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jueves, 21 de junio de 2012

Desaparición forzada de miembros de la Central Nacional de Trabajadores (CNT) en la ciudad de Guatemala y en la finca “Emaús Medio Monte”


Caso ilustrativo No. 51
Desaparición forzada de miembros de la Central Nacional de Trabajadores (CNT) en la ciudad de Guatemala y en la finca “Emaús Medio Monte”

“…agarraron a patadas a los compañeros … fue cuestión como de unos cuatro o cinco minutos que los llevaron a ellos, se puede decir una operación relámpago…

“…en el país cada quien puede actuar con amplia libertad, desplazarse con facilidad hacia el lugar que lo desee sin necesidad de pedir permiso a nadie…

I. ANTECEDENTES
En 1968 se fundó la CNT mediante la unión de tres federaciones sindicales: la Federación Central de Trabajadores de Guatemala (FECETRAG), la Federación Nacional de los Obreros del Transporte (FENOT) y la Federación Campesina de Guatemala (FCG). La CNT nunca contó con personalidad jurídica, pero se afilió a la Confederación Latinoamericana de Trabajadores (CLAT), de orientación socialcristiana. Desde su origen estuvo integrada por sindicatos industriales, ligas campesinas y cooperativas.
La CNT era el núcleo de la actividad sindical y la organización mayoritaria durante la década de los setenta. En 1974 contaba con siete sindicatos adheridos. En 1979 sumaban 69 sindicatos. Dado su importante rol en la organización social la CNT se convirtió en un espacio de influencia no sólo notable entre las distintas corrientes sindicales existentes en el momento, sino también entre las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) y el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), que tenían influencia política en el sector. En 1978, después de mucho debate, la CNT rompió con la CLAT, lo que la dejó carente de vínculos internacionales. En 1980 la CNT contaba con una estructura integrada por diferentes secciones que a su vez se interrelacionaban: organización, propaganda y asuntos jurídicos, que apoyaban a los sindicatos en sus reivindicaciones.
En su aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) el Estado consideraba al movimiento sindical como parte de la insurgencia. Un ex sindicalista, que fuera detenido y torturado en un cuartel militar, cuenta que agentes de seguridad le mostraron un organigrama detallado del CNTFAR donde se identificaba a una organización con la otra.
Los agentes del Estado y los empresarios tenían información sobre las actividades de los sindicatos, obtenida mediante acciones de infiltración en la CNT realizados por los aparatos de seguridad del Estado. Esta había sido la razón por la cual la CNT había expulsado con anterioridad a varios de sus miembros. Un declarante recuerda que uno de los porteros de la sede pertenecía a “la judicial”. También las patronales, en varias empresas, dificultaron la acción sindical, como por ejemplo, al asignar turnos de noche a ciertos trabajadores comprometidos con el movimiento sindical, con el fin de que no pudieran desarrollar activismo con las bases de las fábricas.
Los miembros de la CNT fueron objeto de diferentes acciones de hostigamiento. Por ejemplo, en enero de 1979 se hizo estallar una bomba en su sede. En el mismo año se produjeron varios allanamientos: en uno golpearon al guardián y en otro se llevaron los archivos de la CNT. El 22 de febrero de 1980 siete líderes fueron arrestados por la Policía Nacional. Se encontraron amenazas anónimas en los casilleros, en los baños, y hasta se difundió una lista de “condenados a muerte” en la que se incluían a asesores y dirigentes de la CNT. Los seguían a la salida del trabajo. Un declarante recuerda los vehículos “Toyotas beiges” en que viajaban hasta cuatro sujetos desde donde, con pistolas en las manos, los amenazaban.
Ante este acoso creciente los sindicalistas sintieron temor, algunos hasta pensaron retirarse, y tomaron medidas preventivas. Por ejemplo, Ismael Vásquez —que después fue desaparecido— sabía que su vida corría peligro, por lo que desde tiempo atrás había puesto sobreaviso a su familia. Solía cambiar su ruta de entrada y salida de la casa todos los días. A pesar de todo los dirigentes de la CNT trataron de preservar su espacio y el funcionamiento de la sede.

II. LOS HECHOS
La reunión del 21 de junio de 1980
La cúpula dirigente había convocado a una reunión extraordinaria, fijada para el 21 de junio de 1980, porque había problemas internos en la organización. En esa reunión se quería resolver las divergencias ideológicas sobre la dirección del movimiento sindical, las estrategias para la sobrevivencia del movimiento sindical, el asunto de la expulsión de tres miembros de la CNT y el apoyo al sindicato de Coca-Cola, que era objeto de intensa represión.
En la madrugada del sábado 21 de junio es asesinado Edgar Aldana Ruano, miembro de este último sindicato. Unido este asesinato a los problemas de seguridad ya existentes en la sede de la CNT, hacia las once de la mañana los responsables de la convocatoria decidieron cancelar la reunión prevista para esa tarde en la CNT. Sin embargo, no todos los delegados pudieron ser informados a tiempo y algunos empezaron a llegar a partir de las dos de la tarde. En palabras de un sobreviviente: “A las tres menos diez yo pasé a una tienda [cercana al local de la CNT] y vi que habían unas personas armadas, y no eran pistolas sino que eran metralletas … todos tenían sus pañuelos puestos y estaban de particular, habían como tres oficiales uniformados y eran de alto rango por las insignias que tenían”. El grupo estaba formado por más de sesenta hombres armados, pertenecientes a la Policía Judicial, a la Policía Nacional y al Ejército.
El testigo “sentía que iban a allanar ahí. Yo llegué a la CNT y estaba abierta la puerta. Cerré la puerta. Subí las gradas y les dije a los compañeros: ‘Vámonos, vámonos porque esto lo van a allanar’. Sólo terminado de decir estas palabras estaba cuando tocaron el timbre. Uno de los compañeros abrió y entonces empujaron la puerta, y ya estaba un jeep frente a la puerta estacionado, para que nadie pudiéramos salir”. En ese momento había unas 30 personas en el local.
La 9ª y 10ª avenidas estaban rodeadas por las tropas que habían interrumpido el tráfico vehicular y apuntaban hacia arriba con sus armas de fuego. Los sujetos apostados en la calle estaban vestidos de civil y enmascarados, pero había tres o cuatro que eran militares, a quienes se pudo identificar por las insignias, las gorras, el uniforme verde olivo que vestían y las voces de mando. También había un jeep Toyota color gris. Fueron tres las personas que lograron escapar. Uno de ellos contaba: “…Oíamos los gritos de los compañeros y sólo oía que los maltrataban y como que les tiraban contra la pared”. No se escucharon disparos, sólo golpes. Se retiraron los militares y ellos lograron salvarse. La operación duró entre tres y cinco minutos; fue una “operación relámpago”.
Otro testigo recuerda la escena cuando llegó tarde a la reunión, pasados unos 10 minutos del operativo militar. La cuadra estaba vacía. No estaba el portero del sindicato en la calle. Pensó: “Qué descuido”. Empujó la puerta y entró. No había nadie en el local. Había manchas de sangre en el corredor y los archivos estaban abiertos. De pronto alguien entró y lo sacaron. Al salir a la calle, unas seis personas lo rodearon y le contaron lo sucedido, mientras dos compañeros sindicalistas lloraban. Estuvo allí cinco minutos y cuando se dieron cuenta que venían dos judiciales decidieron retirarse. Un familiar de una de las víctimas, que llegó luego a la sede con otros que se hallaban en la misma situación, relató que lo que presenciaron fue horrible pues había pozas de sangre por todas partes y las instalaciones estaban hechas un desastre.
Hay dudas sobre el número total de víctimas. Un testigo de los hechos indica que el número de 27 personas se refiere al quórum que se había alcanzado en el momento de la reunión: “Eran los que ya estaban sentados para empezar la reunión y por eso a ellos no les dio tiempo de salir, porque estaban dentro… La CEH logró identificar a 27 personas.

Desaparición forzada en la finca “Emaús Medio Monte”
Dos meses más tarde, dadas las condiciones de inseguridad existentes y para evitar un desenlace como el ocurrido en la CNT el 21 de junio, 17 personas entre líderes sindicales e integrantes de la Escuela de Orientación Sindical de la Universidad de San Carlos, organizaron un seminario-taller fuera de la capital, en la finca Emaús Medio Monte, Escuintla.
Sin embargo, en una operación que respondía a las mismas características y objetivos del caso descrito, el 24 de agosto de 1980, efectivos del Ejército y fuerzas de la Policía Nacional bajo la dirección del subjefe de la división de detectives detuvieron e hicieron desaparecer a 16 personas, entre ellos sindicalistas y miembros de la Escuela de Orientación Sindical de la USAC.
El 2 de septiembre de 1980 el administrador de la finca, José Luis Peña, fue capturado, torturado y ejecutado. La víctima había sido testigo directo de la desaparición forzada y había sido amenazado de muerte si proporcionaba alguna información.
El representante legal de la casa Emaús, que fue acusado por el Ejército “de darle cabida a los comunistas”, afirmó que jeeps militares y un camión fueron parte del operativo.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los secuestrados fueron conducidos a los garajes de la división de investigaciones de la Policía Nacional, en la zona 6 de la ciudad, donde fueron torturados bajo la dirección del nuevo jefe de Investigaciones.

III. DESPUÉS
El Gobierno negó su responsabilidad en la desaparición de los sindicalistas. El ministro de Gobernación declaró que los dirigentes desaparecidos podrían haber sido secuestrados por grupos extremistas, con el propósito de causar problemas al Gobierno. Más tarde, las autoridades presentaron a seis sindicalistas que la CNT incluía en la lista de desaparecidos.
Sin embargo, el vicepresidente de la República, Francisco Villagrán Kramer, aseguró a la embajada de los Estados Unidos, el 24 de junio de 1980, que los desaparecidos se encontraban en el destacamento militar Berlín, ubicado en Coatepeque; y reconoció que el Estado de Derecho atraviesa por una situación compleja y difícil.
Según documentos desclasificados del Gobierno de los Estados Unidos, “la policía niega tener conocimientos sobre el paradero de los sindicalistas, pero la incursión, igual como la previa (allanamiento de la sede el 29 de abril de 1980), tiene todos los rasgos de una operación de elementos de seguridad. Con aparente impunidad, el grupo atracador incluso desvió el tráfico de las calles congestionadas del centro durante la operación”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Resolución 33/81, caso 7403 (Guatemala), de 25 de junio de 1981, resolvió considerar verdaderos los hechos denunciados (el Gobierno no respondió a las solicitudes de información) y efectiva la detención arbitraria de los afiliados a la CNT. Declaró que el Gobierno de Guatemala violó los derechos a la libertad personal, a la vida, a las garantías judiciales, a la protección judicial y el derecho de reunión.
En el mismo año la Organización Internacional del Trabajo (OIT) expresó su “extrema preocupación … [por] los asesinatos y ataques violentos contra la integridad física de un elevado número de dirigentes sindicales, desapariciones vinculadas al movimiento sindical, amenazas, atentados contra el derecho de huelga, interferencias violentas en reuniones sindicales, ocupación de locales sindicales, ataques a la propiedad sindical y despidos por razones sindicales”. Finalmente, recomendó que se investigara y sancionara a los responsables y que los detenidos fueran liberados.
La Corte Suprema de Justicia recibió, el 25 de junio de 1980, un recurso de exhibición personal en favor de los desaparecidos. El 1 de julio se decretó la exhibición por parte de la Cámara Penal, señalándose audiencia para el siguiente día. Se pidieron informes al Ministerio de Gobernación, a los directores generales de la Policía Nacional y de la Guardia de Hacienda y se comisionó a todos los jueces de Primera Instancia para que los solicitaran en sus territorios jurisdiccionales. El 7 de julio la Cámara Penal declaró sin lugar el recurso, porque los funcionarios de Gobierno informaron que los secuestrados no estaban detenidos y se remitió el expediente al Juzgado Sexto de Primera Instancia del ramo penal de la ciudad de Guatemala, para que investigara el paradero de las personas secuestradas.
El Juzgado ordenó: “Practíquese cuanta diligencia sea necesaria para el mejor esclarecimiento del hecho que se investiga”. Según informaciones proporcionadas por el Archivo General de Tribunales, esta fue la última actuación judicial en el caso.
En cuanto se refiere a la información policial, las autoridades declararon que la localización de las víctimas había sido negativa, pero lo único que hicieron fue preguntar el paradero de los desaparecidos en las empresas donde habían laborado. Hasta hoy, “las investigaciones para la localización de estas personas están quedando abiertas y su resultado será informado oportunamente”.
Las acciones de protesta realizadas por los sindicatos nunca obtuvieron resultados favorables.
Muchos familiares, que formaron el “Comité de desaparecidos 21 de Junio” buscaron durante varios años a las víctimas. “Con el tiempo decidieron no seguir, pues estaban siendo amenazadas”.
La desaparición de los sindicalistas, además, ocasionó daños psicológicos en los familiares. Por ejemplo, un declarante cuenta que la esposa de una de las víctimas “se empezó a poner loca, no salía a realizar mandados porque no podía atravesar calles, se fue a quitar los dientes pensando que eso le quitaría los dolores de boca, no podía comer, trató de olvidar todo lo que había pasado, también estuvo en tratamiento psiquiátrico…
En un Informe al Departamento de Estado norteamericano se afirma que, especialmente desde el 21 de junio de 1980 la violencia se incrementó, que existía un clima de terror en Guatemala y que los trabajadores tenían miedo de reunirse abiertamente.
La represión contra los sindicalistas continuó. La mayoría de los dirigentes que sobrevivieron hubo de marchar al exilio o pasar a la clandestinidad. La CNT quedó muy debilitada y al año se encontró de hecho desarticulada.

IV. CONCLUSIONES
La CEH, después de analizar los antecedentes que obran en su poder, llegó a la convicción de que los días 21 de junio y 24 de agosto de 1980 agentes del Estado de Guatemala, pertenecientes al Ejército y a la Policía Nacional y Judicial capturaron e hicieron desaparecer forzadamente, a 43 personas, dirigentes sindicales y miembros de la Escuela de Orientación Sindical de la USAC, en violación de su derecho a la libertad personal y, en definitiva, de su derecho a la vida.
Los vínculos que pudieron existir entre algunas de las víctimas y la guerrilla no constituyen justificación para este crimen de lesa humanidad que ha permanecido en la impunidad.
Por otra parte, a la CEH le asiste la convicción de que, en este caso, los responsables, en el Organismo Ejecutivo, de realizar las investigaciones de los delitos premeditadamente incumplieron su deber. Además, la inexistencia de una seria investigación posterior por parte de los tribunales de justicia permite concluir que las autoridades del Estado de Guatemala violaron el derecho a la justicia, consumando la desaparición forzada de las víctimas.
La CEH considera que este caso ilustra la decisión política de las autoridades del Estado, en el año 1980, de desarticular al movimiento sindical, atacando a sus organizaciones mediante la eliminación sistemática de sus líderes más representativos, bajo la modalidad de la desaparición forzada.
El caso ilustra, asimismo, la aplicación de la Doctrina de la Seguridad Nacional, que extendió el concepto de enemigo desde el campo de batalla a las organizaciones sociales críticas al régimen establecido.

LISTADO DE LAS VÍCTIMAS

Ejecución arbitraria
Jaime Marroquín Garrido

Ejecución arbitraria, torturas
José Luis Peña

Desaparición forzada
Adalberto Juárez
Adolfo Obdulio Molina Mérida
Agustín Chitay Chapetón
Alvaro Orlando Estrada
Augusto Yach Ciriaco
Bernardo Marroquín Salazar
Crecencio Coronel Ordóñez
Cristina Yolanda Carrera
Cabrera Edgar De la Cruz
Erwin René Hernández Paíz
Florencia Xocop Chavez
Gerónimo Alberto Moreno Palencia
Guillermo Turcios García
Gustavo Adolfo Bejarano Oscal
Héctor Manuel Sánchez
González Hilda Carlota Pérez Menéndez
Ileana del Carmen Minera López
Jordan Alberto Salazar Urizar
Jorge Luis Serrano
José Víctor Herrera Castillo
José Ruiz
Juan Guerra Castro
Julio César Pérez Gálvez
Manuel Antonio Rodríguez Ramos
Manuel René Polanco Salguero
Mario Campos Valladares
Mario Martínez
Neri Roblero Espinosa
Orlando Antonio García Rodríguez
Oscar Armando Salazar
Oscar Augusto Pérez
Pedro Ramos Micatu
Rafael Antonio Aguilar Pérez
Rafael Enrique Giran Mérida
Rafael Estrada
Roberto Poll Tomás
Rosario Leal
Sara Cabrera Flores
Selvin Arnoldo García López
Sonia Elizabeth Alecio


Desaparición forzada, torturas
Irma Candelaria Pérez Osorio

Fuente: CEH, Guatemala memoria del silencio.

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