Detención y desaparición forzada de seis miembros de la familia Portillo, incluidas tres niñas

Caso ilustrativo No. 87

Detención y desaparición forzada de seis miembros de la familia Portillo, incluidas tres niñas

“Estos 16 años han sido la tortura más grande que pueda haber. … Años de agonía, desesperación, angustia, dolor”.

I. ANTECEDENTES

Adrián Portillo Alcántara nació en El Salvador, desde donde salió exiliado en 1952 a consecuencia de su militancia sindical. Pasó a radicarse en Guatemala, cuya nacionalidad adquirió al cabo de un tiempo.

De su primer matrimonio tenía ocho hijos adultos, dos mujeres y seis hombres. Vuelto a casar (había enviudado en 1972) una hija más nace en el matrimonio. Completaban el grupo familiar varios nietos y nietas.

Adrián Portillo Alcántara se ganaba el sustento trabajando como vendedor y agente de seguros, actividad que mantuvo hasta el momento de su desaparición.

Sus hijos varones dejaron el estudio en los primeros años de la enseñanza secundaria y se dedicaron a ayudar a su padre; las mujeres, en cambio, llegaron a terminar la secundaria.

Según una de sus hijas, Adrián Portillo Alcántara había sido “revolucionario desde que era muy joven, muy político y muy consciente de la realidad y con un concepto muy grande de lo que era la justicia social, y había sabido inculcarnos a nosotros, sus hijos, el amor por la justicia y la igualdad para todos”. Estos ideales inspiraron en los hijos, en sus propias palabras, “la necesidad de hacer algo”, sintiendo que no tenían otra opción que unirse “a los esfuerzos que ya existían para cambiar la situación del país”. Así fue como, tanto el padre como los hermanos, se unieron a la Organización del Pueblo en Armas (ORPA), con diverso grado de participación.

En 1978, uno de los hijos de Adrián Portillo fue reclutado para servir en el Ejército, cuando contaba con 17 años de edad. Permaneció en la institución casi todo el tiempo de servicio obligatorio, hasta que en abril de 1981 desertó, “por lo intenso del conflicto y por lo que implicaba ser miembro de la Institución Armada”. Al parecer, poco antes de concluir los treinta meses reglamentarios comenzó a aparecer entre sus pertenencias propaganda revolucionaria, hecho que le hizo temer por su vida y lo determinó a huir.

El 25 de julio de 1981 tuvo lugar en la colonia Vista Hermosa II, de la zona 15 de la capital, un operativo militar que terminó con la muerte de varios hombres y mujeres. El Ejército había detectado una casa de seguridad de la guerrilla y la había atacado con un gran número de efectivos y un alto poder de fuego. Al día siguiente los periódicos hacían alusión al hecho y describían algunos de los cadáveres, acompañando la nota con fotografías. Una de ellas correspondía a Carlos Alfredo Portillo Hernández, hijo de Adrián, de 23 años de edad, combatiente guerrillero. Su hermana manifiesta: “Cuando leí los periódicos me di cuenta de que la descripción de uno de los cadáveres, incluyendo la ropa que vestía y las fotografías que … [acompañaban la nota] correspondían a mi hermano”. Ningún pariente se presentó a reclamar el cadáver pues, “en ese tiempo, admitir que una persona era familiar de un miembro de la guerrilla era sentencia de muerte”.

Operativos de este tipo, aplicados al desmantelamiento de casas de seguridad de la guerrilla y la muerte o desaparición de sus ocupantes, fueron frecuentes en la época. En un caso registrado por la CEH, Fuerzas de Seguridad del Estado detectaron casas que habían sido montadas en Guatemala por un grupo insurgente salvadoreño. El 17 de abril de 1981 se desarrolló un operativo en la zona 15 de la capital, a resultas del cual desaparecen Berta Menjívar de Lobo, su hijo Walter Ernesto Lobo Menjívar, de cinco años, y Luis Antonio Saracay, todos ellos de nacionalidad salvadoreña. Al día siguiente, en la noche, un grupo de hombres armados allanaron otra casa de seguridad, esta vez en la carretera que de la capital conduce a Mixco. Una de las personas que habitaban en ella, Iride del Carmen Marasso de Burgos, de nacionalidad chilena, quien había salido antes del allanamiento, para comunicar con alguna de las personas desaparecidas de la casa de la zona 15, también desapareció. En el momento de los hechos la mujer estaba embarazada de ocho meses. Nunca se supo la suerte corrida por las víctimas, en particular del niño de cinco años y del bebé que debía nacer en pocas semanas.

II. LOS HECHOS

El viernes 11 de septiembre de 1981, a eso de las nueve y media de la mañana, hombres jóvenes armados, vestidos de civil, a bordo de un vehículo con vidrios polarizados y sin placas, se presentaron a unas oficinas situadas en la 9ª calle, entre la avenida Elena y 1ª avenida A de la zona 1 de la capital. Dos de ellos penetraron en el lugar, portando uno un fusil y el otro una pistola. Allí se encontraba de visita Adrián Portillo Alcántara, a la sazón de 70 años de edad, por quien preguntaron y de quien llevaban un retrato hablado. Una vez identificado, procedieron a interrogarle, preguntándole entre otras cosas por la persona que le acompañaba ese día temprano, cuando conducía su camioneta. Portillo Alcántara les contestó que se trataba de su hijo Angel Antonio, pero que había ido a la terminal de buses de la zona 4 a esperar a unos familiares. La verdad es que Angel Antonio se encontraba presente en el lugar y pudo, de esta forma, evitar que le reconocieran y, a la vez, presenciar lo que ocurría. Escuchadas las explicaciones, los captores sacaron a punta de pistola a su padre de la oficina, y le obligaron a entrar en el vehículo. “Alcancé a ver cuando mi padre fue introducido en el vehículo, después de lo cual éste se dirigió hacia el centro de la ciudad”.

Después de presenciar la detención, Angel Antonio se dirigió en autobús a la residencia de su padre para avisar de lo sucedido a sus familiares, ahí reunidos. Cuando llegó se dio cuenta que se desarrollaba un operativo alrededor de la manzana, dirigido por un hombre que le pareció ser el mismo que hacía un rato había interrogado y detenido a su padre.

Vehículos sin placas, jeeps militares, radiopatrullas y una cantidad indeterminada de hombres armados, vestidos de civil unos y de uniforme militar otros, portando radio transmisores, habían tomado posesión de la residencia, situada en la 2ª avenida 1-57 de la zona 11 de ciudad de Guatemala.

“Fue sorpresivo cuando de repente vino el Ejército, pero no así [de cara descubierta, sino] con esas gorras que llaman pasamontañas, pero sí eran del Ejército”. Los militares “rodearon prácticamente toda esta cuadra, toda esta cuadra la rodearon y ya después ya vinieron otros carros particulares, que en ese tiempo, según decían que era de la Policía Secreta”. Al llegar, “rompieron la puerta, a fuerza … Eso fue aproximadamente como a las once de la mañana”. Un testigo no vio que los militares sacaran personas de la casa, pero un suceso le pareció singular: “A mi lo que me extrañó que cuando ya hicieron eso [el copamiento de la casa], entró ese pick-up celeste … doble cabina y … como allí antes había un garage, entraron así, de espalda digamos y … llevaban algo ahí”, aunque “no, no supimos qué era”. Los medios de comunicación llegaron como 35 o 40 minutos después de iniciado el operativo, que terminó “como a las tres y media … o cuatro [de la tarde]”. Quedaron dos agentes custodiando el lugar.

En el domicilio allanado vivía Adrián Portillo Alcántara, su esposa Rosa Elena Latín de Portillo, de 23 años, y la hija de ambos Alma Argentina, de sólo 18 meses de edad. El día de los hechos se encontraban de visita, procedentes de Jutiapa, las pequeñas Rosaura Margarita y Glenda Corina Carrillo Portillo, de diez y nueve años respectivamente, nietas de Adrián Portillo Alcántara. Además se encontraba también Edilsa Guadalupe Alvarez Morales, de 18 años, compañera de Manuel Alfonso, hijo del dueño de casa. Algunos vecinos contaron a los familiares de las víctimas que, durante el operativo militar, escucharon las voces de mujeres y niños que lloraban y pedían ayuda. Sin embargo, las Fuerzas de Seguridad dijeron que la casa se encontraba deshabitada. Los medios de prensa se hicieron eco de la versión oficial: “Aparte de la incautación [de material subversivo] no se reportan capturas de las personas usuarias del lugar de referencia, pues al acudir el elemento de seguridad pública, el reducto estaba deshabitado”.

Angel Antonio Portillo, que había llegado a la residencia de su padre cuando se iniciaba el operativo, optó por caminar por la acera hasta una tienda ubicada en la esquina, donde preguntó al tendero sobre lo que pasaba. Luego, “aún bajo los efectos de un choque tremendo”, decidió retirarse del lugar, dirigiéndose hacia “la casa de mi jefe … con quien yo trabajaba vendiendo libros y quien vivía en la zona 5”.

Como a las dos de la tarde, Adriana Margarita Portillo, madre de la niñas Glenda Corina y Rosaura Margarita, llegó a la casa de su padre con la esposa de su hermano Angel Antonio y sus dos sobrinos. Encontraron la manzana entera rodeada por agentes de la Policía Nacional, Policía Militar Ambulante, Policía Judicial y soldados. Al acercarse son interceptados e interrogados por “el tipo que parecía ser el jefe [quien] era alto y delgado, de tez blanca, pelo castaño rizado y de ojos color verde o café claro. Llevaba lentes de aro dorado y tenía un bigote pequeño. Vestía muy bien y parecía de muy buena educación”. Cuando Adriana Margarita preguntó por sus familiares, los militares contestaron primero que no estaban allí, para decir luego que sí estaban dentro, que pasaran a verles. No lo hicieron, por miedo, y se retiraron rápidamente del lugar. Desde la calle observaron que unos hombres lavaban el piso de la casa empleando una manguera y escobas.

Nunca más se supo del paradero y la suerte de Adrián Portillo Alcántara, de su esposa y su nuera, y de las tres niñas secuestradas.

III. DESPUÉS DE LOS HECHOS

Al día siguiente los periódicos dieron cuenta del operativo e identificaron la vivienda en donde habitaba Adrián Portillo, publicando fotografías y referencia exacta de la dirección, como una “casa de seguridad” de la guerrilla. En efecto, la ORPA reconoció a la CEH que “se trataba de una casa de seguridad … y … el compañero Portillo era el responsable de esa casa”.

Tras estos hechos los familiares sobrevivientes de Portillo Alcántara vivieron el temor de convertirse en las próximas víctimas. Uno de sus hijos se trasladó con su familia a la capital: “Buscábamos perdernos dentro de tanta gente y por tres años permanecimos en la ciudad sin decir absolutamente nada a nadie”. Luego, poco a poco, comenzaron a salir del país.

Los parientes buscaron en el exterior el apoyo de organismos no gubernamentales y gubernamentales de derechos humanos. Su caso fue recibido por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas y, desde 1993, a la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH). El 1 de abril de 1998 se presentaron ante el Ministerio Público, exponiendo los hechos y solicitando que la desaparición de sus familiares fuese investigada.

Las autoridades de Guatemala nunca reconocieron que la detención de los desaparecidos hubiera tenido lugar. El 31 de julio de 1998 la CEH consultó al Ejército sobre el caso. Este, mediante nota fechada el 20 de agosto del mismo año, contestó afirmando que en sus archivos no guardaba información al respecto y adjuntando la transcripción de un artículo de prensa del día 12 de septiembre de 1981.

IV. CONCLUSIONES

La CEH, estudiados los antecedentes del caso, llegó a la convicción de que Adrián Portillo Alcántara fue detenido ilegalmente por agentes del Estado, quienes ocultaron posteriormente el hecho. La omisión de los captores de dar cuenta a la autoridad competente y el ocultamiento, hasta el presente, del paradero de Portillo Alcántara, constituye una desaparición forzada, de la que es responsable el Estado de Guatemala.

Los indicios y testimonios existentes convencen a esta CEH que miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, con ocasión del operativo desarrollado en la residencia ubicada en la 2ª avenida 1-57 de la zona 11 de la capital, detuvieron ilegalmente a Rosa Elena Latín de Portillo, de 23 años, a Alma Argentina Portillo Latín, de 18 meses de edad, a Edilsa Guadalupe Alvarez Morales, de 18 años, a Rosaura Margarita Carrillo Portillo, de diez años, y a Glenda Corina Carrillo Portillo, de nueve años de edad. La negativa de los agentes captores de reconocer la detención de estas personas y la falta de noticia sobre su paradero, constituyen también una desaparición forzada.

Las desapariciones forzadas de las personas nombradas constituyen gravísimas violaciones a los derechos humanos e ilustran los extremos de crueldad con que las Fuerzas de Seguridad actuaron con el pretexto de la lucha contrainsurgente, haciendo víctimas de su represión a niños de corta edad y destruyendo con su accionar familias enteras.

La participación de algunas de las víctimas en una organización guerrillera no representa justificación alguna, de tipo jurídico o moral, de los crímenes reseñados.

La falta de reconocimiento oficial de los hechos representa un grave obstáculo para la ubicación del paradero de las víctimas y, en definitiva, para la reconciliación nacional.

LISTADO DE LAS VÍCTIMAS

Desaparición forzada

Adrián Portillo Alcántara

Alma Argentina Portillo Muñoz

Edilsa Guadalupe Alvarez Morales

Glenda Corina Carrillo Portillo

Rosa Elena Muñoz Latín de Portillo

Rosaura Margarita Carrillo Portillo

Berta Menjívar de Lobo (salvadoreña)

Walter Ernesto Lobo Menjívar (niño salvadoreño)

Luis Antonio Saracay (salvadoreño)

Carmen Marraso de Burgos (chilena)


 Fuente: CEH, Guatemala memoria del silencio.