El sábado 23 de junio me llamó la atención de
manera especial la columna de opinión de uno de los adalides de la extrema
derecha nacional, viejo militante del partido de la violencia organizada, el
que organizó escuadrones de la muerte: aparentemente se condolía del asesinato
de los policías en Salcajá. Sin embargo, el texto en su conjunto era una
diatriba en contra del movimiento de derechos humanos, que según este adalid de
la intolerancia no se pronunciaron por el asesinato de los policías.
Ha pasado más de una semana del cobarde crimen
en contra de los policías y las autoridades no dejan de decir que ya saben
quiénes fueron, que están detrás de ellos, pero aún no se realizan las primeras
capturas.
Hay dos hechos que merecen que se les ponga
atención: la coincidencia de la masacre de Salcajá con la inauguración de
“escuadrones” militares de seguridad y luego el anuncio presidencial de comprar
más de 30 mil armas sin seguir los procedimientos normales y realizar una
compra de “excepción”.
A pesar de que soy un lector más o menos
cuidadoso de lo que se publica en los medios impresos de prensa, hasta ahora no
he visto ninguna explicación de cómo es que pudo haber sucedido la masacre de
Salcajá. ¿Qué estaban haciendo los policías cuando fueron asesinados? ¿Qué hizo
que no reaccionaran de inmediato frente al ataque? ¿Será que entre los
atacantes había personas que eran conocidas por los policías asesinados?
Lo único que en estos momentos resulta
totalmente claro es que Pérez Molina sacará muy buen beneficio de la masacre de
Salcajá, le permitirá justificar realizar una millonaria compra de armamento,
que han venido postergando desde hace años debido a que no quieren hacer uso de
los instrumentos más transpararentes
para ello.
Cuando Pérez Molina dice, muy valiente él, que
asumirá los costos de comprar armas por excepción lo que nos está diciendo es:
el que se oponga a esta compra está en contra de que se mejore a la Policía
Nacional Civil. Nuestra respuesta debe ser: exigimos que se mejoren las
condiciones en que los policías realizan su trabajo y ello no es incompatible
con la honradez en el gasto de los recursos públicos.
Debemos exigirle a Pérez Molina que el proceso
de compra de armas para la Policía Nacional Civil sea transparente.
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