Caso ilustrativo No. 50
Masacre del río Pixcaya, Aldea Estancia de La Virgen, San Martín Jilotepeque
“A los niños de pecho y de un año los tiraron al río y allí se ahogaron”.
“Se miraba todo, los perros estaban comiendo a las gentes, salían [de la tierra] las trenzas de las mujeres, un perro llevaba en su boca el piecito de un niño, habían zopes [aves de rapiña] comiendo los cadáveres”.
I. ANTECEDENTES
La aldea Estancia de la Virgen se encuentra ubicada en el municipio de San Martín Jilotepeque, departamento de Chimaltenango; hacia el este, el río Pixcayá le sirve de límite con el municipio de San Juan Sacatepéquez, sede de la Escuela Politécnica (academia militar). Este municipio forma parte del departamento de Guatemala.
En 1976 la organización Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) puso en marcha su trabajo político en Chimaltenango. Su presencia se incrementó en la zona a mediados de 1981, sobre todo en San Martín Jilotepeque, donde mantuvo una presencia organizativa.
El 19 de julio de 1981 el EGP anunció la creación del Frente Guerrillero Augusto César Sandino (FGACS). Los guerrilleros iniciaron entonces una campaña militar y de propaganda, y atacaron puestos de la Policía Nacional en los municipios de Tecpán, Parramos y Santa Cruz Balanyá, pertenecientes a Chimaltenango.
En esta secuencia de acciones se realizó la toma de Sololá el 28 de octubre, Tecpán, el 16 de noviembre, y Patzún, el 17 de diciembre. La participación de civiles en estas actividades cortando hilos telegráficos, obstruyendo carreteras y levantando barricadas en la carretera Interamericana desde Chimaltenango hasta Santa Cruz del Quiché, con el fin de impedir el paso de los militares hasta los poblados ocupados por la guerrilla, hizo que el Ejército considerase que todos los habitantes de la región apoyaban a los insurgentes.
La represión selectiva había empezado en San Martín Jilotepeque. El Ejército consideraba que Chimaltenango, y en concreto San Martín Jilotepeque, se estaba convirtiendo en una región con un gran potencial humano de apoyo a la guerrilla, cuya presencia se había incrementado en el lugar. A lo largo de 1981 se registraron varios casos de ejecuciones arbitrarias.
El 18 de noviembre de 1981 el Ejército lanzó una masiva ofensiva sobre el área de Quiché y Chimaltenango, marcando el punto de partida de las grandes masacres en Chimaltenango y especialmente en el municipio de San Martín Jilotepeque.
En una declaración a la prensa el oficial al mando de las fuerzas armadas, indicó que las acciones que se estaban efectuando en Chimaltenango se conocían como “operación de peinada” y pretendían aniquilar por completo a los grupos insurgentes.
En 1982 en San Martín Jilotepeque reinaba el terror. Se registraron reiteradas violaciones de los derechos humanos; incluso masacres, desapariciones forzadas y torturas; quemas de cadáveres, de viviendas, de animales, de cosechas, saqueos y otros abusos cometidos por elementos del Ejército.
Marzo de 1982 fue el mes en que se experimentó mayor violencia en la zona conformada por la aldea Estancia de la Virgen y las comunidades vecinas. Se registraron tres masacres: una en la finca Catalán y las restantes en los caseríos San Miguel y Santa Teresa. Los tres lugares pertenecen a la aldea Choatalúm y el número de víctimas osciló entre 92 y 250.
Ante la zozobra que se vivía y como única alternativa para salvar sus vidas, los vecinos huyeron hacia el norte y el este de San Martín Jilotepeque, en busca de lugares seguros. La ubicación geográfica de la aldea Estancia de la Virgen, en el límite departamental, jugó un papel importante en el desenvolvimiento de los hechos.
II. LOS HECHOS
La huida y el cerco
La población sobreviviente buscaba cruzar el río Motagua o el río Pixcayá y así refugiarse en comunidades próximas donde suponían existía menos peligro.
Desde el 8 de marzo de 1982 empezaron a llegar familias completas de desplazados a la comunidad Estancia de la Virgen. Llevaban consigo escasas pertenencias. Procedían de distintas comunidades cercanas y huían de la persecución del Ejército.
Como el grupo era numeroso, entre 1,000 y 1,500 familias, encontrar refugio se tornó muy difícil. En la Estancia de la Virgen “pidieron posada”, pero no la consiguieron porque la población de esa aldea también había comenzado a huir y, en todo caso, no había suficiente espacio para recoger a tantas personas como las que en ese momento llenaban la aldea, por lo que se vieron obligados a asentarse, como única alternativa, en las riberas del río Pixcayá, situado como a una hora a pie desde la Estancia de la Virgen. Por lo menos allí contaban con agua. Se formaron varios grupos de personas a lo largo del río en una línea aproximada de dos kilómetros.
Mientras tanto, el 14 de marzo, un grupo de soldados proveniente del destacamento de San Martín Jilotepeque se instaló en el Puesto de Salud de la aldea Estancia de la Virgen y permaneció allí por cuatro días. Durante las noches, los soldados catearon las viviendas abandonadas, robaron diversos objetos, incluso güipiles y cortes (blusas y faldas típicas). El 17 de marzo, un grupo de militares del mismo destacamento se concentró en el caserío Pacoj Tres Cruces, ubicado a 800 metros del centro de la Estancia de la Virgen. En la madrugada del día 18, tanto los efectivos del Ejército instalados en Pacoj como los que estaban en el centro de la aldea se dirigieron hacia el río Pixcayá. La mayoría vestía de civil, algunos con güipiles y cortes, tal vez para confundir a la población. Pocos soldados iban de uniforme. Ese mismo día, otro contingente militar se sumó al que ya se encontraba en la zona y soldados de la Escuela Politécnica bajaron desde su sede en San Juan Sacatepéquez hacia el río, para cubrir el área donde se encontraba la población civil desarmada. En su mayoría los soldados que estaban del lado de la Estancia de la Virgen vestían güipiles y así iniciaron su aproximación a la gente que permanecía a orillas del río.
La masacre
Hacia las ocho de la mañana, una vez que los militares cercaron el área, empezaron a disparar contra el numeroso grupo de hombres, mujeres y niños.
Los militares “utilizaron fusiles lanzagranadas y hubo disparos en forma de lluvia”. Desde el otro lado del río los efectivos de la Escuela Politécnica ametrallaron a las personas. Las fuerzas de tierra recibieron el apoyo de un helicóptero, desde el que los soldados disparaban a la población que, desesperada, intentaba escapar.
Pocos pudieron salvarse, puesto que los desplazados que procedían de otras aldeas no conocían el área: no supieron hacia dónde correr. El Ejército, además, incendió el área para poder capturar a los que huían “…le metió fuego al bosque … en el monte murieron muchos, por el fuego”. “El Ejército quemó todo el monte, para sacar a la gente y matarlos cuando corrían”.
Muchas mujeres fueron víctimas de violencia sexual. Los militares las violaron. Tampoco se respetó el derecho a la vida de quienes ni siquiera habían nacido. “El Ejército agarró a unas madres embarazadas, las degolló, les partieron el estómago y les sacaron el bebé”. A los bebés recién nacidos también los mataron, “a los niños de pecho y de un año los tiraron al río y allí se ahogaron”. Uno de los soldados que lanzaba a los niños al río les decía: “Adiós niños”.
Incluso algunos soldados fueron víctimas de sus compañeros. Cegados, los que provenían de la Escuela Politécnica, confundidos por los güipiles y cortes que vestían sus compañeros del destacamento de San Martín, abrieron fuego contra ellos. Varios murieron. Cuando terminó el tiroteo, se dieron cuenta que entre los muertos había soldados, por lo que el helicóptero militar los trasladó a la Escuela Politécnica, “como siete viajes dio a San Juan Sacatepéquez; ellos los recogieron”.
Hacia las diez de la mañana, ya no se escuchaban disparos. Al finalizar el operativo, el incendio ya se había extinguido.
El río Pixcayá, que representó una esperanza de vida para los desplazados de San Martín, se convirtió de repente en un trágico escenario de destrucción y muerte. “El río se tiñó de rojo con la sangre de los muertos”.
El 18 de marzo de 1982, a consecuencia de la masacre perpetrada por el Ejército de Guatemala, murieron entre 300 y 400 pobladores civiles e indefensos. Familias desplazadas, que habían huido de la persecución de los militares fueron eliminadas por completo.
III. DESPUÉS
Después de la masacre, parte de los soldados se encaminó a la aldea San Antonio Las Trojes de San Juan Sacatepéquez, que se encuentra a unos
3.5 kilómetros de Estancia de la Virgen. Convocaron a los hombres de la aldea y los obligaron a bajar con ellos al Pixcayá, para que enterraran a los muertos caídos en la orilla del río.
“…De Las Trojes vinieron y trajeron sus piochas y azadones, ellos enterraron a todas las personas, … cerca del río hicieron hoyos y fueron enterrando uno en cada agujero”.
“…En la Finca unos los enterraron en el lado de la Estancia y otros en el lado de San Juan Trinidad, hicieron un zanjón para la cañería del agua y allí enterraron gente, en el horno del trapiche allí los metieron y varios los tiraron al río”.
No se sabe con precisión cuántas tumbas excavaron. Algunos vecinos señalaron a la CEH que eran tres fosas comunes; sin embargo, otros indican que eran más. Su profundidad no era la adecuada. Dos días después de la masacre, un vecino de la comunidad fue al lugar y vio que los perros habían desenterrado algunos cuerpos:
“Se miraba todo, los perros estaban comiendo a las gentes, salían [de la tierra] las trenzas de las mujeres, un perro llevaba en su boca el piecito de un niño, habían zopes [aves de rapiña] comiendo los cadáveres”.
Miembros del Ejército advirtieron a los habitantes de San Antonio Las Trojes que no hablaran sobre lo sucedido, porque era probable que en algún tiempo se realizara una investigación de los hechos.
El 30 de marzo los pobladores de la aldea se reunieron y decidieron enviar a dos personas a la capital para que denunciaran lo sucedido. Acudieron a la embajada de los Estados Unidos y, también al Gobierno de Guatemala, donde los atendió Jorge Serrano Elías, que presidía el Consejo de Estado en la época de Ríos Montt: “…A raíz de esto vino una comisión extranjera y se calmó un poco la situación”.
Los sobrevivientes de la masacre optaron por refugiarse en San Antonio Las Trojes. A partir de los primeros días de abril empezaron a llegar las familias desplazadas: “…1,600 campesinos que proceden de caseríos de los alrededores han abrumado a la pequeña aldea San Antonio Las Trojes”.
Los familiares no pudieron inhumar los restos de sus parientes y vecinos. Esto tiene una trascendencia religiosa para las comunidades, pero también una implicancia legal. De conformidad con la ley, esas víctimas están vivas mientras no quede asentada su defunción.
Otro aspecto importante que se desprende de los hechos radica en que las viudas y los viudos sufren aún las consecuencias de la masacre. Les resulta imposible contraer nuevo matrimonio, dado el impedimento que existe mientras continúan legalmente unidos a sus esposos o esposas muertos en la masacre. Esta situación afecta en especial intensidad a las mujeres y a los hijos que han procreado con sus nuevos compañeros, que no pueden ser reconocidos. Por último, en numerosos casos tampoco pueden optar por conseguir la propiedad de la tierra que les corresponde por la herencia de sus esposos.
Es común oír a los habitantes de la Estancia de la Virgen hablar de enterrados en cementerio legal, en terreno particular, en fosa común, en cementerio clandestino y devorados por perros y aves de rapiña. Los que conocen dónde se hallan los restos de sus muertos, los visitan y adornan los lugares con flores. Algunos tienen la inquietud de sepultarlos en la forma corriente e identificarlos por completo, para que al fin sus deudos puedan descansar en paz.
IV. CONCLUSIONES
La CEH arribó a la convicción plena de que, el 18 de marzo de 1982, en la ribera del río Pixcayá, soldados del Ejército de Guatemala del destacamento de San Martín Jilotepeque y de la Escuela Politécnica con sede en San Juan Sacatepéquez ejecutaron a cientos de personas indefensas (más de 300), vecinos de diferentes aldeas de San Martín Jilotepeque, violando los derechos a la vida, a la integridad física y moral de hombres, mujeres, ancianos, niños nacidos y por nacer.
Al analizar el conjunto de la operación militar, la CEH considera que destacan actos de excesiva crueldad, cuya ejecución era innecesaria, incluso, para cumplir el sólo objetivo criminal de exterminar físicamente a las personas. Nada justifica la alevosía y brutalidad con que fueron tratadas las víctimas, que exceden, incluso, la violencia que legítimamente podría utilizarse contra el enemigo en combate armado.
De igual manera, la colaboración que la población pudo haber prestado a la guerrilla no otorga justificación jurídica o ética a este atroz crimen cometido por los agentes del Estado.
El caso es ilustrativo de la aplicación, en el departamento de Chimaltenango, de operaciones militares concebidas para el aniquilamiento de la población civil que huía de la persecución del Ejército y la destrucción de sus medios de vida. Con esa práctica, el Ejército propició el exterminio casi total de comunidades indefensas y la destrucción de las áreas que habitaban.
El caso también ilustra la dificultad para poder identificar y determinar con exactitud el número de víctimas, dado que la mayoría provenía de diferentes comunidades de San Martín Jilotepeque. Algunos cadáveres fueron lanzados al río, otros fueron quemados, otros enterrados y sus restos aún permanecen en el mismo sitio, y los demás fueron devorados por perros y aves de rapiña. Hay familias completas desaparecidas, cuya tragedia nadie reportó.
Este caso ilustra, también, las secuelas humanas y materiales de las masacres. Los sobrevivientes, para solventar algunas situaciones relacionadas con su estado civil, no cuentan con los recursos necesarios y enfrentan serios problemas. Muchos consideran que sus parientes no pueden descansar en paz, mientras no se les sepulte adecuadamente.
LISTADO DE LAS VÍCTIMAS
Ejecución arbitraria
Víctimas colectivas/desconocidas: 352
Fuente: CEH, Guatemala memoria del silencio.
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