los encapuchados— que la captura de los cuatro guerrilleros allí presentes era la prueba.
Después, otro oficial preguntó por el altoparlante: “¿Quién es el dirigente de la guerrilla aquí?”  Pasaron algunos minutos de silencio. Alguien dio el nombre de Elidio Ortega Romero. Después de constatar que éste no se encontraba allí, el oficial ordenó a la población que, en caso de que este dirigente regresara, debían capturarlo y entregarlo al Ejército.
Al cabo de unos momentos, un oficial llamó por el altoparlante a Inés Gómez Ortega, alcalde auxiliar y catequista. Insistió varias veces, afirmando que urgía su presencia. Cuando el requerido se presentó, lo amarraron y lo subieron a uno de los camiones estacionados a las orillas del campo de deporte. Hecho esto, el oficial explicó a la población que el capturado estaba metido en la ORPA y que era necesario alejarlo del pueblo. Semejante escena se repitió con Gregorio Romero Méndez y Cornelio López Castillo.
En esa ocasión, también fueron capturadas otras dos personas. Estos cinco prisioneros fueron llevados en un camión militar, con rumbo desconocido. No se volvió a saber de ellos.
El día 13 de octubre llegaron de nuevo a La Victoria alrededor de 30 soldados. Iban acompañados por dos personas encapuchadas y detuvieron a unos 20 civiles, a los que trasladaron a la zona militar de Quetzaltenango, donde fueron interrogados durante siete días y, más tarde, amnistiados y liberados; para ello se elaboraron actas en que se hacía constar que los beneficiarios se habían “presentado voluntariamente” al comandante de la zona militar 17 y habían sido amnistiados el mismo día de su supuesta presentación (13 de octubre de 1983). En el acta consta que:
“El presentado BAJO JURAMENTO se compromete … a no cometer ninguna clase de delitos POLÍTICOS y COMUNES CONEXOS, tanto como autos (sic), cómplice y encubridor, a no formar parte bajo ningún aspecto de facciones subversivas, ni a participar en actividades subversiva (sic) de ninguna especie”.
Más adelante, el acta de amnistía indica: “El comandante de la zona militar, EN NOMBRE DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA, manifiesta que respetará la integridad física y la libertad del presentado y esta última se hace efectiva (queda libre) en este mismo acto”.
Mientras tanto, la aldea siguió bajo control militar. El 3 de noviembre de 1983, dos semanas después de la liberación de los primeros amnistiados, llegaron otros 30 soldados, siempre acompañados por personas encapuchadas. En esta oportunidad detuvieron a seis personas más. A una de ellas la amarraron y la encerraron en la escuela. Ya reunidos, les ordenaron que se presentaran en la zona militar 17 y les obligaron a jurar ante la bandera, que iban a defender y apoyar a Guatemala. Luego, los interrogaron. Un declarante afirma que los soldados le decían: “Hoy te vamos a matar. Si no dices nada, vamos a colgarte”. A otro le torturaron hasta que admitió haber ido a la montaña una vez, y luego fue trasladado al hospital para ser curado. A esta misma persona los soldados la llevaron a una comunidad donde se estaba realizando un mitin y ahí fue presentado como un “guerrillero herido, capturado en combate”. Los seis detenidos fueron liberados el 10 de noviembre. Todos se autoinculparon, para beneficiarse de la amnistía.

III. CONCLUSIONES
La CEH, estudiados los antecedentes del caso, llegó a la convicción de que el Ejército atentó contra el derecho a la vida, la integridad física y la libertad de los pobladores de la aldea La Victoria, generando así la responsabilidad estatal por tales violaciones. En particular, el Estado de Guatemala es responsable por las torturas y la desaparición forzada de cuatro campesinos el 28 de septiembre de 1983, por la detención ilegal y posibles torturas de cinco campesinos el 11 de octubre del mismo año, de los cuales tres desaparecieron, por la detención arbitraria y trato inhumano dado a 20 vecinos de la misma comunidad el 13 de octubre de 1983, y por igual tratamiento dado a seis personas más el día 3 de noviembre de 1983. Además, por la detención ilegal y posibles torturas a que fueron sometidos los miembros de la ORPA que fueron utilizados por el Ejército para delatar a supuestos colaboradores de la guerrilla.
La CEH concluye, asimismo, que la represión selectiva del Ejército en contra de supuestos guerrilleros, tuvo la intención de castigar ejemplarmente a la comunidad entera. Por otro lado, la práctica de la delación y de la tortura para la obtención de información generó un ambiente de inseguridad y de desconfianza en la población.
La CEH considera además que el caso ilustra las causas por las cuales la población se vio en la necesidad de desplazarse internamente o refugiarse en México.
Por otro lado, los hechos revelan la utilización de la amnistía como arma política por parte del Ejército, alejando a aquélla de su objetivo reconciliador. Como tal, los militares falsearon la realidad presentando capturas ilegales como presentaciones voluntarias y confesiones arrancadas bajo tortura como solicitudes espontáneas de amnistía. El Ejército utilizó el mecanismo de la amnistía para mantener en detención ilegal a supuestos colaboradores de la guerrilla, obtener de éstos información y, posteriormente de otorgado el beneficio, mantener a los amnistiados como colaboradores de la institución.
Finalmente, la CEH considera que el caso ilustra el control que el Estado mantuvo, a través del Ejército, sobre la población civil, manteniendo a ésta en la zozobra por la inminencia de sufrir represalias en caso de no colaborar con la Institución Armada.

LISTADO DE LAS VÍCTIMAS
Desaparición forzada
Arnulfo Romero López
Cornelio López
Francisca Méndez Diaz
Gregorio Romero Méndez
Inés Gómez Romero
Jesusa Romero López
Oliverio Leoguirildo Castillo López
Venturo Ortega Romero

Desaparición forzada, privación de libertad
Lucía Carreto Méndez

Torturas, privación de libertad
Dorotea Gómez
Efectiva Carreto
Fernando Ortega
Inesia Ortega
Isabel Diaz Romero
Luis Marroquín
Matea Gómez
Modesta Marroquín
Pablo Romero
Pantaleón Ortega
Pascual Gómez
Roberto Carreto Romero

Víctimas colectivas/desconocidas: 28

Fuente: CEH, Guatemala memoria del silencio.

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