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domingo, 25 de marzo de 2012

Desaparición forzada de América Yolanda Urízar Martínez de Aguilar, Ana Lucrecia Orellana Stormont, Edgar Raúl Rivas Rodríguez, María Angela Ayala Saravia y Rosa Estela Pérez Villaseñor


Caso ilustrativo No. 22
Desaparición forzada de América Yolanda Urízar Martínez de Aguilar, Ana Lucrecia Orellana Stormont, Edgar Raúl Rivas Rodríguez, María Angela Ayala Saravia y Rosa Estela Pérez Villaseñor
“Señor presidente: usted como cristiano no puede permitir que nuestra hija sea maltratada física o mentalmente ya que usted afirma en sus mensajes de cada domingo que todo guatemalteco merece ser respetado por ser semejanza de Dios y de la Patria …”
“…ninguna autoridad se ha preocupado por el caso. Yo no puedo seguir viviendo así, ya que mi hija es lo más grande que tengo”.

I. ANTECEDENTES
Durante el régimen militar del general Efraín Ríos Montt se establecieron los Tribunales de Fuero Especial. Algunos detenidos por razones políticas fueron consignados a estos tribunales en forma secreta, pero la mayoría fueron desaparecidos.
Una muestra de la situación expuesta, en el mes de agosto de 1983, sólo en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), existía ya una lista de 37 personas desaparecidas.
Un oficial de Policía Nacional dijo a una víctima sobreviviente de los Tribunales de Fuero Especial que las personas capturadas tenían tres alternativas: “Los Tribunales de Fuero Especial, la libertad o el fusilamiento clandestino”. Algunos de los prisioneros indicaron que uno de los centros de detención en la ciudad de Guatemala era el cuartel general de la zona militar 1, denominado Matamoros o Justo Rufino Barrios.
En este sentido, un informe de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA) señala: “…después de la reunión de finales de octubre de 1982, los oficiales del AGSAEMP [sección del Estado Mayor Presidencial] fueron informados que tenían la libertad de detener, mantener preso, interrogar y disponer de sospechosos de ser guerrilleros, conforme a su criterio”. En febrero de 1983, se reportó que por órdenes de Ríos Montt “… conocidos guerrilleros ya no serán enviados a los Tribunales Especiales, pero más bien se encargarán de tratarlos en el AGSAEMP”.
Efectivamente, varios militantes de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), fueron capturados, torturados y desaparecidos entre el mes de marzo y junio de 1983, entre ellos: América Yolanda Urízar Martínez de Aguilar, Ana Lucrecia Orellana Stormont, Edgar Raúl Rivas Rodríguez, María Angela Ayala Saravia y Rosa Estela Pérez Villaseñor.

II. LOS HECHOS
El 25 de marzo de 1983, América Yolanda Urízar Martínez de Aguilar fue capturada en un lugar cercano a la frontera entre México y Guatemala. El vehículo en el que viajaba fue interceptado cuando se dirigía, en compañía de dos personas más, hacía la ciudad de Guatemala. América Yolanda Urízar de la Central Nacional de Trabajadores (CNT), del Comité Nacional de Unidad Sindical (CNUS), catedrática de la Escuela de Orientación Sindical de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la USAC y militante de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR). Hasta la fecha la víctima se encuentra desaparecida.
El mismo día de su secuestro, el padre de Yolanda Urízar, el coronel retirado Augusto Urízar, denunció de forma pública que “su hija había sido interceptada por hombres armados cuando venía a reincorporarse a la vida pacífica y normal, al amparo de la amnistía que está vigente, ingresando al país procedente [de] México, donde vivió autoexiliada, a raíz de la represión que el Gobierno del general Fernando Romeo Lucas García … ejerció contra las organizaciones laborales y sus asesores”. Un mes después, los padres de Yolanda Urízar, en carta abierta al jefe de Estado, general Efraín Ríos Montt, publicada en los diarios locales afirman que ha transcurrido “… un mes exacto que fuera detenida por las Fuerzas de Seguridad de Gobierno … En relación con esta detención estamos seguros que debe existir un grave error ya que la asesoría sindical no es delito y ésta es la razón de la vida de Yoly”.
El 3 de mayo de 1983 fue capturada Rosa Estela Pérez Villaseñor en la 1ª avenida y 12 calle de la zona 10, de la ciudad capital, por cuatro hombres armados vestidos de civil, quienes viajaban en dos vehículos. Según un testigo presencial, quien trató de auxiliar a la víctima y notificó el hecho a la familia, la víctima se resistió y los hombres la golpearon hasta ensangrentarla. Esta persona siguió los vehículos de los agresores hasta San José Pinula, donde los perdió de vista; no obstante logró obtener el número de placa de los vehículos de los secuestradores. Rosa Estela Pérez Villaseñor trabajaba como secretaria en el Centro de Estudios Folklóricos de la USAC y desde 1981 era militante de la Organización del Pueblo en Armas (ORPA) donde asumía tareas en la estructura de logística de este grupo.
El 6 de junio de 1983, Ana Lucrecia Orellana Stormont fue capturada por cuatro individuos cuando se dirigía a reunirse con Edgar Raúl Rivas Rodríguez, la estaban esperando en el estacionamiento del Hotel Plaza, zona 4 de la ciudad capital, donde ella asistía a un curso de control mental. Según el guardián del parqueo, dos de los hombres la agarraron, la metieron por la fuerza en la parte trasera de su vehículo y se la llevaron con rumbo desconocido. En el lugar quedó tirado su inhalador; ella padecía de asma y le era difícil sobrevivir sin medicina. Ana Lucrecia Orellana Stormont era psicóloga, docente de Ciencias de la Conducta de la Facultad de Medicina de la USAC, asesora del movimiento campesino de Zacapa, de la CNT y militante de las FAR.
Ese mismo día fue secuestrado Edgar Raúl Rivas Rodríguez, entre las seis y las siete de la noche, en el recorrido entre la terminal de autobuses de la zona 4, de la ciudad capital y el Hotel Sheraton (hoy Hotel Ramada), cuando se dirigía a reunirse con Ana Lucrecia Orellana y otra persona, también desaparecida y no identificada. Edgar Raúl Rivas Rodríguez era docente en la Escuela de Ciencia Política de la USAC y militaba en las FAR. Ni los familiares ni sus compañeros volvieron a verlo.
El 13 de junio de 1983 fue capturada María Angela Ayala Saravia por dos individuos, quienes la introdujeron dentro de un vehículo de doble tracción en la 9ª calle A y 3ª avenida de la zona 1 de la ciudad capital, y se la llevaron con rumbo desconocido. María Angela Ayala Saravia era trabajadora social, trabajaba en la Asociación Pro Bienestar de la Familia (APROFAM), era docente en la Escuela de Trabajo Social de la USAC y militante de las FAR.

III. LUGARES DE DETENCIÓN, EXTORSIONES Y TORTURAS
Yolanda Urízar estuvo detenida en el destacamento de Santa Ana Berlín, departamento de Quetzaltenango. Posteriormente, fue trasladada a la Ciudad de Guatemala, donde permaneció prisionera en la Antigua Escuela Politécnica, según se supo “… por testigos … que han estado en la misma prisión clandestina que posee el Ejército en los subterráneos de la antigua escuela militar (politécnica), ella fue allí trasladada, sometida a interrogatorios y torturas, encontrándose en un estado lamentable y habiendo perdido la razón”.
El 19 de junio de 1983 los familiares de Edgar Raúl Rivas Rodríguez recibieron una llamada telefónica de un desconocido, diciendo que se comunicaran con un primo de la víctima, quien mantenía una relación de confianza con el general Mejía Víctores, ministro de la Defensa Nacional, y con Lucrecia Orellana. Esa persona les indicó también que publicaran en los periódicos que Edgar Raúl Rivas Rodríguez se encontraba detenido en el cuartel de Matamoros y que iba a ser fusilado en cinco días.
A principios del mes de julio, un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, amigo de la familia, les corroboró la información de que Rivas Rodríguez se encontraba detenido en el cuartel de Matamoros.
El 7 de junio la familia de Lucrecia Orellana recibió una llamada telefónica de una mujer desconocida, quien les indicó: “… dígale a los padres de Lucrecia que por motivos de seguridad salió a Tapachula, que no se preocupen por ella”. A los ocho días del secuestro, un familiar recibió otra llamada telefónica; “Una voz de hombre le dijo que Lucky estaba en el cuartel general de Matamoros, que debían sacar notas en el periódico pidiendo que Lucky apareciera con vida y que estaba mal del asma que necesitaba medicinas”. Los familiares dieron dinero a los informantes para comprar las medicinas, mientras continuaban recibiendo información de la detenida. Esta situación se prolongó muchos meses después que se hubiera producido su presunta ejecución arbitraria.
En septiembre de 1983 un pariente de la víctima viajó a Washington DC, donde con el apoyo y acompañamiento de la entidad Washington Office on Latin America (WOLA) y de una religiosa norteamericana, logró entrevistarse con Robert Blohm, encargado del “Escritorio” de Guatemala, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, quien solicitó a su secretaria el expediente del caso. Luego de algunas consultas, confirmó que Lucrecia Orellana se encontraba con vida en el cuartel de Matamoros.
Durante su cautiverio, a Lucrecia Orellana la obligaron a identificar a posibles simpatizantes de la guerrilla en el departamento de Zacapa, donde había trabajado con el movimiento campesino de la CNT, antes de su desaparición.
A finales de octubre de 1983 un amigo del hermano de Lucrecia Orellana lo buscó para contarle que había visto a su hermana en el Hospitalito del Segundo Cuerpo de la Policía Nacional:  “Estaba grave, de muerte, muy desmejorada por un gran ataque de asma”. En este sentido, uno de los informantes manifestó: “A Lucky le habían puesto una capucha con gamezán y se había deteriorado mucho, que le habían hospitalizado durante tres días, del 22 al 25 de octubre y que luego la regresaron a Matamoros”.
En los primeros días de noviembre el informante comunica de nuevo a un familiar de Lucrecia Orellana: “Lucky sé esta muriendo, que ella ya no quería vivir más y que no aceptaba sus medicinas”.
En marzo de 1984 un familiar de Ana Lucrecia Orellana Stormont viajó de nuevo a Washington DC, y logró entrevistarse una vez más con el mismo funcionario del Departamento de Estado, quien en esa oportunidad confirmó la muerte de la víctima y su militancia política.
De igual forma, a la familia de Rosa Estela Pérez Villaseñor le informaron, a través de llamadas telefónicas, que ella se encontraba detenida en el cuartel de Matamoros, y exigieron dinero a cambio de evitarle dolor en la aplicación de ciertas torturas. Los torturadores pasaban por la casa de la víctima a recoger el dinero, que se les entregaba en pequeñas cantidades.
Un informante aseguró a un familiar de Lucrecia Orellana que el 5 de noviembre de 1983, los cadáveres de Ana Lucrecia Orellana Stormont y Rosa Estela Pérez Villaseñor habían sido trasladados en un camión, desde el cuartel de Matamoros a Magdalena Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, donde al parecer las enterraron en una fosa común, posiblemente cerca del cementerio del lugar.
Después del 5 de noviembre la familia de Lucrecia Orellana siguió siendo objeto de extorsión. Dos mujeres se comunicaron a la familia que ella seguía viva; les demandaron muchas cosas, entre otras, objetos personales de la víctima, a cambio de información. Estas personas poseían información detallada sobre Lucrecia Orellana, sus gustos, sus plantas y su ropa.
El 13 de junio de 1983, el mismo día del secuestro, la madre de María Angela Ayala Saravia “recibió una llamada telefónica de una persona de sexo masculino, quien no dio a conocer su nombre, indicándole que su hija había salido a una comisión fuera de la capital y que dentro de algunos días se volvería a comunicar”.
Tiempo después a través de dos “judiciales”, la madre de María Angela Ayala Saravia recibió, en tres oportunidades, un cheque que le enviaba su hija para pagar la renta de la casa donde vivía. La última vez que Angela envió el cheque, en el banco no quisieron cambiarlo porque su firma era ya ilegible. Esta vez, los dos “judiciales”, quienes llevaban los cheques a la casa de la víctima, le pidieron a la señora que los acompañara a la caja de seguridad de un banco, donde sustrajeron una gran cantidad de dinero que María Angela Ayala tenía allí resguardado.

IV. DESPUÉS
En diferentes fechas y en varios diarios nacionales e internacionales, fue publicado un campo pagado de las FAR, en el que los guerrilleros planteaban un canje: Ana Lucrecia Orellana Stormont, América Yolanda Urízar Martínez de Aguilar y María Angela Ayala Saravia, las tres militantes de las FAR, a cambio de Marta Elena Ríos Montt, hermana de Efraín Ríos Montt, y Celeste Aída Mejía Víctores, hermana del entonces jefe de Estado, Oscar Humberto Mejía Víctores, estas últimas secuestradas el 29 de junio y el 10 de septiembre de 1983, respectivamente.
El 21 de octubre de 1983, en un comunicado hecho público, la Comandancia General de las FAR informó que la negociación con el Gobierno fue infructuosa y que las secuestradas serían puestas en libertad.
El 26 de octubre de 1983 las FAR pusieron en libertad a Marta Elena Ríos Montt de Rivas y Celeste Aída Mejía Víctores.

V. LA IMPUNIDAD
Los familiares de los cinco desaparecidos buscaron a las víctimas en todos los lugares donde se imaginaron que podían estar. “Se dieron muchas vueltas. Se pusieron recursos de exhibición personal en los tribunales, se mandó una carta a los bomberos, a los centros de salud, a los hospitales y a todos los lugares que pudieran tener relación con personas muertas”.
Las gestiones judiciales realizadas por los familiares y la presión internacional que ejercieron por su liberación diferentes organizaciones internacionales de derechos humanos, sindicales y de decenas de personalidades extranjeras, fueron inútiles. El padre de Rosa Estela Pérez Villaseñor interpuso un recurso de exhibición personal. Los familiares de Edgar Raúl Rivas Rodríguez y Ana Lucrecia Orellana Stormont denunciaron los hechos al Departamento de Investigaciones Técnicas de la Policía Nacional. En el expediente judicial de María Angela Ayala Saravia consta la recepción de la denuncia como única diligencia realizada sobre el caso.
A requerimiento de la CEH, con fecha 21 de enero de 1998, la Policía Nacional remitió el expediente de América Yolanda Urízar Martínez de Aguilar, que evidencia que no se realizó ninguna investigación. El expediente se encuentra compuesto tan sólo por las respuestas de las distintas jefaturas de la Policía Nacional sobre el radiograma circular Nº 0196 CR, que indaga sobre el paradero de América Yolanda Urízar Martínez de Aguilar, y las cartas de la solidaridad internacional en las que se demanda información acerca del paradero de la víctima.
Las familias de las víctimas no volvieron a conocer dato alguno sobre su paradero.

VI. CONCLUSIONES
La CEH, analizados los antecedentes del caso, ha llegado a la convicción de que cuatro militantes de las FAR y uno de ORPA fueron detenidos entre los meses de marzo y junio de 1983 y posteriormente hechos desaparecer. Además, asiste a la CEH la presunción fundada de que todos ellos fueron torturados durante su cautiverio. Dado el tiempo transcurrido se presume que fueron ejecutados arbitrariamente.
La CEH, tomando en cuenta los varios elementos unívocos y concordantes que se llegaron a conocer, presume fundadamente que las víctimas fueron capturadas, torturadas y ejecutadas por agentes del Estado o por personas que actuaron bajo su protección, tolerancia o aquiescencia, en violación de sus derechos a la vida y la integridad personal.
Entre dichos elementos destacan la calidad de las víctimas, su militancia en las FAR y ORPA, su pertenencia a la USAC y a organizaciones sindicales y sociales, el modus operandi de las acciones desplegadas por los agentes clandestinos y la información referente a los lugares donde se mantuvo a las víctimas.
Ni la militancia de las víctimas en las FAR y ORPA, ni cualquier otra consideración de carácter militar o político, justifican jurídica o éticamente estos crímenes.
La CEH considera que el Estado violó el derecho a la justicia de las víctimas y de sus familiares, al no haber investigado seriamente los hechos y haber sido manifiestamente ineficaces los recursos judiciales previstos para sancionar a los responsables.
Además, los hechos son ilustrativos de los sufrimientos que tuvieron que soportar los familiares de los desaparecidos en sus esfuerzos para conocer su paradero, y la extorsión de que fueron objeto por agentes de Estado que conocían la situación de las víctimas.
Finalmente, el secuestro de Marta Elena Ríos Montt de Rivas y Celeste Aída Mejía Víctores, perpetrado por un comando militar de las FAR, ilustra el circulo vicioso de la violencia que tuvo lugar durante el enfrentamiento armado.

LISTADO DE LAS VÍCTIMAS
Desaparición forzada, tortura, privación de libertad
Ana Lucrecia Orellana Stormont
Edgar Raúl Rivas Rodríguez
América Yolanda Urízar Martínez de Aguilar
María Angela Ayala Saravia
Rosa Estela Pérez Villaseñor
Víctimas colectivas/desconcocidas: 1

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