La Constitución Política de la República, en su Capítulo I, “Derechos Individuales”, Artículos del 3 al 46, garantiza el derecho a la vida, a la libertad e igualdad, libertad de acción, garantía de que no haya detenciones ilegales, derechos de los detenidos, el derecho de defensa, la presunción de inocencia, la inviolabilidad de la vivienda y la libertad de locomoción, entre otros. El Artículo 44 establece claramente que “El interés social prevalece sobre el interés particular” y que “serán nulas ipso jure las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza”.
Contrario a lo anterior, el actual Gobierno de Guatemala, antepone la defensa de los intereses particulares de las empresas transnacionales por encima de los intereses individuales y colectivos de la población de nuestro país, que día a día ve mancillados y violados sus derechos y libertades garantizadas por la Constitución Política de la República. Recientemente, el Ministro de Gobernación llegó al punto de declarar públicamente que con el objeto de cumplir con las garantías que el Presidente de la República había ofrecido al empresariado transnacional, el Consejo Nacional de Seguridad había acordado que el cumplimiento de esos compromisos y la imposición de las garantías ofrecidas debían verse como una prioridad de la seguridad del Estado.
La población de los municipios de San Rafael Las Flores y Jalapa, es hoy víctima de la escalada represiva, después del secuestro de cuatro dirigentes comunitarios, sufriendo además la pérdida de vidas humanas y numerosas personas víctimas de heridas de armas de fuego, así como la constante zozobra que no permite el ejercicio del derecho a la educación, a la salud, al trabajo y a la libre locomoción, a lo cual se agrega, desde la noche del miércoles 1 de mayo, la imposición del Estado de Sitio, extensivo a los municipios vecinos de Mataquescuintla y Casillas.
Por un lado, se continúa criminalizando la lucha social del Pueblo Xinca, pretendiendo invertir la presunción de inocencia de los dirigentes comunitarios, y por el otro, se cae en actitudes serviles y cómplices de la violencia que ejerce la seguridad privada de la empresa extractiva, contra los pobladores, continuándose con la entrega de los recursos naturales de nuestro país a las empresas transnacionales, a cambio de la firma de ridículos “Convenios de pago voluntario de regalías”, a espaldas de la población.
URNG rechaza el Estado de Sitio decretado por el Gobierno en los cuatro municipios mencionados y condena la represión y persecución contra la población guatemalteca, el movimiento social y los pueblos indígenas, que solo evidencian el carácter racista y excluyente y la incapacidad centenaria del Estado de dialogar y respetar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas de Guatemala y en particular de los pueblos indígenas, desconociendo de manera arbitraria la verdadera legitimidad de la voluntad soberana del pueblo, expresada en todas las consultas populares de buena fe realizadas a lo largo y lo ancho del país, con lo cual se acelera la creación de condiciones para la agudización de la conflictividad social.
El partido político URNG exige al Gobierno del Presidente Otto Pérez Molina el respeto de los derechos humanos, garantías y libertades constitucionales de la población guatemalteca, y la realización de un diálogo franco, serio y responsable a partir del respeto de los derechos de los pueblos indígenas y del debate sobre otras alternativas de desarrollo social sustentable, basadas en el respeto a la vida, a la Madre Tierra y al conjunto de riquezas naturales que constituyen uno de los bienes más preciados de nuestro país y de las futuras generaciones de guatemaltecos y guatemaltecas.
Comité Ejecutivo Nacional
Guatemala, 2 de mayo de 2013
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