Las autoridades comunales de los 48 cantones de Totonicapán a la comunidad nacional e internacional manifiestan:

Que desde el día 11 Septiembre del año 2011 se perfilaba que el sistema democrático de este país en el cual el poder radica en el “Pueblo”, fuera socavado por grupos de interés; concretándose el 6 de noviembre del año 2011, donde ha iniciado un proceso de democracia militar como una figura nueva dentro del lenguaje político, que se caracteriza principalmente por el uso de la fuerza bruta y represiva para atender las demandas sociales. 

Durante el proceso electoral era evidente que la Mano Dura iba a ser aplicada para favorecer al capital transnacional, especialmente para favorecer las minas a cielo abierto, la explotación del petróleo que nos conducen a la muerte de la madre naturaleza y hacia nuestra propia extinción humana; se hace evidente que la moral no le permite al señor Presidente de la República de Guatemala General Otto Pérez Molina, “de alguna manera” seguir aplicando las formas de represión del pasado reciente y las disfraza por medio de la expulsión y el despojo de los pueblos indígenas de los territorios de los cuales son propietarios históricos para entregarlos con el apoyo de las fuerzas armadas – especialmente el ejército – a empresas transnacionales. Ayer fueron los soldados al mando de Pedro de Alvarado, hoy son los soldados del ejército al servicio de los capitales nacionales e internacionales. La voracidad por el oro no cesa. 

Queremos recordarle al Pueblo de Guatemala que en el planteamiento de gobierno ofrecido en la campaña de Otto Pérez Molina, en ningún momento apareció el reconocimiento a la diversidad cultural y el desarrollo concertado con todos los sectores del país y nunca aparecieron los pueblos indígenas como sujetos de derecho dentro de su propuesta. Lo cual se materializa en este momento al perseguir criminalmente a las autoridades indígenas, a quienes ni por asomo entiende.

Con esos antecedentes, en tan solo 15 meses de gobierno es asombroso como el poder militar a secuestrado nuevamente al Estado de Guatemala debilitando y desacreditando al poder civil y a las fuerzas sociales del país criminalizando el  movimiento social, a los pueblos indígenas y sus autoridades legítimas, privilegiando los derechos empresariales ante lo derechos sociales y los derechos colectivos de los pueblos indígenas y pobres.

Esta política represiva y de continuidad genocida pone en evidencia con la represión en contra de la población de San Juan Sacatepéquez en donde inicia la re instalación de destacamentos militares, el mal recordado respaldo a la Hidroeléctrica Santa Cruz en el que fue asesinado el hermano Andrés Miguel Francisco en Santa Cruz Barillas, después de eso los deleznables acontecimientos de San José del Golfo, lo ocurrido en la Puya, la masacre del 4 de octubre en Alaska, el secuestro y asesinato del hermano Exaltación Gómez Ucelo miembro del Parlamento Xinca, el sorprendente cumplimiento de órdenes de captura en contra de Rubén Herrera, el secuestro y posterior asesinato – por no llamarla ejecución extrajudicial – de Daniel Pedro Mateo hermano maya Q’anjobal, la provocación a la violencia para el pueblo de San Rafael las Flores y Santa María Xalapan autorizando licencias de explotación minera en estos territorios a pesar de la oposición expresa y manifiesta de dichos pueblos; la poca calidad ética del Señor Presidente de la República al señalar que en el caso de Totonicapán los elementos del ejército no portaban armas y que posteriormente anunció que estos mismos temiendo por su vida dispararon armas de guerra en contra de población civil, argumentos que se repiten en el caso de San Rafael las Flores, donde ahora indica que la seguridad de la mina disparó balas de  goma en contra de la población civil, hechos que demuestran incapacidad y mentiras.

No nos sorprende que el mapa de conflictividad del gobierno coincida con los territorios indígenas en donde se encuentra la mayor concentración de la riqueza natural del país, tampoco sorprende que coincida con el mapa de la pobreza y de los lugares en donde el genocidio practicado durante el conflicto armado no concluyó y que sea precisamente en estos lugares en donde para poner en práctica la política de mano dura pretendan instalar destacamentos militares y establecer estados de sitio como lo hacen ahora en Santa Rosa y Jalapa y se señale de criminales - terroristas a la dirigencia social e indígena, retornando a los hallazgos de la comisión de esclarecimiento histórico en donde se establece la utilización del sistema jurídico para reprimir y acallar a la población.

Ante esta situación EXIGIMOS:

• Que la capacidad del presidente de la república se ponga al servicio del pueblo de Guatemala y no solamente al servicio de quienes puedan hacerle favores, petición que hacemos en el mismo sentido a todas y todos los funcionarios del gobierno para evitar declaraciones absurdas. les pedimos que pongan todo su esfuerzo en la construcción de una sociedad incluyente.
• Pedimos al Ministerio Público que como garante de la persecución penal oficial, no se preste al juego de la criminalización de quienes ejercen su derecho a la manifestación y defensa de  los derechos individuales y colectivos.
• A la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala –CICIG- solicitamos cumplir con su mandato establecido entre el gobierno de Guatemala y las Naciones Unidas para contribuir en la investigación de la existencia del crimen organizado y fuerzas de seguridad paralelas y que no se comabatan a través de estados de sitio.
• Al Organismo Judicial exigimos que cumpla con su papel de imparcialidad, ser el catalizador del respeto a los derechos humanos y de fortalecer el estado constitucional de derecho para el pueblo de guatemala.
• Al Organismo Legislativo le exigimos analizar el acuerdo gubernativo 6-2013 para no legalizar la injusticia, la represión, la re-militarización y la condena a la pobreza de nuestro pais. así mismo le exigimos no ratificar el estado de sitio decretado en consejo de ministros.
• Al sector privado le decimos que el desarrollo del pais debe incluir a todos los sectores de la población, pues los bienes naturales y materiales fueron hechos y destinados para todas y todos y no para unos cuantos.
• A las instituciones religiosas les exigimos que en estos momentos de dolor para el pueblo de guatemala cumplan con el mandato cristiano de estar al lado del pueblo y denunciar las injusticias y atropellos que estamos viviendo.
• A la Universidad de San Carlos y demás universidades del país les pedimos acompañar al pueblo y cumplir con su papel de hablar con la verdad para la construcción de una sociedad justa.
• A los medios de comunicación les pedimos ser objetivos, imparciales y no incitar a la confrontación sino por el contrario contribuir en el fortalecimiento de la democracia.
• Al Sistema de Naciones Unidas y sus organismos especializados, específicamente al consejo  de derechos humanos presentamos nuestra denuncia formal y publica, para que en el cumplimiento de su mandato constitucional verifiquen de manera urgente en nuestro país el cumplimiento de la declaración universal de derechos humanos, la proclamación de teherán, los pactos internacionales de derechos individuales, derechos económicos,  sociales y culturales, sus protocolos facultativos y la declaracion de las naciones unidas sobre derechos de los pueblos indígenas.
• Pedimos al Sistema de Naciones Unidas el nombramiento de un relator para estados de sitio.
• Al sistema interamericano y especificamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitamos de manera urgente la adopción de medidas cautelares para que este ejercicio abusivo del poder del estado de guatemala se subordine no solamente a nuestro derecho interno sino tambien a los compromisos contraídos en la convención americana de derechos humanos.
• A la Organización Internacional del Trabajo –OIT- solicitamos su inmediata intervención a fin de que el gobierno del estado de Guatemala ajuste sus practicas administrativas, a las normas del convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes.
• Al pueblo de Guatemala le pedimos que ejerza su derecho a la resistencia civil, exigiendole no caer en la trampa de la reacción violenta que el gobierno esta utilizando para justificar la re militarización del pais.

 

Siguiendo el ejemplo de nuestros abuelos y abuelas, lucharemos por la vida hasta vencer a las fuerzas de Xib’alb’a.

Iximulew, 2 de mayo de 2013. 

La democracia y el estado de derecho a prueba, Asociación Dr. Adolofo Mijangos López

AML
LA ASOCIACION DR. ADOLFO MIJANGOS LOPEZ
A LA OPINION PÚBLICA
MANIFIESTA:

    LA DEMOCRACIA Y EL ESTADO DE DERECHO A PRUEBA

    El juicio contra el Ex General Efraín Ríos Montt no es un ataque a la paz, ni al Estado de derecho. Es todo lo contrario, un peldaño en la construcción de la paz, la justicia y  la reconciliación.

    En el largo recorrido de Guatemala hacia la democracia, aún se arrastran rasgos del pasado.  Estos se ven retratados en comunicados y publicaciones como los que han circulado oponiéndose al proceso que se sigue en contra del ex jefe militar de facto Efraín Ríos Montt y no en contra el Estado guatemalteco, como maliciosamente afirman integrantes del grupo de doce ex funcionarios neoliberales, sin ninguna asesoría legal adecuada. 

    El Estado de derecho significa entre otras cosas, el respeto irrestricto a los tres poderes del Estado y la no interferencia entre éstos. También el derecho que asiste a todos los ciudadanos a presentar sus peticiones ante los tribunales de justicia y el del o los acusados a probar su inocencia.

    El camino para enjuiciar las masacres, aunque cometidas por la guerrilla en número menor, está abierto. Esperamos igualmente que en este caso, los tribunales las conozcan con toda la imparcialidad y apego a la ley. Nada debe impedir su juzgamiento. 

    Los delitos de lesa humanidad cometidos durante el enfrentamiento armado interno, están ampliamente descritos en el Informe para la Recuperación de la Memoria Histórica –REMIH-y en el Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico -CEH-,  presentado al Estado de Guatemala y  la comunidad internacional. El delito de genocidio fue excluido de la ley de amnistía, porque se trata de violaciones de tal magnitud que no deben quedar impunes y son imprescriptibles, de acuerdo a con nuestra legislación penal y a con la legislación internacional. Corresponde a los tribunales de justicia juzgar su existencia o no y no deben ser presionados para dicho ejercicio. Solo a los tribunales compete calificar si hubo o no genocidio. Este no es un tema de opinión sino de decisión jurídica.  

    Debe quedar claro que no se está juzgando al Estado de Guatemala, si no a un ex jefe de Facto, que no respetó la constitución, ni las leyes y cometió crímenes de lesa humanidad.  

    Planteamos igualmente la necesidad del respeto a la ley. En consecuencia, ningún  nacional o extranjero debe tener injerencia en las decisiones de las Cortes constituidas para juzgar y hacer cumplir lo juzgado.

    La polarización ideológico, política y profundamente sectaria que generaron los comunicados de los doce ex funcionarios de la oligarquía, ha sido utilizada por su instrumento: la Fundación Contra el Terrorismo, cuyo origen está en el MLN, la Mano Blanca y otras organizaciones terroristas de triste recordación en Guatemala, al inicio del conflicto armado. Este debate político sectario, es la justificación para ejecutar de nuevo, la  represión a que se refiere el grupo de los doce, dentro del cual hay personajes carentes de autoridad moral para pronunciarse sobre estos problemas, porque fueron promotores del conflicto armado y responsables de motivar el entusiasmo de los jóvenes para que regaran su sangre en las montañas de Guatemala.

    RECONCILIACION SIN JUSTICIA NO EXISTE
    Guatemala de la Asunción, abril del 2013

El gobierno de Guatemala viola los derechos y garantías contenidas en la constitución política de la república, el interés social debe prevalecer sobre el interés particular, URNG

    El partido Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG-MAIZ, con profunda preocupación, expresa su enérgica condena y repudio por la escalada de violencia represiva contra activistas y dirigentes sociales, que se ha registrado en las últimas semanas en nuestro país.

    La Constitución Política de la República, en su Capítulo I, “Derechos Individuales”, Artículos del 3 al 46, garantiza el derecho a la vida, a la libertad e igualdad, libertad de acción, garantía de que no haya detenciones ilegales,  derechos de los detenidos, el derecho de defensa, la presunción de inocencia, la inviolabilidad de la vivienda y la libertad de locomoción, entre otros.  El Artículo 44 establece claramente que “El interés social prevalece sobre el interés particular” y que “serán nulas ipso jure las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza”.

    Contrario a lo anterior, el actual Gobierno de Guatemala, antepone la defensa de los intereses particulares de las empresas transnacionales por encima de los intereses individuales y colectivos de la población de nuestro país, que día a día ve mancillados y violados sus derechos y libertades garantizadas por la Constitución Política de la República.   Recientemente, el Ministro de Gobernación llegó al punto de declarar públicamente que con el objeto de cumplir con las garantías que el Presidente de la República había ofrecido al empresariado transnacional, el Consejo Nacional de Seguridad había acordado que el cumplimiento de esos compromisos y la imposición de las garantías ofrecidas debían verse como una prioridad de la seguridad del Estado. 

    La población de los municipios de San Rafael Las Flores y Jalapa, es hoy víctima de la escalada represiva, después del secuestro de cuatro dirigentes comunitarios, sufriendo además la pérdida de vidas humanas y numerosas personas víctimas de heridas de armas de fuego, así como la constante zozobra que no permite el ejercicio del derecho a la educación, a la salud, al trabajo y a la libre locomoción, a lo cual se agrega, desde la noche del miércoles 1 de mayo, la imposición del Estado de Sitio, extensivo a los municipios vecinos de Mataquescuintla y Casillas.

    Por un lado, se continúa criminalizando la lucha social del Pueblo Xinca, pretendiendo invertir la presunción de inocencia de los dirigentes comunitarios, y por el otro, se cae en actitudes serviles y cómplices de la violencia que ejerce la seguridad privada de la empresa extractiva, contra los pobladores, continuándose con la entrega de los recursos naturales de nuestro país a las empresas transnacionales, a cambio de la firma de ridículos “Convenios de pago voluntario de regalías”, a espaldas de la población.

    URNG rechaza el Estado de Sitio decretado por el Gobierno en los cuatro municipios mencionados y condena la represión y persecución contra la población guatemalteca, el movimiento social y los pueblos indígenas, que solo evidencian el carácter racista y excluyente y la incapacidad centenaria del Estado de dialogar y respetar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas de Guatemala y en particular de los pueblos indígenas, desconociendo de manera arbitraria la verdadera legitimidad de la voluntad soberana del pueblo, expresada en todas las consultas populares de buena fe realizadas a lo largo y lo ancho del país, con lo cual se acelera la creación de condiciones para la agudización de la conflictividad social.

    El partido político URNG exige al Gobierno del Presidente Otto Pérez Molina el respeto de los derechos humanos, garantías y libertades constitucionales de la población guatemalteca, y la realización de un diálogo franco, serio y responsable a partir del respeto de los derechos de los pueblos indígenas y del debate   sobre otras alternativas de desarrollo social sustentable, basadas en el respeto a la vida, a la Madre Tierra y al conjunto de riquezas naturales que constituyen uno de los bienes más preciados de nuestro país y de las futuras generaciones de guatemaltecos y guatemaltecas.

Comité Ejecutivo Nacional
Guatemala, 2 de mayo de 2013

   

   

“La paz esté con ustedes” (Jn 20, 20), Mensaje de la Conferencia Episcopal de Guatemala

            1. Los obispos de Guatemala nos dirigimos a todos lo fieles cristianos católicos y a todos los creyentes y hombres y mujeres de buena voluntad. Este tiempo de Pascua nos llama reiteradamente a la esperanza en Cristo Resucitado. Nos inspira el Señor que ha vencido a la muerte con su Resurrección.

            2. Este año de la Fe ha estado marcado por la renuncia del Papa Benedicto XVI y por la elección e inauguración del pontificado del Papa Francisco. Ambos nos han dado testimonio claro de fe en el Señor. Ambos nos exhortan con su testimonio y su palabra a dar razón de nuestra fe.

            3. La Conferencia Episcopal de Guatemala, en nombre de toda la Iglesia Católica en este pais da la bienvenida al nuevo Señor Nuncio Apostólico de su Santidad, Mons. Nicolás Thevenin y le desea un fructífero ministerio en nuestra patria.

            4. Este 26 de abril se cumplen quince años desde el asesinato de Monseñor Juan Gerardi. La celebración de este aniversario nos invita a reflexionar sobre el profundo significado de su ejemplo de pastor bueno entregado al servicio de los pobres, testigo de la verdad y defensor de la dignificación de las víctimas de la violencia. Al mismo tiempo nos lleva a considerar la actualidad de su palabra y acción.

            5, Los obispos de Guatemala, afirmaron en vísperas de los Acuerdos de Paz: “para asegurar que la paz que buscamos en Guatemala sea firme y duradera, se requiere que sea construida sobre una verdadera reconciliación. Los acuerdos, producto de la negociación política, son sin duda un paso necesario en el largo camino hacia la paz. Pero se debe ir más allá de la firma de dichos acuerdos. Es imprescindible comprometer a todo el pueblo de Guatemala, especialmente a quienes tienen en sus manos el poder económico y político en su cumplimiento, hasta llegar a extirpar las causas que originaron el conflicto y los gravísimos males físicos, mentales y morales provocados por una guerra fratricida de más de 36 años”.

            6. Han pasado diecisiete años de la firma de los “Acuerdos de Paz firme y duradera”. Es verdad que dichos Acuerdos surtieron efecto para la finalización del conflicto. Sin embargo, constatamos que en los aspectos sustantivos quedaron sin aplicación, frustrando las esperanzas del pueblo guatemalteco. Debemos reconocer que las causas estructurales que dieron origen al enfrentamiento armado no han sido superadas, se fortalece un modelo económico que concentra la riqueza en pocas manos. Las propuestas de desarrollo impulsadas desde el gobierno son objetadas por varios sectores de la población que logran obtener un respaldo amplio y de incidencia social. Ha faltado la capacidad por una parte de persuadir a la población de cuáles son las políticas económicas impulsadas desde el gobierno, a participación y las propuestas más significativas de la población. En estos años hemos visto políticas de parches, que no solucionan la situación de pobreza, emigración forzada, racismo y exclusión. Seguimos constatando el constante irrespeto a la dignidad de la vida humana, el ambiente de sensibilidad y susceptibilidad, de creciente y peligrosa polarización social, de rumores y calumnias que confunde, de conflictos en el ámbito de la minería. Hay un auge de la criminalización y persecución de líderes comunitarios, la institucionalidad jurídica se ve sometida a presiones de diverso signo que empañan el clima de libertad con que debe actuar la justicia. Los procesos de justicia deben ser transparentes, apegados al derecho e imparciales con el fin de que sean reconocidos por todos. Lo habíamos señalado los obispos hace años: “El secular enfrentamiento, el odio y la violencia, son una realidad que se ubica en la misma raiz de nuestro pasado”. “Nuestra realidad actual no es más que el resultado de injusticias sociales acumuladas, fraguadas en esta secular historia de despojo y opresión''.

            7. El mensaje de Mons. Gerardi sigue siendo actual: Conocer la verdad para sanar las heridas del pasado y poner las bases para el perdón y la reconciliación. A pesar de todo “creemos en la capacidad del pueblo para lograrlo paz y emprender el camino esperanzado de la reconciliación”'.

            8. La verdadera reconciliación se logrará únicamente sanando las causas que han producido la injusticia, y orientándose hacia el perdón pues “Sin perdón no hay futuro”, como dijera el obispo sudafricano Desmond Tutu, un perdón fundado en la verdad. Lo cual no significa impunidad ni freno a los caminos propios de la justicia, que debe cumplirse, sino compromiso para que las heridas del pasado en el pueblo se sanen por ese camino. Los puntos irrenunciables en el mensaje de Mons. Gerardi siguen siendo actuales: la paz sigue siendo “el anhelo más fuerte que brota del corazón de todos los guatemaltecos”, lo que queremos es que esas dolorosas experiencias del pasado no se repitan, “Guatemala, nunca más”. “..,Es necesario tener en cuenta el pasado tormentoso de nuestra historia, no para despertar nuevos odios, animadversiones y deseos de venganza o de revancha, sino para entender mejor nuestras actuales circunstancias y evitar caer de nuevo en los mismos errores, crímenes y guerras”'.

            9. El proyecto REMHI, anterior al informe de la Comisión de la Verdad, tenía la finalidad de permitir a las víctimas de los años de la violencia poder expresar su dolor y sanar y estaba abierto a hablar de víctimas en ambos lados de la confrontación, hubo espacio no sólo para la población civil no combatiente sino también para exguerrilleros, militares y patrulleros de la autodefensa. Este proyecto era un paso irrenunciable, que sin duda en muchos lugares de nuestro país dio frutos de sanación basada en el Evangelio de Jesús. El pueblo hizo el proceso del REMHI a partir de sus valores más profundos y de la experiencia del Dios de la Misericor­dia que se nos ha revelado en Jesucristo. Desafortunadamente el trabajo iniciado por los animadores de la reconciliación y otros procesos destinados a la sanación, no tuvieron continuidad. Esto representa para nosotros actualmente un desafío para nuestras acciones pastorales.

            10. Nos dirigimos a ustedes conciudadanos con confianza en que la cultura de la Vida predominará sobre la cultura de la muerte en nuestra realidad nacional marcada por la violencia diaria que desemboca en muertes y duelo en tantas familias guatemaltecas. Merecen nuestro repudio vehemente en especial los reiterados atentados contra los choferes del servicio urbano y la violencia contra mujeres y niños y últimamente líderes comunitarios.

            11. Urgimos a todos los ciudadanos a mantener vigente la meta de alcanzar la verdadera paz en Guatemala. La búsqueda de justicia y verdad sana las heridas sociales e históricas. “El esclarecimiento histórico de la verdad no solo es necesario, es indispensable para que el pasado no se repita con sus graves consecuencias. Mientras no se sepa la verdad, las heridas del pasado seguirán abiertas sin cicatrizar”, Pero el conocimiento del pasado humaniza cuando tiene como fruto la conciliación, que solo puede provenir de una autentica actitud de perdón, que no significa impunidad sino asumir el pasado y superarlo para construir el futuro. El resarcimiento se limitó en muchos casos únicamente a una compensación económica selectiva.

            12. Que nuestra Señora, la Virgen María, cuya fe dio paso a la encarnación de Nuestro Señor y con eso abrió camino a la Esperanza, anime siempre el caminar de nuestra Iglesia.

            Guatemala de la Asunción, 26 de abril de 2013.

+Rodolfo Valenzuela Núñez
Obispo de la Diócesis de La Verapaz
Presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala

+Bernabé de J. Sagastume Lemus, ofm.Cap
Obispo de Santa Rosado Lima
Secretario General de la Conferencia Episcopal de Guatemala

Reconciliaciones a prueba de balas, por Edelberto Torres-Rivas

        Sin duda alguna, asistimos en el escenario político a un reordenamiento de segmentos de la derecha (militar, política y económica) aparentemente con ocasión del procesamiento judicial a los dos generales.

 

        A los sectores conservadores no les importa propiamente ni José Efraín Ríos Montt ni José Mauricio Rodríguez Sánchez, sino el mal ejemplo de ser juzgados a pesar de su condición de altos oficiales. El juicio de abril abrió ventanas que ya no es posible cerrar; por ahí se filtraron componentes de la cultura civil, se asienta una jurisprudencia que rompe el orden conservador: los militares son imputables. Se vieron imágenes de mujeres ixiles acusando en su propio idioma, dibujando con coraje escenas de una nueva época. La TV y la prensa presentaron testimonios del odio fratricida que antes negaron u ocultaron. A la derecha le preocupa hondamente que en Guatemala pueda haber otros juicios, muchos militares culpables.

        Algunos comunicados lo han dicho de manera elemental: se juzga al soldado, al militar, al Estado, y es peligroso atacarlo. Después de una guerra civil el Estado es la contraparte de todo juicio penal. El de Guatemala ha sido demandado y condenado por la Corte Interamericana de Justicia más de tres veces. Si en el debate que hubo con ocasión de crear la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Naciones Unidas se hubiese acordado poner en el Informe de la Verdad el nombre de los militares responsables de los mayores delitos cometidos, los juicios contra los culpables habrían sido innecesarios, pues la sola mención en el Informe era suficiente. Pero los representantes del Ejército argumentaron que no aceptaban el procedimiento de identificar a los responsables, lo cual era posible y que exigían que solo se responsabilizase a la Institución, es decir, al Estado. De ahí que la Memoria del Silencio sea una enorme acusación contra el Estado.

        No hay que olvidar la larga tradición de inimputabilidad que los militares gozan como tales a partir del fuero especial de 1877. Cien años después, el Decreto Legislativo 41-96 estableció que los delitos o faltas cometidas por militares, deben ser juzgados por tribunales ordinarios (en el juicio de Xamán, los integrantes de la patrulla militar iban a ser juzgados por tribunales militares). Después de 1954 tuvieron varias leyes de amnistía, la última de las cuales cocinaron conjuntamente con “los Comandantes”, 48 horas exactamente antes de la firma del Tratado de Paz en diciembre de 1996.

        El juicio de abril ha ampliado el horizonte informativo del que disponía la opinión pública nacional; con esa apertura ahora se sabe más y mejor sobre la horrorosa guerra que aquí hubo contra civiles, entre hermanos, que alcanzó un grado de maldad patológica por motivos que no se pueden justificar. Nadie ha analizado aún ¿por qué en defensa de la patria había que matar tanta gente? Matar en 18 meses unas 70 mil personas (130 diarias) es una locura homicida causada por una perversión de la razón*. En las guerras internacionales se matan enemigos nacionales, y hay nacionalismos perversos que llevan a excesos, pero hay leyes que la regulan. Dicen los sicólogos que el encono entre familiares es peor que entre vecinos. Talvez esa anormalidad explica las decenas de niños quemados, porque como lo ordenó un oficial, no se puede gastar tanto dinero en balas…

        En las últimas semanas, se han hecho públicos dos fascículos de 20 páginas cada uno. Es difícil encontrarle sentido a ese esfuerzo editorial: contiene recuerdos que abren heridas, fotos que alimentan odios, notas apócrifas que confunden verdad y denuncia. Si los intelectuales que dirigen esa publicación se proponen la reconciliación como lo dicen, así no lo lograrán. El lenguaje intolerante que empiezan a usar es el equivalente a un retroceso a los tiempos de la prédica anticomunista. Recordemos que el anticomunismo no fue una ideología, sino una forma de mentalidad acusadora, de raíz emocional. La ideología se define como un sistema integrado de ideas con capacidad explicativa; el anticomunismo solo pudo definirse como negación: ató prejuicios y sospechas, fanatismo e ignorancias básicas, odios, miedos, todos componentes para conformar una visión “simplista y maniquea” de la sociedad. Esta confusión de ideas fue útil para crear un enemigo y destruirlo con su sola denominación: ¡ese es comunista!, la sospecha era culpa apodíctica, sentenciada por una forma extrema de fanatismo: la creencia que de poseer la verdad absoluta. Cuando esto sucede, es muy difícil la reconciliación.

*Este es un número aproximado de muertos y un cálculo previsible de tiempo, solo para reforzar la insania de lo ocurrido.

Tomado de El Periódico: 

Si quieres la paz, trabaja por la justicia

    Ante la evidente intención de estimular acciones contrarias al desenlace jurídico del juicio de Genocidio y Delitos contra los deberes de humanidad, que actualmente se dirime, las y los abajo firmantes expresamos:

    1. No es aceptable afirmar que un proceso judicial que busca que se conozca la verdad y se haga justicia causará la violencia política. Hacer esta afirmación –sobre todo desde un poder del Estado– es una violación a la independencia judicial, que pretende interferir en otro poder del Estado.

    2. Es cínico afirmar que la acusación de genocidio es una fabricación jurídica. Las víctimas sobrevivientes y testigos han hablado delante de un tribunal independiente en el juicio por genocidio en el país, y se han constituido como querellantes adhesivos. Pretender que el anhelo de las víctimas y deudos de dignificar a sus seres queridos no pase por la justicia es una interpretación malintencionada y antojadiza de quienes desean negar la realidad del genocidio. Pretender ocultarlo es equivalente a generar las condiciones que favorezcan su repetición.

    3. La Ley de Reconciliación Nacional (Decreto 145-1996) aprobada el 27 de diciembre de 1996, establece en su artículo 8 que: "La extinción de la responsabilidad penal a que se refiere esta ley, no será aplicable a los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada, así como aquellos delitos que sean imprescriptibles o que no admitan la extinción de responsabilidad penal, de conformidad con el derecho interno o los tratados internacionales ratificados por Guatemala." Este artículo fue aprobado en función del principio de coherencia, ya que Guatemala en 1950 ratificó la Convención contra el Genocidio y con el mismo se dejó abierta la puerta para la realización de investigaciones y procesos judiciales en este marco.

    4. Hablar de conciliación significa aceptar las condiciones que permitan superar la existencia de una pobreza estructural, es decir, de la existencia de millones de guatemaltecos y guatemaltecas que a diario protagonizan situaciones de degradación humana; que no poseen nivel ciudadano ante la ley; que sobreviven precariamente con lo que el sistema descarta, producto de un proceso de apropiación histórica, selectiva y violenta de la riqueza nacional, responsable principal de la polarización social.

    5. Lo que ahora está de por medio es un proceso penal, cuyos fines son, según la ley: determinar la existencia de los hechos y establecer quiénes los cometieron. A estas tareas está abocado, por mandato constitucional, el sistema de administración de justicia. Este juicio se ha desarrollado apegado a la ley, defendiendo la independencia y dignidad judicial y respetando todas las garantías judiciales y eso debe ser reconocido.

    6. Confiamos en que la Corte de Constitucionalidad sabrá —en este momento crucial- garantizar la justicia pronta, eficaz y cumplida; pilar fundamental del Estado Democrático de Derecho.

    Los derechos a la verdad y a la justicia no traicionan la paz. Los que dividen el país son quienes los niegan.

    Rigoberta Menchú Turn, Premio Nobel de la Paz 1992; Jody Williams, Premio Nobel de la Paz 1997; Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz 1980; Christian Tomuschat, Comisionado de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico; Otilia Lux de Cotí, Comisionada de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico; Héctor Rosada-Granados, negociador de la paz 1993-1995; Aaron Pollack, Adriana Linares Palma, Ajb'ee Jiménez, Alan Milis, Aldo Dell Ariccia, Alejandra Morales, Alejandra Silvera, Alejandro Flores, Alexandra Tomaselli, Universidad Europea de Bolzano, Italia; Alicia Herrera, Alma Belenguer, Álvaro lnostroza Bidart, poeta chileno; Ana Eugenia Paredes Marín, Ana Isabel Bustamante Cruz, Ana Larra, Ana López Molina, Ana Lucía Cuevas, Ana Lucía Ramazzini Morales, Ana María Chojlán Cojulum, Ana María Cofiño Kepfer, Ana María Díaz, poeta puertorriqueña; Ana Silvia Monzón, Anabella Acevedo, Anabella Giracca, Anabella Sibrián, Andrea Carrillo, Andrés Cabanas, Ángela Bunch Cajas, Angela Oyhandy, Universidad Nacional de la Plata, Argentina; Anna Balaguer Soriano, Antonio Rodríguez, Servicio Social Pasionista de El Salvador; Antonio Rosa Montañéz, poeta puertorriqueño; Ariel Lancerio, Armando Ramírez, editor de Migrante Latino; Arturo Arias, Arturo Monterroso, Arturo Taracena Arriola, Asociación Bufete Jurídico Popular, Asociación de Estudiantes Universitarios del Centro Universitario de San Marcos (USAC), Asociación de Mujeres para Estudios Feministas de Guatemala (AMEF), Asociación Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA), Asociación K'amalb'e, Asociación Nacional de Comadronas - Tradicionales de Guatemala, Aura Curnes, Azarías Perencén Acual, Brenda Reyes, Brent Metz, Universidad de Kansas; Bruce Mannheim, Universidad de Michigan; Byron Garoz, Carnila Carry, poeta colombiana; Caridad Sorondo, cineasta puertorriqueña; Cada Sandoval, Carlos Aldana Mendoza, Carlos Eduardo Izaguirre, Carlos Figueroa Ibarra, Carlos Paredes, Carmen Rosa de León, Carol Zardetto, Carolina Escobar Sarti, Carolina Rendón, Centro de Documentación e Investigación Maya (CEDIM), César Estrada, César García, Claudia Rosales, Claudia Say, Colectiva Todas Somos, Colectivo El Papel, Colectivo Lucha y Resistencia, Coordinadora Guatemalteca de Solidaridad con los Pueblos, Cristian Ozaeta, Cristina Rojas, Universidad de Carleton, Canadá; Daniel Barczay, Daniel Mosquera, Union College de Nueva York; Danilo Iriarte, Danilo Rivera, Deimy Ventura, Delrni Arriaza, Dernetrio Cojtí, Diana Cameros, Diane Nelson, Dina Mazariegos, Dora Aréola, Dora Escobar, Dorotea Gómez Grijalva, Eber Quiñonez, Eddy Armas, Edelberto Torres-Rivas, Edgar De León, Edgar Rosales, Eduardo Guiarte, EducaGuatemala, Elizabeth Florián, Elizabeth Rojas, Elsa Tió, vicepresidenta Pen Club Puerto Rico; Emilio del Valle, Universidad de Carolina del Norte; Ernma Chirix, Enrique Álvarez, Erika Luther, Escuela de Teología y Pastoral Monseñor Gerardi, Estuardo Galdámez, Esvin López, Eugenio Redondo, poeta costarricense; Eva Cameros, Evelyn Blanck, Félix Alvarado, Fernando López, Francisca Gómez Grijalva, Francisco Cabrera, Francisco Nájera, Francisco Vaquero, poeta español; Gabriel Mazzarovich, periodista uruguayo; Gabriela Carrera, Gabriela De Cicco, Georgina Estrada, Gerardo Otero, Universidad de Carolina del Norte; Giovanni Duarte, Giovanni Melendez, Gloria Chacón, Universidad de Califomia en San Diego; Grendy Menchú, Grupo de Teatro Tercera Llamada, Guadalupe Salinas Valle, Harvey Taylor, Heidi Grajeda, Helen Mack Chang, Helvi Mendizábal, Ileana Ordoñez, Incidencia Democrática, Indira Flamenco, poeta hondureña; Inés Hernández, Universidad de California en Davis; Ingrid Urízar, Irasema Herrera, Iris Ren, lrmalicia Velásquez Nimatuj, Isabel Aguilar, Isabel Solís, J. Kehaulani Kauanui, Universidad Wesleyana de Connecticut; Jacqueline Torres, Jakeline Paredes, Javier de León, Javier Mendoza, Jean Franco, Universidad de Columbia; Jean Jackson, Universidad Tecnológica de Massachusets; Jennifer Casolo, Jennifer Collins, Universidad de Wisconsin-Stevens Point; Jesús Hernández, Jesús Navarro, Escuela de Estudios Hispanoamericanos de España; Jonathan Menkos, Jorge Mario Mendoza, Jorge Mazzarovich, presidente Comisión de Relaciones Internacionales del Frente Amplio, Uruguay; José Bamoya, José María Cotarello, poeta español; José Miranda, José Molina, José Román, alcalde de San Lorenzo Puerto Rico; José Rodolfo Kepfer, José Rojas, José Vásquez, puertorriqueño; Juan Caños Carrera, Juan Escobar , Juan Gimeno, Juan Pablo Ozaeta, Juan Pablo Roa, poeta colombiano; Juan Vásquez, Juan Vandeveire, Juana Ramos, poeta salvadoreña; Julián López, Universidad Nacional de Educación a Distancia de España; Julieta Hernández, Julio Donis, Justo Pérez, Karen Motta, Karen Ramos, Karin Slowing, Karina García, Karla Maldonado, Kary Cerda, poeta mejicana; Kenia Herrera, Laura Asturias, Laura Lenci, Universidad Nacional de La Plata, Argentina; Leonel Velásquez, Leslie Lemus, Leticia Castillo, Lidda Ávila, Ligia Flores, Ligia lxmucané Blanco, Ligia Peláez, Lilian Bravo, Lily Muñoz, Linda Carrera, Linda Craft, Universidad de North Park, Chicago; Linda Green, Universidad de Arizona; Lisette Aguilar Prado, Lizbeth Gramajo, Lorena Carrillo, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; Lorena Paiz, Universidad de Texas; Louise Pisano, Lourdes Álvarez, Lucía Abbattista, Universidad de La Plata, Argentina; Lucía Escobar, Lucía Samayoa, Lucrecia Molina Theissen, Lucy Chau, poeta panameña; Luis Adolfo Morales, Luis Humberto Choc, Luis Morales, Luis Pedro Taracena Aréola, Magalí Rey Rosa, Manolo García, Manuel Camposeco, Manuel González, Manuel Montejo, Manuela Camus, Universidad de Guadalajara; Mara Luz Polanco, Marcela Gereda, Marcelo Morales, poeta cubano; Marco Santízo, Margarita Carrera, Margarita Drago, poeta argentina; Margo Tamez, lipan apache; María Alejandra Taracena, María Chúa, María del Rosado Toj, María Eugenia Díaz, María Fernanda Escobar, María José Rosales Solano, María Luisa Aumesquet, María García, María Rosado Tiu, Marcelo Coj, Mariam Arenas, Mariana Mora, CIESAS, México; Maribel Rivas Vasconcelos, Marielos Monzón, Mario Sosa, Maritza Urrutia, Marisol de la Cadena, Universidad de California en Davis; Marta Aju, Mharta Galván, Mateo Herrera, Maya Cu, Maya Lemus, Mercedes Fuentes, Mercedes Rodríguez, Miguel Ángel Albizures, Miguel Ángel Sandoval, Miguel Itzep, Mildred Abaj, Mildred Motta, Miriam Legarreta, Mónica Mazariegos, Myriam Bianchi, poeta uruguaya; Nelson Ayala, Nelson Escobar, Nery Villatoro, Néstor Buc, Noé Roquel, Norma Chinchilla, Universidad Estatal de Long Beach, California; Olga Contreras, Olga Iriarte, Olga Villalta, Oscar López, Osrnan Enríquez, Otto Rivera, Pablo Sigüenza, Pascha Bueno-Hansen, Universidad de Delaware; Patricia Martínez, Patricia Orantes, Pedro Ávila, poeta puertorriqueño; Pedro Miguel, Peter Marchetti, Pilar del Barrio, Racha! Sieder, CIESAS, México; Ramón Cadena, Raúl De La Horra, Raúl Salazar, Rebeca Becerra, Reinaldo Álvarez, profesor puertorriqueño; Ricardo Falla, Ricardo Marroquín, Ricardo Rivera, Roberto Samayoa, Robin DeLugan, Universidad de California; Rhonda Neugebauer, Universidad de California en Riverside; Rodrigo Rey Rosa, Rogelio Ruiz, profesor puertorriqueño; Rornané Landaeta, Universidad Austral de Chile; Rosa María Wantland, Rosalina Tuyuc Velásquez, Rosalinda Hernández Alarcón, Rosario Escobado, Rosaura Raguex, Rosina Cazali, Roxana Volio, Rubén Godoy, Ruth Piedrasanta Herrera, Sabina Longhitano, Sachie Hernández, curadora de arte cubana; Santiago Bastos, Santos Reyes Toj, Sara Ruiz Vallejo, Sergio Borges, Shannon Speed, Silvia Soto, Silvia Trujillo, Simona Yagenova, Sonia Lix, Sylvia Escárcega, Tania Palencia, Stefano Varese, Universidad de California en Davis; Susanne Jonas, Universidad de California en Santa Cruz; Thomas Ward, Tracy Devine, Universidad de Miami; Timothy Wickharn-Crowley, Úrsula Roldán, Verónica Haydee Paredes, Verónica Sajbin, Verónica Tobar, Vicente Chapero Ayala, Víctor Ferrigno, Victoria Chanquín, Vilma Reyes, poeta y presidenta del Festival Internacional de Poesía de Puerto Rico; Vilma Sandoval, Violeta Pujols, poeta puertorriqueña; Walda Barrios-Klee, Wendy Santa Cruz, Williarn Pérez, poeta puertorriqueño; Winston Morales, poeta colombiano; Yara Contreras, Yolanda Aguilar Urizar, Yolanda Duque, poeta chilena; Yolanda Salinas, Yrene Santos, poeta dominicana.

   

¿Guardianes de qué paz? La paz se construye con justicia, Rigoberta Menchú, Rosalina Tuyuc, Otilia Lux de Cotí, Amílcar Pop, Carolina Escobar Sarti, Marielos Monzón, Ricardo Cajas, Juana Vázquez, Eduardo de León

   

    En un campo pagado divulgado el pasado 16 de abril, un grupo de reconocidas voces, pretendieron erigirse como la autoridad moral de la paz capaz de sentenciar el futuro y la historia del país. Fue tanta su preocupación por el destino de Guatemala que no tuvieron empacho en sacar de sus humildes bolsillos una buena cantidad de miles de quetzales para anunciar que Guatemala,' si no se detiene el juicio por genocidio, considerado una “fabricación”, desde su punto de vista, “se revertirá la paz hasta ahora alcanzada”. Léase retorno a la violencia política del pasado.

    A manera de ubicación en el contexto, por todo el mundo percibido, están en el banquillo de los acusados, por vez primera, frente a un tribunal, militares de alto rango acusados de perpetrar crímenes contra la población civil durante el conflicto armado interno. Los acusadores y testigos: víctimas y familiares de éstas, todas de origen maya-ixil.

    Los estadistas “guardianes de la Paz” llegaron a comprender que la acción judicial, por genocidio, emprendida por las víctimas, hombres y mujeres, mayaixiles , constituye un serio peligro para el país, y que por lo mismo éstas son las que están traicionando la paz y serán las responsables de dividir al país. Porque de no ser en ese sentido, con esas aseveraciones lucen en todo su esplendor unas clásicas sentencias discriminatorias guatemaltecas: “los indios son traidores”, “los indios son ignorantes manipulados” culpables del atraso del país.

    El punto de vista de “los guardianes de la Paz” sobre el juicio por genocidio evidencia la posición con la cual dotaron al gobierno que sirvieron. Alvaro Arzú, como Presidente de la República, se negó a reconocer el Informe Memorias del Silencio de la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Ahora se entiende, jus tamente porque en éste se reconoce que en Guatemala, durante el conflicto armado interno se cometió genocidio no solo contra los Mayas-Ixiles, sino contra los Mayas-Kiches, los Mayas- Q'anjobales, los Mayas- Chujes - y los Mayas-Achís. Resultan entonces incuestionablemente falsas sus preocupaciones por el resguardo de la paz, la reconciliación, la verdad y la justicia para las víctimas. Y sobre todo por la existencia y el futuro de los pueblos indígenas en virtud de que con ello reafirman que solo utilizaron nuestra condición indígena para negociar. ¿Negociar qué? Ahora también se entiende: impunidad.

    Con la posición de “los guardianes de la Paz” el tema es ¿Podían negociar la impunidad por las víctimas? ¿Qué paz se traiciona? Y ¿quién divide a quién? ¿Por qué “los guardianes de la Paz” no se pronunciaron sistemáticamente desde hace 15 años por el incumplimiento de los Acuerdos de Paz? ¿Por qué no se han pronunciado sobre el hecho de que en el tiempo de paz que defienden y pregonan la división no la provocan los indígenas sino quienes les han sometido? ¿Acaso no basta para comprender esa realidad la persecución, la criminalización, los secuestros y los asesinatos de que en este tiempo son objeto los líderes indígenas por defender sus derechos? Y por último ¿Acaso no se han preguntado que efectivamente con la posición pública que manifiestan avalan la posición de los acusados individuales e institucionales, no de defenderse sino de atacar por cuanto les otorgan la condición de víctimas? Eso se entiende cuando afirman que con la acusación de genocidio existe el peligro inminente de que la violencia política reaparezca. Nuestro punto de vista es que a la paz le antecede la verdad y la justicia. “Los guardianes de la Paz” manifiestan, por ello, una doble moral hablan de estas pero lo que pretenden, por punto de vista o propio o por conveniencia, es la impunidad y el olvido.