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miércoles, 14 de diciembre de 2011

“Ancianos militares” versus “ex insurgentes” o impunidad versus justicia


En medio del revuelo que causó la denuncia que presentó ante los tribunales de justicia, el hijo de quien fuera ministro de Gobernación del golpista ex general Efraín Ríos Montt afirmó que su objetivo no era la consecución de justicia sino la fiscal general. Y es que seguramente más que preocuparles que los ex generales sean condenados por los crímenes que cometieron durante el conflicto armado interno, les preocupa que en Guatemala se den pasos para terminar con la impunidad. Ellos saben que el sistema de justicia en el país únicamente podrá funcionar en la medida en que esos crímenes sean esclarecidos.

En la denuncia presentada ayer 13 de diciembre por un finquero, a quien la prensa le atribuye nacionalidad guatemalteca y estadounidense, de nuevo se insiste en señalar de manera ligera, vaga, sin especificar claramente los cargos a personas que ya fallecieron y ahora también se acusa a personas que ni siquiera habían nacido cuando sucedieron los hechos de que se les imputa.

Según El Periódico el finquero declaró que: «solicita que el ente investigador cite a los señalados para que “den a conocer lo que les consta de los hechos por los que se les acusa, y que así se pueda promover la persecución penal respectiva”.» Su obligación como denunciante debería ser decir lo que a él le consta, cuando sucedieron los hechos, y sobre qué bases se permite afirmar quiénes son los responsables tanto materiales como intelectuales de tales hechos. Pero no, él pretende que sean los acusados quienes proporcionen las pruebas que los condenen.

Resulta difícil creer que con todo el equipo de asesores que los acusadores dicen tener, entre los cuales se encuentran ex militares y oficiales militares de inteligencia en activo, cometan el error de pretender perseguir judicialmente a personas ya fallecidas y ahora a personas que no habían nacido cuando sucedieron los hechos de que se les sindica. La vaguedad de las denuncias, los “medios de prueba presentados” ponen en evidencia que el objetivo es poner denuncias que desde del principio tendrían que ser declaradas sin lugar. ¿Para qué? Para mañana salir diciendo que la fiscal general no es imparcial y por lo tanto debe ser destituida.

Quieren hacer creer a los guatemaltecos que el Ministerio Público está invirtiendo sus recursos en perseguir a “ancianos militares” “defensores de la patria” en lugar de perseguir la delincuencia común y al crimen organizado, cuando un análisis mesurado de la actividad del Ministerio Público indica que la persecución penal de quienes cometieron crímenes durante el conflicto armado es una parte mínima comparada con la multiplicidad de casos que el Ministerio Público está persiguiendo.

Pero además de ello dichas acusaciones son evidencia de que en Guatemala los autores materiales e intelectuales del genocidio, las desapariciones forzadas, los asesinatos de opositores políticos están iniciando una nueva época de persecución política en contra de quienes no piensan como ellos. Ya lo hicieron en el pasado reciente. Entonces, a pesar de tener todo el poder del estado para perseguir judicialmente a quienes pensaban distinto, recuérdese que era delito ser “comunista”, en lugar de usar sus leyes optaron por eliminar físicamente a los opositores. Esperemos que a pesar de que estas listas tienen muchas características comunes con las que hacían públicas los escuadrones de la muerte, los militares y sus corifeos continúen su accionar por la vida legal y no se cumpla el refrán popular de que gallina que come huevo aunque le quemen el pico.

En el marco de todo esto resulta sumamente preocupante que, según las declaraciones de uno de los denunciantes, en este proceso en contra de la Fiscal General estén participando oficiales militares de inteligencia en activo. El ministro de la Defensa está obligado a investigar quiénes son estos oficiales que están conspirando contra el Estado de Guatemala. De no hacerlo estaría siendo cómplice de ellos.