Ejecución arbitraria de Guillermo Monzón, comisionado militar

Caso ilustrativo No. 97

Ejecución arbitraria de Guillermo Monzón, comisionado militar, por el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP)

I. ANTECEDENTES

La figura del comisionado militar fue creada en 1938, con el propósito básico de hacer efectivo el reclutamiento de los jóvenes para que realizaran el servicio militar. En 1954, se replanteó su organización, instrucción y adiestramiento, quedando bajo la dependencia orgánica y funcional del Estado Mayor del Ejército, a través de la cadena de mando castrense. En 1963 se desarrolló un sistema institucionalizado de contrainsurgencia del cual los comisionados militares formaron parte y, dos años después, se les permitió, por ley, utilizar uniforme militar. De acuerdo con el reglamento que regula esta figura, los comisionados militares eran considerados como “miembros del Ejército cuando se encuentren en cumplimiento de una misión”.

Los comisionados eran elegidos entre los reservistas del Ejército, pero existía la posibilidad legal de designar para que ocuparan ese cargo a al guien que no hubiera prestado servicio militar: “…serán seleccionados entre los de mayor capacidad intelectual y física, debidamente comprobadas”. Así, fueron escogidos hombres, en su mayoría campesinos, por la posición que ocupaban dentro de la comunidad, por su capacidad económica, por su capacidad de liderazgo o su afinidad ideológica con el régimen, o por simple decisión del responsable militar del área.

Estas personas sirvieron a la estrategia contrainsurgente del Ejército, so bre todo en el trabajo de Inteligencia en el interior de las comunidades rurales, a fin de mantener un estricto control de la población. Así, los comisionados militares debían reportar al Ejército los movimientos de personas, los comentarios políticos y no políticos que circulaban por la zona, las visitas y reuniones, la llegada de extraños, es decir, todo lo relacionado con los pobladores y vinculación, de cualquier índole que fuera, con la guerrilla.

La guerrilla, por su parte, en el desarrollo de la fase de propaganda armada definida en 1974, declaró a los comisionados “objetivos militares” y a partir de 1975 puso en práctica una represión selectiva contra ellos, que se prolongó hasta 1996. En Ixcán fueron ejecutados durante este período, según los datos de la CEH, al menos 20 comisionados militares, auxiliares e informantes.

Las víctimas, que en algunas oportunidades habían sido advertidas por la guerrilla de que no debían seguir colaborando con el Ejército bajo amenaza de represalias, eran sacadas de sus casas, utilizando el factor sorpresa, para minimizar su resistencia. Una vez amarrada, a pocos metros del lugar donde vivía, la víctima era ejecutada. En otras ocasiones, recurrieron a la emboscada. Después de cometidas las acciones, informaban a la población que aquel “enemigo del pueblo” había sido “ajusticiado”, lo que hacían directamente o mediante volantes y pancartas.

Guillermo Monzón, comisionado militar, originario de Huehuetenango, ladino, parcelario en la cooperativa de Xalbal, municipio de Ixcán, Quiché, mantenía fuertes diferencias con otros parcelarios indígenas de la misma cooperativa por la propiedad y uso de la tierra. En 1975, trabajaba como tractorista del Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA), ente gubernamental que poco antes había llegado a la región.

II. LOS HECHOS

El 28 de mayo de 1975, en centro La Cuchilla, cooperativa Xalbal, municipio de Ixcán, el comisionado militar Guillermo Monzón es sorprendido por miembros de la guerrilla. Lo capturan, ejecutan y sepultan en el mismo lugar donde fue ejecutado. Cuatro días después, su cadáver fue encontrado por los pobladores. La familia de la víctima abandonó el lugar y no volvió más.

Guillermo Monzón residía en la cooperativa Xalbal, y fue señalado de forma reiterada por los habitantes del lugar como informante del Ejército. “Había hecho una lista de gente que consideraba que estaba cerca de la guerrilla” y la insurgencia decidió ejecutarlo.

A través de este hecho el EGP emerge a la luz pública, siendo ésta su primera acción en el enfrentamiento armado interno.

III. DESPUÉS DE LOS HECHOS

El 10 de junio de 1975, paracaidistas del Ejército descendieron sobre Xalbal junto a otras tropas que penetraron en la cooperativa por tierra, apresaron a varias personas y establecieron un destacamento militar en las instalaciones que el Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA) tenía en Buenos Aires. Así lo recuerda un testigo presencial: “…Cuando cayeron los soldados ‘como paraguas’ era un día domingo, estaba la población en el mercado. Entró el Ejército para llevarse algunos socios de la cooperativa de Xalbal y se los llevó en helicóptero. Nunca más volvieron a aparecer”.

La ejecución de Guillermo Monzón desató la represión por parte del Ejército en la región. Unos 35 cooperativistas fueron hechos prisioneros durante 1975 por miembros del Ejército, algunos de ellos desaparecieron, mientras que otros fueron torturados y puestos en libertad al cabo del tiempo. “Pude observar a varios de los capturados … fuertemente castigados. Les metían un pañuelo en la boca para ahogarles, les tumbaban en el suelo y la patrulla pasaba saltando encima … Uno de los soldados dijo que había un hoyo y dentro estaba la gente con el agua hasta el cuello”.

IV. CONCLUSIONES

Atendiendo a los hechos anteriormente descritos, la CEH ha llegado a la convicción plena de que miembros del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) planificaron, ordenaron y ejecutaron arbitrariamente a Guillermo Monzón, constituyendo dicho acto un grave atentado al derecho a la vida y una infracción a las normas básicas del Derecho Internacional Humanitario.

Ni las acusaciones formuladas contra la víctima por la guerrilla, ni cualquier otra consideración de carácter militar o político, pueden ser alegadas como justificación jurídica o ética de este crimen.

La CEH considera que el presente caso es ilustrativo de la estrategia de represión ilegítima selectiva que el EGP desarrolló contra los comisionados militares, siendo significativo, además, por tratarse del primer comisionado militar ejecutado en el Ixcán y por ser la primera acción del EGP como organización político militar.

Finalmente, la circunstancia que fuese la población civil, quien sufrió la represalia del Estado frente a este hecho cometido por la guerrilla, ilustra la perversa espiral de violencia que generaban acciones contrarias a las normas que rigen los conflictos armados.