Los 28 desaparecidos de 1966

Caso ilustrativo No. 68

Los 28 desaparecidos de 1966

“Si un juez llega a una detención y niegan a un reo, o lo escamotean sacándolo por otra puerta, ¿qué podemos hacer en ese caso?. Nosotros no tenemos jurisdicción sobre las policías; es el Ministerio de Gobernación el que las manda”.

I. ANTECEDENTES

El Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) entró en la clandestinidad después del derrocamiento del Gobierno de Jacobo Arbenz (1954) y, por tal motivo varios miembros de ese partido partieron al exilio.

En el Tercer Congreso del PGT, celebrado en 1960, se decidió impulsar “cualquier forma de lucha en consonancia con la situación concreta” y se discutió sobre la posibilidad de asumir la lucha armada como opción para llegar al poder. El mismo año, después del fallido golpe de Estado en contra del Gobierno de Miguel Ydígoras Fuentes (13 de noviembre de 1960), un grupo de militares que encabezaban Luis Augusto Turcios Lima y Marco Antonio Yon Sosa, formó un movimiento insurgente, que se denominó Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre (MR13).

En 1962 el PGT influyó en las denominadas jornadas de marzo y abril, que fueron protestas masivas encabezadas por estudiantes de educación media y universitarios, para protestar contra el fraude en las elecciones de diputados que se realizaron ese año, la corrupción, el alza del costo de la vida y la represión.

A propósito de estas jornadas de protesta, analistas de los Estados Unidos observaron con preocupación la debilidad del Gobierno de Ydígoras Fuentes para resguardar la seguridad nacional y sugirieron la necesidad de crear un sistema de Inteligencia eficaz, porque el vigente no funcionaba adecuadamente, “…la G2 del Ejército, no sabe nada de lo que está pasando”. Afirmaban que el Gobierno era corrupto, “…hay evidencia poderosa que Ydígoras robó grandes cantidades de dinero”. Meses más tarde, Ydígoras Fuentes fue derrocado por un golpe de Estado, dirigido por el Ejército y apoyado por los Estados Unidos.

El 30 de marzo de 1963 se constituyó un Gobierno militar dirigido por el coronel Enrique Peralta Azurdia. Desde la perspectiva del Gobierno norteamericano, con este jefe de Estado “…ahora existe un progreso esperanzador del establecimiento de un efectivo aparato de Inteligencia contrasubersiva guatemalteca”. El nuevo Gobierno inició una campaña contrainsurgente que implicó la ampliación de las redes de comisionados militares y de la Policía Militar Ambulante (PMA) en las zonas rurales. En la capital, bajo estado de sitio (1963-1966), se ejecutaron hechos de represión por la Policía Nacional, la Guardia de Hacienda, la Policía Judicial y la Policía Militar. En algunas ocasiones, cada uno de estos cuerpos policiales actuó de manera independiente y, en otras, de operaciones combinadas.

Entre 1965 y 1966 las acciones guerrilleras se multiplicaron. Tanto la Resistencia Urbana como el Frente Guerrillero Edgar Ibarra (FGEI), ambos pertenecientes a las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), efectuaron acciones armadas en distintos puntos de la ciudad y en el Oriente del país. La guerrilla, a su vez, cuestionaba la legitimidad democrática de los gobiernos.

Estas acciones inquietaron por igual a las autoridades guatemaltecas como al Gobierno norteamericano, el cual reforzó la asesoría que prestaba al Ejército guatemalteco, a fin de que se tuviera una participación más directa en la lucha contra las fuerzas insurgentes.

Entre finales de 1965 y principios de 1966 las elecciones presidenciales que se realizaron el 6 de marzo ocuparon el centro de atención política. El Partido Revolucionario (PR), que postulaba a Julio César Méndez Montenegro como candidato presidencial, se perfilaba como el ganador.

Los sectores de izquierda debatían sobre su eventual apoyo a Méndez Montenegro. En este ambiente preelectoral y de marcada convulsión social, se reprimió selectivamente a líderes políticos de izquierda.

La Inteligencia militar y la Operación Limpieza

En 1964, en el marco de la Conferencia de Ejércitos de Centroamérica (CONDECA), realizado con el apoyo del programa de la Public Safety Division USAID/Guatemala, de los Estados Unidos, se creó el Centro Regional de Telecomunicaciones, que llegara a ser conocido como La Regional, para coordinar los sistemas de telecomunicaciones de los países centroamericanos y para controlar las actividades de las personas sospechosas de ser comunistas.

La Regional continuó recopilando información sobre los opositores políticos y acerca de la situación social, actividad que venía realizando desde la década pasada el Ministerio de Gobernación. Tan importante material había sido utilizado en la represión política iniciada años atrás. La Regional se ocupó de la coordinación de actividades con la Policía Nacional, la Guardia de Hacienda, el Ministerio de Gobernación, las Zonas Militares y la Presidencia de la República, con la colaboración del Gobierno estadounidense.

En 1965 el Gobierno diseñó una campaña contrainsurgente, creando una modalidad especial de actuación denominada Operación Limpieza. La campaña estaba dirigida a impedir que los políticos de oposición tuvieran ingerencia en el nuevo Gobierno, mediante la desarticulación de la organización de izquierda, y la eliminación de los líderes del PGT y del MR13.

Bajo el pretexto de combatir los secuestros de la guerrilla y otros actos terroristas, y con el propósito de operar de forma más coordinada y efectiva para alcanzar los objetivos contrainsurgentes, la USAID asistió técnica y materialmente al Gobierno guatemalteco. Para estos efectos, envió a su funcionario John P. Longan, asesor en seguridad pública, destacado en Venezuela. Longan llegó a Guatemala el 28 de noviembre de 1965 y tuvo como contraparte en el país al Secretario del Gobierno. Poco después, este último fue sustituido por el entonces ministro de la Defensa, a quien los asesores norteamericanos apreciaron por resultar más efectivo en la conducción de la campaña. Al cabo de un tiempo los asesores afirmaron: “las fuerzas de seguridad bajo … están conduciendo redadas de esta fuerza conjunta [fuerzas policiales judicial, nacional y hacienda] de gran escala dentro de áreas urbanas sospechosas y que están produciendo información útil”.

La campaña Operación Limpieza comenzó con acciones a pequeña escala, a cargo de la Policía Nacional, a fin de ensayar la efectividad del plan. En diciembre de 1965, John Longan sugirió innovaciones para la ejecución de la Operación Limpieza y se introdujo en la campaña la modalidad de Zona Congelada que consistió en el cierre de un área física de varias cuadras, utilizando personal policial, que evitaba la entrada o salida de personas mientras se desarrollaba la redada. Además, se determinó que este trabajo lo realizaran combinadamente la Policía Nacional, la Policía Judicial, la Policía Militar y el Ejército. Hasta marzo de 1966 se realizaron 80 operativos con esta modalidad.

Como parte de este mismo plan, se creó La Caja, un cuarto ubicado atrás de la Casa Presidencial, que luego fue trasladado al Cuartel General, y que contaba con equipos de comunicaciones para concentrar y coordinar datos, en función de las campañas contrainsurgentes. En La Caja operó un grupo especial de investigadores que obtenía informaciones mediante escuchas telefónicas o por otros medios electrónicos, con las que se identificaba qué áreas debían ser cateadas o registradas. Estas áreas eran definidas por el jefe de la Policía Judicial. Esto dio lugar a que se planificara el cateo de esos lugares, cercando previamente las zonas de acceso.

En el interín en que se desarrollaban esas acciones contrainsurgentes, el PGT celebró, entre el 25 y el 27 de febrero de 1966, una Conferencia Nacional. El propósito era renovar la dirección; decidir el respaldado al candidato presidencial del Partido Revolucionario, abogado Julio César Méndez Montenegro y analizar los problemas de unidad que había entonces en el partido, motivadas por las diferentes tendencias que habían surgido en su interior referidas a la opción entre la lucha armada y la lucha política. Por esta razón, varios dirigentes del PGT que estaban exiliados en México entraron clandestinamente al país. El MR13 también aprovechó las elecciones para reunirse en el país.

II. LOS HECHOS

Del 2 al 5 de marzo de 1966, en distintos puntos de la ciudad capital y en el interior del país, en particular Mazatenango, Retalhuleu, Río Hondo, Zacapa, El Rancho, San Agustín Acasaguastlán y El Progreso se llevaron a cabo operativos de registro y captura, en los que participaron fuerzas combinadas de las diferentes policías y el Ejército, usando radiopatrullas y hasta un helicóptero.

El 2 de marzo de 1966, en una casa de la zona 9 de la ciudad capital, Carlos Barillas Sosa, Francisco Amado Granados y Yolanda Carvajal Mercado, miembros de la dirección del MR13, fueron capturados sin ofrecer resistencia. Interrogados durante 3 días, les ejecutaron el 6 de marzo.

El 3 de marzo de 1966, a la altura de San Bernardino, Suchitepéquez, Leonardo Castillo Flores, quien había sido secretario general de la Confederación Nacional de Campesinos (CNC) y miembro del PGT, así como Leonardo García Benavente, Francisco Macías Mayora y Víctor Manuel Palacios fueron apreesados por elementos de la Policía Militar y la Policía Judicial. “Tanto Castillo Flores como Enrique Chacón, Carlos Barrios y Mauricio García fueron interrogados por militares el 3 de marzo de 1966. El 4 de marzo también fueron interrogados por oficiales de seguridad guatemaltecos, que fueron enviados de la capital con ese propósito…”

Todos los interrogatorios se hicieron bajo tortura y tuvieron como finalidad obtener información sobre los líderes del PGT y los miembros de las FAR. Un declarante sobreviviente, relata lo que vio y oyó: “…Le pusieron la capucha, le dieron toques eléctricos, le interrogaron para que hablara … se empezó a oír que el hombre se quejaba fuertemente, fueron quedando los quejidos, bajaron, bajaron, bajaron, entonces dijo uno quítensela…” Después de terminar los interrogatorios “…fueron ejecutados secretamente”.

En la misma fecha, 3 de marzo, Iris Yon Cerna fue capturada y desaparecida. Existen testimonios en el expediente judicial de que Iris Yon Cerna fue vista presa en la sede de la Policía Judicial el 6 de marzo de 1966. El 5 de marzo de 1966, a eso de las once y media de la mañana, Víctor Manuel Gutiérrez Garbín, secretario general del Comité Central del PGT, fue capturado en la colonia La Reformita, zona 12 de la capital, junto con una colaborada del partido. En el procedimiento participaron miembros de la Policía Judicial y del pelotón modelo. Los elementos de la Policía Judicial se desplazaban en el jeep que le habían sustraído el 3 de marzo a Manuel Palacios. El mismo día, en la 5ª calle A de la zona 2, Fernando Arce Behrens, quien era miembro del PGT y había regresado clandestinamente de México, fue apresado y trasladado al cuartel de la Policía Judicial, por entonces ubicado en la 7ª avenida y 14 calle de la zona 1. En este lugar le torturaron. Un declarante confirma su estado de salud: “…Casi muerto, y hecho un costal de huesos, lo sacaban de noche en un jeep abierto para que volviera en sí, y poder continuar con él, al día siguiente, las torturas”.

“Francisco Amado Granados, Carlos Barillas Sosa y Víctor Manuel Gutiérrez fueron interrogados hasta la noche del 6 de marzo …” Víctor Manuel Gutiérrez murió en la Policía Judicial el mismo día, como a las siete de la mañana, mientras era torturado. No resistió a la tortura de “la capucha” porque era cardiaco. Los restantes, incluido Fernando Arce Behrens, fueron ejecutados “…Cuando ellos conjuntamente con otros terroristas, bajo custodia, fueron llevados a un área remota en el departamento de Izabal”. El resto de los prisioneros fueron ejecutados en el Cuartel General de Matamoros y sus cadáveres arrojados al océano Pacífico. Las órdenes para ejecutar arbitrariamente a las víctimas fueron dadas por el entonces viceministro de la Defensa, coronel Rafael Arriaga Bosque. En tal sentido, los documentos desclasificados afirman “…Fueron ejecutados secretamente por autoridades guatemaltecas … la ejecución no sería anunciada y el Gobierno de Guatemala negaría que estuvieron bajo su custodia”.

El resto de las personas, todas ellas militantes de organizaciones de izquierda, y de las cuales no se obtuvo información en detalle, fueron capturadas en diferentes lugares en el transcurso de varios días. Algunos de ellos fueron trasladados a las instalaciones de la Policía Judicial y otros al Cuartel General de Matamoros.

No obstante la contundencia de los operativos, algunos líderes lograron escapar, entre ellos Luis Turcios Lima, comandante de las FAR, Bernardo Alvarado Monzón, secretario del PGT, Julio César Macías, dirigente de las FAR, y Gabriel Salazar de la JPT.

La CEH no pudo establecer el número exacto de capturados en estas acciones. Sin embargo, identificó a 33 personas que fueron desaparecidas y eventualmente ejecutadas de manera arbitraria y en secreto durante los operativos realizados entre diciembre de 1965 y marzo de 1966. Asimismo, la CEH ha podido identificar a 21 personas capturadas en los mismos operativos y que despues fueron liberadas.

III. LOS HECHOS POSTERIORES

El entonces Gobierno de Guatemala negó, hasta el día de la entrega del poder, tener el menor conocimiento sobre las capturas de las víctimas, mientras la CIA reportó que agentes gubernamentales los habían ejecutado. Julio César Méndez Montenegro, sucesor de Peralta, prometió emprender investigaciones sobre el caso, pero no las realizó.

En diciembre de 1966 se encomendó al jefe de Inteligencia del Ejército que solicitara apoyo a los Estados Unidos para la conformación y el entrenamiento de un comando clandestino que debería efectuar secuestros de izquierdistas, con el fin de exiliarlos.

La desaparición de tantas personas conmocionó a la ciudadanía guatemalteca. El impacto público fue motivado no sólo por la difusión que tuvieron las capturas en los principales diarios del país y por las características de las víctimas, sino por las gestiones judiciales que se llevaron a cabo a raíz de los hechos.

Así, los familiares de las víctimas e instituciones como la Asociación de Estudiantes Universitarios interpusieron más de 500 recursos de exhibición personal, los mismos que fueron declarados improcedentes por no encontrarse los capturados en las cárceles públicas donde se realizaron las indagaciones oficiales. Por si esto fuera poco, el 28 de abril de 1966 la Asamblea Constituyente declaró amnistiados todos los actos represivos realizados por agentes de Estado hasta esa fecha.

Estos acontecimientos provocaron la desaparición de casi todos los líderes políticos de mayor experiencia y trascendencia de la izquierda. En palabras de un declarante: “eran gente que hubiera tratado y luchado por todos los medios de tender puentes con el nuevo Gobierno…”

Con esta operación criminal empezó la denominada “guerra sucia” por parte del Estado. Por su lado, la izquierda, que optó por la lucha armada, radicalizó sus formas de actuación y, según documentos desclasificados, se dice que fueron enviadas personas a Guatemala para reforzar la lucha contra el régimen.

La violencia se incrementó y en 1967, se reportaron numerosos asesinatos, amenazas y hostigamientos a dirigentes políticos, tanto del Gobierno como de la oposición.

IV. CONCLUSIONES

La CEH, después de analizar la información referente a estos hechos, ha llegado a la convicción de que el Estado es el responsable de diseñar una estrategia encaminada a atentar contra el derecho a la libertad, la integridad personal y la vida de dirigentes políticos, miembros del PGT y del MR13, al detener arbitrariamente, desaparecer forzosamente, torturar y presuntamente ejecutar de manera arbitraria a 33 personas.

La CEH estima, además, que el Estado violó el derecho a la libertad de las 21 personas que fueron ilegalmente capturadas durante los operativos y que posteriormente fueron liberados.

La CEH considera, asimismo, que este caso ilustra la intolerancia estatal frente a la oposición política y que este hecho constituye, además, un hito en el enfrentamiento armado interno, al haber sido planificada por las autoridades del Estado la eliminación colectiva de un grupo de políticos de izquierda. La responsabilidad directa de las mas altos mandos del Ejército y de la Policía Nacional en estas operaciones resulta evidente.

De esta manera, se instauró en Guatemala una “guerra sucia” abierta en contra de lo que el Estado definió como insurgencia, creándose un sistema paralelo y clandestino de justicia paraestatal, que debilitó el Estado de Derecho y sus instituciones jurídicas, así como las garantías constitucionales. Este lamentable hecho se constituyó en el primer caso de desaparición forzada colectiva sucedido en latinoámerica.

De igual modo, el caso ilustra la influencia del Gobierno de los Estados Unidos en el diseño y montaje de una política contrasubversiva, al incentivar moralmente y apoyar técnicamente en la elaboración de la “Operación Limpieza”. Además, los documentos desclasificados del Public Safety Program, Departamento de Estado y de la CIA revelan el conocimiento simultáneo sobre la ejecución del operativo, las personas afectadas y las unidades involucradas. De este modo, se evidencia la participación directa del Gobierno estadounidense en relación a las detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones y ejecuciones que se llevaron a cabo en esa época.

De los hechos relatados se aprecia el modus operandi de las desapariciones forzadas en 1965 y 1966, así como el perfeccionamiento del sistema de inteligencia militar, el cual alcanzó un mayor grado de coordinación y de capacidad técnica.

Finalmente, el caso es un ejemplo de la intencionalidad de evitar la investigación de los casos de violaciones a los derechos humanos y, consecuentemente, de fomentar la impunidad, denegándose, de esta manera, el acceso a la justicia tanto a las víctimas como a sus familiares.

LISTADO DE LAS VÍCTIMAS

Desaparición forzada, tortura, privación de libertad

Enrique Chacón

Fernando Arce Behrens

Francisco Macias Mayora

Leonardo Castillo Flores

Leonardo García Benavente

Víctor Manuel Gutiérrez Garbin

Víctor Manuel Palacios Maldonado

Yolanda Carvajal Mercado

Carlos Edmundo Barrillas

Roberto Augusto Valle Peña

Agustín Martínez,

Antonio Poc Alvarado

Balbino Sosa

Carlos Enrique Galindo Sosa

César Augusto Salguero Gómez

David Aguilar Mora

Privación de libertad

Alberto de León Ramírez

Anastacio Calel Vicente

Arturo González Luisse

Efrain Cancinos

José Braulio Romero Fuentes

José María Ortiz Videz

Dionicio Alvarez

Emilio Márquez Coroy

Emilio Vásquez

Enma Judith Amezquita

Eunice Campiran de Aguilar Mora

Humberto Pineda Aldana

José León Meda

José de Jesús Alonzo Solís

Juan de Dios Castillo

Juan Estrada Alvarado

Julian Meza

Marco Tulio Molina Licona

Ricardo Berganza Bocaletti

Tránsito Monterroso Pérez

Iris Yon Cerna

Melvin Galeano Polanco

Francisco Amado Granados

Juan Ramírez Juárez

Marco Tulio Romero Jacobo

Mario Augusto Méndez Aguilar

Percy Amilcar Jacobs Fernández

Roberto Romero Jacobo

Santiago Pérez Ixcot

Privación de libertad y posterior ejecución arbitraria

Antonio Morales Zavaleta

José Vicente Guzmán Franco