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martes, 21 de agosto de 2012

Ejecuciones arbitrarias y desapariciones de estudiantes en 1989


Caso ilustrativo No. 30
Ejecuciones arbitrarias y desapariciones de estudiantes en 1989

“Todos los sectores coinciden en señalar que Guatemala se está encaminando, a pasos agigantados, hacia la era de la violencia que se vivió en los gobiernos militares, en que los derechos humanos eran violados impunemente y en los que la violencia imperaba en calles, caminos y veredas, ciudades y pueblos de todo el país”.

“No dejan que los jóvenes, que pueden estudiar y con su ideología mejorar al país, hagan algo; en lugar de dejarlos, los matan”.

I. ANTECEDENTES
Desde su fundación en 1920 la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) ha jugado un papel importante en la vida política del país y fue uno de los sectores más golpeados por la violencia. El destacado líder estudiantil Oliverio Castañeda de León, secretario general de la AEU, fue ejecutado arbitrariamente el 20 de octubre de 1978 a una cuadra del Palacio Nacional, luego de una manifestación conmemorativa del aniversario de la Revolución del 44. Antonio Ciani García, quien tomó su lugar en la Asociación, fue desaparecido el 6 de noviembre de ese mismo año.
Desde entonces la AEU ocultó la identidad de su directiva y el secretariado fue sustituido por una coordinadora que facilitaba el anonimato de sus dirigentes. A pesar de estas medidas, en mayo de 1984, cuando se intentaba rearticular el movimiento estudiantil y la AEU fortalecía su trabajo público, cinco miembros de su Comité Ejecutivo sufrieron desaparición forzada: Carlos Ernesto Cuevas Molina, Marilú Hichos, Gustavo Adolfo Castañón Fuentes, Otto René Estrada Illescas y Héctor Alirio Interiano Ortíz. Mientras, otros dos, Raúl Figueroa Sartí y María del Rosario Cuevas tuvieron que buscar refugio en Costa Rica. Todos fueron miembros del grupo estudiantil Frente.
El 3 de septiembre de 1985 tropas del Ejército de Guatemala allanaron y ocuparon por tres días la ciudad universitaria, registraron y desordenaron los archivos, incluyendo los expedientes de los estudiantes. Además, se reportó la pérdida y destrucción de libros y otros objetos de valor académico e histórico.
Los diferentes sectores universitarios condenaron la ocupación a las instalaciones de la USAC:
“Ello fue una reacción represiva a la postura de la universidad, respecto al alto costo de la vida y el aumento al precio del pasaje urbano, que generó protestas masivas, en las cuales participaron miles de estudiantes universitarios”.
El Gobierno justificó esa ocupación militar aduciendo que la USAC era centro de la “subversión” y del narcotráfico.
La recuperación del movimiento estudiantil fue muy lenta: en 1985 y 1986 no hubo AEU. En 1987 se eligió una nueva directiva. La organización estudiantil no volvió a actuar de forma pública hasta 1989, cuando en un número de El Estudiante se publicaron los nombres de todos los miembros de la Junta Directiva de la Asociación. Ese año, los principales objetivos de la AEU fueron reorganizar el movimiento estudiantil, apoyar a los estudiantes de educación media y a los sectores populares e impulsar un proceso de reforma universitaria. La reforma implicaba la reestructuración financiera, administrativa y académica de la USAC.
Estas líneas de trabajo habían sido acordadas en diciembre de 1987, en un seminario que, por razones de seguridad, se celebró en México, contenidas en un documento que se denominó Nueva Esperanza.
En 1989 el Gobierno dirigido por Marco Vinicio Cerezo Arévalo enfrentó un intento de golpe de Estado (9 de mayo) y una ola de críticas por abuso en la utilización de los recursos del Estado. Por su parte, el sector laboral acusaba al Gobierno de desviar fondos públicos para financiar una campaña preelectoral interna.
En este contexto, la AEU apoyó la huelga de maestros que se realizó en toda la República entre junio y agosto de 1989. Se estima que el apoyo estudiantil a los docentes fue uno de los factores que desató la represión en su contra. Asimismo, la AEU participó en el Diálogo Nacional, junto con la Unidad de Acción Sindical y Popular (UASP), y apoyó las demandas sindicales, campesinas y populares. Estas acciones las realizó la AEU a pesar de haber recibido amenazas suscritas por “Jaguar Justiciero, JJ”  y el Ejército Secreto Anticomunista (ESA), y pese a que estallara una bomba frente a la casa de Aarón Ochoa, miembro de la coordinadora estudiantil, con un panfleto en el que le acusaban de ser un traidor y estar vinculado con la guerrilla.
El agosto de 1989 se denominó “agosto negro”, debido a los hechos de violencia que se iniciaron con el asesinato de Danilo Barillas, dirigente de la Democracia Cristiana, y de René Estanislao López, miembro de la juventud de ese partido. Asimismo, estallaron tres bombas, una frente a la Rectoría de la Universidad de San Carlos, otra en la sede de Brigadas de Paz, y la tercera frente a la del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), donde se encontraba refugiada la familia de Rumualda Camey, miembro de esa asociación, que había sido desaparecida el 16 de agosto.
La Universidad también sufrió las consecuencias de este “agosto negro”: en menos de quince días, entre agosto y septiembre de 1989, diez líderes universitarios fueron detenidos arbitrariamente. Cinco de ellos fueron asesinados y los restantes desaparecieron. Los que lograron salvar la vida tuvieron que salir al exilio. En diciembre de ese mismo año otro miembro de la coordinadora de la AEU fue ejecutado. Varias de las víctimas eran simpatizantes del movimiento guerrillero.

II. LOS HECHOS
El lunes 21 de agosto de 1989, alrededor de las once de la mañana, Iván Ernesto González Fuentes salió de la Universidad para participar en una reunión en la UASP, entidad ante la que representaba a los damnificados por la violencia. Nunca más regresó ni se supo de él. Iván Ernesto tenía 29 años de edad, era estudiante de Psicología, representante estudiantil ante la Junta Directiva de esa Escuela, miembro de la Coordinadora Estudiantil de la AEU y su representante ante el Diálogo Nacional.
Al día siguiente, Carlos Ernesto Contreras Conde fue a desayunar con unos familiares en la colonia Landívar, zona 7, ciudad de Guatemala. A media mañana se dirigió a la zona 3, donde se encontraría con su compañera, pues tenían previsto acudir juntos a registrar a su niña recién nacida. Nunca llegó a la cita. Carlos Ernesto tenía 22 años, estudiaba psicología, era representante estudiantil ante la Junta Directiva de esa Escuela. Algunos testigos aseguran que lo detuvieron en la Universidad mientras esperaba un bus. El 23 de agosto dos personas penetraron en la residencia de la víctima y se llevaron algunos documentos.
También el 22 de agosto, Hugo Leonel Gramajo fue secuestrado por cuatro hombres armados, vestidos de civil, que se desplazaban en dos vehículos, uno de ellos un Pickup rojo con vidrios polarizados. La víctima era estudiante de Ciencia Política y catedrático auxiliar de Ciencias de la Comunicación. A las cinco de la tarde salió del Instituto Nacional de Administración Pública, donde trabajaba, para impartir clases en la Universidad de San Carlos y cuando transitaba por la 5ª avenida, entre la 13 y 14 calle de la zona 9, se produjo la detención. Una declarante afirmó que la vigilancia a la familia continuó durante dos años.
El miércoles 23 de agosto de 1989, Silvia María Azurdia Utrera, de 29 años, y su esposo, Víctor Hugo Rodríguez Jaramillo, de 35, sufrieron desaparición forzada al salir de su domicilio, ubicado en la 5ª calle A, 11-02 de la zona 11. Silvia era politóloga y psicóloga, Víctor Hugo era politólogo y licenciado en Relaciones Internacionales. Ambos fueron fundadores del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU).
El día de los hechos, desde las cinco de la mañana, hombres fuertemente armados, incluso con ametralladoras se apostaron cerca de la casa, en un pickup color negro, con líneas grises, placas de circulación P-144624 y un carro marca Nissan color celeste aplomado o gris metálico, placas P-161097. Poco antes de la siete de la mañana, Silvia Azurdia sacó el carro, lo detuvo a media calle para esperar que Víctor Hugo Rodríguez cerrara la puerta del garaje, y los dos vehículos se cruzaron junto al suyo, uno por adelante y el otro por atrás. Víctor Hugo corrió para auxiliarla, pero fue golpeado en la cabeza, se desmayó y le arrojaron a la parte trasera de uno de los carros. Silvia salió de su vehículo, gritando que los auxiliaran, pero la agarraron del cabello, la metieron en su carro y la sentaron entre los secuestradores.
Esa misma tarde dos hombres entraron en la oficina número 301, situada en el tercer nivel del Edificio América, 1ª avenida, 11-39, zona 1, donde Silvia y Víctor Hugo tenían su oficina, y sustrajeron documentos. Estas personas llevaban las llaves y una nota de las víctimas en que se autorizaba al guardián a abrir la oficina. En su domicilio también entraron personas desconocidas y sustrajeron algunas cosas.
El 23 de agosto, a las tres de la tarde, el estudiante de Sociología, Aarón Ubaldo Ochoa fue visto por última vez cuando salió de su casa con rumbo a la Universidad. Aarón tenía 27 años, era miembro de la Coordinadora de AEU y vocal ante el Consejo Directivo de la Escuela de Ciencia Política.
El último en ser desaparecido ese día fue Mario Arturo De León, luego de dar una conferencia de prensa en la Universidad, a las siete de la noche, sobre la desaparición de sus compañeros. Mario salió en su Pickup blanco, rumbo a su casa y nunca más se supo de él. Tenía 27 años, había egresado de la Facultad de Agronomía y era catedrático auxiliar de la misma, miembro de la Coordinadora de AEU y director de la Comisión de Reforma Universitaria.
En septiembre otros tres estudiantes fueron desaparecidos: Carlos Leonel Chutá Camey, Carlos Humberto Cabrera Rivera y Eduardo Antonio López Palencia. A diferencia de los siete estudiantes desaparecidos en agosto, que pertenecían al mismo grupo, Unidad Estudiantil, y estaban relacionados con la Coordinadora de AEU, éstos fueron miembros de la Coordinadora en el período anterior, 1987-1988, y eran integrantes del grupo Avanzada, que también propugnaba por la reforma universitaria.
El 8 de septiembre de 1989, hacia las ocho de la mañana, frente a la parada de buses de Lomas de Pinares, zona 17, ciudad de Guatemala, Carlos Leonel Chutá Camey, de 31 años, se encontraba con su esposa y con su hija de diez meses. Cinco hombres jóvenes armados, que se conducían en una furgoneta Toyota con vidrios polarizados, lo subieron a la fuerza a uno de los vehículos y se lo llevaron con rumbo desconocido.
El 9 de septiembre, Carlos Humberto Cabrera Rivera, de 46 años, representante educativo rural ante la Asamblea Nacional del Magisterio y estudiante de humanidades, sufrió desaparición forzada a las ocho treinta de la mañana, cuando lavaba su vehículo frente a su casa, ubicada en la 19 avenida 9-79, de la colonia Venezuela, zona 21. Los victimarios eran ocho personas armadas, con equipo de comunicaciones, que ocupaban dos vehículos, uno pick-up rojo placas P 157245 y una camioneta de color gris.
El 10 de septiembre de 1989, Eduardo Antonio López Palencia, de 26 años, estudiante de Ciencias Químicas y Farmacia, miembro del grupo Avanzada, fue detenido en la 18 calle entre 4ª y 5ª avenida, zona 1, cuando transitaba por ese sector acompañado de su novia. Tampoco de él se supo nada más.
Por otro lado, al menos en cuatro casos hubo vigilancia de los miembros de la familia, con posterioridad a las desapariciones. Por lo menos, nueve de los doce dirigentes sobrevivientes de la Coordinadora de la AEU salieron del país.

III. LUGAR DE LA DETENCIÓN Y LA EJECUCIÓN DE CINCO ESTUDIANTES
Según documentación desclasificada por el Gobierno de los Estados Unidos, existía una cárcel en la zona 6 de la ciudad capital. Además, un declarante, ex miembro de la sección de Inteligencia militar, observó que los estudiantes desaparecidos estuvieron en el interior de la cárcel clandestina ubicada en la zona seis, ciudad de Guatemala, denominada “La Isla”, que estaba bajo la administración del Estado Mayor de la Defensa. Asimismo, al referirse a los estudiantes desaparecidos en 1989, relató: “En La Isla los mataron. Cabal cuando yo entré, entrando yo, cuando yo entré a la dirección, todavía habían dos … Esos no los enterraban, aparecían muertos así en la U, otros por ahí en la calle, en los barrancos … Y me contaron que a la gente que no apareció la fueron a tirar al mar”.
En efecto, en la madrugada del 10 de septiembre de 1989, en la 17 avenida, entre la 35 y 36 calle de la zona 12, a la entrada de la colonia Villasol (parte oriental de la Universidad), varias personas bajaron de un vehículo color azul para abandonar los cadáveres de Silvia María Azurdia Utrera, Víctor Hugo Rodríguez Jaramillo, Carlos Humberto Cabrera Rivera y Carlos Leonel Chutá Camey. Junto a los cuerpos, que mostraban señales de tortura, fue hallada una nota que asociaba diversas razones “estudiantiles” para explicar el móvil de los crímenes. De acuerdo con el reconocimiento de los cadáveres y los informes médico forenses, los cuatro cadáveres presentaban pinchazos de aguja hipodérmica y múltiples heridas penetrantes producidas por objeto punzocortante: Víctor Hugo Rodríguez Jaramillo tenía seis heridas; Silvia María Azurdia Utrera, cinco heridas; Carlos Leonel Chutá Camey, cinco heridas y Carlos Humberto Cabrera Rivera, presentaba 31 heridas.
El cadáver de López Palencia apareció el 15 de septiembre en la carretera de tierra, cerca de Guastatoya, El Progreso. Tenía heridas de arma blanca y señales de tortura. Según los familiares, presentaba tres balazos.
El 18 de diciembre de 1989, cerca del puente del Incienso, zona tres, ciudad de Guatemala, fue encontrado el cadáver de Marco Tulio Montenegro, miembro de la Coordinadora de AEU, estudiante de Agronomía, quien presentaba contusiones y heridas de arma blanca. En ocasiones anteriores se había refugiado en Costa Rica y Panamá pero después de recibir la garantía personal del Presidente de la República, Vinicio Cerezo, regresó.

IV. LA RESPONSABILIDAD
Un documento desclasificado del Gobierno de los Estados Unidos reproduce la opinión de una fuente que no especifica: “El descaro y la seguridad con que actuaron y la pericia técnica demostrada por secuestradores parecería implicar a personas integrantes de las fuerzas de seguridad”.
El presidente de la República, Vinicio Cerezo, sostuvo que el clima de violencia que se tradujo en estos crímenes fue provocado “sistemáticamente por grupos ajenos al gobierno para crear un ambiente de inestabilidad…
Por su parte, el ministro de la Defensa, Héctor Alejandro Gramajo Morales, el 18 de septiembre de 1989, en una reunión con Americas Watch, Amnistía Internacional y Washington Office on Latin America, WOLA, afirmó —sin una investigación que lo respaldase— que los propios estudiantes eran los responsables de las desapariciones y ejecuciones. Posteriormente, el 27 de septiembre de 1989, en declaraciones concedidas a Reuters, Gramajo sostuvo que los responsables, en tres de los casos, eran traficantes de drogas y, en el resto, de la URNG. Nunca se conoció el sustento de tales aseveraciones.
El 11 de septiembre de 1989, tres sobres cerrados dirigidos a miembros de la Coordinadora de la AEU fueron depositados en la recepción de la Rectoría. La nota, suscrita por el Ejército Secreto Anticomunista, ESA, indicaba que sus autores sabían que miembros de la Asociación tenían contacto con la URNG y habían viajado a Costa Rica, México y Nicaragua. La nota aclaraba también que no la enviaban a los otros miembros de la AEU, porque éstos se encontraban en poder del ESA. Simultáneamente, según una nota de prensa, el ministro Gramajo Morales responsabilizó ahora de los hechos “a los dementes de la derecha”.
Otras fuentes señalan que los crímenes pudieron ser cometidos con tanta eficacia y en tan poco tiempo, debido a la existencia de una red de informantes, entre los cuales se contaba un miembro de la Inteligencia militar que había conseguido infiltrarse en la AEU, con la finalidad de desarticular las bases políticas de apoyo a la guerrilla, llegando incluso a convertirse en un alto dirigente estudiantil. Según las fuentes, este “infiltrado” llegó a ser un importante cuadro político de la URNG, de donde fue expulsado. Luego de los meses de agosto y octubre de 1989 abandonó el país y después regresó, para cumplir funciones de asesoría en organismos del Estado relacionados con tareas de Inteligencia y seguridad.

V. LA IMPUNIDAD
Múltiples sectores sociales solicitaron la investigación de los hechos y el esclarecimiento de estos delitos. Por su parte, los dirigentes de la AEU se reunieron con autoridades del Gobierno, con la intención de lograr la reaparición con vida de los estudiantes. Consiguieron promesas sobre el inicio de una investigación, pero nada se concretó.
En cinco de los casos, se presentaron recursos de exhibición personal, que fueron declarados improcedentes.
En cuanto a la investigación policial, a pesar de las once órdenes dictadas por los jueces a la Policía para que se investigaran los hechos, el organismo policial no actuó. Asimismo, el 10 de septiembre de 1989 se solicitó a la sección de Homicidios del Departamento de Investigaciones Criminológicas de la Policía Nacional, que investigara las muertes de los estudiantes. Los resultados de las pesquisas fueron remitidos al organismo judicial, dos años y medio después, el 27 de enero de 1992, y éstos no arrojaron conclusiones serias ni fundamentadas que ayudaran al proceso de modo efectivo al proceso, llegándose a señalar, incluso, al entonces rector de la universidad de San Carlos, entre otras personas, como responsable del asesinato de los estudiantes.
En el expediente judicial constan diligencias de mero trámite en su mayoría, y declaraciones de familiares de las víctimas. No hubo sindicados en la causa ni, por lo tanto, resolución definitiva sobre los hechos y los responsables.
La madre de uno de los estudiantes víctimas de esta oleada represiva testimonia que un funcionario del órgano judicial, después de los múltiples trámites, le aconsejó: “Hable con el ministro de la Defensa, él es el único que puede ayudarla; nosotros no podemos hacer más…
El presidente Cerezo reconoció que “no tenemos en este momento la suficiente capacidad material para enfrentar una avalancha de este tipo…” y, días más tarde, que “las fuerzas de seguridad no han actuado con toda la prontitud del caso para controlar la violencia que mantiene atemorizada a la población guatemalteca”.
En 1992 El Frente Estudiantil de Reforma Universitaria (FERU) denunció una vez más los hechos ante el procurador general de la nación y el Ministerio Público. Se comenzó un nuevo procedimiento ante el juez quinto de Primera Instancia Penal de Instrucción, el 24 de abril de 1992. El juez ordenó la investigación sumaria y mandó a citar a Vinicio Cerezo y a Roberto Valle, ex ministro de Gobernación, a los ofendidos y a los jefes de seguridad de la época. Posteriormente se inhibió de conocer la causa y el 14 de mayo remitió al Juzgado Segundo, en donde se acumuló el proceso al ya iniciado en 1989 y ordenó que se continuara el trámite.

VI. CONCLUSIONES
La CEH llegó a la convicción de que once estudiantes universitarios fueron detenidos arbitrariamente entre los meses de agosto y diciembre de 1989. De ellos seis fueron torturados y ejecutados arbitrariamente, en violación de sus derechos a la vida y la integridad física. Hasta la fecha no han aparecido cinco de las víctimas detenidas, cuyo derecho a la libertad y a la integridad personales fue violado y de quienes, dado el tiempo transcurrido de estar desaparecidas, se presume que fueron ejecutadas arbitrariamente por sus captores, con lo cual ha sido conculcado, además, su derecho a la vida.
La CEH, tomando en cuenta los varios elementos unívocos y concordantes que se llegaron a conocer, presume fundadamente que los estudiantes fueron víctimas de un operativo de inteligencia militar, en el que participaron agentes del Estado o personas que actuaron bajo su protección, tolerancia o aquiescencia.
Entre dichos elementos destacan la calidad de las víctimas, académicos de pensamiento de izquierda o centro izquierda que buscaban la reforma universitaria, activistas en la reivindicación de derechos y el estigma de “subversiva” que se asignó a la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), provocó que se desplegara toda la capacidad de acción del Estado, poniendo en práctica el tradicional modus operandi de sus agentes clandestinos.
El caso ilustra, también, como con la represión contra los dirigentes estudiantiles se pretendía desarticular el movimiento que impulsaba la reforma universitaria promovida por estudiantes, trabajadores y docentes universitarios.
El caso también es ilustrativo de la actitud de altas autoridades de Gobierno que inculparon a determinados sectores sociales por la comisión de los hechos, sin investigaciones serias ni fundamento alguno; y de la absoluta carencia de rigor y seriedad de las investigaciones policiales y judiciales.

LISTADO DE LAS VÍCTIMAS
Ejecución arbitraria, tortura, privación de libertad
Carlos Humberto Cabrera Rivera
Carlos Leonel Chutá Camey
Silvia María Azurdia Utrera
Víctor Hugo Rodríguez Jaramillo
Eduardo Antonio López Palencia
Marco Tulio Montenegro

Desaparición forzada
Aarón Ubaldo Ochoa Ramírez
Carlos Ernesto Contreras Conde
Hugo Leonel Gramajo López
Iván Ernesto González Fuentes
Mario Arturo De León Méndez

Fuente: CEH, Guatemala memoria del silencio.

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