A CONTRALUZ: Casos inverosímiles

Haroldo Shetemul

EN GUATEMALA, existen hechos inverosímiles que vienen a demostrar el verdadero rostro de las autoridades encargadas de investigar e impartir justicia. Son la muestra de que, si el Ministerio Público (MP) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) actuaran en forma correcta, otro gallo cantaría, pero que en este país ocurre exactamente lo contrario. El primero de esos casos sucedió cuando la casa del joven Jean Ramsés Anleu Fernández fue allanada por decenas de agentes policiales y del Ministerio Público, en mayo último. Cuando estos llegaron a la vivienda, ni siquiera estaban seguros sobre el delito a perseguir.

ANLEU FERNÁNDEZ, supuestamente, había cometido el criminal acto de enviar un mensaje por medio de Twitter, invitando a retirar fondos de un banco del sistema, luego de que en el video de Rodrigo Rosenberg se señalara a los ejecutivos de esa entidad de estar involucrados en su asesinato. Los fiscales no entendían la diferencia entre un tweet y un blog ni les importaba pasar por encima del derecho de cualquier persona a la libre emisión del pensamiento, lo único que entendían es que debían aplicar, a como diera lugar, la Ley de Pánico Financiero. El indefenso joven que había compartido con sus cuates una opinión en ese servicio de microblogging fue engrilletado y fichado como un temible criminal. El MP había cumplido en forma veloz con uno de los poderes del país: el sistema financiero. No importó que el 97 por ciento de los casos que lleva esa institución no llegue a juicio porque no son investigados.

OTRO NUEVO CASO inverosímil acaba de ocurrir, esta vez contra Raúl Figueroa Sarti, director de la Editorial F&G Editores. La Corte Suprema de Justicia, con fama ganada de mantener la impunidad en el país, actuó en forma acelerada para condenar a este librero en un caso truculento que llamaría a risa si no fuera porque es real. Un día, un individuo llamado Mardo Arturo Escobar decidió entablar una demanda contra Figueroa Sarti, porque supuestamente había violado su derecho de autoría al usar una foto suya como portada de un libro. En realidad, Escobar había autorizado verbalmente tal publicación, pero luego se arrepintió y decidió enjuiciar al editor. Algo que pudo resolverse por la vía de una conciliación llegó a juicio y concluyó con la condena de Figueroa Sarti.

EL 6 DE AGOSTO RECIÉN PASADO, los jueces Rosa María López (presidenta), Magda Elizabeth Pérez (vocal) y José Gilberto Castro Linares, quienes integraron el Tribunal de Sentencia, emitieron una condena contra Figueroa Sarti, pese a que el Ministerio Público ni siquiera había investigado el caso. La víctima fue sentenciada a un año de cárcel, conmutable a razón de Q25 diario, el pago de una multa de Q50 mil y las costas procesales. El trasfondo del asunto es lo más nefasto: el acusador, Mardo Escobar, trabaja como comisario del Tribunal Cuarto de Sentencia Penal del Organismo Judicial, por lo cual se presume que hubo tráfico de influencias en el fallo, a favor de un empleado de la Corte Suprema. Por ello, esa sentencia debe ser revocada, porque fue impuesta con base en vicios y maniobras que demuestran el nivel de corrupción en que han caído los encargados de administrar la supuesta justicia.

Publicado en "Prensa Libre", 12 de agosto de 2009: http://prensalibre.com/pl/2009/agosto/12/331203.html