Que desde el día
11 Septiembre del año 2011 se perfilaba que el sistema democrático de este país
en el cual el poder radica en el “Pueblo”, fuera socavado por grupos de
interés; concretándose el 6 de noviembre del año 2011, donde ha iniciado un
proceso de democracia militar como una figura nueva dentro del lenguaje
político, que se caracteriza principalmente por el uso de la fuerza bruta y represiva
para atender las demandas sociales.
Durante el proceso electoral
era evidente que la Mano Dura iba a ser aplicada para favorecer al capital
transnacional, especialmente para favorecer las minas a cielo
abierto, la explotación del petróleo que nos conducen a la muerte de la madre
naturaleza y hacia nuestra propia extinción humana; se hace evidente que la
moral no le permite al señor Presidente de la República de Guatemala General
Otto Pérez Molina, “de alguna manera” seguir aplicando las formas de represión
del pasado reciente y las disfraza por medio de la expulsión y el despojo de
los pueblos indígenas de los territorios de los cuales son propietarios
históricos para entregarlos con el apoyo de las fuerzas armadas – especialmente
el ejército – a empresas transnacionales. Ayer fueron los soldados al mando de
Pedro de Alvarado, hoy son los soldados del ejército al servicio de los
capitales nacionales e internacionales. La voracidad por el oro no cesa.
Queremos recordarle al
Pueblo de Guatemala que en el planteamiento de gobierno ofrecido en la campaña
de Otto Pérez Molina, en ningún momento apareció el reconocimiento a la
diversidad cultural y el desarrollo concertado con todos los sectores del país
y nunca aparecieron los pueblos indígenas como sujetos de derecho dentro de su
propuesta. Lo cual se materializa en este momento al perseguir criminalmente a
las autoridades indígenas, a quienes ni por asomo entiende.
Con esos antecedentes, en tan solo 15 meses de gobierno es asombroso como el poder militar a
secuestrado nuevamente al Estado de Guatemala debilitando y desacreditando al
poder civil y a las fuerzas sociales del país criminalizando el movimiento social, a los pueblos indígenas y
sus autoridades legítimas, privilegiando los derechos empresariales ante lo
derechos sociales y los derechos colectivos de los pueblos indígenas y pobres.
Esta política represiva y de
continuidad genocida pone en evidencia con la represión en contra de la
población de San Juan Sacatepéquez en donde inicia la re instalación de
destacamentos militares, el mal recordado respaldo a la Hidroeléctrica Santa
Cruz en el que fue asesinado el hermano Andrés Miguel Francisco en Santa Cruz
Barillas, después de eso los deleznables acontecimientos de San José del Golfo,
lo ocurrido en la Puya, la masacre del 4 de octubre en Alaska, el secuestro y
asesinato del hermano Exaltación Gómez Ucelo miembro del Parlamento Xinca, el
sorprendente cumplimiento de órdenes de captura en contra de Rubén Herrera, el
secuestro y posterior asesinato – por no llamarla ejecución extrajudicial – de
Daniel Pedro Mateo hermano maya Q’anjobal, la provocación a la violencia para
el pueblo de San Rafael las Flores y Santa María Xalapan autorizando licencias
de explotación minera en estos territorios a pesar de la oposición expresa y
manifiesta de dichos pueblos; la poca calidad ética del Señor Presidente de la
República al señalar que en el caso de Totonicapán los elementos del ejército
no portaban armas y que posteriormente anunció que estos mismos temiendo por su
vida dispararon armas de guerra en contra de población civil, argumentos que se
repiten en el caso de San Rafael las Flores, donde ahora indica que la seguridad de la mina disparó balas de goma en contra de la población civil, hechos
que demuestran incapacidad y mentiras.
No nos sorprende que el mapa
de conflictividad del gobierno coincida con los territorios indígenas en donde
se encuentra la mayor concentración de la riqueza natural del país, tampoco
sorprende que coincida con el mapa de la pobreza y de los lugares en donde el
genocidio practicado durante el conflicto armado no concluyó y que sea
precisamente en estos lugares en donde para poner en práctica la política de
mano dura pretendan instalar destacamentos militares y establecer estados de sitio
como lo hacen ahora en Santa Rosa y Jalapa y se señale de criminales -
terroristas a la dirigencia social e indígena, retornando a los hallazgos de la
comisión de esclarecimiento histórico en donde se establece la utilización del
sistema jurídico para reprimir y acallar a la población.
Ante esta situación EXIGIMOS:
- Que la capacidad del presidente de la república se ponga al servicio del pueblo de Guatemala y no solamente al servicio de quienes puedan hacerle favores, petición que hacemos en el mismo sentido a todas y todos los funcionarios del gobierno para evitar declaraciones absurdas. les pedimos que pongan todo su esfuerzo en la construcción de una sociedad incluyente.
- Pedimos al Ministerio Público que como garante de la persecución penal oficial, no se preste al juego de la criminalización de quienes ejercen su derecho a la manifestación y defensa de los derechos individuales y colectivos.
- A la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala –CICIG- solicitamos cumplir con su mandato establecido entre el gobierno de Guatemala y las Naciones Unidas para contribuir en la investigación de la existencia del crimen organizado y fuerzas de seguridad paralelas y que no se comabatan a través de estados de sitio.
- Al Organismo Judicial exigimos que cumpla con su papel de imparcialidad, ser el catalizador del respeto a los derechos humanos y de fortalecer el estado constitucional de derecho para el pueblo de guatemala.
- Al Organismo Legislativo le exigimos analizar el acuerdo gubernativo 6-2013 para no legalizar la injusticia, la represión, la re-militarización y la condena a la pobreza de nuestro pais. así mismo le exigimos no ratificar el estado de sitio decretado en consejo de ministros.
- Al sector privado le decimos que el desarrollo del pais debe incluir a todos los sectores de la población, pues los bienes naturales y materiales fueron hechos y destinados para todas y todos y no para unos cuantos.
- A las instituciones religiosas les exigimos que en estos momentos de dolor para el pueblo de guatemala cumplan con el mandato cristiano de estar al lado del pueblo y denunciar las injusticias y atropellos que estamos viviendo.
- A la Universidad de San Carlos y demás universidades del país les pedimos acompañar al pueblo y cumplir con su papel de hablar con la verdad para la construcción de una sociedad justa.
- A los medios de comunicación les pedimos ser objetivos, imparciales y no incitar a la confrontación sino por el contrario contribuir en el fortalecimiento de la democracia.
- Al Sistema de Naciones Unidas y sus organismos especializados, específicamente al consejo de derechos humanos presentamos nuestra denuncia formal y publica, para que en el cumplimiento de su mandato constitucional verifiquen de manera urgente en nuestro país el cumplimiento de la declaración universal de derechos humanos, la proclamación de teherán, los pactos internacionales de derechos individuales, derechos económicos, sociales y culturales, sus protocolos facultativos y la declaracion de las naciones unidas sobre derechos de los pueblos indígenas.
- Pedimos al Sistema de Naciones Unidas el nombramiento de un relator para estados de sitio.
- Al sistema interamericano y especificamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitamos de manera urgente la adopción de medidas cautelares para que este ejercicio abusivo del poder del estado de guatemala se subordine no solamente a nuestro derecho interno sino tambien a los compromisos contraídos en la convención americana de derechos humanos.
- A la Organización Internacional del Trabajo –OIT- solicitamos su inmediata intervención a fin de que el gobierno del estado de Guatemala ajuste sus practicas administrativas, a las normas del convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes.
- Al pueblo de Guatemala le pedimos que ejerza su derecho a la resistencia civil, exigiendole no caer en la trampa de la reacción violenta que el gobierno esta utilizando para justificar la re militarización del pais.
Siguiendo
el ejemplo de nuestros abuelos y abuelas, lucharemos por la vida hasta vencer a
las fuerzas de Xib’alb’a.
Iximulew, 2 de mayo de 2013.
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