Los abajo firmantes motivados por preservar la paz en Guatemala basada en la justicia y el respeto por los Derechos Humanos, deseamos responder al campo pagado del 16 de abril, suscrito por exfuncionarios del gobierno en el período de enero de 1996 a enero del 2000, y titulado “Traicionar la paz y dividir a Guatemala”, que coincidió en el mismo día de la publicación del comunicado de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que expresa lo contrario.
En principio el título de su campo pagado pretende forzar la idea de que exigir justicia, que es un Derecho Constitucional y un Derecho Humano Internacional, significa “traicionar la paz y dividir Guatemala”, ¿De qué mente puede derivarse esta tergiversación?, demandar justicia es parte del orden jurídico constitucional y base fundamental de toda democracia.
Los Acuerdos de Paz de Guatemala sí tenían como fin supremo lograr la reconciliación, pero no como se manifiesta en el campo pagado “entre el ejército y la guerrilla”, sino entre TODOS los sectores del pueblo de Guatemala.
Cabe recordar que el ejército defendía ciertos intereses y el movimiento revolucionario otros, de diferentes sectores sociales y que, ninguno existió en abstracto, pues ambos representaban intereses distintos.
La reconciliación es el objetivo primordial de todo proceso de transición, pero esta no consiste en la acción irresponsable de pretender olvidar el pasado, por el contrario, consiste en asumirlo plenamente con sus consecuencias como una necesidad para poder construir un futuro distinto.
La Paz en Guatemala se logró porque todos los sectores se agotaron y reconocieron que la guerra no era la solución para nadie. Pero el problema es que la Paz no trajo consigo las transformaciones necesarias del país y, como dicen los autores del campo pagado, “las condiciones estructurales que los Acuerdos de Paz pretendían transformar, aún persisten”. Lo que presentan como el principal logro de dichos Acuerdos es que “lo que está fuera de toda duda y constituye el principal objetivo alcanzado, es que a lo largo de los dieciséis años transcurridos desde su suscripción, la violencia política desapareció”, afirmación que reconocemos como válida, pero que queda corta, pues la violencia política desapareció, pero la violencia del crimen organizado se desarrolló en forma exorbitante como consecuencia de que en la transición no se fortalecieron las instituciones del Estado y, en particular la Seguridad Civil y el Sistema de Justicia. Hoy tenemos más muertes violentas por día, que durante el conflicto armado, aun cuando sean de diferente naturaleza.
El campo pagado dice “tanto las expresiones políticas de la insurgencia como cualesquiera otras se han desenvuelto en un clima de libertades y de seguridad”. Ciertamente, hay más libertades que durante el conflicto, pero la segunda afirmación es falsa pues ni por asomo podemos hablar de más seguridad, con lo que una tiende a neutralizara la otra. Hoy, protestar contra una concesión de una licencia de minería implica ser reprimido, detenido, encarcelado y etiquetado como terrorista. Incluso la presencia y cooperación internacional es condenada públicamente como financistas del terrorismo y el sistema de Naciones Unidas es tratado como un órgano de intervención extranjera.
Entonces, ¿de qué Paz y reconciliación hablan estas personas? Después hacen una afirmación confusa: “a pesar de ser la reconciliación el objetivo supremo, los Acuerdos de Paz propusieron un proyecto de ley de reconciliación nacional” no sabemos si ellos se han percatado de que esta ley tenía el propósito de establecer una amnistía para los actos de violencia entre las partes del conflicto, pero dejaba incólume el principio de que era inaceptable cualquier acto de violencia contra la población civil y en particular el Artículo 5 de dicha Ley, establece que son inaceptables bajo cualquier circunstancia e imprescriptibles los delitos de Lesa Humanidad: la práctica sistemática de la tortura (incluyendo la violación sexual) la desaparición forzada, las ejecuciones sumarias y el genocidio.
Lo más cuestionable es cuando llegan a afirmar “la acusación de genocidio en contra de oficiales del ejército de Guatemala constituye una acusación no solo contra esos oficiales o contra el ejército, sino contra el Estado de Guatemala en su conjunto que, de consumarse, implica serios peligros para nuestro país, incluyendo una agudización de la polarización social y política que revertirá la paz hasta ahora alcanzada.” En primer lugar debemos preguntarnos de nuevo de qué Paz hablamos si esta se puede revertir con una legítima demanda de justicia por parte de las víctimas de violaciones a sus Derechos Humanos, Esto parece más un chantaje, pues implica que se debe forzar el silencio y la impunidad sobre las víctimas para que “supuestamente” no se pueda “revertir la paz y llegar a una agudización de la polarización social y política”. Además, debemos entender como una muestra de verdadera paz, la paciencia que tuvieron las víctimas por tanto tiempo esperando que se hiciera justicia.
Debemos todos entender que la verdadera paz solo es posible si está fundamentada en la Verdad, la Justicia y la Reparación, y esto es lo que nos lleva a la reconciliación; de lo contrario se convierte en una farsa, al servicio de quienes quieren mantener la negación y la impunidad del pasado, lo cual se trasladará inevitablemente al presente. Ningún país del mundo ha podido lograr una transición efectiva del conflicto a la paz sin el pleno reconocimiento de los hechos y la garantía de justicia aun cuando a veces fuera en forma simbólica, a través de casos relevantes.
El otro argumento es que genocidio es imputable al Estado, lo cual no es del todo cierto. En principio constituye el delito de quienes planificaron y decidieron la violencia con la “intención” de destruir a un grupo humano (aun y cuando al final no lo lograron). Esto quiere decir que la responsabilidad penal es de personas, no de instituciones, pero si además estos individuos eran autoridades superiores del Estado, quiere decir que tuvieron todo el aparato de Estado a su servicio para llevar a cabo estos planes macabros. Reconocer esto es reconocer la Verdad histórica, y no entendemos por qué pueda esto ser visto corno un conflicto crítico para el Estado de hoy, por el contrario solo un Estado que reconoce sus errores históricos será capaz de enmendarlos y cambiar su rumbo en el futuro.
Alemania tuvo que reconocer el holocausto contra el pueblo judío, los gitanos y los niños discapacitados, como un paso necesario para cambiar de rumbo histórico y poder reconstruir su nación. De igual forma se tuvo que reconocer genocidios en Bosnia y Ruanda, sin este reconocimiento no hubieran podido salir de la crisis. ¿Por qué Guatemala no puede hacer lo mismo?
La acusación de genocidio no es una fabricación jurídica como se afirma, sino que es la interpretación jurídica de los hechos reales o es que los autores del campo pagado pretenden ignorar o desafiar los testimonios de las víctimas presentados en el juicio. Esta es una visión muy cómoda, urbana y conveniente.
Por supuesto que hay sectores del ejército que estarán ofendidos por las deliberaciones de este proceso, pero también hay sectores honorables dispuestos a reconocer los hechos y a tomar un rumbo distinto basado en valores nuevos.
La propuesta de que otros no se ofendan o se polarice el debate en el país y se pueda volver a la confrontación, es más una amenaza que un argumento. Pedir justicia dentro de la institucionalidad del Estado NUNCA puede ser interpretado como un acto de desestabilización.
¿De qué Paz hablamos, de la paz de los cementerios o de la DEMOCRACIA?
Solo la verdad nos hará libres. (Jn. 8,32)
Frank La Rue, Rigoberta Menchú, Rosalina Tuyuc, Edelberto Torres, Otilia Lux de Cotí, Oscar Azmitia, Yuri Giovanni Melini, Anabella Giracca, Carlos Sarti, Carolina Escobar Sarti, Fernando Valdez, Mons. Álvaro Ramazini, Obispo de Huehuetenango, Mons. Julio Cabrera, Obispo de Jalapa.
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