La sentencia condenatoria por el delito de genocidio y por delitos contra los deberes de humanidad en contra uno de los dos acusados, dictada por el tribunal a cargo, después de más de 12 años de haberse abierto el caso, constituye un hecho histórico de trascendental importancia política, social y jurídica para Guatemala.
Con el desarrollo de este juicio, el país ha presenciado declaraciones de testigos, víctimas y de expertos que fueron la base que permitió evidenciar la inobservancia del derecho internacional humanitario y la intención de destruir a un grupo étnico que, a partir de ser considerado enemigo interno, fue víctima de genocidio, aplicación de la política de tierra arrasada, masacres, asesinatos y ejecución de líderes y dirigentes comunitarios y de ancianos, mujeres y niños; formas cruentas de violencia; violación sexual de mujeres de forma individual y masiva, así como desaparición, esclavitud y envío de niñas y niños a las “aldeas modelo”.
Por estas razones, URNG valora altamente las implicaciones de la sentencia emitida por el Tribunal de Alto Impacto, ya que ordena abrir investigaciones contra otros implicados; la ampliación del resarcimiento a las víctimas de genocidio, la declaración de perdón por parte del Estado a las víctimas y su plena garantía de no repetición de estos hechos. En general esta sentencia representa un quiebre en el modelo jurídico-represivo que siempre se ha ensañado en contra del pueblo, de sus dirigentes y de sus reivindicaciones.
URNG deplora la estrategia de la defensa de los acusados, empeñada en obstaculizar sistemáticamente la aplicación de la justicia, así como la implementación, por parte de los enemigos de la paz, de un estado de guerra psicológica, que pretende amedrentar a los jueces y testigos, acusar con falsedades a defensores de los derechos humanos y coartar la participación política de las y los ciudadanos, mientras se mantiene y profundiza el deterioro de las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales de la población como consecuencia de un gobierno utilizado por empresarios y militares únicamente para beneficios propios y de las empresas transnacionales.
De esta manera, URNG, como parte signataria de los Acuerdos de Paz, y consecuente con sus principios, a la opinión pública nacional e internacional manifiesta:
1º. Nuestra satisfacción por la condena por genocidio y delitos contra los deberes de humanidad, calificándola como un hecho histórico que abre las condiciones jurídicas y políticas para finalizar con la impunidad como instrumento y mecanismo de criminalización, abusos, captura y represión política y social.
2º. Nuestra solidaridad y compromiso con las víctimas de genocidio pertenecientes a las comunidades del pueblo Maya Ixil y con las víctimas de otros pueblos indígenas que también esperan justicia.
3º. Nuestro apego total en nuestra actuación a las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, a lo establecido en la Ley de Reconciliación Nacional y en la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio y, particularmente, a la urgente necesidad de que los diferentes actores políticos, económicos y sociales acordemos una vez más la urgente implementación de todos los compromisos contenidos en los Acuerdos de Paz.
4º. Nuestro total rechazo a las declaraciones de actores que irrespetan fallos judiciales y pretenden poner en duda la legalidad, legitimidad e implicaciones del proceso.
5º. Nuestro llamado al pueblo, organizaciones sociales y militantes a valorar el contenido y significado de la sentencia para la paz y reconciliación; a no dejarse provocar y a denunciar cualquier hecho que vaya en contra de la dignidad, el respeto y la paz ante las autoridades respectivas.
Comité Ejecutivo Nacional
Guatemala, 14 de mayo de 2013
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