Caso ilustrativo No. 20
Ejecución arbitraria
de seis miembros del Ejército Guerrillero de los Pobres por su propia
organización
“Soy … de la
Dirección Nacional y vengo a notificarte lo siguiente: sobre el caso de
‘Beatriz’ a ella se le juzgó y se le encontró culpable de entregar recursos de
la organización y se le fusiló por órdenes de la Comisión Ejecutiva del EGP”.
I. ANTECEDENTES
En 1981 el Ejército
Guerrillero de los Pobres (EGP) vivió su momento de mayor expansión a lo largo
del enfrentamiento armado interno, hasta el punto de que sus dirigentes
comenzaron a concebir la idea de crear, en el futuro, una “zona liberada”.
Sin embargo, al
repliegue aparente del Ejército en las zonas donde el EGP tenía más presencia,
sucedió un trabajo de Inteligencia que a fines de ese año condujo al
descabezamiento militar del frente urbano del EGP y, más tarde, a una ofensiva
que obligó a la insurgencia a retroceder desde Chimaltenango hacia el
departamento de Quiché.
El intento de
reorganización del EGP en la ciudad capital se concretó en acciones violentas,
que incluyeron colocación de explosivos, secuestros con extorsión y asaltos a
locales de comercio.
Como reconoció un ex
dirigente guerrillero que prestó testimonio ante la CEH, “En realidad se
estaba en medio de una derrota”. En este clima, que generó una crisis
interna, miembros de la Dirección Nacional salieron hacia Nicaragua en 1982,
donde dedicaron varios meses a debatir la situación.
Ese año, mientras
continuaba el repliegue del EGP hacia el norte de Quiché, gran cantidad de sus
militantes fueron capturados por las Fuerzas de Seguridad, especialmente en la
ciudad capital. Por estas razones, la dirección del grupo envió a un número
importante de sus militantes desde la ciudad capital a México y, sobre todo, a
Nicaragua.
Entre los
militantes que cayeron prisioneros en 1982 se cuenta Guisela Irasema López,
quien ya había sido detenida en 1979, siendo miembro del Frente Estudiantil
Robin García, (FERG), una organización de estudiantes de secundaria y
universitarios de izquierda. En
seguida que fue liberada, Guisela Irasema se incorporó a las actividades
clandestinas del EGP en la estructura militar urbana, en concreto en el seno del Frente
Otto René Castillo, donde
era conocida con el seudónimo de “Beatriz”. En febrero de 1982 fue
capturada de nuevo, esta vez junto con otra militante, conocida como “Paula”, por hombres armados, vestidos de
civil, en la calzada Aguilar Batres, zona 12, ciudad de Guatemala. Estuvo
detenida por espacio de tres meses en las instalaciones de la Antigua Escuela
Politécnica y en ese lugar
coincidió con muchas personas que se encontraban desaparecidas, algunas de las
cuales se eran dadas por muertas.
En esa cárcel
clandestina la prisionera se encontró con Aída Marilú Castillo Estrada, otra
militante del EGP, conocida como “Carolina”, y que había sido capturada
el 28 de marzo de 1982 en la frontera de Guatemala con México.
El proceder de los
captores con las detenidas combinaba malos tratos y actitudes destinadas a
ganar su confianza. En
este contexto, a Guisela Irasema y Marilú Castillo las trasladaban con
frecuencia a una casa ubicada en la colonia Vista Hermosa de la ciudad de
Guatemala, donde los captores llegaron a mantener relaciones sexuales con
ellas. El 23 de mayo de
1982, hallándose ambas en aquella casa, aprovecharon un descuido de los
hombres, y escaparon.
Mientras esto
ocurría, las madres de Guisela Irasema López y de Marilú Castillo Estrada no se
resignaban a aceptar la desaparición de sus hijas y comenzaron a hacer
indagaciones. En particular, la madre de Marilú, quien durante 16 años estuvo
convencida, de que su hija se encontraba en poder de las Fuerzas de Seguridad
del Estado.
Entre abril y mayo
de 1982 la señora de Castillo se entrevistó con el jefe de la Policía Nacional,
con el ministro de Gobernación, con la esposa de éste y con la esposa del
general Ríos Montt.
A pesar de
las amenazas de muerte recibidas, a mediados de 1982 envió sendos memoriales al
presidente de la República y al nuevo ministro de Gobernación, y se entrevistó
también con el viceministro de la Defensa Nacional. No realizó nuevas
gestiones, ya que “estaba con mucho miedo por la seguridad de mi familia y
por la mía”.
Años más tarde, la
señora de Castillo se entrevistó en el Congreso con miembros de la Democracia
Cristiana, escribió una carta al presidente de la República, Vinicio Cerezo y
se entrevistó con él. Durante 16 años María Luz Estrada de Castillo siguió con
sus esfuerzos, en la ilusión de poder averiguar el paradero de su hija, “secuestrada
el 28 de marzo de 1982 por elementos de seguridad del Ejército de Guatemala”.
Otro
de los prisioneros era Eugenio Contreras, ex presidente de la Asociación de
Estudiantes de Psicología de la Universidad de San Carlos y miembro del EGP,
quien militaba con el seudónimo de “Mariano”. Contreras fue detenido por
las Fuerzas de Seguridad en mayo de 1982, en ciudad de Guatemala. Permaneció en
calidad de detenido en la Antigua Escuela Politécnica hasta noviembre de ese
año cuando, según él mismo
relata, logró fugarse.
II. LOS HECHOS
La ejecución de Guisela Irasema y Marilú Castillo
Lo que aún no sabían
las madres de las dos mujeres detenidas, es que en mayo de 1982, luego de
escapar de la casa ubicada en Vista Hermosa, Guisela Irasema y Marilú Castillo
habían recobrado los vínculos con el EGP. Sobre todo lo que vio y escuchó
durante su cautiverio en la Escuela Politécnica Guisela escribió un relato de
90 páginas que fue entregado a la Dirección Nacional de este grupo insurgente,
a la que incorporó la nómina de personas detenidas, distinguiendo entre quienes
colaboraban con las Fuerzas de Seguridad y quienes se resistían a hacerlo.
A
finales del mes de junio ambas fueron trasladadas a Nicaragua e instaladas en
una casa de la localidad de Casares, departamento de Carazo, a orillas del océano
Pacífico. El propósito real de este traslado era investigar si la versión que
presentaban sobre los hechos era verdadera o si, en cambio, habían sido “ganadas”
por el Ejército y liberadas con la finalidad de que se infiltraran en el
EGP. En esa casa, Guisela
Irasema fue vista por varios compañeros suyos que también habían sido
trasladados desde Guatemala.
Por orden de los
miembros de la Dirección Nacional del EGP que se encontraban en Nicaragua,
ambas mujeres fueron interrogadas varias veces sobre su relato.
Concluidos estos
interrogatorios, la conclusión mayoritaria de los dirigentes fue que su versión
no era verosímil, “que era falsa, que obviamente habían negociado su salida
y por lo tanto era únicamente con el objetivo de infiltrarse … y lo que
correspondía era el fusilamiento, así se le llamaba a eso”.
De este modo,
miembros de la Dirección Nacional del EGP que se encontraban en Nicaragua
decidieron la ejecución de estas dos militantes.
Para proceder a la
ejecución, ambas víctimas fueron sacadas de su casa en Casares por otra
militante del EGP, quien les indicó que preparasen sus maletas, pues serían
trasladadas a Cuba. En una gasolinera ubicada en la nueva carretera a León, las
dos mujeres fueron introducidas en un vehículo conducido por un militante de
sexo masculino.
Ambas fueron
ejecutadas, con absoluto secreto, en el interior de instalaciones que habría
proporcionado el Gobierno de Nicaragua.
A
diferencia de la madre de Marilú Castillo, quien, ignorante de la verdad,
continuó buscando a su hija, la de Guisela Irasema conoció los hechos en julio
de 1984, cuando fue citada a una reunión en Orizaba, México, y notificada de la
ejecución de su hija por un miembro de la Dirección Nacional del EGP, quien le
indicó: “Soy … de la Dirección Nacional y vengo a notificarte lo siguiente:
sobre el caso de ‘Beatriz’, a ella se le juzgó y se le encontró culpable de
entregar recursos de la organización y se le fusiló por órdenes de la Comisión
Ejecutiva del EGP”.
La ejecución de Eugenio Contreras
Una vez en libertad,
Eugenio Contreras grabó varias cintas con el testimonio de su cautiverio, que
fue remitido a los miembros de la Dirección Nacional del EGP que se encontraban
en Nicaragua.
Sin
embargo, igual que en el caso de Guisela Irasema y Marilú Castillo, los
dirigentes no creyeron la versión de la fuga y sostuvieron que Contreras había
negociado su libertad y traicionado a la organización, por lo cual se decidió
su ejecución. Esta se llevó a efecto en el camino a Aguacatán, departamento de Huehuetenango.
La ejecución de
Carlos Ranfierí Morales López,Ligia de Contreras y otra persona no identificada
Carlos Ranferí
Morales López, primo hermano de Guisela Irasema y perito contador, también
había sido miembro del Frente Revolucionario Robín García y después lo fue del
EGP, en el Frente Guerrillero Augusto César Sandino, donde militaba con el
seudónimo de “Otto René”.
El 26 de agosto de
1982, Carlos Ranferí salió de Guatemala hacia Nicaragua por órdenes de los
dirigentes del EGP, con la
finalidad de recibir instrucción política. Al día siguiente, se comunicó con su
madre, Marta López, y le confió haber tenido problemas con la organización, que en teoría se habrían resuelto
luego de una reunión con miembros de la Dirección Nacional.
El 15 de noviembre
de 1982, a las cuatro de la tarde, su madre fue a dejarle a la intersección
Siete Sur en Managua, lugar donde le recogieron miembros del EGP. Fue
trasladado por éstos, y por las apariencias tomaron dirección hacia Guatemala,
en compañía de la esposa de Eugenio Contreras, de nombre Ligia y apellidos
desconocidos: ella había viajado a Nicaragua con la finalidad de indagar sobre
la suerte de su esposo. Los acompañaba, además, una tercera persona la que no
se ha identificado, un joven que se había incorporado al Frente Guerrillero
César Augusto Sandino y que, según lo señala un dirigente del EGP, “se
presumía era un infiltrado”. Por esta razón, según el mismo dirigente, el
joven había sido excluido de la organización, pese a lo cual había aparecido en
Nicaragua al cabo del tiempo.
Ninguno
de los tres sabía que, días antes, habían sido condenados a morir por miembros
de la Dirección Nacional del EGP que se encontraban en Nicaragua. La decisión
de ejecutar a Ligia y a Carlos Ranferí se originó por la insistencia de ambos,
ante los dirigentes del EGP, para conocer el paradero del esposo de aquélla,
Eugenio Contreras, y la prima de aquél, Guisela Irasema. Ante la imposibilidad
de los dirigentes de darles una respuesta persuasiva y para evitar otras
pesquisas, los seis miembros de la Dirección Nacional del EGP que se
encontraban en Nicaragua, decidieron ejecutarlos también a ellos. La decisión de ejecutar al joven
desconocido obedeció a que se consideraba un infiltrado.
Un
miembro de la Dirección Nacional del EGP en 1982, declara ante la CEH que, en
el trayecto desde Managua a la frontera con Honduras, “pararon el carro y lo
que hicieron, ya con el apoyo de otras gentes y de los sandinistas, fue
taparles la nariz y la boca con un trapo o una toalla impregnada de cloroformo.
Así los habían reducido y dormido y en ese estado habían sido ejecutados, los
tres juntos en un mismo lugar y enterrados en una fosa en el campo”. No ha sido posible establecer el
lugar de la inhumación.
III. DESPUÉS DE LOS
HECHOS
Quince años después,
en 1997, la mamá de Marilú Castillo conoció por el propio EGP la verdad sobre
la ejecución de su hija, merced a las gestiones de una organización no
gubernamental de derechos humanos, en
respuesta a una petición suya.
Los esfuerzos de las
otras madres tampoco fueron en vano. Los dirigentes de la Unidad Revolucionaria
Nacional Guatemalteca (URNG) que formaban parte de la última Dirección Nacional
del EGP reconocieron públicamente en 1998, mediante la inserción de un campo
pagado en la prensa la
responsabilidad de esa organización en dos de las ejecuciones. Lo propio
ocurrió respecto a todas las ejecuciones, ante la CEH.
Los dirigentes del
EGP explican las ejecuciones señalando: “la situación en la ciudad era muy
difícil, se habían dado golpes muy duros a la organización y una gran cantidad
de personas había sido detenida por las Fuerzas de Seguridad”.
A lo anterior,
agregan: “El aparato no destruye, ni tortura, ni retiene a todos los que
captura, a algunos los deja ir. Los suelta revueltos, deja ir a traidores,
infiltrados o personas que ya no le son útiles. Este método sirve para ocultar
a sus agentes y crear confusión, porque cómo se puede saber quién fue el
traidor, quién el infiltrado y quién permaneció fiel. De esa forma siempre
permanece la zozobra y además es posible cometer errores e injusticias”.
Según un
miembro de la Dirección Nacional del EGP en aquella época, los fusilamientos
fueron “los hechos más terribles, la expresión más dura, de una situación de
derrota no asimilada, no asumida, de una situación desesperada de tratar de
preservar lo poco que quedaba, donde pesaba mucho también, la idea de que
estábamos infiltrados, de que nos estaban golpeando tanto debido a la
infiltración”.
Las
madres de las víctimas continúan la búsqueda de los cadáveres de sus hijos.
IV. CONCLUSIONES
Atendidos todos los
antecedentes del caso, la CEH llegó a la plena convicción de que Guisela
Irasema López, Aída Marilú Castillo Estrada, Eugenio Contreras, Ligia de
Contreras, Carlos Ranferí Morales López y un joven no identificado fueron
privados de su vida por miembros del Ejército Guerrillero de los Pobres, en
cumplimiento de una decisión de sus dirigentes nacionales, constituyendo dicho
acto una ejecución arbitraria de responsabilidad de dichos dirigentes.
Ninguna
circunstancia de carácter militar o político otorga justificación jurídica o
ética a este crimen.
La CEH estima que,
en este caso, el reconocimiento de la verdad por parte de los dirigentes de la
URNG constituye un gesto positivo, desde la perspectiva de la reconciliación
nacional.
Finalmente, la CEH
considera que este crimen es ilustrativo de la carencia, en la administración
de la disciplina y justicia internas de la organización guerrillera, de normas
mínimas objetivas que resguardaran derechos inalienables de la persona humana,
lo cual permitió que la simple desconfianza condujera a la eliminación física
de militantes indefensos.
LISTADO DE LAS VÍCTIMAS
Ejecución arbitraria
Aida
Marylu Castillo Estrada
Carlos
Ranferi Morales López
Eugenio
Contreras
Guisela
Irasema López
Ligia
de Contreras
Víctimas colectivas/desconocidas: 1
Fuente: CEH, Guatemala memoria
del silencio.
