Caso ilustrativo No. 21
Desaparición forzada
de Jorge Alberto Rosal Paz y Paz
“A
las cinco o seis de la tarde los vi. Allí en Estanzuela me pasaron. De allí me
fui detrásde ellos. Él [Jorge Alberto Rosal Paz y Paz] iba en su pick-up.
Atrás del pick-up iban dos personas y el capitán … iba con él dentro
de la cabina. Atrás del pick-up de Jorge iba otro pick-up, color
blanco de la S-2 [sección de Inteligencia de la base militar de Zacapa]. Cuando
pasé, los dos pick-ups, el de Jorge y el del Ejército estaban en la puerta de
la base [militar] de Zacapa”.
I. ANTECEDENTES
Jorge Alberto Rosal
Paz y Paz, de 28 años de edad, se graduó como agrónomo en la Escuela Agrícola
Panamericana de Zamorano, Honduras. Hizo estudios de postgrado en Zootecnia, en
la Universidad de Texas A & M. Se dedicaba a trabajar
en su profesión de ingeniero agrónomo en su granja avícola San Luis, ubicada en
la carretera al Atlántico, en la aldea Güillo, Usumatlán, departamento de
Zacapa. La mayor parte de sus actividades comerciales las realizaba en el
municipio de Teculután, donde pertenecía a la Cooperativa de Agricultores
(CARSVO).
Sus vecinos y
trabajadores le recuerdan como hombre laborioso que respetaba a sus empleados.
Según un colaborador del Ejército: “Jorge era una bellísima persona … Era
muy trabajador. Las gallinas eran la preocupación de él. Sólo de sus gallinas
hablaba”.
Sus padres, Jorge
Rosal y Gisela Paz y Paz, médicos y desde 1978 militantes de la Organización
del Pueblo en Armas (ORPA), se vieron obligados a abandonar el país en
septiembre de 1980, después de recibir amenazas suscritas por el Ejército
Secreto Anticomunista (ESA) y ser perseguidos por las Fuerzas de Seguridad. Dos
hermanos de la víctima, Rafael y María Luisa Rosal Paz y Paz, militaban en la
misma organización que sus padres.
A
principios de 1983 la mayoría de la familia Rosal Paz y Paz había abandonado
Guatemala. Jorge Alberto Rosal también tenía previsto salir del país, pero su
viaje fue retrasado, pues debía arreglar algunos asuntos pendientes y
personalmente no se sentía amenazado.
II. LOS HECHOS
El 12 de agosto de
1983, en la tarde, Jorge Alberto Rosal Paz y Paz se dirigía desde la ciudad de
Zacapa al municipio de Teculután. Al llegar a la altura de la aldea conocida
como Lo de Pinto o Casas de Pinto, junto al monumento al Soldado, fue
capturado. Según campesinos que presenciaron los hechos: “…El vehículo en el
que se conducía fue interceptado por un jeep del Ejército, con cinco o
seis hombres a bordo, vestidos de civil, con armamento pesado, seguido por una
motocicleta, tripulada por dos hombres con las mismas características”.
Un testigo dijo: “A
las cinco o seis de la tarde los vi. Allí en Estanzuela me pasaron. De allí me
fui detrás de ellos. Él [Jorge Alberto Rosal] iba en su pick-up. Atrás
del pick-up iban dos personas y el capitán iba con él dentro de la
cabina. Atrás del pick-up de Jorge iba otro pick-up, color blanco
de la S-2 [Sección de Inteligencia de la base militar de Zacapa]. Cuando
pasé los dos pick-ups, el de Jorge y el del Ejército estaban en la
puerta de la base [militar] de Zacapa”.
Hasta
la fecha se desconoce el paradero de Jorge Alberto Rosales Paz y Paz. También
desaparecieron su vehículo, de placas P-173312, la carga que transportaba, pasaportes de él y su familia,
y tres mil dólares en efectivo.
III. DESPUÉS DE LOS
HECHOS
Días después de los
hechos, dos personas vieron a la víctima en la zona militar de Zacapa: un amigo
de la familia, que por motivos de trabajo ingresó con su camión en la zona, y
una señorita, hija de una persona que había trabajado con la familia y que iba
a visitar a su novio a dicha base militar.
La
detención de Jorge Rosal Paz y Paz fue denunciada ante organizaciones de
derechos humanos y medios de comunicación nacionales e internacionales. La
familia envió varias cartas al jefe de Estado, general Oscar Humberto Mejía
Víctores, y presentó recursos de exhibición personal en toda República y ante
la Corte Suprema de Justicia. Fueron a buscarlo en cárceles, hospitales,
morgues, instalaciones policiales y militares. Ninguna de estas gestiones tuvo
resultados positivos.
En enero de 1984 un
miembro de la Inteligencia militar comunicó a su esposa: “Jorge Alberto
estaba con vida en el cuartel general y me entregó una foto de él que había
sido arrancada de un carnet. La foto se ve deteriorada pero él me explicó que
estaba en ese estado porque a Jorge Alberto se le había mojado sus papeles en
‘un baño que le dieron’. Todos saben en Guatemala que esos baños son una clase
de tortura”.
En febrero y marzo
de 1985 la esposa de la víctima volvió a comunicarse con ese miembro de la
Inteligencia militar, quien continuó afirmando que Jorge Alberto Rosal aún se
encontraba con vida, junto con otras personas. Desde entonces, la familia no
obtuvo ninguna noticia más.
En junio de 1984 se
formó el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), que
reclamaba la aparición con vida de los detenidosdesaparecidos. La esposa de la
víctima se unió a esta asociación. El 29 de noviembre de 1984 el GAM sostuvo
una reunión con el general Mejía Víctores y otros altos funcionarios del Gobierno.
A raíz de esta reunión, se nombró una Comisión Tripartita integrada por los
ministros de la Defensa Nacional, Gobernación y el Ministerio Público. Pero nunca se conoció el resultado
de las investigaciones.
En
1985, después del asesinato de dos miembros de la directiva del GAM, la esposa de Jorge Alberto Rosal fue
sometida a una vigilancia constante. Además, comenzó a recibir amenazas de
muerte por vía telefónica, lo que la obligó a salir del país. Desde el
extranjero, siguió haciendo gestiones por el aparecimiento de su esposo, sin
que hasta la fecha haya obtenido resultados positivos.
IV. CONCLUSIONES
La CEH, después de
analizar los antecedentes del caso, llegó a la presunción fundada de que
miembros del Ejército de Guatemala capturaron y posteriormente desaparecieron a
Jorge Alberto Rosal Paz y Paz, violando su derecho a la vida, la libertad y la
integridad personal.
Además, en este
caso, la CEH llegó a la convicción de que las autoridades del Estado de
Guatemala incumplieron su deber de investigar los hechos y sancionar a los
responsables, violando el derecho a la justicia.
Por
otra parte la desaparición forzada de Jorge Alberto Rosal Paz y Paz es
representativa de las represalias que, sin fundamento jurídico ni ético,
sufrieron familiares de los miembros de la insurgencia.
Fuente:
CEH, Guatemala memoria del silencio.
