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jueves, 15 de noviembre de 2012

Ejecución arbitraria de seis miembros del Ejército Guerrillero de los Pobres por su propia organización



Caso ilustrativo No. 20
Ejecución arbitraria de seis miembros del Ejército Guerrillero de los Pobres por su propia organización


“Soy … de la Dirección Nacional y vengo a notificarte lo siguiente: sobre el caso de ‘Beatriz’ a ella se le juzgó y se le encontró culpable de entregar recursos de la organización y se le fusiló por órdenes de la Comisión Ejecutiva del EGP”.

I. ANTECEDENTES
En 1981 el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) vivió su momento de mayor expansión a lo largo del enfrentamiento armado interno, hasta el punto de que sus dirigentes comenzaron a concebir la idea de crear, en el futuro, una “zona liberada”.
Sin embargo, al repliegue aparente del Ejército en las zonas donde el EGP tenía más presencia, sucedió un trabajo de Inteligencia que a fines de ese año condujo al descabezamiento militar del frente urbano del EGP y, más tarde, a una ofensiva que obligó a la insurgencia a retroceder desde Chimaltenango hacia el departamento de Quiché.
El intento de reorganización del EGP en la ciudad capital se concretó en acciones violentas, que incluyeron colocación de explosivos, secuestros con extorsión y asaltos a locales de comercio.
Como reconoció un ex dirigente guerrillero que prestó testimonio ante la CEH, “En realidad se estaba en medio de una derrota”. En este clima, que generó una crisis interna, miembros de la Dirección Nacional salieron hacia Nicaragua en 1982, donde dedicaron varios meses a debatir la situación.
Ese año, mientras continuaba el repliegue del EGP hacia el norte de Quiché, gran cantidad de sus militantes fueron capturados por las Fuerzas de Seguridad, especialmente en la ciudad capital. Por estas razones, la dirección del grupo envió a un número importante de sus militantes desde la ciudad capital a México y, sobre todo, a Nicaragua.
Entre los militantes que cayeron prisioneros en 1982 se cuenta Guisela Irasema López, quien ya había sido detenida en 1979, siendo miembro del Frente Estudiantil Robin García, (FERG), una organización de estudiantes de secundaria y universitarios de izquierda. En seguida que fue liberada, Guisela Irasema se incorporó a las actividades clandestinas del EGP en la estructura militar urbana, en concreto en el seno del Frente Otto René Castillo, donde era conocida con el seudónimo de “Beatriz”. En febrero de 1982 fue capturada de nuevo, esta vez junto con otra militante, conocida como “Paula”, por hombres armados, vestidos de civil, en la calzada Aguilar Batres, zona 12, ciudad de Guatemala. Estuvo detenida por espacio de tres meses en las instalaciones de la Antigua Escuela Politécnica y en ese lugar coincidió con muchas personas que se encontraban desaparecidas, algunas de las cuales se eran dadas por muertas.
En esa cárcel clandestina la prisionera se encontró con Aída Marilú Castillo Estrada, otra militante del EGP, conocida como “Carolina”, y que había sido capturada el 28 de marzo de 1982 en la frontera de Guatemala con México.
El proceder de los captores con las detenidas combinaba malos tratos y actitudes destinadas a ganar su confianza. En este contexto, a Guisela Irasema y Marilú Castillo las trasladaban con frecuencia a una casa ubicada en la colonia Vista Hermosa de la ciudad de Guatemala, donde los captores llegaron a mantener relaciones sexuales con ellas. El 23 de mayo de 1982, hallándose ambas en aquella casa, aprovecharon un descuido de los hombres, y escaparon.
Mientras esto ocurría, las madres de Guisela Irasema López y de Marilú Castillo Estrada no se resignaban a aceptar la desaparición de sus hijas y comenzaron a hacer indagaciones. En particular, la madre de Marilú, quien durante 16 años estuvo convencida, de que su hija se encontraba en poder de las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Entre abril y mayo de 1982 la señora de Castillo se entrevistó con el jefe de la Policía Nacional, con el ministro de Gobernación, con la esposa de éste y con la esposa del general Ríos Montt.
A pesar de las amenazas de muerte recibidas, a mediados de 1982 envió sendos memoriales al presidente de la República y al nuevo ministro de Gobernación, y se entrevistó también con el viceministro de la Defensa Nacional. No realizó nuevas gestiones, ya que “estaba con mucho miedo por la seguridad de mi familia y por la mía”.
Años más tarde, la señora de Castillo se entrevistó en el Congreso con miembros de la Democracia Cristiana, escribió una carta al presidente de la República, Vinicio Cerezo y se entrevistó con él. Durante 16 años María Luz Estrada de Castillo siguió con sus esfuerzos, en la ilusión de poder averiguar el paradero de su hija, “secuestrada el 28 de marzo de 1982 por elementos de seguridad del Ejército de Guatemala”.
Otro de los prisioneros era Eugenio Contreras, ex presidente de la Asociación de Estudiantes de Psicología de la Universidad de San Carlos y miembro del EGP, quien militaba con el seudónimo de “Mariano”. Contreras fue detenido por las Fuerzas de Seguridad en mayo de 1982, en ciudad de Guatemala. Permaneció en calidad de detenido en la Antigua Escuela Politécnica hasta noviembre de ese año cuando, según él mismo relata, logró fugarse.


II. LOS HECHOS
La ejecución de Guisela Irasema y Marilú Castillo

Lo que aún no sabían las madres de las dos mujeres detenidas, es que en mayo de 1982, luego de escapar de la casa ubicada en Vista Hermosa, Guisela Irasema y Marilú Castillo habían recobrado los vínculos con el EGP. Sobre todo lo que vio y escuchó durante su cautiverio en la Escuela Politécnica Guisela escribió un relato de 90 páginas que fue entregado a la Dirección Nacional de este grupo insurgente, a la que incorporó la nómina de personas detenidas, distinguiendo entre quienes colaboraban con las Fuerzas de Seguridad y quienes se resistían a hacerlo.
A finales del mes de junio ambas fueron trasladadas a Nicaragua e instaladas en una casa de la localidad de Casares, departamento de Carazo, a orillas del océano Pacífico. El propósito real de este traslado era investigar si la versión que presentaban sobre los hechos era verdadera o si, en cambio, habían sido “ganadas” por el Ejército y liberadas con la finalidad de que se infiltraran en el EGP. En esa casa, Guisela Irasema fue vista por varios compañeros suyos que también habían sido trasladados desde Guatemala.
Por orden de los miembros de la Dirección Nacional del EGP que se encontraban en Nicaragua, ambas mujeres fueron interrogadas varias veces sobre su relato.
Concluidos estos interrogatorios, la conclusión mayoritaria de los dirigentes fue que su versión no era verosímil, “que era falsa, que obviamente habían negociado su salida y por lo tanto era únicamente con el objetivo de infiltrarse … y lo que correspondía era el fusilamiento, así se le llamaba a eso”.
De este modo, miembros de la Dirección Nacional del EGP que se encontraban en Nicaragua decidieron la ejecución de estas dos militantes.
Para proceder a la ejecución, ambas víctimas fueron sacadas de su casa en Casares por otra militante del EGP, quien les indicó que preparasen sus maletas, pues serían trasladadas a Cuba. En una gasolinera ubicada en la nueva carretera a León, las dos mujeres fueron introducidas en un vehículo conducido por un militante de sexo masculino.
Ambas fueron ejecutadas, con absoluto secreto, en el interior de instalaciones que habría proporcionado el Gobierno de Nicaragua.
A diferencia de la madre de Marilú Castillo, quien, ignorante de la verdad, continuó buscando a su hija, la de Guisela Irasema conoció los hechos en julio de 1984, cuando fue citada a una reunión en Orizaba, México, y notificada de la ejecución de su hija por un miembro de la Dirección Nacional del EGP, quien le indicó: “Soy … de la Dirección Nacional y vengo a notificarte lo siguiente: sobre el caso de ‘Beatriz’, a ella se le juzgó y se le encontró culpable de entregar recursos de la organización y se le fusiló por órdenes de la Comisión Ejecutiva del EGP”.

La ejecución de Eugenio Contreras
Una vez en libertad, Eugenio Contreras grabó varias cintas con el testimonio de su cautiverio, que fue remitido a los miembros de la Dirección Nacional del EGP que se encontraban en Nicaragua.
Sin embargo, igual que en el caso de Guisela Irasema y Marilú Castillo, los dirigentes no creyeron la versión de la fuga y sostuvieron que Contreras había negociado su libertad y traicionado a la organización, por lo cual se decidió su ejecución. Esta se llevó a efecto en el camino a Aguacatán, departamento de Huehuetenango.
La ejecución de Carlos Ranfierí Morales López,Ligia de Contreras y otra persona no identificada
Carlos Ranferí Morales López, primo hermano de Guisela Irasema y perito contador, también había sido miembro del Frente Revolucionario Robín García y después lo fue del EGP, en el Frente Guerrillero Augusto César Sandino, donde militaba con el seudónimo de “Otto René”.
El 26 de agosto de 1982, Carlos Ranferí salió de Guatemala hacia Nicaragua por órdenes de los dirigentes del EGP, con la finalidad de recibir instrucción política. Al día siguiente, se comunicó con su madre, Marta López, y le confió haber tenido problemas con la organización, que en teoría se habrían resuelto luego de una reunión con miembros de la Dirección Nacional.
El 15 de noviembre de 1982, a las cuatro de la tarde, su madre fue a dejarle a la intersección Siete Sur en Managua, lugar donde le recogieron miembros del EGP. Fue trasladado por éstos, y por las apariencias tomaron dirección hacia Guatemala, en compañía de la esposa de Eugenio Contreras, de nombre Ligia y apellidos desconocidos: ella había viajado a Nicaragua con la finalidad de indagar sobre la suerte de su esposo. Los acompañaba, además, una tercera persona la que no se ha identificado, un joven que se había incorporado al Frente Guerrillero César Augusto Sandino y que, según lo señala un dirigente del EGP, “se presumía era un infiltrado”. Por esta razón, según el mismo dirigente, el joven había sido excluido de la organización, pese a lo cual había aparecido en Nicaragua al cabo del tiempo.
Ninguno de los tres sabía que, días antes, habían sido condenados a morir por miembros de la Dirección Nacional del EGP que se encontraban en Nicaragua. La decisión de ejecutar a Ligia y a Carlos Ranferí se originó por la insistencia de ambos, ante los dirigentes del EGP, para conocer el paradero del esposo de aquélla, Eugenio Contreras, y la prima de aquél, Guisela Irasema. Ante la imposibilidad de los dirigentes de darles una respuesta persuasiva y para evitar otras pesquisas, los seis miembros de la Dirección Nacional del EGP que se encontraban en Nicaragua, decidieron ejecutarlos también a ellos. La decisión de ejecutar al joven desconocido obedeció a que se consideraba un infiltrado.
Un miembro de la Dirección Nacional del EGP en 1982, declara ante la CEH que, en el trayecto desde Managua a la frontera con Honduras, “pararon el carro y lo que hicieron, ya con el apoyo de otras gentes y de los sandinistas, fue taparles la nariz y la boca con un trapo o una toalla impregnada de cloroformo. Así los habían reducido y dormido y en ese estado habían sido ejecutados, los tres juntos en un mismo lugar y enterrados en una fosa en el campo”. No ha sido posible establecer el lugar de la inhumación.

III. DESPUÉS DE LOS HECHOS
Quince años después, en 1997, la mamá de Marilú Castillo conoció por el propio EGP la verdad sobre la ejecución de su hija, merced a las gestiones de una organización no gubernamental de derechos humanos, en respuesta a una petición suya.
Los esfuerzos de las otras madres tampoco fueron en vano. Los dirigentes de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) que formaban parte de la última Dirección Nacional del EGP reconocieron públicamente en 1998, mediante la inserción de un campo pagado en la prensa la responsabilidad de esa organización en dos de las ejecuciones. Lo propio ocurrió respecto a todas las ejecuciones, ante la CEH.
Los dirigentes del EGP explican las ejecuciones señalando: “la situación en la ciudad era muy difícil, se habían dado golpes muy duros a la organización y una gran cantidad de personas había sido detenida por las Fuerzas de Seguridad”.
A lo anterior, agregan: “El aparato no destruye, ni tortura, ni retiene a todos los que captura, a algunos los deja ir. Los suelta revueltos, deja ir a traidores, infiltrados o personas que ya no le son útiles. Este método sirve para ocultar a sus agentes y crear confusión, porque cómo se puede saber quién fue el traidor, quién el infiltrado y quién permaneció fiel. De esa forma siempre permanece la zozobra y además es posible cometer errores e injusticias”.
Según un miembro de la Dirección Nacional del EGP en aquella época, los fusilamientos fueron “los hechos más terribles, la expresión más dura, de una situación de derrota no asimilada, no asumida, de una situación desesperada de tratar de preservar lo poco que quedaba, donde pesaba mucho también, la idea de que estábamos infiltrados, de que nos estaban golpeando tanto debido a la infiltración”.
Las madres de las víctimas continúan la búsqueda de los cadáveres de sus hijos.

IV. CONCLUSIONES
Atendidos todos los antecedentes del caso, la CEH llegó a la plena convicción de que Guisela Irasema López, Aída Marilú Castillo Estrada, Eugenio Contreras, Ligia de Contreras, Carlos Ranferí Morales López y un joven no identificado fueron privados de su vida por miembros del Ejército Guerrillero de los Pobres, en cumplimiento de una decisión de sus dirigentes nacionales, constituyendo dicho acto una ejecución arbitraria de responsabilidad de dichos dirigentes.
Ninguna circunstancia de carácter militar o político otorga justificación jurídica o ética a este crimen.
La CEH estima que, en este caso, el reconocimiento de la verdad por parte de los dirigentes de la URNG constituye un gesto positivo, desde la perspectiva de la reconciliación nacional.
Finalmente, la CEH considera que este crimen es ilustrativo de la carencia, en la administración de la disciplina y justicia internas de la organización guerrillera, de normas mínimas objetivas que resguardaran derechos inalienables de la persona humana, lo cual permitió que la simple desconfianza condujera a la eliminación física de militantes indefensos.


LISTADO DE LAS VÍCTIMAS
Ejecución arbitraria
Aida Marylu Castillo Estrada
Carlos Ranferi Morales López
Eugenio Contreras
Guisela Irasema López
Ligia de Contreras

Víctimas colectivas/desconocidas: 1
*        
Fuente: CEH, Guatemala memoria del silencio.

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