ES DEBER DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA RESPETAR, PROTEGER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS Y EL BIEN COMÚN DE TODOS SUS HABITANTES Y NO EL DE BENEFICIAR AL PEQUEÑO E IMPRODUCTIVO SECTOR EMPRESARIAL

ES DEBER DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA RESPETAR, PROTEGER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS Y EL BIEN COMÚN DE TODOS SUS HABITANTES Y NO EL DE BENEFICIAR AL PEQUEÑO E IMPRODUCTIVO SECTOR EMPRESARIAL

Frente a los lamentables hechos acaecidos desde el 15 de marzo en el Valle del Polochic, la presencia policial y militar en el área Ixil y el amenazante comunicado del Organismo Ejecutivo de fecha 17 de marzo, la Convergencia por los Derechos Humanos responsabiliza:

1.      Al Gobierno de la República, en particular al Presidente de la República Álvaro Colom, por las violaciones a los derechos humanos que incluyen ejecución extrajudicial del señor Bed Ac, agresiones físicas a por lo menos de siete comunitarios, quema y destrucción de más de 200 precarias viviendas, destrucción de cultivos de granos básicos y productos agrícolas para la venta e ingresos de por lo menos 500 familias del área.

2.      A jueces y a Fiscales que actúan arbitrariamente ante los conflictos y sin la aplicación de las garantías judiciales respectivas, por ejemplo la reiterada práctica de solicitar desalojo sin la verificación previa de la veracidad del reclamo de propiedad o el desistimiento por inacción de las denuncias de amenazas y agresiones realizadas por defensores de derechos humanos.

3.      A la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) por incumplir su deber de observar y verificar garantías procesales, sancionar oportunamente violaciones de Derechos Humanos y generar mecanismos de diálogos oportunos y efectivos.

4.      Al sector empresarial que impone sus proyectos sobre el bienestar de la población, sin importarle la vida, la seguridad alimentaria, el respeto a la naturaleza y la dignidad de la persona humana entre otros, por ejemplo el actuar del señor Carlos Widman quien cometiendo una serie de delitos busca garantizar la continuidad de un fracasado proyecto empresarial financiado por un préstamo adquirido por el Estado guatemalteco.

Estos hechos no son más que el resultado del ineficiente y demagógico sistema de diálogo que desde el actual y gobiernos previos han sido incapaces de producir algún resultado.

La Convergencia por los Derechos Humanos demanda:

1.      Al Gobierno de la República que suspenda y de marcha atrás a las acciones violentas de desalojo forzoso en consecuencia a las exhortativas que desde diferentes mecanismos del Sistema de las Naciones Unidas se le han realizado.

2.      Al Ministerio Público, a la Corte Suprema de Justicia y a la Instituto de la Defensa Pública Penal que revisen la situación de los defensores de derechos humanos, despenalizando aquellos casos que constituyen claramente una persecución al Derecho a Defender Derechos Humanos y en aquellos casos que en donde existan elementos para la investigación garantizarle al Defensor recursos para su defensa.

Frente a lo expuesto anteriormente, la Convergencia por los Derechos Humanos exhorta a la comunidad internacional, en particular a la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos observe la situación de las y los defensores de derechos humanos a quienes hoy irresponsablemente el Organismo Ejecutivo, difama y criminaliza por el hecho de reivindicar libertades fundamentales consagradas constitucionalmente. Asimismo, coadyuvar a que los Principios en torno a desalojos que desde el Sistema de las Naciones Unidas se han emitido, sean implementados por el Estado guatemalteco.

Por último, exhortamos al Consejo Ecuménico que pueda iniciar el proceso de concreción de un diálogo abierto, franco y que desactive la grave situación por la que hoy está atravesando diferentes poblaciones en el país.

Guatemala, marzo del 2011

CONVERGENCIA POR LOS DERECHOS HUMANOS

Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos -CALDH-

Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos -CIIDH-

Fundación Sobrevivientes

Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala -ICCPG-

Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala -ODHAG-

Seguridad en Democracia -SEDEM-

Unidad de protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Guatemala -UDEFEGUA-