Entre los múltiples logros que nos dejó el 2023 está que haya más ciudadanos convencidos de que para desarrollarse y ser un país para todos, Guatemala necesita expulsar de muchas instituciones públicas al Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Industriales y Financieras (Cacif). Esta organización patronal tiene presencia y poder de decisión en alrededor de 58 instituciones públicas, en muchas de las cuales es una especie de juez y parte (https://acortar.link/kfDmH4).
Para algunas personas, sin embargo, el lema #UnFuturoSinCacif implica la destrucción de esta federación de organizaciones patronales. No es así. El que el Cacif deje de ser parte de la institucionalidad no implica que el mismo deba desaparecer. Su existencia como aglutinador de los sectores empresariales más retrógrados del país es necesaria. Y además de ser necesaria su existencia es expresión del derecho que tienen los ciudadanos a la libre organización. (Derecho que los miembros de esa organización empresarial vedan cotidianamente a los trabajadores de sus empresas, y que en los años del conflicto armado interno llegó incluso a la eliminación física de los dirigentes sindicales).
Tener claridad de este punto es relevante para desmentir el discurso empresarial que aprovecha esa confusión para rechazar como antidemocrática y violatorio de sus derechos que se pretenda sacarlos de la institucionalidad pública.
2023 también nos dejó ver con una claridad absoluta la vocación antidemocrática del Cacif, o en todo caso de su cúpula, que no ha dejado de sostener a Consuelo Porras en el Ministerio Público y en consecuencia todo su proyecto golpista dirigido a evitar que Bernardo Arévalo y Karin Herrera tomen posesión.
Conclusión: #UnFuturoSinCacif implica sacar al Cacif de la institucionalidad pública, más no su eliminación como organización patronal. En democracia el derecho a la libre organización es para todos y todas.
