Sarti, dimensión de lo injusto

Por: HELMER VELÁSQUEZ

El editor es víctima de una celada.

Este fabricante de libros, forjador de lectores, concordador de códigos “para contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho” –según se confiesa–, es víctima de una celada. Con ayuda de perros de presa, la conjura de los letrados, la borrasca de las leyes y un índice acusador que reclama para sí un botín dinerario y la libertad del editor, son como vientos negros sobre el candil de la claridad. Esto es lo que concebimos de la sentencia que, en contra de Raúl Figueroa Sarti, emitió el sistema judicial guatemalteco. Otra rémora de ignominia. Y es que cuando la sociedad nacional exige autoridades judiciales, probas, imparciales, con alta capacidad técnica y científica, y una correcta interpretación de la ley, se falla –de fallar– y se condena un esfuerzo editorial construido con la certeza de cimentar cultura de paz, llevando a luz importantes escritos que testimonian las aflicciones de la guerra y contribuciones al análisis de la realidad guatemalteca, sin dejar de lado nuestra literatura y poesía.

El sistema judicial nacional, autodeclarado incapaz de resolver los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno, que no es capaz de llevar a sentencia los procesos por defraudación de fondos públicos, que ni siquiera logra llevar a punto final la persecución penal en contra de gavillas surgidas de los cuadros medios de los “cuerpos de seguridad”; y que evade enfrentar al crimen de cuello blanco y a las poderosas mafias internacionales; parece necesitar “éxitos” que le ayuden a modificar la estadística, la justicia no es el valor a defender, es el puesto y “la amistad”.

La sentencia, emitida en primera instancia contra Figueroa Sarti, deberá seguramente ser modificada en la instancia superior, y no es que busquemos favores judiciales, es simplemente aplicar la lógica jurídica al hecho concreto: el caso deriva de un hecho lícito: acuerdo verbal para publicación en donde autor y editor pactaron créditos y forma de compensación –no dineraria–, este hecho está aceptado por el ahora acusador, laborante de tiempo completo del Organismo Judicial –situación que profundiza la suspicacia–. En consecuencia, corresponde rectificar. Estamos frente a un caso paradigmático que debe ser seguido de cerca por la magistratura y la supervisión de tribunales, cuya principal función es romper la impunidad.

Perseguir escritores es cuestión de sátrapas. Es aún tiempo de demostrar coherencia con la verdad. Nuestra solidaridad al gremio Editorial, con F&G Editores, y personalmente con Raúl Figueroa Sarti, compañero de viejas escuelas y de la vida, en donde la ética política fue determinante en la formación.

Publicado en "El Periódico", 20 de agosto de 2009: http://www.elperiodico.com.gt/es/20090820/opinion/110917/