Caso ilustrativo No.
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La masacre de Panzós
“A las buenas fuimos
y dolor encontramos”.
“Si estaba peleando
por tierra, estaba dispuesta a dar la tierra, pero no la vida”.
I. ANTECEDENTES
El municipio de
Panzós, ubicado en el valle del río Polochic, pertenece al departamento de Alta
Verapaz. En 1973 habitaban el municipio 25,261 personas, de las cuales un 93%
eran maya q’eqchi’.
El valle del
Polochic ha estado habitado desde tiempos remotos por población q´eqchi’ y
poqomchi’. Desde la época del presidente Justo Rufino Barrios, en la segunda
mitad del siglo XIX, comenzó la adjudicación de tierras de la zona a
agricultores alemanes. El
decreto 170 o de Redención de Censos facilitó la expropiación de las tierras a
los indígenas en fa-vor de los alemanes, al propiciar la venta en pública
subasta de las tierras comunales. Desde
esta época, la principal actividad económica ha sido la agroexportadora,
especialmente de café, banano y cardamomo. La propiedad comunal, dedicada a cultivos de subsistencia,
se convirtió en propiedad privada dirigida al cultivo y comercialización a gran
escala de productos agrarios. Por tanto, las características fundamentales del
sistema productivo, han sido desde esta época la acumulación de la propiedad en
pocas manos y una especie
de servidumbre de finca, basada en la explotación de los “mozos colonos”.
A partir
de la Reforma Agraria (1952) los pobladores de Panzós iniciaron su lucha por la
propiedad de la tierra. Con el Gobierno de Arbenz se formaron
los comités agrarios locales y se adjudicaron 2,300 hectáreas a las comunidades
indígenas.
Con la contrareforma
(1954) la mayoría de las tierras fueron devueltas a los antiguos finqueros. En
esta época se eligió a Flavio Monzón, del Movimiento de Liberación Nacional
(MLN), como alcalde municipal. Este controló el poder municipal hasta la década
de los setenta y utilizó dicha influencia para convertirse en uno de los más
grandes terratenientes de la zona.
Al inicio de la
década de los sesenta, Panzós era un área de influencia de los primeros grupos
guerrilleros.
En 1964 varias
comunidades asentadas durante décadas en la orilla del río Polochic se
organizaron en torno al reclamo de títulos de propiedad al Instituto Nacional
de Transformación Agraria (INTA), creado en octubre de 1962. Sin embargo, las
tierras fueron adjudicadas a Flavio Monzón. Un campesino maya de Panzós afirma
que Flavio Monzón “sacó las firmas de los ancianos para ir a pedir las
tierras al INTA. El volvió y reunió a la gente y dijo que, por equivocación del
INTA y de sus abogados, la tierra salió a su nombre”. Según un testigo que pertenece al
sector terrateniente, Flavio Monzón compró estas tierras a otros propietarios
legítimos.
Los campesinos de
Panzós siguieron reclamando al INTA a lo largo de los años setenta la
regularización de la propiedad de las tierras, recibiendo asesoría legal de la
Federación Autónoma Sindical de Guatemala (FASGUA), organización que apoyaba
las reivindicaciones campesinas mediante procedimientos legales. Sin embargo,
ningún campesino recibió el título de propiedad. Unos, obtuvieron promesas
otros, títulos de propiedad provisionales, y también los hubo que sólo
recibieron permisos para sembrar.
En 1978 se instaló
un destacamento militar a pocos kilómetros de la cabecera municipal de Panzós,
en un lugar conocido como Quinich.
En esta época progresó la
capacidad de organización de los campesinos, a través de los comités que
reivindicaban la titulación de las tierras, fenómeno que preocupó al sector
finquero. Algunos entre estos propietarios afirmaron: “Varios campesinos
residentes en las aldeas y caseríos quieren incendiar la población urbana con
fines de invadir propiedades privadas”, y solicitaron protección al gobernador de Alta Verapaz. En mayo de 1978 varios finqueros se
reunieron con el gobernador de Alta Verapaz y, considerando que “las
concentraciones de campesinos que han venido sucediéndose provocan alarma entre
la población pacífica … [los finqueros solicitan] protección para los
habitantes; pues hay un destacamento militar a siete kilómetros de la cabecera
municipal que podría trasladarse a la cabecera municipal en vista que no hay
Policía Nacional para prevenir cualquier desorden”. El gobernador departamental, en
contestación a esta solicitud, respondió: “Se tomarán las medidas para
contrarrestar cualquier desorden que llegara a cometerse de parte del grupo de
campesinos provocadores”.
En mayo de 1978,
cuatro o cinco días antes de la masacre, un contingente militar de unos 30
soldados se traslada de Quinich al salón municipal de Panzós. Cuando la prensa
le preguntó al alcalde de la época acerca de la razón de la presencia del
Ejército en la cabecera municipal, el funcionario respondió: “Se debe a que
mucha gente pidió personalmente que el Ejército viniera a ver la tranquilidad
del lugar, porque se daban cuenta de que aquí se me amotinaban trescientos,
cuatrocientos campesinos …” Varios
comuneros de Panzós que viajaron a la capital, manifestaron a la prensa que los
finqueros “ya les habían amenazado con echarles el destacamento de Zacapa si
continuaban alegando sus derechos en las tierras de las Verapaces”.
El Ejército
consideraba que la organización campesina era parte activa de la guerrilla. El
coronel Valerio Cienfuegos, que comandaba la tropa destacada en Panzós, dijo a
la prensa después de la masacre: “Se sabe que los campesinos se reúnen
periódicamente en un campo de entrenamiento”.
El 27 de mayo de
1978, cuando campesinos del barrio San Vicente, Panzós, fueron a sembrar la
milpa a orillas del río Polochic, aparecieron soldados en compañía de los hijos
de un finquero de la zona y los intimidaron para que dejaran de reclamar
tierras.
El
27 de mayo, dos campesinos del barrio La Soledad, Panzós, fueron detenidos y
otros maltratados por militares. Ese
mismo día, al parecer como resultado de disturbios en el interior de la
comunidad, una persona resultó muerta.
Campesinos
del barrio La Soledad y de la aldea Cahaboncito entregaron un documento
preparado por FASGUA al alcalde, con el fin de que éste lo leyera en público. En el documento, FASGUA solicitaba
al alcalde, Walter Overdick García, interceder “en favor de los campesinos y
tratar de solucionar los problemas por ellos planteados”.
II. LOS HECHOS
El día 29 de mayo de
1978, para insistir en el reclamo de la tierra y manifestar el descontento
ocasionado por los actos arbitrarios de finqueros, autoridades locales y
militares, campesinos de las aldeas Cahaboncito, Semococh, Rubetzul, Canguachá,
Sepacay, finca Moyagua y del barrio La Soledad, decidieron realizar una
manifestación pública.
Este día, cientos de
hombres, mujeres, niños y niñas indígenas se dirigieron a la plaza de la
cabecera municipal de Panzós, cargando sus instrumentos de trabajo, machetes y
palos. Una de las personas que participó en la manifestación afirma: “La
idea no era pelear con nadie, lo que se pedía era la aclaración de la situación
de la tierra. La gente venía de varios lugares y no tenían armas de fuego”.
Hacia las ocho de la
mañana la población maya q’eqchi’ fue llegando a la plaza hasta que se llenó. El alcalde y los funcionarios
municipales se encontraban dentro de la sede comunal, reunidos a puerta
cerrada. Varios miembros del Ejército armados, algunos con ametralladoras, se
encontraban en la puerta y también había soldados en el techo del edificio municipal,
en el techo de la iglesia y sobre el salón municipal.
Alrededor
de las nueve de la mañana los campesinos solicitaron hablar con el alcalde
sobre sus problemas de tierras. El alcalde accedió a hablar, pero sólo con
cuatro representantes del grupo. Sin embargo, debido al tumulto la reunión no
se pudo realizar. Según
una persona que estuvo en la plaza, un militar afirmó: “Si tierras quieren,
la van a tener pero en el camposanto”
y acusó a los campesinos de estar orientados por la guerrilla.
Hay distintas
versiones sobre cómo se inició el tiroteo. Unos afirman que comenzó cuando “Mamá
Maquín” empujó a un
soldado que le impedía el paso; otros sostienen que se produjo debido a que la
gente empujaba tratando de entrar en la municipalidad, lo que fue interpretado
por los soldados como una agresión. Un
testigo afirma que uno de los manifestantes le quitó el arma a un soldado pero
que no la usó, por no saber hacerlo. Varias declarantes sostienen que un
militar dijo: “Uno, dos, tres, fuego”. En efecto, el teniente que dirigía a la tropa dio las
órdenes para disparar contra la gente reunida. Los disparos, que sonaron durante unos cinco minutos,
fueron hechos por las armas de reglamento que portaban los militares, así como
las tres metralletas ubicadas a las orillas de la plaza. Los campesinos, por su
lado, hirieron con machetes a varios soldados. Ningún soldado fue herido por
arma de fuego. La plaza quedó cubierta de sangre.
De inmediato, el
Ejército cerró las principales calles de acceso, a pesar de lo cual un declarante
cuenta: “Los indígenas salieron despavoridos”. Un helicóptero del Ejército
sobrevoló el pueblo antes de recoger a los soldados heridos.
Un estudiante de
Medicina, que realizaba su práctica profesional (EPS) y una trabajadora del
centro de salud acudieron para recoger a los heridos. El centro de salud fue
rodeado por los soldados. Con mucho esfuerzo y superando diversos obstáculos
consiguieron atender a los heridos. “Ese día se estaba trabajando duro,
hasta las cinco de la mañana … por mala suerte hubo derrumbe y no pasaba la
ambulancia desde Cobán, tres pickups llevaron a los heridos al Estor; la
ambulancia no alcanzaba”. Un
vecino del pueblo ayudó con las medicinas de su farmacia y también colaboró en
la atención a los heridos.
Después de
la masacre, los militares prohibieron entrar a la plaza. En la tarde,
autoridades municipales ordenaron levantar los cadáveres. Miembros del Ejército
los metieron en la palangana de un camión azul de la municipalidad. Los
llevaron a un lugar cercano al cementerio público y, con un tractor, cavaron un
hoyo, donde colocaron los cuerpos. De este modo enterraron a 34 personas. Al día siguiente algunos campesinos
fueron obligados por el jefe de la Policía Municipal, a inhumar el cuerpo de
una persona que murió en el centro de salud.
Muchas de las
personas que huyeron del lugar de los hechos se refugiaron en el barrio La
Soledad. Hasta allí los persiguieron los soldados, maltratando a los que
encontraba en su avance. Otras personas, mal heridas, murieron en la huida y
sus cadáveres fueron encontrados más tarde en potreros o ahogados en el río
Polochic. El alcalde de El Estor en aquella época afirmó, según la versión de
un declarante, que aquel día recogieron 25 cadáveres que llegaron arrastrados
por el río Polochic.
Sobre la base de
informaciones recabadas por la CEH, se pudo establecer que murieron, tanto en
la plaza como en las tentativas de fuga, un total de 53 personas. Otra fuente, señaló que, unas 47
resultaron heridas.
Entre las personas que murieron
estaba Adelina Caal, conocida como “Mamá Maquín”.
III.
DESPUÉS DE LOS HECHOS
Panzós quedó ocupada
por el Ejército después de la masacre, registrándose un aumento considerable del
número de soldados destacados en el pueblo. Por espacio de varias semanas los
pobladores no regresaron a sus casas y se escondieron del Ejército. Panzós se
veía desierto y los que no habían huido se encerraban en sus hogares. Una habitante del municipio
sostiene: “Nos empezaron a asustar los soldados; nosotros dormíamos en el
monte”. La prensa
anunció que de sus siete mil habitantes, mil quedaron en el pueblo.
La masacre
causó un gran impacto nacional e internacional. El 1 de junio de 1978 se
realizó una numerosa manifestación de protesta en la capital, encabezada por la
Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU): fue conocida como la “marcha
de los paraguas”. Se demandó el acceso a Panzós de
una comisión estudiantil, de la Cruz Roja y de la prensa. La prensa nacional
cubrió durante varios días, en primera plana, los acontecimientos. La prensa
internacional informó de la masacre al mismo tiempo. El relato de la masacre
figura en múltiples historias populares y académicas.
A partir de la
masacre el Ejército inició en el Valle Polochic una represión selectiva contra
los líderes comunitarios que reivindicaban tierras y así también contra
sacerdotes mayas. De las personas desaparecidas y ejecutadas extrajudicialmente
por los soldados, comisionados militares y patrulleros de la autodefensa civil,
entre 1978 y 1982, la CEH registró 310 víctimas. A consecuencia de estos hechos, se veían a diario
cadáveres de indígenas flotando en el río Polochic. Según la declaración de una
persona que trabajó en proyectos de desarrollo en el Valle Polochic entre 1978
y 1982: “Cada día, cuando iba a trabajar, me imaginaba que eran los mismos
cadáveres que pasaban en el río, aunque sabía que no era posible, era demasiado
fuerte darme cuenta que cada remolino traía nuevos muertos”.
La represión
generalizada atemorizó e inmovilizó a la población de Panzós. Las peticiones de
tierras disminuyeron. Desde 1978 hasta 1996 no volvería a realizarse una
manifestación pública.
Cabe destacar que
algunos de los destacamentos militares se ubicaron en terrenos de propiedad de
finqueros, como el de la finca Tinajas y el de la finca Saquijá.
El 29 de mayo de
1997, 19 años después de la masacre, el Comité de Viudas de la zona presentó la
denuncia ante el Juzgado de Paz de Panzós. El proceso se encuentra en la etapa
de instrucción.
La exhumación de las
víctimas de Panzós se realizó en septiembre de 1997 y el informe pericial fue
entregado en junio de 1998, por la Fundación de Antropología Forense de
Guatemala (FAFG). Además, se han recibido siete declaraciones de testigos
presenciales. Hasta la fecha de elaboración de este Informe no hay sindicados
en el proceso.
En el
Informe forense consta el hallazgo, en dos fosas, de 35 osamentas. De éstas,
sólo se logró la identificación tentativa de dos, debido a su mal estado de
conservación o a la escasa información ante mortem disponible. La gran mayoría
de los restos analizados correspondieron a personas de sexo masculino (26
masculinos y 3 posibles masculinos). Por su parte, la edad de la mayoría se situaba
entre los 19 y los 29 años. De las osamentas encontradas, sólo dos presentaban
heridas de proyectil de arma de fuego evidentes, pero sobre la base de la
interpretación de las placas de rayos X se pudo determinar que 18 osamentas,
esto es el 51 % de las encontradas, presentaban fragmentos de proyectil de arma
de fuego.
El
19 de diciembre de 1997 la CEH solicitó al ministro de la Defensa Nacional
comentarios, entre otros casos, sobre esta masacre. Respondió, el 5 de enero de
1998, inhibiéndose de realizar comentarios sobre los acontecimientos.
IV. EL
RECONOCIMIENTO ESTATAL DE LA PROBLEMÁTICA DE LA TIERRA
En el mes de junio
de 1978 el Gobierno reconoció que “la falta de un sistema eficiente de
control inmobiliario ha dado lugar a los múltiples problemas de tenencia de la
tierra, problemas registrales y toda una serie de contradicciones en relación a
este básico factor …” Esto
se desprende, además, del interés del Gobierno por delimitar “las
propiedades para establecer cuáles son comunales y cuáles del Estado …
finqueros han obtenido tierras comunales como en el caso de la aldea Teleman”. El mismo presidente Laugerud indicó
que se debía investigar, para poner “en claro quienes son los verdaderos
dueños, si son los campesinos y si en realidad, como aseguran, ellos han sido
despojados de las mismas, a través de los famosos títulos supletorios”.
Al
finalizar el enfrentamiento armado, todavía podía apreciarse que los
terratenientes del Valle Polochic basaban su hegemonía en el control de la tierra,
al igual que antes del enfrentamiento actuando como un grupo de poder, “inflexible
y poco tolerante, [que] mantiene una tradicional actitud antireformista
y de agresiva defensa al mantenimiento del status quo en el agro”.
V. TESIS
SOBRE LA RESPONSABILIDAD PRESENTADA A LA OPINIÓN PÚBLICA
A la
opinión pública de la época le fueron presentadas cuatro tesis en relación a la
responsabilidad de la masacre: [1] legítima defensa del Ejército y
responsabilidad de la guerrilla (versión oficial, tanto del Gobierno como del
Ejército). El presidente Laugerud señaló que se trataba de un “plan de
subversión patrocinado por Fidel Castro … los verdaderos responsables de lo
sucedido en Panzós tendrán que pagarla … su Gobierno perseguirá a los que
llevaron a cabo el adoctrinamiento de los campesinos, azuzándolos para que
invadan tierras ajenas … los campesinos en lugar de dirigirse a la alcaldía, le
dieron la vuelta al destacamento, atacando a un centinela … el resto de los
soldados al ver lo que había ocurrido al centinela, tuvieron que hacer fuego
para salvar sus vidas, pues aunque el machete es un instrumento de trabajo,
también puede ser empleado como arma”; [2] responsabilidad del Ejército (versión sindical y
popular); [3] responsabilidad de los finqueros (versión del campesinado); [4]
responsabilidad mediata del INTA (versión del alcalde de la época, campesinos y
organizaciones sindicales). El entonces alcalde de Panzós, Walter Overdick,
señaló a los medios de comunicación que el INTA era “irresponsable”, que
le consta que hay indígenas que llevaban 15 años tramitando la obtención de
tierra y el organismo nada les resolvía.
VI. CONCLUSIONES
La CEH, después de
analizar la información recibida, llegó a la plena convicción de que miembros
del Ejército de Guatemala ejecutaron arbitrariamente a 53 personas y trataron
de hacerlo con otras 47, que resultaron lesionadas, constituyendo esta masacre
una gravísima violación del derecho a la vida.
El antecedente que
las víctimas fueran población civil maya q’eqchi’ que no pertenecía a ningún
movimiento guerrillero, organizada con el objetivo de reivindicar derechos
relacionados con la propiedad de la tierra, agrava la responsabilidad política
del Estado de Guatemala.
La CEH luego de
considerar todas las circunstancias que rodearon los hechos, especialmente que
los campesinos no atacaron con armas de fuego a los militares ni cometieron
acto alguno que pudiera justificar el uso desproporcionado de la fuerza por
parte del Ejército, está convencida de que no asiste a los autores de esta
masacre la eximente de legítima defensa.
La CEH
considera que este caso es ilustrativo de la influencia que ejerció el sector
de propietarios agrícolas en la utilización del aparato del Estado, para que
resolviera en su beneficio conflictos sobre tenencia de la tierra, aplicando la
violencia armada contra campesinos pobres e involucrando al Ejército en la
problemática agrícola. Esta consideración se basa en indicios varios y
concordantes sobre la actuación de propietarios agrícolas de la zona, quienes
no sólo pidieron la presencia del Ejército sino, además, favorecieron la
creación de un ambiente hostil hacia la población campesina.
Los hechos revelan,
además, hasta qué punto la persistencia de conflictos generados por la tenencia
y la propiedad de la tierra y la incapacidad o la carencia de voluntad estatal
para resolverlos, generan un ambiente de inestabilidad social que, en este
caso, se resolvió recurriendo a un auténtico mecanismo de terror sobre la
población, cuyos efectos persistieron durante casi dos décadas.
Por
último, la CEH lamenta la falta de respuesta del Ministerio de la Defensa
Nacional a su solicitud sobre el presente caso, lo cual contradice lo
estipulado en el Artículo 10 de la Ley de Reconciliación Nacional y en nada
contribuye a la concordia nacional.
LISTADO DE LAS VÍCTIMAS
Ejecución arbitraria
Abelardo Ac Caal
Adelina Caal Caal
Alfredo Choca
Andrés Chub
Andrés Rax
Antonio Sub
Apolonio Tux
Bartolomé Chub Chun
Bartolomé Chun Chub
Bartolomeo Sacul Chun
Domingo Cac
Domingo Coc Pérez
Domingo Cuc
Félix Caal Seb
Félix Caal Xo
Francisco Choc
Francisco Coc
Francisco Seb,Ché
Francisco Tzalam
Hilario
Choc Pop
José
Chen Ac
José Coc Pop
José Maquin
José Xol Coc
José Yat Chun
Juan Ché
Juan Cuz
Juan Meza
Lorenzo Choc Cuz
Manuel Cabral Tzi
Marcelino Cuz Choc
María Luisa Cabnal
Marcos Choc
Mena Chun
Miguel Cahuec
Miguel Quib
Norberto Chub Choc
Pablo Caal Chun
Pablo Cuz Mo
Pablo Rax
Paulino Cuz Mo
Pedro Caal
Pedro Maqui
Ricardo Bac Chub
Roberto Ical Choc
Sabina Tuc Xo
Sabino Cuz Coc
Santiago Choc
Santiago Ché
Santiago Seb Caal
Santiago Seb Ché
Tomás Chen Quib
Tomás Coc
Herido en atentado
Marcos Choc
Pedro Caal Chub
Ricardo Caal Caal
Víctimas
colectivas/desconocidas: 44
Fuente:
CEH, Guatemala memoria del silencio.
