Ejecución del sacerdote Walter Voordeckers

Caso ilustrativo No. 56

Ejecución del sacerdote Walter Voordeckers

“Padrecito cuídate bien, no vas a tomar esta carta como broma ya te conocemos bien…”

I. ANTECEDENTES

Walter Voordeckers, sacerdote belga de la Congregación del Inmaculado Corazón de María (CICM), llegó a Guatemala el 30 de agosto de 1966 y ejerció su ministerio en los departamentos de Santa Rosa y Escuintla.

Según informaciones aportadas por el Arzobispado de Guatemala, el padre Voordeckers, cuya línea pastoral coincidía con los planteamientos de la teología de la liberación, quedó muy impresionado por las difíciles condiciones de vida y de trabajo de los campesinos de las fincas algodoneras y de los ingenios de caña de azúcar. Un declarante manifestó: “Walter se entregó completamente a la causa, a luchar contra el sufrimiento del pueblo…”

Esta línea pastoral, que seguían otros sacerdotes y laicos de la prelatura de Escuintla, derivaba necesariamente en una prédica de carácter ético-social hacia los campesinos, que entró en conflicto con los intereses de los dueños de las fincas e ingenios. Al padre Voordeckers le fue prohibido ingresar y celebrar misas en esos centros productivos. Pero continuó atendiendo a la feligresía católica en la parroquia de Santa Lucía Cotzumalguapa.

En 1976, con motivo de una huelga en la finca del ingenio Pantaleón, el más importante del país, el padre Voordeckers proporcionó comida a los trabajadores y sus familias. Un testigo afirmó que “el padre Walter se cataloga como uno de los mejores hombres de defensa de los derechos laborales del trabajador…”

Ese mismo año aparecieron pintadas en las paredes de Santa Lucía Cotzumalguapa varias amenazas públicas contra el padre Voordeckers, suscritas por el autodenominado Ejército Secreto Anticomunista (ESA). Algunas leyendas eran “Walter, comunista, el ESA te busca”, “Walter go home -ESA”.

En junio de 1977 el ESA envía circulares a los medios de prensa, señalando que su finalidad es “parar el comunismo que actualmente actúa con impunidad en el país”. En la misma época, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) solicita al presidente Laugerud que declare el estado de sitio y permita la creación de grupos privados —“quizá con ESA en la mente”, según el Departamento de Estado Norteamericano‚ para proceder a la represión del terrorismo de izquierda. Ante la negativa del presidente, el CACIF advierte que está preparado para actuar por mano propia.

Por otro lado, en los años setenta el Comité de Unidad Campesina (CUC) ya tenía presencia y liderazgo en la región. En la Costa Sur el CUC logró formar una amplia base de apoyo vinculada al trabajo pastoral de los padres belgas de la CICM en Escuintla.

Miembros del CUC de la Costa Sur participaron en la toma de la embajada de España, el 31 de enero de 1980 y el 18 de febrero de 1980, con la participación de trabajadores de las plantaciones de algodón y caña de azúcar; dicho Comité organizó una huelga en la que participaron alrededor de 100 mil campesinos, pidiendo un incremento del salario mínimo. La huelga duró hasta el 3 de marzo y los trabajadores consiguieron que se aumentara el salario mínimo a 3.20 quetzales.

La violencia política contra la Iglesia se agudizó en la Costa Sur: el 1 de mayo de 1980 desaparecen el padre Conrado de la Cruz, párroco de Tiquisate, Escuintla, de origen filipino, perteneciente también a la CICM, y el catequista Herlindo Cifuentes Castillo.

El 11 de mayo de 1980 el padre Voordeckers comentó: “Yo tengo un miedo tremendo porque ya recibí amenazas, me quieren matar y me van a matar, pero si me quieren matar o si me quieren arrastrar, yo voy a correr, no me voy a dejar secuestrar, mejor prefiero recibir un balazo y no ser secuestrado así…”

II. LOS HECHOS

El 12 de mayo de 1980 cuatro individuos fuertemente armados se habían apostado, desde las siete de la mañana, frente a la parroquia y la sede de la Policía Nacional en el municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa, departamento de Escuintla. Faltando unos quince minutos para las diez de la mañana el padre Voordeckers salió de la parroquia camino de la oficina de correos. Los cuatro individuos trataron de secuestrarle y, al fallar en el intento, le dispararon; el religioso recibió siete impactos de bala calibre 45. De inmediato, los atacantes se subieron a un jeep Toyota Land Cruiser de color beige, con placas tapadas y huyeron. Un testigo presencial contó que

“al oír yo los disparos, me llamó la atención el ruido, salí yo por el portón que está junto a la parroquia y pude ver la movilización y todo; algo había pasado anormal, salí corriendo para seguir viendo y pude ver todavía un Toyota que salió huyendo con unos hombres con sus morralitos; se subieron al Toyota y se fueron. Pude ver al padre Walter en sus últimos momentos, eso nunca se me va olvidar, porque causa una impresión tan fuerte; llegué, él estaba boca bajo con unos sus caites y todavía intentó de hablar, de abrir la boca … en la esquina del parque se había juntado mucha gente, pero fue muy poca gente que se acercó…” Los Bomberos Voluntarios recogieron el cuerpo del sacerdote y lo llevaron al IGSS, donde murió a causa de las numerosas heridas de bala.

Cuatro días más tarde, el 16 de mayo de 1980, un importante finquero de la región dirigió una carta a monseñor Mario Enrique Ríos Mont, donde manifestó, refiriéndose a la muerte del padre Voordeckers: “Dios tenga misericordia de él pues murió como víctima del mismo odio que él dispersó en el departamento de Escuintla. Qué lástima que por su preocupación exagerada por los problemas políticos y socio-económicos se haya perdido en un bosque en el cual ya no veía los árboles … ¿Por qué no llama al orden a los sacerdotes en su diócesis que predican la violencia y la destrucción de la vida y la propiedad? ¿Por qué no le obedece usted al Santo Padre? Así no será responsable por la muerte de incautos e inocentes sacerdotes como el Reverendo Voordeckers, que en paz descanse”.

Un documento desclasificado del Gobierno de los Estados Unidos señala que existen razones para creer que tanto el padre Voordeckers, como el sacerdote Conrado de la Cruz Concepción y el catequista Herlindo Cifuentes Castillo, fueron víctimas de elementos pertenecientes a los órganos de seguridad del Gobierno.

         A pesar de la denuncia formulada por la Iglesia, la muerte del padre Voordeckers no generó ninguna reacción judicial y sus autores gozan, hasta hoy, de impunidad.

         El 23 de julio de 1982, mediante el oficio No.2631, la Policía Nacional informó al viceministro de Gobernación, Haroldo Cabrera Enríquez, que “se considera que el religioso mencionado fue víctima de uno de estos actos subversivos, sin que hasta la fecha se hayan podido identificar, no obstante que se continúan las investigaciones”.

         En los años que siguieron a la muerte del padre Voordeckers fueron ejecutados por grupos paramilitares o desaparecieron luego de su detención, decenas de catequistas de Santa Lucía Cotzumalguapa. Según un declarante, por ejemplo, de 17 catequistas que hubo en esa época en la aldea Miriam, sólo sobrevivieron cuatro.

III. CONCLUSIONES

         Atendiendo a los antecedentes del caso, en particular las circunstancias de lugar, el procedimiento empleado por los autores, la calidad de la víctima y la reacción de las autoridades encargadas de investigar el crimen; y considerando el contexto general en que se hallaba sumido el país y específicamente la Costa Sur de Guatemala, que no permite concebir la comisión de un hecho de esta naturaleza y su posterior impunidad sin que el Estado lo hubiese conocido y tolerado, la CEH presume fundadamente que el sacerdote Walter Voordeckers fue víctima de agentes del Estado o de sujetos que contaron con su aquiescencia o tolerancia o, en todo caso, con su posterior protección y encubrimiento, siendo su muerte una violación al derecho a la vida.

         Además, atendida la circunstancia de no haberse realizado una investigación seria del caso, la CEH se formó la convicción de que las autoridades responsables del Estado de Guatemala faltaron gravemente a su deber de investigar y sancionar los hechos, violando el derecho a la justicia.

         Por otra parte, la CEH considera que el modus operandi empleado en este caso es ilustrativo de la reiterada e impune forma de actuación que, en la Costa Sur en los años ochenta, caracterizó a grupos armados vinculados al Estado o tolerados por éste.

         Considera, asimismo, que la ejecución del padre Voordeckers es representativa de las represalias que sufrieron agentes pastorales de la Iglesia Católica que respaldaban la organización y demandas de los trabajadores agrícolas de las grandes fincas de la Costa Sur.

Fuente: CEH, Guatemala memoria del silencio.