Desaparición forzada de Jorge Alberto Rosal Paz y Paz

Caso ilustrativo No. 21

Desaparición forzada de Jorge Alberto Rosal Paz y Paz

“A las cinco o seis de la tarde los vi. Allí en Estanzuela me pasaron. De allí me fui detrásde ellos. Él [Jorge Alberto Rosal Paz y Paz] iba en su pick-up. Atrás del pick-up iban dos personas y el capitán … iba con él dentro de la cabina. Atrás del pick-up de Jorge iba otro pick-up, color blanco de la S-2 [sección de Inteligencia de la base militar de Zacapa]. Cuando pasé, los dos pick-ups, el de Jorge y el del Ejército estaban en la puerta de la base [militar] de Zacapa”.

I. ANTECEDENTES

Jorge Alberto Rosal Paz y Paz, de 28 años de edad, se graduó como agrónomo en la Escuela Agrícola Panamericana de Zamorano, Honduras. Hizo estudios de postgrado en Zootecnia, en la Universidad de Texas A & M. Se dedicaba a trabajar en su profesión de ingeniero agrónomo en su granja avícola San Luis, ubicada en la carretera al Atlántico, en la aldea Güillo, Usumatlán, departamento de Zacapa. La mayor parte de sus actividades comerciales las realizaba en el municipio de Teculután, donde pertenecía a la Cooperativa de Agricultores (CARSVO).

Sus vecinos y trabajadores le recuerdan como hombre laborioso que respetaba a sus empleados. Según un colaborador del Ejército: “Jorge era una bellísima persona … Era muy trabajador. Las gallinas eran la preocupación de él. Sólo de sus gallinas hablaba”.

Sus padres, Jorge Rosal y Gisela Paz y Paz, médicos y desde 1978 militantes de la Organización del Pueblo en Armas (ORPA), se vieron obligados a abandonar el país en septiembre de 1980, después de recibir amenazas suscritas por el Ejército Secreto Anticomunista (ESA) y ser perseguidos por las Fuerzas de Seguridad. Dos hermanos de la víctima, Rafael y María Luisa Rosal Paz y Paz, militaban en la misma organización que sus padres.

A principios de 1983 la mayoría de la familia Rosal Paz y Paz había abandonado Guatemala. Jorge Alberto Rosal también tenía previsto salir del país, pero su viaje fue retrasado, pues debía arreglar algunos asuntos pendientes y personalmente no se sentía amenazado.

II. LOS HECHOS

El 12 de agosto de 1983, en la tarde, Jorge Alberto Rosal Paz y Paz se dirigía desde la ciudad de Zacapa al municipio de Teculután. Al llegar a la altura de la aldea conocida como Lo de Pinto o Casas de Pinto, junto al monumento al Soldado, fue capturado. Según campesinos que presenciaron los hechos: “…El vehículo en el que se conducía fue interceptado por un jeep del Ejército, con cinco o seis hombres a bordo, vestidos de civil, con armamento pesado, seguido por una motocicleta, tripulada por dos hombres con las mismas características”.

Un testigo dijo: “A las cinco o seis de la tarde los vi. Allí en Estanzuela me pasaron. De allí me fui detrás de ellos. Él [Jorge Alberto Rosal] iba en su pick-up. Atrás del pick-up iban dos personas y el capitán iba con él dentro de la cabina. Atrás del pick-up de Jorge iba otro pick-up, color blanco de la S-2 [Sección de Inteligencia de la base militar de Zacapa]. Cuando pasé los dos pick-ups, el de Jorge y el del Ejército estaban en la puerta de la base [militar] de Zacapa”.

Hasta la fecha se desconoce el paradero de Jorge Alberto Rosales Paz y Paz. También desaparecieron su vehículo, de placas P-173312, la carga que transportaba, pasaportes de él y su familia, y tres mil dólares en efectivo.

III. DESPUÉS DE LOS HECHOS

Días después de los hechos, dos personas vieron a la víctima en la zona militar de Zacapa: un amigo de la familia, que por motivos de trabajo ingresó con su camión en la zona, y una señorita, hija de una persona que había trabajado con la familia y que iba a visitar a su novio a dicha base militar.

La detención de Jorge Rosal Paz y Paz fue denunciada ante organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación nacionales e internacionales. La familia envió varias cartas al jefe de Estado, general Oscar Humberto Mejía Víctores, y presentó recursos de exhibición personal en toda República y ante la Corte Suprema de Justicia. Fueron a buscarlo en cárceles, hospitales, morgues, instalaciones policiales y militares. Ninguna de estas gestiones tuvo resultados positivos.

En enero de 1984 un miembro de la Inteligencia militar comunicó a su esposa: “Jorge Alberto estaba con vida en el cuartel general y me entregó una foto de él que había sido arrancada de un carnet. La foto se ve deteriorada pero él me explicó que estaba en ese estado porque a Jorge Alberto se le había mojado sus papeles en ‘un baño que le dieron’. Todos saben en Guatemala que esos baños son una clase de tortura”.

En febrero y marzo de 1985 la esposa de la víctima volvió a comunicarse con ese miembro de la Inteligencia militar, quien continuó afirmando que Jorge Alberto Rosal aún se encontraba con vida, junto con otras personas. Desde entonces, la familia no obtuvo ninguna noticia más.

En junio de 1984 se formó el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), que reclamaba la aparición con vida de los detenidosdesaparecidos. La esposa de la víctima se unió a esta asociación. El 29 de noviembre de 1984 el GAM sostuvo una reunión con el general Mejía Víctores y otros altos funcionarios del Gobierno. A raíz de esta reunión, se nombró una Comisión Tripartita integrada por los ministros de la Defensa Nacional, Gobernación y el Ministerio Público. Pero nunca se conoció el resultado de las investigaciones.

En 1985, después del asesinato de dos miembros de la directiva del GAM, la esposa de Jorge Alberto Rosal fue sometida a una vigilancia constante. Además, comenzó a recibir amenazas de muerte por vía telefónica, lo que la obligó a salir del país. Desde el extranjero, siguió haciendo gestiones por el aparecimiento de su esposo, sin que hasta la fecha haya obtenido resultados positivos.

IV. CONCLUSIONES

La CEH, después de analizar los antecedentes del caso, llegó a la presunción fundada de que miembros del Ejército de Guatemala capturaron y posteriormente desaparecieron a Jorge Alberto Rosal Paz y Paz, violando su derecho a la vida, la libertad y la integridad personal.

Además, en este caso, la CEH llegó a la convicción de que las autoridades del Estado de Guatemala incumplieron su deber de investigar los hechos y sancionar a los responsables, violando el derecho a la justicia.

Por otra parte la desaparición forzada de Jorge Alberto Rosal Paz y Paz es representativa de las represalias que, sin fundamento jurídico ni ético, sufrieron familiares de los miembros de la insurgencia.

Fuente: CEH, Guatemala memoria del silencio.