Caso ilustrativo No. 37
Ocupación militar
del templo católico y del convento de San Andrés Sajcabajá, Quiché
“Les daba un
sentimiento así, de humillación, porque habían usado el templo como letrina y
había un montón de suciedad. La gente realmente tenía ese sentimiento … Uno lo
puede percibir fácilmente”.
“Todos conocían que
la gente civil que entraba allí ya no salía y si salía, muertos”.
I. ANTECEDENTES
El desarrollo del
enfrentamiento armado interno condujo al Ejército a conseguir un mayor control
social, según el concepto contrainsurgente de luchar en todos los ámbitos de la
sociedad. En ese contexto se inscriben ocupaciones de templos y conventos, como
las del departamento de Quiché, donde los militares se incautaron de edificios
católicos en los municipios de Joyabaj, Zacualpa, San Pedro Jocopilas,
Sacapulas, Nebaj, Chajul, Cotzal, Uspantán, Chiché, Canillá, San Andrés
Sajcabajá y, el internado marista en Chichicastenango.
En San Andrés
Sajcabajá, a partir del 6 de noviembre de 1981, el destacamento militar fue
ubicado en terrenos del convento y del templo de la Iglesia Católica. La ocupación duró hasta 1984 cuando
el destacamento se trasladó a otro punto de la localidad. A partir del momento
en que la presencia del Ejército fue permanente, San Andrés Sajcabajá vivió
momentos de dura e ininterrumpida represión, que alcanzó sus coatas más altas
entre enero y mayo de 1982.
El
tiempo de ocupación, más prolongado que en otros lugares, se explica por el
valor estratégico que los militares le concedieron, ya que el municipio
comunica el Altiplano central con el norte del departamento de Quiché, donde el
enfrentamiento armado se caracterizó por su intensidad. Además, se trataba de
una zona de paso para los correos insurgentes.
La población resultó
conmocionada por estas ocupaciones: “…Toda la gente se quedó muy sorprendida
cuando comenzaron a ocupar los conventos…” sin entenderlo y sin poder detenerlo. La profanación de
los templos hirió las raíces espirituales más profundas de la población, que se
preocupó por poner a salvo sus símbolos religiosos antes que sus propios
bienes. Cuando, transcurrido un tiempo desde el desalojo militar de los
recintos religiosos, “…se animaron a entrar … les daba un sentimiento así, de
humillación porque habían usado el templo como letrina y había un montón de
suciedad. La gente realmente tenía ese sentimiento…”
Los
casos documentados relatan detenciones, desapariciones y ejecuciones
arbitrarias de pobladores; todos tuvieron lugar en el convento.
II. LOS HECHOS
A finales 1981
Marcelo Tzoc fue detenido por los soldados y llevado al “convento-destacamento”
de la cabecera municipal, sin que se volviera a saber de él. Era miembro
del EGP.
El 18 de noviembre
de 1981 Pedro Moreno fue sacado de su casa por soldados, patrulleros y
comisionados militares. Fue llevado al “convento-destacamento”, donde
permaneció 15 días, y luego fusilado. En el momento de su captura los soldados
violaron a una de sus hijas, de 10 años de edad, quien más tarde reconoció a
los autores. Por esta razón, bajo amenazas, la familia no tuvo más remedio que
abandonar el lugar. Asimismo, las tropas saquearon por completo la tienda
propiedad de las víctimas.
Poco después, el 25
de noviembre, Antonio Cipriano Chach fue capturado por soldados, a la vista de
muchos pobladores, llevado al “convento-destacamento” y metido en una
zanja abierta por los soldados, dentro del recinto, y que utilizaban como
cámara de tortura. No se supo más de él.
El 11 de febrero de
1982 Pedro Pacheco Soc acompañó a su esposa a las compras en el mercado, como
hacía siempre. Atareado en esto menesteres, Pacheco fue detenido por soldados,
que lo llevaron al “convento-destacamento”. Cuatro días después, los
militares catearon su casa y se llevaron sus documentos de identificación. No
se supo más de él.
El 15 de
febrero de ese año fueron reunidos los hombres de San Andrés Sajcabajá, para
formar las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC). Los que no asistieron fueron
convocados de nuevo, tres días después, para que se presentaran en el “convento-destacamento”.
Los que llegaron fueron detenidos inmediatamente. Varios testigos aseguran
que fueron quemados dentro del recinto religioso.
El 20 de febrero
soldados llegaron a la casa de Domingo Choc, en el caserío Chilil, a quien
apresaron y llevaron al “convento-destacamento”, donde le dieron muerte.
Al resto de los que encontraron en la casa, Mariano, Luis, Catarina y Andrés,
todos de apellido Choc, los quemaron vivos en su interior. Esta familia
pertenecía al CUC.
El 3 de marzo de
1982 soldados y patrulleros civiles detuvieron a varios pobladores del caserío
Xejuyub. Los llevaron al “convento-destacamento” de San Andrés, donde
los forzaron a permanecer durante 15 días. De sus casas lo robaron todo.
El 10 de marzo fue
arrasada la aldea Chinantón. Los soldados saquearon y quemaron 90 casas. Las
víctimas fueron numerosas, en su mayoría mujeres y niños. Pocos días después,
concentraron en la escuela a la población sobreviviente, separaron a las
mujeres jóvenes y las violaron. Acto seguido las condujeron al “convento-destacamento”,
donde las tuvieron durante ocho días sin alimento.
Entre marzo y abril
el Ejército realizó un rastreo en Catoyac, Patziguán, Xeabaj, Piedras Negras y
otros poblados de la zona. Concentró a los pobladores de esas comunidades en
Piedras Negras y luego de arengarles, un grupo de mujeres fue llevado al “convento-destacamento”
en San Andrés Sajcabajá, donde durante tres meses las obligaron a lavar
ropa, a cocinar, a hacer limpieza y a recoger leña. Cumplido este plazo, fueron
puestas en libertad debido a la presión de la comunidad. Durante su reclusión,
varias mujeres jóvenes fueron violadas.
En el mes de abril
cuando Lázaro Colaj Lázaro llegó de compras a la cabecera municipal, fue
detenido por soldados y trasladado al “convento-destacamento”. Un
familiar llegó a preguntar por su paradero y pudo verlo desde lejos. Luego no
se supo más de él.
También
en abril, el día 8, Manuel Yac, fue capturado en el caserío Pachalúm por
comisionados militares y llevado al “convento-destacamento”, donde lo
metieron en una zanja. Luego, el coronel del destacamento lo mató de dos
balazos delante de los patrulleros que acababan de ser reclutados, como
advertencia de la suerte que correrían quienes imitaran a la víctima, acusada
de ayudar a la guerrilla. Después, lo enterraron dentro de la iglesia.
El día 25 del mismo
mes, Tadeo Cortés Colaj fue capturado por patrulleros y llevado al “convento-destacamento”,
donde permaneció un mes en la zanja de castigo. A pesar de preguntar
constantemente por él, los familiares no obtuvieron ninguna información acerca
de su paradero.
El 13 de mayo fueron
reunidos en San Andrés Sajcabajá los adultos (hombres) de Santa Rosa Chujuyub,
aldea perteneciente al municipio de Santa Cruz del Quiché, con miras a la
formación de las PAC. Estando allí, los militares confrontaron los nombres de
los presentes con las listas que poseían y a los incluidos en ellas los
condujeron al “convento-destacamento”, donde torturaron y mataron a
cuchilladas a varios de ellos.
En ese mismo mes
llegaron los soldados al caserío Piedras Negras. Además de matar a varios
pobladores, entre ellos una mujer embarazada, apresaron a Andrés Chac y lo
llevaron al “convento-destacamento”, donde le dieron muerte.
El 18 de diciembre
de 1982 los soldados llegaron a la casa de Victoriano Mejía Sam, en San Andrés
Sajcabajá, vaciaron la tienda de su propiedad y lo llevaron prisionero al “convento-destacamento”.
Al preguntar los familiares por Victoriano fueron advertidos de que no
debían seguir haciéndolo. Nada se volvió a saber del detenido.
El 20 de febrero de
1983, en el caserío Xejuyub, fue detenido Mario López. Lo mantuvieron preso
ocho días en el “convento-destacamento”, durante los cuales sólo le
dieron tortilla para comer. “Cuando pedía agua, los soldados orinaban en un
bote de jugo y se lo daban”.
Muchos testimonios
más contienen relatos de personas que fueron muertas, después de haber sido
detenidas por soldados, comisionados o patrulleros y llevadas al “convento-destacamento”.
“Todos conocían que la gente civil que entraba allí ya no salía y si salía,
muertos…” o los metían
en la zanja de castigo, donde permanecían sin alimento.
Otras desapariciones
tenían lugar cuando alguien llegaba al “convento-destacamento” para
preguntar por sus familiares o para obtener documentos de identificación.
Muchos visitantes, al figurar en las listas que poseía el Ejército, fueron
detenidos y en varios casos resultaron muertos, como sucedió con Manuel Chach.
A pesar de la
certeza de los familiares de que los detenidos habían sido llevados al “convento-destacamento”,
en numerosos casos el Ejército no reconoció haber practicado la detención,
limitándose a decir no saber de ellos o a advertir que no siguieran preguntando
por las víctimas.
Muchas
de las personas que sufrieron estas violaciones estaban relacionadas, o eran
activistas, de organizaciones sociales o de carácter religioso, aunque la acusación por la que se
les detuvo fue siempre la de ser guerrillero.
III. DESPUÉS
En 1983 monseñor
Pablo Urizar fue nombrado administrador apostólico de la diócesis de Quiché.
Mantuvo varias entrevistas con los mandos castrenses de la región y poco a poco
la Iglesia fue recuperando las instalaciones religiosas que ya habían sido
abandonadas por los militares. Estaban totalmente vacías: “…reliquias de la
colonia, otros artefactos religiosos, muchas imágenes mutiladas, decapitadas o
macheteadas … La pérdida material fue grande porque hasta las tazas de los
inodoros arrancaron”. En
el interior de los templos se excavaron hoyos que tuvieron diferente uso. Tal
como lo aseguran los testigos, había varias zanjas que habían sido utilizadas
para el castigo y la tortura de las personas detenidas, aunque pretendió
mostrarse que fueron utilizadas como letrinas.
El impacto
psicológico permanece y se percibe hasta el día de hoy al hablar con los
andresinos y conocer sus testimonios. “…Uno lo puede percibir fácilmente …
la gente se guarda todavía esto, tal vez poco a poco la gente diga algo porque
hay mucho miedo para expresarse”.
En diciembre de
1996, al iniciar una obra de construcción en una parte del terreno del convento
de San Andrés Sajcabajá, en el momento de abrir zanjas para asentar los
cimientos, se encontraron restos de osamentas. El sacerdote informó de ello a
la comunidad y al Ministerio Público.
El 27 de enero de
1997, a raíz de ese hallazgo, la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala
(CONAVIGUA) presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público, para
iniciar los procesos de exhumación que debían realizarse en el patio y el
jardín del convento, así como en el interior del templo católico.
El juez segundo de
primera instancia penal de Quiché, a solicitud del Ministerio Público, ordenó
el 11 de abril el inicio de las exhumaciones. Sin embargo, la orden se limitaba
tan sólo al patio y jardín del convento, pues el Ministerio Público no incluyó
la iglesia.
Los trabajos se
realizaron entre el 23 y el 28 de abril. Participaron cuatro expertos forenses
y contaron con la presencia del juez de paz de San Andrés Sajcabajá y el fiscal
auxiliar del Ministerio Público. El 24 de abril se localizó la primera osamenta
en el jardín del convento.
En vista de que los
familiares de los desaparecidos insistían en que dentro de la iglesia se
encontrarían más cadáveres, ampliaron la solicitud de exhumación. Entonces
fueron encontradas ocho osamentas más.
Con los hallazgos, que
corroboraban los señalamientos de los pobladores, las exhumaciones continuaron.
Se encontraron otras seis osamentas, justo frente al altar mayor. También
encontraron casquillos del calibre 5.56. En el jardín del convento encontraron
cinco nuevas osamentas. También encontraron en estas excavaciones: caites de hule, ropas y fragmentos
metálicos que podían ser proyectiles de armas de fuego, según la estimación de
los peritos.
Del 5 al 9 de agosto
y del 18 al 23 del mismo mes, se realizaron sendas exhumaciones en el jardín
del convento, y se encontraron cinco fosas individuales.
En total, a la
altura del 6 de agosto de 1997, 26 habían sido las osamentas exhumadas, de las
cuales 14 fueron ubicadas en el interior del templo, en los sitios exactos
indicados por los lugareños.
Aún sin ser
definitivas las identificaciones, algunas comienzan a tener consistencia, entre
ellas la de Pedro Moreno. Están avanzadas también las de Manuel Yac, Lázaro
Colaj Lázaro y Victoriano Mejía Sam.
Todavía está
pendiente la realización de otras exhumaciones en el interior del convento y
del templo católico de San Andrés Sajcabajá. Sin embargo, el expediente
judicial se ha extraviado “en el Juzgado de Quiché, pero tendrá que aparecer
el expediente, o sea por eso es que no se pudo hacer [otra exhumación] porque
requiere orden de juez”.
Aunque hayan pasado
muchos años desde que el Ejército ocupó los conventos de Quiché y con la
colaboración de miembros de las PAC y de comisionados militares, capturaron,
torturaron y en algunos casos ejecutaron a pobladores del lugar, los vecinos de
la zona permanecen todavía muy temerosos. Ese temor se evidencia, en parte, por
su negativa a trasladar a los cementerios locales los restos exhumados de sus
seres queridos:
“…Sí están vivos los responsables y lo peor es que les miramos la
cara todos los días”.
La
CEH pudo identificar a 81 víctimas. Todas ellas eran pobladores civiles e
indefensos: 45 personas resultaron ejecutadas, de las cuales nueve sufrieron
torturas; 27 personas fueron torturadas y posteriormente desaparecidas; por lo
menos una niña fue violada sexualmente; cuatro personas sufrieron otras
violaciones y ocho personas detenidas sufrieron torturas.
IV. CONCLUSIONES
La CEH llegó a la
plena convicción de que los antecedentes corroborados son suficientes como para
dar por establecido que el templo y el convento de la Iglesia Católica de San
Andrés Sajcabajá fue utilizado deliberadamente, por el Ejército de Guatemala,
como recinto de detención, en el cual se cometieron gravísimas violaciones a
los derechos a la vida y la integridad personal de numerosas personas.
La circunstancia de
lugar en que fueron cometidas dichas violaciones es calificable, por si misma,
como un atentado al derecho a la libertad de religión, en cuanto afectó, por la
fuerza, la práctica del culto católico. También es calificable como un acto de
desprecio e intolerancia hacia la religión de la comunidad, en cuanto fue
ejecutado mediante la profanación del templo, utilizándolo para fines
incompatibles con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y demás
instrumentos internacionales.
La CEH considera que
el conjunto de actos realizados por los militares en San Andrés Sajcabajá tenía
como propósito la desarticulación de las estructuras comunitarias existentes,
con el objetivo de asegurar, por la fuerza armada, el control social de la
zona.
El presente caso
ilustra cómo la violencia generada por el enfrentamiento armado interno se
extendió al extremo de humillar la identidad y las creencias más profundas de
la población pobre de Guatemala, con toda la carga de sufrimiento moral que
dicha humillación significa.
LISTADO DE LAS
VÍCTIMAS
Ejecución arbitraria, tortura, privación de
libertad
Andrea Sunio
Andrés Choc Chach
Antonia
de León Ixcuna
Antonio
Velasco
Catarina
Choc Chach
Cirilo
Tzam
Daniel
Pérez
Diego
Ciprian
Domingo
Choc
Domingo
San
Francisco
Ixcuna
Isabela
Ixcuna
José
de León Ixcuna
Juan
Alvarez Sajuch
Juan
González Sunio
Juan
Tzam
Lucas
Fidel Ruiz
Luis
Choc Chach
Manuel
Chach
María
Ixcuna Julian
María
Sunio
Miguel
Tiño Tiño
Pedro
Nix
Vicente
Chach
Andrés
Ixcuna
Diego
Tzam
Macario
Chacaj López
Manuel
Yac
Mario
Chech
Antonio
Rodrigo Pastor
Baltasar
Lux
Daniel
Calachij
Juan
Ruiz
Manuel
Chingo
Desaparición forzada, tortura,
privación de libertad
Teodoro
Chach Toj
Alfonso
De León Chach
Andrés
García,Ventura
Atanacio
García
Fabian
García
Juan
Ventura Chach
Mateo
Saquic
Pedro
Moreno
Victoriano Chach Toj
Mariano Chach
Andrés
Chach
Mario
Lazaro Lazaro Colaj
Alberto
García
Ambrosio
Chibalam Tzoc
Andrés
Olmos Chach
Antonio
Cipriano Chach
Augustin
Mejia
Enofro
Tzoc López
Ernesto
Tzoc López
Leandro
Poroj
León
Chibalam Tzoc
Marcelo
Tzoc
Pedro
Pacheco Soc
Pedro
Poroj
Salvador
Zacarias Mejia
Santos
Patricio Chibalam Tzoc
Tadeo
Cortés Colaj
Teodoro
Poroj
Tránsito
Román Serech
Victoriano
Mejia Sam
Torturas, privación de libertad
Domingo Castro
Juana
Castro
Juana
Castro López
Paulo
Mateo
Raymundo
Méndez
Rosa
Juana Colaj
Rosa
Juliana
Rumilia
Chech Chech
Otras violaciones
María
de Jesus Moreno Lucas
Camilo
Toj de León
Cayetano
Pastor
Ignacio
Cac
Víctimas
colectivas/desconocidas: 32
Fuente: CEH, Guatemala memoria
del silencio.
Gracias, Raulito querido.
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