Caso ilustrativo No. 30
Ejecuciones
arbitrarias y desapariciones de estudiantes en 1989
“Todos los sectores
coinciden en señalar que Guatemala se está encaminando, a pasos agigantados,
hacia la era de la violencia que se vivió en los gobiernos militares, en que
los derechos humanos eran violados impunemente y en los que la violencia
imperaba en calles, caminos y veredas, ciudades y pueblos de todo el país”.
“No dejan que los
jóvenes, que pueden estudiar y con su ideología mejorar al país, hagan algo; en
lugar de dejarlos, los matan”.
I. ANTECEDENTES
Desde su fundación
en 1920 la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) ha jugado un papel
importante en la vida política del país y fue uno de los sectores más golpeados
por la violencia. El destacado líder estudiantil Oliverio Castañeda de León,
secretario general de la AEU, fue ejecutado arbitrariamente el 20 de octubre de
1978 a una cuadra del Palacio Nacional, luego de una manifestación
conmemorativa del aniversario de la Revolución del 44. Antonio Ciani García, quien tomó su
lugar en la Asociación, fue desaparecido el 6 de noviembre de ese mismo año.
Desde
entonces la AEU ocultó la identidad de su directiva y el secretariado fue
sustituido por una coordinadora que facilitaba el anonimato de sus dirigentes.
A pesar de estas medidas, en mayo de 1984, cuando se intentaba rearticular el
movimiento estudiantil y la AEU fortalecía su trabajo público, cinco miembros
de su Comité Ejecutivo sufrieron desaparición forzada: Carlos Ernesto Cuevas
Molina, Marilú Hichos, Gustavo Adolfo Castañón Fuentes, Otto René Estrada
Illescas y Héctor Alirio Interiano Ortíz. Mientras, otros dos, Raúl Figueroa
Sartí y María del Rosario Cuevas tuvieron que buscar refugio en Costa Rica. Todos fueron miembros del grupo
estudiantil Frente.
El 3 de septiembre
de 1985 tropas del Ejército de Guatemala allanaron y ocuparon por tres días la
ciudad universitaria, registraron y desordenaron los archivos, incluyendo los
expedientes de los estudiantes. Además, se reportó la pérdida y destrucción de
libros y otros objetos de valor académico e histórico.
Los
diferentes sectores universitarios condenaron la ocupación a las instalaciones
de la USAC:
“Ello fue una reacción represiva a la postura de la universidad,
respecto al alto costo de la vida y el aumento al precio del pasaje urbano, que
generó protestas masivas, en las cuales participaron miles de estudiantes
universitarios”.
El Gobierno
justificó esa ocupación militar aduciendo que la USAC era centro de la “subversión”
y del narcotráfico.
La recuperación del
movimiento estudiantil fue muy lenta: en 1985 y 1986 no hubo AEU. En 1987 se
eligió una nueva directiva. La organización estudiantil no volvió a actuar de
forma pública hasta 1989, cuando en un número de El Estudiante se publicaron
los nombres de todos los miembros de la Junta Directiva de la Asociación. Ese
año, los principales objetivos de la AEU fueron reorganizar el movimiento
estudiantil, apoyar a los estudiantes de educación media y a los sectores
populares e impulsar un proceso de reforma universitaria. La reforma implicaba
la reestructuración financiera, administrativa y académica de la USAC.
Estas líneas de
trabajo habían sido acordadas en diciembre de 1987, en un seminario que, por
razones de seguridad, se celebró en México, contenidas en un documento que se
denominó Nueva Esperanza.
En 1989 el Gobierno
dirigido por Marco Vinicio Cerezo Arévalo enfrentó un intento de golpe de
Estado (9 de mayo) y una ola de críticas por abuso en la utilización de los
recursos del Estado. Por su parte, el sector laboral acusaba al Gobierno de
desviar fondos públicos para financiar una campaña preelectoral interna.
En este
contexto, la AEU apoyó la huelga de maestros que se realizó en toda la
República entre junio y agosto de 1989.
Se estima que el apoyo estudiantil a los docentes fue uno de los
factores que desató la represión en su contra. Asimismo, la AEU participó en el Diálogo Nacional, junto
con la Unidad de Acción Sindical y Popular (UASP), y apoyó las demandas
sindicales, campesinas y populares. Estas
acciones las realizó la AEU a pesar de haber recibido amenazas suscritas por “Jaguar
Justiciero, JJ” y el Ejército Secreto
Anticomunista (ESA), y
pese a que estallara una bomba frente a la casa de Aarón Ochoa, miembro de la
coordinadora estudiantil, con un panfleto en el que le acusaban de ser un
traidor y estar vinculado con la guerrilla.
El agosto de 1989 se
denominó “agosto negro”, debido
a los hechos de violencia que se iniciaron con el asesinato de Danilo Barillas,
dirigente de la Democracia Cristiana, y de René Estanislao López, miembro de la
juventud de ese partido. Asimismo, estallaron tres bombas, una frente a la
Rectoría de la Universidad de San Carlos,
otra en la sede de Brigadas de Paz, y la tercera frente a la del
Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), donde se encontraba refugiada la familia de
Rumualda Camey, miembro de esa asociación, que había sido desaparecida el 16 de
agosto.
La
Universidad también sufrió las consecuencias de este “agosto negro”: en
menos de quince días, entre agosto y septiembre de 1989, diez líderes
universitarios fueron detenidos arbitrariamente. Cinco de ellos fueron
asesinados y los restantes desaparecieron. Los que lograron salvar la vida
tuvieron que salir al exilio. En diciembre de ese mismo año otro miembro de la
coordinadora de la AEU fue ejecutado. Varias de las víctimas eran simpatizantes
del movimiento guerrillero.
II. LOS HECHOS
El lunes
21 de agosto de 1989, alrededor de las once de la mañana, Iván Ernesto González
Fuentes salió de la Universidad para participar en una reunión en la UASP,
entidad ante la que representaba a los damnificados por la violencia. Nunca más
regresó ni se supo de él. Iván Ernesto tenía 29 años de edad, era estudiante de
Psicología, representante estudiantil ante la Junta Directiva de esa Escuela,
miembro de la Coordinadora Estudiantil de la AEU y su representante ante el
Diálogo Nacional.
Al día siguiente,
Carlos Ernesto Contreras Conde fue a desayunar con unos familiares en la
colonia Landívar, zona 7, ciudad de Guatemala. A media mañana se dirigió a la
zona 3, donde se encontraría con su compañera, pues tenían previsto acudir
juntos a registrar a su niña recién nacida. Nunca llegó a la cita. Carlos
Ernesto tenía 22 años, estudiaba psicología, era representante estudiantil ante
la Junta Directiva de esa Escuela. Algunos testigos aseguran que lo detuvieron
en la Universidad mientras esperaba un bus. El 23 de agosto dos personas penetraron en la residencia
de la víctima y se llevaron algunos documentos.
También el 22 de
agosto, Hugo Leonel Gramajo fue secuestrado por cuatro hombres armados,
vestidos de civil, que se desplazaban en dos vehículos, uno de ellos un Pickup
rojo con vidrios polarizados. La víctima era estudiante de Ciencia Política y
catedrático auxiliar de Ciencias de la Comunicación. A las cinco de la tarde
salió del Instituto Nacional de Administración Pública, donde trabajaba, para
impartir clases en la Universidad de San Carlos y cuando transitaba por la 5ª
avenida, entre la 13 y 14 calle de la zona 9, se produjo la detención. Una
declarante afirmó que la vigilancia a la familia continuó durante dos años.
El miércoles 23 de
agosto de 1989, Silvia María Azurdia Utrera, de 29 años, y su esposo, Víctor
Hugo Rodríguez Jaramillo, de 35, sufrieron desaparición forzada al salir de su
domicilio, ubicado en la 5ª calle A, 11-02 de la zona 11. Silvia era politóloga
y psicóloga, Víctor Hugo era politólogo y licenciado en Relaciones
Internacionales. Ambos fueron fundadores del Movimiento Estudiantil Universitario
(MEU).
El
día de los hechos, desde las cinco de la mañana, hombres fuertemente armados,
incluso con ametralladoras se apostaron cerca de la casa, en un pickup color
negro, con líneas grises, placas de circulación P-144624 y un carro marca Nissan
color celeste aplomado o gris metálico, placas P-161097. Poco antes de la siete de la mañana,
Silvia Azurdia sacó el carro, lo detuvo a media calle para esperar que Víctor
Hugo Rodríguez cerrara la puerta del garaje, y los dos vehículos se cruzaron junto
al suyo, uno por adelante y el otro por atrás. Víctor Hugo corrió para
auxiliarla, pero fue golpeado en la cabeza, se desmayó y le arrojaron a la
parte trasera de uno de los carros. Silvia salió de su vehículo, gritando que
los auxiliaran, pero la agarraron del cabello, la metieron en su carro y la
sentaron entre los secuestradores.
Esa misma tarde dos
hombres entraron en la oficina número 301, situada en el tercer nivel del
Edificio América, 1ª avenida, 11-39, zona 1, donde Silvia y Víctor Hugo tenían
su oficina, y sustrajeron documentos. Estas personas llevaban las llaves y una
nota de las víctimas en que se autorizaba al guardián a abrir la oficina. En su domicilio también entraron
personas desconocidas y sustrajeron algunas cosas.
El 23 de agosto, a
las tres de la tarde, el estudiante de Sociología, Aarón Ubaldo Ochoa fue visto
por última vez cuando salió de su casa con rumbo a la Universidad. Aarón tenía
27 años, era miembro de la Coordinadora de AEU y vocal ante el Consejo
Directivo de la Escuela de Ciencia Política.
El último en ser
desaparecido ese día fue Mario Arturo De León, luego de dar una conferencia de
prensa en la Universidad, a las siete de la noche, sobre la desaparición de sus
compañeros. Mario salió en su Pickup blanco, rumbo a su casa y nunca más se
supo de él. Tenía 27 años, había egresado de la Facultad de Agronomía y era
catedrático auxiliar de la misma, miembro de la Coordinadora de AEU y director
de la Comisión de Reforma Universitaria.
En septiembre otros
tres estudiantes fueron desaparecidos: Carlos Leonel Chutá Camey, Carlos
Humberto Cabrera Rivera y Eduardo Antonio López Palencia. A diferencia de los
siete estudiantes desaparecidos en agosto, que pertenecían al mismo grupo,
Unidad Estudiantil, y estaban relacionados con la Coordinadora de AEU, éstos
fueron miembros de la Coordinadora en el período anterior, 1987-1988, y eran
integrantes del grupo Avanzada, que también propugnaba por la reforma
universitaria.
El 8 de septiembre
de 1989, hacia las ocho de la mañana, frente a la parada de buses de Lomas de
Pinares, zona 17, ciudad de Guatemala, Carlos Leonel Chutá Camey, de 31 años,
se encontraba con su esposa y con su hija de diez meses. Cinco hombres jóvenes
armados, que se conducían en una furgoneta Toyota con vidrios polarizados, lo
subieron a la fuerza a uno de los vehículos y se lo llevaron con rumbo
desconocido.
El 9 de
septiembre, Carlos Humberto Cabrera Rivera, de 46 años, representante educativo
rural ante la Asamblea Nacional del Magisterio y estudiante de humanidades,
sufrió desaparición forzada a las ocho treinta de la mañana, cuando lavaba su
vehículo frente a su casa, ubicada en la 19 avenida 9-79, de la colonia
Venezuela, zona 21. Los victimarios eran ocho personas armadas, con equipo de
comunicaciones, que ocupaban dos vehículos, uno pick-up rojo placas P
157245 y una camioneta de
color gris.
El 10 de septiembre
de 1989, Eduardo Antonio López Palencia, de 26 años, estudiante de Ciencias
Químicas y Farmacia, miembro del grupo Avanzada, fue detenido en la 18 calle entre
4ª y 5ª avenida, zona 1, cuando transitaba por ese sector acompañado de su
novia. Tampoco de él se supo nada más.
Por
otro lado, al menos en cuatro casos hubo vigilancia de los miembros de la
familia, con posterioridad a las desapariciones. Por lo menos, nueve de los doce dirigentes sobrevivientes
de la Coordinadora de la AEU salieron del país.
III. LUGAR DE LA
DETENCIÓN Y LA EJECUCIÓN DE CINCO ESTUDIANTES
Según documentación
desclasificada por el Gobierno de los Estados Unidos, existía una cárcel en la
zona 6 de la ciudad capital. Además,
un declarante, ex miembro de la sección de Inteligencia militar, observó que
los estudiantes desaparecidos estuvieron en el interior de la cárcel
clandestina ubicada en la zona seis, ciudad de Guatemala, denominada “La
Isla”, que estaba bajo la administración del Estado Mayor de la Defensa.
Asimismo, al referirse a los estudiantes desaparecidos en 1989, relató: “En
La Isla los mataron. Cabal cuando yo entré, entrando yo, cuando yo entré a la
dirección, todavía habían dos … Esos no los enterraban, aparecían muertos así
en la U, otros por ahí en la calle, en los barrancos … Y me contaron que a la
gente que no apareció la fueron a tirar al mar”.
En efecto,
en la madrugada del 10 de septiembre de 1989, en la 17 avenida, entre la 35 y
36 calle de la zona 12, a la entrada de la colonia Villasol (parte oriental de
la Universidad), varias personas bajaron de un vehículo color azul para
abandonar los cadáveres de Silvia María Azurdia Utrera, Víctor Hugo Rodríguez
Jaramillo, Carlos Humberto Cabrera Rivera y Carlos Leonel Chutá Camey. Junto a
los cuerpos, que mostraban señales de tortura, fue hallada una nota que asociaba diversas razones “estudiantiles”
para explicar el móvil de los crímenes. De acuerdo con el reconocimiento de los cadáveres y los
informes médico forenses, los cuatro cadáveres presentaban pinchazos de aguja
hipodérmica y múltiples
heridas penetrantes producidas por objeto punzocortante: Víctor Hugo Rodríguez
Jaramillo tenía seis heridas; Silvia María Azurdia Utrera, cinco heridas;
Carlos Leonel Chutá Camey, cinco heridas y Carlos Humberto Cabrera Rivera,
presentaba 31 heridas.
El cadáver de López
Palencia apareció el 15 de septiembre en la carretera de tierra, cerca de
Guastatoya, El Progreso. Tenía heridas de arma blanca y señales de tortura.
Según los familiares, presentaba tres balazos.
El
18 de diciembre de 1989, cerca del puente del Incienso, zona tres, ciudad de
Guatemala, fue encontrado el cadáver de Marco Tulio Montenegro, miembro de la Coordinadora de AEU,
estudiante de Agronomía, quien presentaba contusiones y heridas de arma blanca.
En ocasiones anteriores se había refugiado en Costa Rica y Panamá pero después
de recibir la garantía personal del Presidente de la República, Vinicio Cerezo,
regresó.
IV. LA
RESPONSABILIDAD
Un documento
desclasificado del Gobierno de los Estados Unidos reproduce la opinión de una
fuente que no especifica: “El descaro y la seguridad con que actuaron y la
pericia técnica demostrada por secuestradores parecería implicar a personas
integrantes de las fuerzas de seguridad”.
El presidente de la República,
Vinicio Cerezo, sostuvo que el clima de violencia que se tradujo en estos
crímenes fue provocado “sistemáticamente por grupos ajenos al gobierno para
crear un ambiente de inestabilidad…”
Por su parte, el
ministro de la Defensa, Héctor Alejandro Gramajo Morales, el 18 de septiembre
de 1989, en una reunión con Americas Watch, Amnistía Internacional y Washington
Office on Latin America, WOLA, afirmó —sin una investigación que lo respaldase—
que los propios estudiantes eran los responsables de las desapariciones y
ejecuciones. Posteriormente,
el 27 de septiembre de 1989, en declaraciones concedidas a Reuters, Gramajo
sostuvo que los responsables, en tres de los casos, eran traficantes de drogas y, en el resto, de la URNG. Nunca se conoció el sustento de
tales aseveraciones.
El 11 de septiembre
de 1989, tres sobres cerrados dirigidos a miembros de la Coordinadora de la AEU
fueron depositados en la recepción de la Rectoría. La nota, suscrita por el
Ejército Secreto Anticomunista, ESA, indicaba que sus autores sabían que
miembros de la Asociación tenían contacto con la URNG y habían viajado a Costa
Rica, México y Nicaragua. La nota aclaraba también que no la enviaban a los
otros miembros de la AEU, porque éstos se encontraban en poder del ESA. Simultáneamente, según una nota de
prensa, el ministro Gramajo Morales responsabilizó ahora de los hechos “a
los dementes de la derecha”.
Otras fuentes
señalan que los crímenes pudieron ser cometidos con tanta eficacia y en tan
poco tiempo, debido a la existencia de una red de informantes, entre los cuales se contaba un
miembro de la Inteligencia militar que había conseguido infiltrarse en la AEU,
con la finalidad de desarticular las bases políticas de apoyo a la guerrilla,
llegando incluso a convertirse en un alto dirigente estudiantil. Según las
fuentes, este “infiltrado” llegó a ser un importante cuadro político de
la URNG, de donde fue expulsado. Luego de los meses de agosto y octubre de 1989
abandonó el país y después regresó, para cumplir funciones de asesoría en
organismos del Estado relacionados con tareas de Inteligencia y seguridad.
V. LA IMPUNIDAD
Múltiples sectores
sociales solicitaron la investigación de los hechos y el esclarecimiento de
estos delitos. Por su
parte, los dirigentes de la AEU se reunieron con autoridades del Gobierno, con
la intención de lograr la reaparición con vida de los estudiantes. Consiguieron
promesas sobre el inicio de una investigación, pero nada se concretó.
En cinco de los
casos, se presentaron recursos de exhibición personal, que fueron declarados
improcedentes.
En cuanto a la
investigación policial, a pesar de las once órdenes dictadas por los jueces a
la Policía para que se investigaran los hechos, el organismo policial no actuó. Asimismo, el 10 de septiembre de
1989 se solicitó a la sección de Homicidios del Departamento de Investigaciones
Criminológicas de la Policía Nacional, que
investigara las muertes de los estudiantes. Los resultados de las pesquisas
fueron remitidos al organismo judicial, dos años y medio después, el 27 de
enero de 1992, y éstos no arrojaron conclusiones serias ni fundamentadas que
ayudaran al proceso de modo efectivo al proceso, llegándose a señalar, incluso,
al entonces rector de la universidad de San Carlos, entre otras personas, como
responsable del asesinato de los estudiantes.
En el expediente
judicial constan diligencias de mero trámite en su mayoría, y declaraciones de
familiares de las víctimas. No hubo sindicados en la causa ni, por lo tanto,
resolución definitiva sobre los hechos y los responsables.
La madre de uno de
los estudiantes víctimas de esta oleada represiva testimonia que un funcionario
del órgano judicial, después de los múltiples trámites, le aconsejó: “Hable
con el ministro de la Defensa, él es el único que puede ayudarla; nosotros no
podemos hacer más…”
El
presidente Cerezo reconoció que “no tenemos en este momento la suficiente
capacidad material para enfrentar una avalancha de este tipo…” y, días más tarde, que “las fuerzas
de seguridad no han actuado con toda la prontitud del caso para controlar la
violencia que mantiene atemorizada a la población guatemalteca”.
En
1992 El Frente Estudiantil de Reforma Universitaria (FERU) denunció una vez más
los hechos ante el procurador general de la nación y el Ministerio Público. Se
comenzó un nuevo procedimiento ante el juez quinto de Primera Instancia Penal
de Instrucción, el 24 de abril de 1992. El juez ordenó la investigación sumaria
y mandó a citar a Vinicio Cerezo y a Roberto Valle, ex ministro de Gobernación,
a los ofendidos y a los jefes de seguridad de la época. Posteriormente se
inhibió de conocer la causa y el 14 de mayo remitió al Juzgado Segundo, en
donde se acumuló el proceso al ya iniciado en 1989 y ordenó que se continuara
el trámite.
VI. CONCLUSIONES
La CEH llegó a la
convicción de que once estudiantes universitarios fueron detenidos
arbitrariamente entre los meses de agosto y diciembre de 1989. De ellos seis
fueron torturados y ejecutados arbitrariamente, en violación de sus derechos a
la vida y la integridad física. Hasta la fecha no han aparecido cinco de las
víctimas detenidas, cuyo derecho a la libertad y a la integridad personales fue
violado y de quienes, dado el tiempo transcurrido de estar desaparecidas, se
presume que fueron ejecutadas arbitrariamente por sus captores, con lo cual ha
sido conculcado, además, su derecho a la vida.
La CEH, tomando en
cuenta los varios elementos unívocos y concordantes que se llegaron a conocer,
presume fundadamente que los estudiantes fueron víctimas de un operativo de
inteligencia militar, en el que participaron agentes del Estado o personas que
actuaron bajo su protección, tolerancia o aquiescencia.
Entre dichos
elementos destacan la calidad de las víctimas, académicos de pensamiento de
izquierda o centro izquierda que buscaban la reforma universitaria, activistas
en la reivindicación de derechos y el estigma de “subversiva” que se
asignó a la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), provocó que se
desplegara toda la capacidad de acción del Estado, poniendo en práctica el
tradicional modus operandi de sus agentes clandestinos.
El
caso ilustra, también, como con la represión contra los dirigentes
estudiantiles se pretendía desarticular el movimiento que impulsaba la reforma
universitaria promovida por estudiantes, trabajadores y docentes
universitarios.
El
caso también es ilustrativo de la actitud de altas autoridades de Gobierno que
inculparon a determinados sectores sociales por la comisión de los hechos, sin
investigaciones serias ni fundamento alguno; y de la absoluta carencia de rigor
y seriedad de las investigaciones policiales y judiciales.
LISTADO DE LAS
VÍCTIMAS
Ejecución arbitraria, tortura, privación de libertad
Carlos Humberto Cabrera Rivera
Carlos Leonel Chutá Camey
Silvia María Azurdia Utrera
Víctor Hugo Rodríguez Jaramillo
Eduardo Antonio López Palencia
Marco Tulio Montenegro
Desaparición forzada
Aarón Ubaldo Ochoa Ramírez
Carlos Ernesto Contreras Conde
Hugo Leonel Gramajo López
Iván Ernesto González Fuentes
Mario Arturo De León Méndez
Fuente: CEH, Guatemala memoria del silencio.
