El 23 de julio en nuestra memoria

23 de julio, 1980:

1.            El 23 de julio de 1980, en la aldea La Estancia, municipio de Santa Cruz del Quiché, departamento de Quiché, miembros del Ejército de Guatemala pertenecientes a la Fuerza de Tarea Gumarcaj y hombres armados con el rostro cubierto ejecutaron a los hermanos Ricardo y Onofre Chávez Morales, quienes eran miembros del CUC y de Acción Católica. Posteriormente, los soldados machetearon los cadáveres de estas dos víctimas y ejecutaron a Luciano Velázquez Tzoy y a Socorro Chacaj Rojas, esta última de catorce años de edad. Ese mismo día, los efectivos militares hirieron a Basilio Chávez Medrano, quien era miembro del CUC, de Acción Católica y presidente del comité promejoramiento del II Centro La Estancia y golpearon a su esposa Cruza Morales. En noviembre de 1984, en La Estancia, un grupo de hombres armados ejecutó a Pedro Chávez Morales, de quince años de edad, y a dos hombres más no identificados. En 1984, en el mismo lugar, miembros de las PAC ejecutaron a José Chávez Morales, de diez años de edad. Los patrulleros civiles le amarraron un lazo al cuello y lo tiraron dentro de un pozo de agua. Víctimas identificadas: Socorro Chacaj Rojas (niña), Jose Chavez Morales (niño), Onofre Chavez Morales, Pedro Chavez Morales (niño), Ricardo Chavez Morales, Luciano Velazquez Tzoy, Cruza Morales, Basilio Chavez Medrano. Víctimas sin identificar: 2.

2.            El 23 de julio de 1980, en el cantón Panul, municipio de Santiago Atitlán, departamento de Sololá, miembros del Ejército de Guatemala capturaron a Nicolás Quiejú Tacaxoy, quien había sido delatado por un comisionado militar. Desde entonces, nadie volvió a saber más del paradero de la víctima.

23 de julio, 1981:

El 23 de julio de 1981, en el cantón Xechivoy, municipio de Santiago Atitlán, departamento de Sololá, miembros del Ejército de Guatemala y comisionados militares capturaron, en la Iglesia Católica, a Nicolás Sapalú Coché y Salvador Sisay Sapalu, quienes eran militantes de la DC. A raíz de ese hecho, nadie volvió a saber más del paradero de las víctimas.

23 de julio, 1982:

1.            El 23 de julio de 1982, en la cabecera departamental de Huehuetenango, unos hombres con el rostro cubierto capturaron a Lucas Marcos Jacinto, quien era primer concejal de la municipalidad de San Mateo. Desde entonces, nadie volvió a saber más del paradero de la víctima.

2.            El 23 de julio de 1982, miembros del Ejército de Guatemala atacaron el cantón Chontalá, municipio de Chichicastenango, departamento de Quiché. Los soldados quemaron viviendas, ropa y milpa, bombardearon la iglesia metodista, robaron dinero y otros bienes y capturaron a Manuel Pantó Morales. Desde entonces, nadie volvió a saber mas del paradero de la víctima.

3.            El 23 de julio de 1982, en la cabecera departamental de Sololá, miembros del Ejército de Guatemala capturaron a César Vidal de León Rosales, quien dos años después fue visto en una cárcel clandestina en Petén. Desde ese hecho, nadie volvió a saber más del paradero de la víctima.

4.            El 23 de julio de 1982, en la cabecera departamental de Sololá, miembros del Ejército de Guatemala irrumpieron en la casa de Domingo Esquina Ixbalan, quien consiguió escapar a un cafetal cercano. Allí un soldado le disparó, pero salió ileso. Cuando regresó a su casa, los soldados se habían ido, después de llevarse todos los documentos de identificación de la víctima.

23 de julio, 1988:

El 23 de julio de 1988, en la hacienda Bolivia del municipio de Masagua, departamento de Escuintla, miembros del Ejército de Guatemala, asignados al destacamento militar de ese lugar, capturaron a Daniel Solares Avila cuando fue a recibir su salario con el administrador de la hacienda. Desde su captura no se ha sabido nada de él.

23 de julio, 1992:

A las ocho y cuarto de la mañana del 23 de julio de 1992, mientras caminaba por la quinta avenida de la zona 13 de la ciudad capital, después de dejar a su hijo en el colegio, Maritza Urrutia fue secuestrada por cuatro hombres armados que se desplazaban en un vehículo blanco con vidrios ahumados. http://raulfigueroasarti.blogspot.com/2012/07/privacion-arbitraria-de-libertad-y_23.html

Fuente: CEH, Guatemala memoria del silencio.

Privación arbitraria de libertad y tortura de Maritza Urrutia

Caso ilustrativo No. 33

Privación arbitraria de libertad y tortura de Maritza Urrutia

I. ANTECEDENTES

En 1992 el Gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) se encontraban debatiendo, en el marco de las negociaciones de paz, el tema de los derechos humanos, sobre el cual aún no habían llegado a consensos que les permitieran suscribir un acuerdo. El último acuerdo alcanzado, sobre el tema de la “Democratización para la búsqueda de la Paz por medios políticos”, había sido suscrito en julio de 1991.

En las negociaciones influían no sólo las acciones de guerra como tales, sino también las denominadas operaciones psicológicas, desarrolladas por el Ejército, utilizadas como un factor importante para la desmoralización del enemigo.

En este contexto, el Ejército presentó ante los medios de comunicación a más de diez miembros de la URNG, indicando que habían desertado de las filas insurgentes y solicitado la protección de las fuerzas armadas. En enero de 1992 seis de ellos fueron entregados por la institución castrense al procurador de los Derechos Humanos. En dicho traspaso, el Ejército aseveró que pertenecían a la guerrilla y que “fueron abandonados mal heridos por sus compañeros en distintas partes del país en que opera la insurgencia”.

En relación con esta operación del Ejército, el procurador de los Derechos Humanos indicó que dos de los presuntos guerrilleros puestos bajo su custodia habían pertenecido a la Institución Armada desde hacía dos años, devengando un salario, y que al menos en uno de los otros cuatro casos existía evidencia de que la persona no perteneció nunca a las filas insurgentes.

En este marco tuvo lugar la privación arbitraria de libertad y tortura de Maritza Urrutia García, maestra, estudiante de antropología y miembro del grupo insurgente Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), donde militaba utilizando un seudónimo.

II. LOS HECHOS

A las ocho y cuarto de la mañana del 23 de julio de 1992, mientras caminaba por la quinta avenida de la zona 13 de la ciudad capital, después de dejar a su hijo en el colegio, Maritza Urrutia fue secuestrada por cuatro hombres armados que se desplazaban en un vehículo blanco con vidrios ahumados. Durante la captura hubo un forcejeo y Maritza perdió un zapato, que sirvió como evidencia para la familia a la hora de presentar una denuncia a la Policía Nacional, y solicitar la investigación del caso.

Una vez que la introdujeron en el vehículo, los captores, quienes conocían el seudónimo político de la víctima, le taparon la cabeza con un chaleco y la condujeron a un lugar que aparentaba ser un estacionamiento. Le cambiaron la capucha y en esta situación la mantuvieron, de hecho, durante todo su cautiverio.

Sin embargo, la víctima pudo identificar el lugar: en varias oportunidades sintió el paso del vehículo sobre túmulos  y, bajo la capucha que le cubría el rostro, vislumbró mochilas verde olivo y armas grandes. También escuchó redoblantes con toque militar a las seis de la mañana y a las seis de la tarde. En otra oportunidad observó a una persona con los zapatos bien lustrados y pantalones color caqui. Por fin, uno de sus captores le indicó que se encontraba en poder del Ejército.

Asimismo, dos testigos, ex miembros de la Inteligencia militar, confirmaron a la CEH que habían participado en el secuestro de Maritza y que ésta estuvo detenida en las instalaciones ubicadas tras la sede de la Policía Militar Ambulante, exactamente en la 16 avenida, frente a las casas marcadas con los números 13-65 y 13-85 de la zona 6, donde funcionaba una cárcel clandestina denominada La Isla.

Además, a partir de una fuente sólida, la CEH ha podido determinar que “en el caso de Maritza Urrutia participaron por lo menos ocho especialistas del Ejército y dos oficiales, todos miembros de la Inteligencia del Ejército”.

El interrogatorio a que fue sometida la detenida versó, en un comienzo, sobre el padre de su hijo —de nombre Esteban, quien también militaba en el EGP—, sobre su hermano y otros miembros de la familia. Con este motivo, le presentaron correspondencia entre ella y Esteban, que días antes los captores habían interceptado. Le mostraron, también, varias fotografías para que identificara a las personas retratadas, algunas de las cuales mostrataban signos de tortura o mutilaciones, siendo advertida que ella y el padre de su hijo seguirían esa misma suerte si no cooperaba. También la amenazaron con que nunca más iba a ver a su hijo.

Desde el primer día de su detención se le permitió mantener comunicación telefónica con sus familiares. La primera llamada la hizo desde el recinto donde estaba detenida, para solicitarles que fueran por su hijo al colegio, pero las demás las realizó desde teléfonos públicos cercanos al lugar, hasta donde era llevada sin previo aviso por sus celadores, quienes supervisaban tales comunicaciones, en las que sólo debía referirse a su “buen estado”, a su deseo de abandonar la organización guerrillera y a su pronto regreso a casa.

El cautiverio de Maritza Urrutia se prolongó por ocho días, durante los cuales, salvo las pocas idas al baño o las llamadas telefónicas, fue mantenida en un cuarto, sentada en una cama y con la mano esposada a la cabecera. En el lugar, día y noche se mantenía la luz encendida y un radio con todo el volumen, lo cual le provocó tormento, le impidió dormir y causó graves alteraciones en su sistema nervioso. Durante las noches, entraban y salían hombres de la habitación, quienes la observaban y le repetían que tenía que cooperar con ellos.

La víctima pudo observar varias veces el rostro del militar que estuvo a cargo de la operación, cuyas características físicas coinciden con las de un miembro de la Inteligencia militar. Otros testigos también señalan que esta persona fue la encargada de dirigir la operación.

El viernes 24 de julio los captores obligaron a la víctima a ser protagonista de un vídeo donde manifiestaba su voluntad de abandonar las filas del EGP y “agradece” a las personas que la habían ayudado a concretar dicho propósito. El vídeo finalizaba con un llamado a todos sus compañeros para que abandonasen la lucha armada.

La filmación se realizó mediante la lectura obligada de guiones escritos en una pizarra o en cartulinas. Además, se le proporcionó maquillaje y ropa, que llegaba con etiquetas de una tienda cercana a la cárcel clandestina denominada La Isla, donde se estima permaneció detenida.

El miércoles 29 se realizó la grabación final. Esa tarde la víctima fue obligada a llamar a dos estaciones de televisión y a pedir que transmitieran una cinta que “les enviaría”. Esa videograbación fue, en efecto, transmitida a las diez de la noche y en ella Maritza Urrutia aparece asegurando que no fue secuestrada sino que se encontraba con personas a las cuales había recurrido para obtener protección y poder abandonar las actividades ilegales. La familia denunció a los medios de comunicación que la filmación era un montaje.

El jueves 30 de julio Maritza Urrutia fue conducida por sus captores al Ministerio Público, bajo la condición de solicitar la amnistía, fundamentada en el Decreto 32-88 del Congreso de la República. La amnistía le fue concedida a ella, que había sostenido públicamente su militancia hasta 1992 en el EGP, pese a que el Decreto la hacía aplicable sólo a quienes habían militado hasta el 23 de junio de 1988.

El propio fiscal general de la nación le acompañó al Juzgado Quinto de Instrucción del Ramo Penal, donde se levantó el acta de aplicación de la amnistía.

Sin embargo, ninguna autoridad judicial indagó sobre la legalidad de su detención. El fiscal general apoyó la versión oficial de que no existían indicios de secuestro, en clara contradicción con el expediente que él mismo remitiera al Organismo Judicial, el cual contiene, como resultado de la investigación policial, las declaraciones, ante la Policía, de dos testigos de los hechos.

Por su parte, la juez del Juzgado Quinto de Instrucción no interrogó a Maritza Urrutia sobre su captura y las condiciones de la detención, ni sobre su militancia política. La víctima sostiene que el documento que le concedió la amnistía ya estaba preparado con anticipación a su presentación ante la juez.

Al finalizar la diligencia, el fiscal general llevó nuevamente a Maritza Urrutia a la sede del Ministerio Público, donde sostuvo una conferencia de prensa en la cual, aún presa del terror debido a las amenazas, repitió lo dicho en la videograbación que había sido transmitida por los medios de comunicación.

Al cabo de cierto tiempo, y ya bajo la protección de una entidad humanitaria, la víctima fue trasladada por sus parientes a un lugar seguro, donde permaneció hasta el 7 de agosto, cuando salió de Guatemala con rumbo a los Estados Unidos, pese a que los captores también le habían impuesto la condición de no abandonar el país.

En su última semana en Guatemala, funcionarios gubernamentales intentaron insistentemente comunicarse con ella, y el fiscal general la citó para que declarara ante los tribunales.

Por otro lado, el presidente Serrano objetó ante representantes de la Embajada de los los Estados Unidos la emisión de una visa a favor de Maritza Urrutia, pues consideraba que la URNG podría usar como pretexto este caso para romper las negociaciones de paz.

La víctima denunció el hecho ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde presentó una declaración jurada sobre lo sucedido. Lo mismo hizo ante el Experto Independiente de Naciones Unidas para Guatemala.

Luego que se halló en el exterior, el Gobierno reaccionó con dureza ante todas las entidades que le habían prestado protección. El ministro de la Defensa acusó a la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de haber obligado a Maritza Urrutia a partir al extranjero y amenazó a uno de sus abogados con expulsarlo del país. Otros funcionarios acusaron al procurador de los Derechos Humanos de haber encubierto un delito. Además, el Gobierno solicitó a la embajada de los Estados Unidos que retirara a uno de sus funcionarios por “injerencia en asuntos internos”.

El expediente judicial No. 2038-92, Oficial 5º, a cargo del Juzgado Cuarto de Instancia Penal, correspondiente a este caso, se encuentra desde el 19 de junio de 1995 en poder del Ministerio Público, sin que hasta la fecha y de conformidad con lo que establece el Código Procesal Penal se haya efectuado diligencia alguna.

III. CONCLUSIONES

La CEH, considerando todos los antecedentes reunidos en la investigación de este caso, llegó a la convicción de que Maritza Urrutia sufrió violación de su derecho a la integridad personal, mediante la tortura cometida por efectivos del Ejército, quienes le inflingieron sufrimientos psicológicos y aplicaron sobre ella métodos tendientes a anular o disminuir su personalidad. Esta violación no admite justificación basada en la calidad de miembro de una organización insurgente que ostentaba la víctima.

Del mismo modo, la CEH llegó a la plena convicción de que la anterior violación ocurrió en el marco de una detención arbitraria y contraria a la legislación guatemalteca, practicada por los mismos agentes del Estado en la persona de la víctima, violando su derecho a la libertad personal.

Además, atendida la evidente circunstancia de no haberse realizado una investigación sobre el caso, de habérsele negado a la víctima el derecho a obtener protección judicial y de omitir un procedimiento para hacer efectivas las responsabilidades de los autores, la CEH se formó la convicción de que las autoridades del Estado de Guatemala faltaron gravemente a su deber de investigar y sancionar estas violaciones de derechos humanos, desconociendo el derecho a la debida protección judicial de la víctima y a la justicia.

Esta última violación se ve agravada por la circunstancia que el Estado, a través de agentes suyos en el Ministerio Público y los tribunales, protegió a los autores y colaboró con ellos, encubriendo la naturaleza de sus acciones y obedeciendo a la influencia ilegítima y perniciosa que el Organismo Ejecutivo, en particular el poder militar, aún ejercía sobre otros organismos y funcionarios del Estado en el año 1992.

Finalmente, la CEH considera que este caso, acaecido en el período de las negociaciones de paz, es ilustrativo de la intensificación de operaciones psicológicas del Ejército en apoyo a la lucha contrainsurgente, entre las cuales destacó la manipulación publicitaria de prisioneros, con la finalidad de bajar la moral a la contraparte. Algunas de dichas operaciones prescindieron del respeto a los derechos humanos.

Fuente: CEH, Guatemala memoria del silencio.

El 22 de julio en nuestra memoria

22 de julio, 1972:

El 22 de julio de 1972, en la cabecera municipal de Cahabón, departamento de Alta Verapaz, comisionados militares y civiles capturaron a Rosendo Barrientos, lo llevaron a las afueras de la comunidad y lo torturaron hasta que lo dieron por muerto.

22 de julio, 1981:

1.            El 22 de julio de 1981, en el caserío Cucabaj Segundo Centro, aldea San Sebastián Lemoa, municipio de Santa Cruz del Quiché, departamento de Quiché, miembros del Ejército de Guatemala masacraron a 36 personas de las comunidades de La Puerta, Ximbaxuc, Choacamán Cuarto Centro y Cucabaj, municipio de Santa Cruz del Quiché. Las víctimas fueron golpeadas por los soldados y posteriormente ejecutadas con armas de fuego y machetes. Algunos eran miembros de AC. Los cadáveres no fueron enterrados. Dos días después, apareció el cadáver de Agapito Quinillá González, quien se presume fue ejecutado por los mismos soldados que hicieron la masacre. Víctimas identificadas: Pedro Benito, Rosalio Benito, Felix Castro, Diego Cun, Juan de Leon Zacarias, Cleto Hernandez, Hermenegildo Ixchop, Rosalio Lopez, Silverio Lopez, Juan Lux, Agapito Quinilla Gonzalez, Vicente Quinilla Castro, Isabela Zacarias Castro, Juan Zacarias Castro, Nicolas Zacarias Taquiaj, Vitalino de Leon Quinilla (niño), Maria Castro Yat, Tomas Sajbi. Víctimas sin identificar: 21.

2.            El 22 de julio de 1981, en el caserío de Cucabaj, aldea San Sebastián Lemoa, municipio de Santa Cruz del Quiché, departamento de Quiché, miembros del Ejército de Guatemala y de las PAC capturaron a Hermenegildo Ixchop Chivalán, quien era miembro del CUC. No se volvió a saber de él.

3.            El 22 de julio de 1981, en el cantón de Mactzul II, municipio de Chichicastenango, departamento de Quiché, miembros de las PAC torturaron y ejecutaron a Tomás Senté Mejía.

4.            El 22 de julio de 1981, en el caserío Cucabaj, aldea San Sebastián Lemoa, municipio de Santa Cruz del Quiché, departamento de Quiché, hombres ladinos de Chiché ejecutaron a Miguel Tiño González cuando se dirigía a un entierro.

22 de julio, 1982:

1.            El 22 de julio de 1982, en el caserío Chuaquenún, aldea Panabaj, municipio de Patzún, departamento de Chimaltenango, miembros del Ejército de Guatemala capturaron a Isidro Xiquitá Ajú y a Félix Enrique Ixén junto con sus hijos Anselmo Xiquitá Ajú y Fausto Ixén Xiquita. Posteriormente, los soldados los llevaron a una galera donde los quemaron vivos.

2.            El 22 de julio de 1982, en el caserío Chuinimachicaj, aldea Xeatzán, municipio de Patzún, departamento de Chimaltenango, miembros del Ejército de Guatemala, con el rostro cubierto, capturaron a Juan Xinicó Chonay, Mateo Olcot Sipac y a Bernardo Olcot Tzuquén, quien tenía ocho años y era hijo de Mateo. Los soldados torturaron a Mateo y a Juan, arrancándoles la lengua y sacándoles los ojos, y los golpearon hasta matarlos. A Bernardo lo trasladaron a una casa donde él vio 25 cadáveres, allí lo golpearon y finalmente lo liberaron.

3.            El 22 de julio de 1982, en lugar no señalado, presuntos miembros de la guerrilla ejecutaron a Doroteo Morales.

4.            El 22 de julio de 1982, en la finca Ixquisís, municipio de San Mateo Ixtatán, departamento de Huehuetenango, presuntos miembros de la guerrilla ejecutaron a Doroteo Isabel Morales, quien era comandante de las PAC de Ixquisís y a Pedro Ramón, quien era mozo de la finca de Doroteo.

5.            El 22 de julio de 1982, en la comunidad de Lacamá III, Chupol, municipio de Chichicastenango, departamento de Quiché, miembros del Ejército de Guatemala, asignados al destacamento de Chupol, capturaron a José Calel Tecum, quien había estado organizado en ligas campesinas y formaba parte de una cooperativa. Después del hecho no se ha vuelto a saber de su paradero.

6.            El 22 de julio de 1982, en la aldea La Estancia, municipio de Santa Cruz del Quiché, departamento de Quiché, miembros del Ejército de Guatemala, pertenecientes a la Fuerza de Tarea de Gumarcaaj, capturaron y torturaron a José Mariano Velásquez Lucas, quien militaba en el CUC. Ese mismo día, los soldados capturaron a Reyes Cac Velásquez, quien pertenecía a Acción Católica. Desde esos hechos, nadie volvió a saber mas del paradero de las víctimas.

22 de julio, 1983:

1.            El 22 de julio de 1983, en Sechaj, municipio de Cahabón, departamento de Alta Verapaz, miembros del Ejército de Guatemala, asignados al destacamento de Cahabón, decapitaron a siete personas originarias de la aldea Setzapec. Las víctimas fueron citadas a Cahabón y el mensaje fue transmitido por el jefe de comisionados militares de Cahabón. Ese mismo día masacraron a líderes del comité pro tierra de Setzapec.

2.            El 22 de julio de 1983, en el caserío Canquixjá, municipio de Momostenango, departamento de Totonicapán, comisionados militares y miembros de las PAC capturaron a Luciano Torres Ordóñez, quien era colaborador de la guerrilla. Desde ese día nadie volvió a saber más de la víctima.

3.            El 22 de julio de 1983, en el caserío Pamachén, aldea de Sacsiguán, municipio de Santa Lucía La Reforma, departamento de Totonicapán, comisionados militares y miembros de las PAC capturaron a Pedro Tzoy Lux y a José Pú Lux, quien era patrullero. Al día siguiente, Manuel Pú Ixcotoyac, hijo de José, salió en busca de su padre y no regresó. Desde entonces no se volvió a saber más de las tres víctimas.

22 de julio, 1984:

 El 22 de julio de 1984, en el cantón Sacsiguán, municipio de Santa Lucía La Reforma, departamento de Totonicapán, comisionados militares y miembros del Ejército de Guatemala capturaron a nueve hombres. Desde ese hecho no se volvió a saber más de ninguna de las nueve víctimas. Víctimas identificadas: Agustin Ixcotoyac Tzoy, Agustin Ixcotoyac Tzoy, Diego Ixcotoyac Tzoy, Diego Ixcotoyac Uz, Juan Ixcotoyac Tzoy, Juan Ixcotoyac Uz, Miguel Ixcotoyac Uz, Jesus Pu Lux, Pedro Tzoy Lux.

22 de julio, 1994:

El 22 de julio de 1994, en el cantón Tzanjuyú, municipio de Santiago Atitlán, departamento de Sololá, Diego Tzitá Tzina, de diecisiete años de edad y cuya familia era colaboradora de la guerrilla, fue ejecutado por personas no identificadas.

Fuente: CEH, Guatemala memoria del silencio.

El 21 de julio en nuestra memoria

21 de julio, 1973:

En abril de 1973 se produjo la huelga del Frente Nacional Magisterial y de la Coordinadora Nacional de Claustros de Catedráticos de Educación Media, en demanda de aumento salarial. La amplitud de la huelga, su duración y la solidaridad que despertó la convirtieron en una de las acciones laborales más importantes de la década. Empezando con paros progresivos, en julio se llegó a declarar una huelga general en diecinueve departamentos. Pronto se sintieron las repercusiones: el 21 de julio un escuadrón de la muerte amenazó a los principales dirigentes del Frente Nacional Magisterial. El 25 de julio varios maestros que se dirigían a la capital sufrieron un extraño accidente. Como recuerda un participante en la huelga: “A muchos buses que alquilamos en el interior para traer a los maestros a que se manifestaran, les cortaron las mangueras de los frenos y a otros les limaron las barillas de dirección, para que ocurrieran accidentes y después culpar a los dirigentes de estos hechos. Posteriormente se comprobó que esto lo hacía gente del Gobierno en las comunidades, principalmente los comisionados militares”. El 27 de julio los maestros se manifestaron nuevamente, siendo la concentración disuelta por la Policía Nacional. Finalmente, el 3 de agosto, el nuevo Gobierno accedió a un aumento salarial del 25%, la mitad de lo que se había pedido, pero más de lo que cualquier otro sindicato había logrado desde 1954. A raíz de esta huelga aumentó la represión contra las organizaciones sociales, especialmente las sindicales.

21 de julio, 1982:

El 21 de julio de 1982, en la aldea Bulej, municipio de San Mateo Ixtatán, departamento de Huehuetenango, miembros del Ejército asignados a la Zona Militar de Huehuetenango, degollaron con machetes a Pascual Alonso Pérez, Felipe Paiz Mateo, Mateo Paiz Mateo, Diego Paiz Mateo y a dos personas más no identificadas, quienes fueron acusadas de pertenecer a la guerrilla por una persona que, con el rostro cubierto, acompañaba a los soldados. Las víctimas fueron ejecutadas delante de todos los vecinos de la aldea, quienes fueron reunidos por los soldados frente a la Alcaldía auxiliar. Posteriormente, obligaron a los patrulleros de la comunidad a enterrar los cadáveres.

21 de julio, 1983:

El 21 de julio de 1983, en la aldea La Estancia de la Cruz, municipio Zunil, departamento de Quetzaltenango, presuntos miembros del Ejército de Guatemala capturaron a Juan García Tzum, quien era alguacil. A raíz de ese hecho, nadie volvió a saber más de la víctima.

21 de julio, 1990:

El 21 de julio de 1990, en la cabecera municipal de San Luis, departamento de Petén, un comisionado militar ejecutó al ex soldado Flavio Pérez Pérez.

Fuente: CEH, Guatemala memoria del silencio.

El 20 de julio en nuestra memoria

20 de julio, 1975:

El 20 de julio de 1975 en la comunidad de Buenos Aires, municipio de Ixcán, departamento de Quiché miembros del Ejército de Guatemala capturaron y torturaron a Carlos García Paredes y Asunción García Munguía. Ambas víctimas eran miembros del EGP. A partir de ese momento se desconoce su paradero. Junto con ellos fue capturada una persona más.

 20 de julio, 1978:

El 20 de julio de 1978 fue asesinado Mario Mujía Córdoba, principal asesor de los mineros de Ixtahuacán. http://raulfigueroasarti.blogspot.com/2012/07/ejecucion-arbitraria-de-mario-mujia.html

 20 de julio, 1981:

1.            El 20 de julio de 1981, en la aldea Chiquililá, municipio de Ixtahuacán, departamento de Huehuetenango, miembros del Ejército, asignados a la Zona Militar de Huehuetenango, torturaron a Francisca Maldonado Ordóñez, quien se encontraba sola con su hija María Sales Maldonado, de dos años de edad, a quien golpearon con sus armas y la estrellaron contra la pared. La niña murió a los tres días en una clínica de La Libertad a causa de los golpes recibidos. Los soldados querían información sobre las actividades del esposo de Francisca, a quien acusaban de guerrillero.

2.            El 20 de julio de 1981, en el caserío San Pedro El Baldío, aldea de Lancetillo, municipio de Uspantán, departamento de Quiché, miembros del Ejército de Guatemala lanzaron una granada y ejecutaron a Miguel Lux Pascual y a sus dos hijos, Alberto y Jorge de apellido Lux Us de cinco y siete años de edad, respectivamente. Ese mismo día, los soldados hirieron a Catarina Lux Us y a María Tomás Lux. Durante la huida, se perdió Margarita Lux Us de dos años de edad, quien nunca apareció.

3.            El 20 de julio de 1981, en la cabecera municipal de San Juan Cotzal, departamento de Quiché, miembros del Ejército de Guatemala capturaron a Juan López y lo trasladaron al destacamento. Desde entonces no se ha vuelto a saber de la víctima.

 20 de julio, 1982:

1.            El 20 de julio de 1982, en el caserío Venecia de la aldea Chisiram, municipio de San Cristóbal, Verapaz, departamento de Alta Verapaz, un grupo de hombres desconocidos capturaron a Clemente Xuc y a Guillermo Mo. Desde entonces, nadie volvió a saber más del paradero de las víctimas.

2.            El 20 de julio de 1982, en la aldea Coyá, municipio de San Miguel Acatán, departamento de Huehuetenango, miembros del Ejército llegaron a la comunidad preguntando si habían visto pasar a los guerrilleros, quienes cinco horas antes habían estado en la aldea y habían amenazando a la población con matarlos si no les proveían de comida o si hablaban de su presencia con los soldados. Posteriormente, efectivos militares al ver que ninguno respondía a sus preguntas, capturaron a Pascual Juan y lo trasladaron al cementerio local donde lo ejecutaron, después de haberle obligado a cavar su fosa.

3.            El 20 de julio de 1982, en el destacamento militar de Camojaito, municipio de La Democracia, departamento de Huehuetenango, miembros de dicho destacamento capturaron a los hermanos Francisco, Ignacio y Timoteo, de apellidos Domingo López, a quienes sometieron a fuertes torturas y nunca más aparecieron. Las víctimas estaban en una reunión convocada por los soldados en el destacamento, para la conformación de las PAC en la aldea Ixnul de San Pedro Necta, de donde eran originarios, para lo cual uno de ellos se negó.

4.            El 20 de julio de 1982, en el caserío Ixcuyaxán, aldea Poza, municipio de San Miguel Acatán, departamento de Huehuetenango, José Marcos José León cayó a un río del lugar y murió ahogado. Estaba huyendo hacia México ante una ofensiva que miembros del Ejército realizaban.

5.            El 20 de julio de 1982, en la aldea Coyá, municipio de San Miguel Acatán, departamento de Huehuetenango, miembros de la guerrilla ejecutaron, macheteándoles, a Miguel Diego Martín, José Andrés Marcos y otra tercera persona no identificada, a quien además quemaron su casa.

6.            El 20 de julio de 1982, en la aldea La Estancia de la Cruz, municipio Zunil, departamento de Quetzaltenango, presuntos miembros del Ejército de Guatemala capturaron a Diego Chay Chojolan. Desde ese día, nadie volvió a saber más de la víctima.

7.            El 20 de julio de 1982, en el caserío Pal, aldea Xemal, municipio de Chajul, departamento de Quiché, miembros del Ejército de Guatemala llegaron a la casa de Catarina López Terraza. Los soldados la interrogaron sobre la presencia de la guerrilla en la comunidad, Catarina no respondió pues no hablaba español. Los militares la ejecutaron y luego incendiaron la casa.

8.            El 20 de julio de 1982, en el cantón Pacuchá, municipio de San Pedro La Laguna, departamento de Sololá, comisionados militares capturaron a Pedro Reanda Toc, quien había pertenecido al Ejército de Guatemala y se negaba a integrarse como comisionado. Desde ese hecho nadie volvió a saber más del paradero de la víctima.

 20 de julio, 1983:

1.            El 20 de julio de 1983, en la cabecera municipal de San Cristóbal Verapaz, departamento de Alta Verapaz, Andrés Mo Caal apareció muerto en el camino con señales de tortura. Se desconoce quienes fueron los hechores.

2.            El 20 de julio de 1983, en el caserío Los Alonzos, aldea La Esperanza, municipio de San Juan Ostuncalco, departamento de Quetzaltenango, miembros del Ejército de Guatemala ejecutaron a los hermanos Aníbal, Fermín y Abel Alonzo Méndez, quienes eran presuntos colaboradores de la ORPA.

 20 de julio, 1984:

El 20 de julio de 1984, en la cabecera municipal de San José Ojetenam, departamento de San Marcos, miembros de la Policía Nacional capturaron a Maribel Anzueto Ozbinda, a quien acusaron de guerrillera. La víctima fue retenida durante varias horas en la cárcel, donde recibió amenazas y malos tratos por parte de los policías. Finalmente fue liberada.

 20 de julio, 1986:

El 20 de julio de 1986, en Tzibilá, aldea Sumal, municipio de Nebaj, departamento de Quiché, miembros del Ejército de Guatemala emboscaron a Andrés Pérez Marcos, Pablo Ramírez y Juan, de apellidos desconocidos, hiriéndolos gravemente. Las víctimas fueron trasladadas al hospital de donde desaparecieron.

 20 de julio, 1990:

El 20 de julio de 1990, en el cantón Panaj, municipio de Santiago Atitlán, departamento de Sololá, miembros del Ejército de Guatemala dispararon contra los hermanos Gaspar y José Mesías Petzey, quienes militaban en la ORPA. Como consecuencia de éste hecho, Gaspar murió. José resultó herido, pero sobrevivió.

Fuente: CEH, Guatemala memoria del silencio.

Ejecución arbitraria de Mario Mujía Córdoba

Caso ilustrativo No. 16

Ejecución arbitraria de Mario Mujía Córdoba

I. ANTECEDENTES

En la década de los setenta se desarrollaron diferentes movimientos estudiantiles y se concretaron iniciativas de unidad sindical, como fue la constitución de la Central Nacional de Trabajadores (CNT) y otras entidades que aglutinaron a diferentes sindicatos.

A partir de 1976 la actividad de los sindicatos y organizaciones estudiantiles fue notoria. Existen múltiples antecedentes de que, en esa misma época, sectores económicos poderosos y las Fuerzas de Seguridad del Estado actuaron coordinadamente, con el propósito de desarticular, en particular, la actividad sindical. En este contexto se produjo una serie de violaciones de derechos humanos contra estudiantes, obreros, campesinos y profesionales que formaban parte de aquellas organizaciones.

Antecedentes en poder de la CEH indican que, en aquella época, empresarios entregaban listados de líderes sindicales y obreros a altos funcionarios de Gobierno encargados de las fuerzas de seguridad, con el fin de que trabajadores que consideraban molestos o que representaban algún peligro para sus intereses empresariales fueran eliminados.

La CNT se expandió y procedió a una reorganización interna, para atender diferentes demandas que se le presentaban, especialmente en asesoría legal. Estableció también una división por zonas geográficas, en cada una de las cuales fueron designados un responsable del área jurídica y otro de organización.

Mario Mujía Córdoba era en 1977 encargado de organización de la CNT en Huehuetenango. Fue el actor principal de la apertura de la sección huehueteca de la CNT. Además, era estudiante de Fruticultura en el Centro Universitario de NorOccidente de la Universidad de San Carlos de Guatemala (CUNOROC), en la que también se proyectó como líder estudiantil.

Mario Mujía Córdoba promovió la organización sindical en las empresas Santa Agape, Corral Chiquito, Minas de Ixtahuacán y en el Proyecto Lingüístico Francisco Marroquín.

La empresa Corral Chiquito producía anzuelos, mientras que la actividad productiva de la empresa Santa Agape consistía en la fabricación de juguetes para perros, elaborados en cuero. La mano de obra era guatemalteca y el producto llevaba las etiquetas impresas en inglés, para su comercialización y venta en los Estados Unidos. En 1973, la empresa Santa Agape fue vendida a la compañía estadounidense Miller Morton Company. El gerente en Guatemala era José Leopoldo Zúñiga Seigne.

El Proyecto Lingüístico había abierto escuelas de español en Antigua Guatemala, Quetzaltenango y Huehuetenango, donde funcionaba el centro de Investigaciones Lingüísticas sobre idiomas mayas y una editorial. Su sindicato fue fundado por maestros de español de las tres áreas geográficas.

Mujía logró proyección nacional como líder sindical al formar el Sindicato Minas de Ixtahuacán Huehuetenango, y como promotor de una marcha de los mineros, que habían sufrido represalias, despidos injustificados y desconocimiento de su organización sindical.

Los trabajadores de las minas laboraban en condiciones infrahumanas y percibían un salario de 80 centavos de quetzal por día trabajado (menos de 80 centavos de dólar). Al organizarse, demandaron mejores condiciones de trabajo y un salario justo, pero no obtuvieron una respuesta favorable de los patronos y hubieron de enfrentar una actitud apática de los funcionarios del Ministerio de Trabajo.

Mario Mujía promovió, en noviembre de 1977, la marcha de los mineros de Ixtahuacán, que fue la movilización humana más importante de la década. Agrupó a gente de otras organizaciones sindicales que se sumaron, a lo largo de aquella semana, al recorrido de más de 300 kilómetros, desde Ixtahuacán hasta la ciudad de Guatemala. Mujía marchó junto a los mineros.

Miles de personas ingresaron con la manifestación en la ciudad, hasta concluir su recorrido frente al Palacio Nacional. Los mineros atribuyeron a esa marcha la autorización de su sindicato, por parte del Gobierno, y la reinstalación de los trabajadores despedidos.

También en ese año los trabajadores de las empresas Santa Agape y Corral Chiquito negociaron con sus patronos nuevas condiciones de trabajo, que incluían mejoras salariales. Sin embargo, los patronos se opusieron a la actividad de los sindicatos en sus empresas, ya que al permitirlo, según su opinión, se estaría afectando la libre empresa.

Mario Mujía recibió amenazas contra su integridad física y de muerte mediante cartas anónimas. Sus compañeros de la CNT le recomendaron salir de Huehuetenango, pero él decidió quedarse allí.

II. LOS HECHOS

El 20 de julio de 1978, Mario Mujía Córdoba terminó de almorzar y se dirigió a la sede de la CNT, ubicada en el segundo nivel de una casa cercana al Parque Central de Huehuetenango. A poca distancia de la sede se encontraba la agencia del Banco de Guatemala, local que se mantenía permanentemente vigilado y protegido por elementos de seguridad. Su esposa lo acompañó hasta la entrada de la oficina. Observaba que “Mario se mostraba preocupado en los últimos días; en ocasiones le hablaba y parecía que no escuchaba”.

Cerca de las tres de la tarde, la víctima se encontraba en su oficina donde asesoraba a diario a trabajadores con problemas laborales, cuando “entraron dos hombres para él desconocidos a preguntarle si alquilaba cuartos; que iban mandados por Leopoldo Zúñiga … Uno de los individuos le hizo seis disparos y rápido se ausentaron”. Los atacantes de la víctima tenían apariencia de campesinos ladinos, portaban sombreros de petate de ala ancha y lentes oscuros.

A pesar de las múltiples heridas recibidas, Mario Mujía logró arrastrarse, bajar las escaleras y salir a la calle a pedir auxilio. Unos transeúntes, al verlo tirado y sangrando en la acera, llamaron a los bomberos, quienes lo condujeron al hospital del Seguro Social. Dado que éste no podía brindarle la asistencia médica adecuada, debió ser trasladado al Hospital Nacional de la localidad.

La población de Huehuetenango se consternó al conocer la noticia del ataque. Representantes del CUNOROC llegaron al lugar unos minutos después del hecho y procedieron a realizar diversas gestiones ante la Policía Nacional, los ministros de Gobernación y de la Defensa Nacional, y hasta el presidente de la República, para exigir que se investigara lo sucedido y aplicar la ley a los responsables.

Aquella misma noche, estudiantes universitarios y de educación media de la localidad decidieron montar guardia en las afueras del hospital, con el propósito de evitar un nuevo atentado. Varias autoridades militares se presentaron al lugar para conocer el estado de salud de la víctima; sin embargo, los estudiantes se opusieron y exigieron al médico de turno que les negara el ingreso.

Al día siguiente, 21 de julio, autoridades del CUNOROC, estudiantes, docentes, sindicalistas, empleados municipales y representantes de la CNT de Guatemala y Quetzaltenango, planificaron una manifestación de protesta que se realizó el día 22, en la que participaron cientos de personas. Salieron del Centro Universitario de la localidad y recorrieron las principales calles de Huehuetenango hasta llegar al Parque Central, donde se realizó un mitin con la intervención de varios dirigentes que condenaron airadamente el hecho criminal sufrido por Mario Mujía.

No obstante el grave estado en que se encontraba, la víctima pudo declarar ante el juez de paz, relatando los detalles del hecho y acusando formalmente al empresario Leopoldo Zúñiga como responsable del atentado sufrido.

Ante su estado cada vez más grave, dirigentes de la CNT gestionaron el traslado de la víctima a un hospital privado de la ciudad de Guatemala, para que recibiera una atención médica más apropiada. Mario Mujía fue trasladado en avión el 23 de julio a las siete de la mañana. En el vuelo acompañaron a la víctima su esposa, su hermano, un dirigente de la CNT, un médico y dos enfermeras del hospital Herrera Llerandi.

Durante el viaje, por su gravedad, sufrió un paro cardíaco y, aún con vida, luego del aterrizaje en la ciudad capital fue trasladado, pero falleció al ingresar en el hospital. El médico forense estableció como causa de la muerte “herida penetrante del abdomen producida por proyectil de arma de fuego”.

Ese mismo día, en horas de la tarde, sus compañeros trasladaron de regreso a Huehuetenango el cadáver de la víctima, donde fue recibido por representantes de todos los sectores de la sociedad, quienes condenaron el hecho.

La CNT declaró 1978 “año del mártir Mario Mujía”.

III. DESPUÉS DE LOS HECHOS

Investigación judicial y ejecución arbitraria de Leopoldo Zúñiga Seigne

Como consecuencia de la sindicación formal que hizo Mario Mujía ante el juez de paz contra el empresario Leopoldo Zúñiga, éste fue objeto de investigación como presunto responsable del atentado y estuvo detenido, al igual que un empleado de su confianza.

Ambos fueron sometidos a un proceso penal, del cual quedaron desvinculados por falta de pruebas de conformidad con la sentencia emitida por el juez primero de Primera Instancia de Huehuetenango, de fecha 8 de enero de 1979.

Luego de esa resolución las entidades encargadas de administrar justicia no realizaron ninguna investigación dirigida a la determinación de los autores materiales e intelectuales del crimen. La ejecución de Mario Mujía quedó en la impunidad, provocando frustración y descontento en diferentes sectores de la población.

El 1 de marzo de 1979 Leopoldo Zúñiga Seigne fue ejecutado por integrantes de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) que se atribuyeron el hecho mediante un comunicado difundido el día 10 de marzo. Además, esta acción fue reconocida ante la CEH.

Continuó la persecución contra los sindicatos

La persecución contra organizaciones sindicales continuó. En 1980 la CNT debió cerrar su oficina en Huehuetenango, en tanto que la sede central ubicada en ciudad de Guatemala fue allanada; posteriormente los sindicalistas debieron disponer su cierre. En 1981 éstos y sus asesores se vieron obligados a salir del país, como consecuencia de las amenazas e intimidaciones que sufrían.

Los hechos de violencia continuaron también contra sindicalistas de las Minas de Ixtahuacán. En febrero de 1981 fue capturado y desaparecido Luis Federico Castillo Mauricio, secretario del sindicato.

En abril fue ejecutado Joaquín Ranferi Aguirre Villatoro, miembro del mismo sindicato y líder socialdemócrata. En mayo fue amenazado el vocal del sindicato, Salvador Ordóñez Ramos, quien por medidas de seguridad abandonó el país. Estos hechos, sumados a la muerte de Mario Mujía, tuvieron como consecuencia la disolución del sindicato de los mineros.

IV. CONCLUSIONES

La CEH, luego de analizados todos los antecedentes reunidos, presume fundadamente que la muerte de Mario Mujía fue causada por sujetos que actuaron por encargo de terceros, posiblemente particulares, quienes contaron con la tolerancia o, en todo caso, con la posterior protección y encubrimiento del Estado. Debido a esta última circunstancia, su muerte constituye una violación a los derechos humanos.

Los antecedentes fundamentales de esta presunción tienen relación con varios aspectos, tales como el procedimiento empleado por los autores y sus dichos, la calidad de la víctima y la reacción de las autoridades encargadas de investigar el crimen.

La CEH también consideró el contexto en que éste fue perpetrado, el cual se caracterizó por otros atentados a la vida y la seguridad de numerosos dirigentes sindicales, anteriores y posteriores al caso investigado, y por una situación que no permitía concebir la comisión de un hecho de esta naturaleza y su posterior impunidad sin que el Estado lo hubiese tolerado o encubierto.

Además, la CEH se formó la convicción plena de que, en este caso, las autoridades responsables del Estado de Guatemala incumplieron deliberadamente su deber de investigar el hecho y sancionar a los responsables, violando el derecho a la justicia, puesto que, a pesar de que Mario Mujía alcanzó a realizar señalamientos contra determinadas personas, el crimen quedó en la impunidad.

La CEH considera que la ejecución arbitraria de Mario Mujía Córdoba es representativa de las represalias y violaciones de derechos humanos sufridas, en la segunda mitad de la década de los setenta, por sindicalistas que pretendían sostener sus organizaciones y hacer valer sus derechos. Estos dirigentes se enfrentaron a acciones tendientes a impedir todo intento de organización social, coordinadas por sectores económicamente poderosos que contaron con la tolerancia del Estado y que concretaron, incluso, la eliminación de líderes y asesores sindicales. Esta política logró en buena medida su objetivo, al producirse la disolución de importantes sindicatos, como el de los mineros de Ixtahuacán, el cierre de la CNT en Huehuetenango y, finalmente, el allanamiento y posterior clausura de la sede central de esa entidad en Guatemala.

Del mismo modo, en la investigación del caso que afectó a Leopoldo Zúñiga, la CEH adquirió la convicción de que esta persona fue víctima de una ejecución arbitraria perpetrada por miembros de las Fuerzas Armadas Rebeldes, quienes lo privaron de su derecho a la vida, en clara infracción a las reglas del Derecho Internacional Humanitario y a los principios comunes del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Para alcanzar esta convicción, la CEH tuvo en cuenta, como elementos de plena prueba, el Comunicado de las FAR del 10 de marzo de 1979 y, especialmente, el reconocimiento del hecho ante la Comisión, gesto que debe valorarse positivamente, desde la perspectiva de la reconciliación nacional.

La CEH considera que la ejecución arbitraria de Leopoldo Zúñiga Seigne, es ilustrativa de la estrategia guerrillera de “ajusticiar”, al margen de toda ley y violando las normas de la guerra, a personas que no eran combatientes y a quienes consideraba enemigos políticos, cuya muerte quedó también en la impunidad.

Finalmente, la CEH estableció también, en la investigación de los respectivos casos, la presunción fundada de que Luis Federico Castillo Mauricio fue víctima de desaparición forzada cometida por agentes del Estado y que Joaquín Ranferi Aguirre Villatoro fue también víctima de agentes estatales, constituyendo su muerte una ejecución arbitraria.

La CEH considera que, tanto el tipo de “represalia” de la guerrilla, manifestado en la ejecución de Leopoldo Zúñiga, como la subsiguiente represión criminal de sindicalistas ilustran cómo opera, en un enfrentamiento fratricida, el círculo vicioso de la violencia, al que tanto ha costado poner fin en Guatemala.

Fuente: CEH, Guatemala memoria del silencio.

El 19 de julio en nuestra memoria

19 de julio, 1954:

1.            Para completar la depuración y el control de los enemigos del régimen, el 19 de julio de 1954 se creó el Comité Nacional de Defensa Contra el Comunismo, dotado de facultades para ordenar a las Fuerzas de Seguridad la investigación de casos y el arresto de personas. Adicionalmente se establecieron las figuras legales del estado de peligrosidad y de actividad comunista, en relación con las cuales el Comité podía aplicar, como medidas de control, la privación de libertad hasta por treinta días, libertad vigilada, residencia forzada e incluso la expulsión de extranjeros.

2.            A partir del 19 de julio de 1954, el Estado recuperó las tierras de las fincas nacionales que habían sido repartidas y el 26 del mismo mes anuló la Ley de Reforma Agraria (Decreto 900), substituyéndola por un nuevo Estatuto Agrario; asimismo, se revocó la entrega en propiedad del 78% de los parcelamientos,75 que fueron devueltos a sus antiguos propietarios. En los departamentos más afectados, como Alta Verapaz, Escuintla, Izabal, Baja Verapaz, Chimaltenango, San Marcos y parte de Quiché, se registraron sistemáticos actos de violencia.

19 de julio, 1981:

1.            Estudiados los antecedentes del caso, la CEH llegó a la convicción de que, el 19 de julio de 1981, efectivos del Ejército de Guatemala ejecutaron arbitrariamente a aproximadamente 45 pobladores indefensos —hombres, mujeres y niños— de varias comunidades del municipio San Miguel Acatán, Huehuetenango, al atacar indiscriminadamente la población de Coyá, en violación de su derecho a la vida. http://raulfigueroasarti.blogspot.com/2012/07/bombardeo-y-masacre-en-coya-san-miguel.html

2.            El 19 de julio de 1981, en la aldea Chimbán, municipio de San Miguel Acatán, departamento de Huehuetenango, miembros del Ejército asignados a los destacamentos de Solomá y Jacaltenango, acompañados de un hombre con el rostro cubierto, capturaron a Andrés Juan Félix, quien era sacerdote maya de ochenta años de edad. Posteriormente, los soldados torturaron a la víctima y la ejecutaron, macheteándola. Finalmente, efectivos militares cortaron un brazo a la víctima y lo mostraron públicamente.

19 de julio, 1982:

1.            El 19 de julio de 1982, en un camino de la aldea Yalcastán, municipio de Nentón, departamento de Huehuetenango, miembros del Ejército hirieron con armas de fuego a los esposos Lucas Mauricio Guillén y Catarina Ignacio y ejecutaron a sus tres hijas identificadas como Angelina, de dos años y medio de edad, Eulalia de seis y Angelina de ocho, todas de apellidos Mauricio Ignacio. Las víctimas se dirigían hacía México a refugiarse cuando se encontraron con los soldados, quienes les dispararon indiscriminadamente. Lucas Mauricio Guillén resultó herido al recibir un balazo en el pecho, el cual le atravesó el cuerpo, matando a Angelina, la menor de sus hijas, quien iba en su espalda. Posteriormente, los soldados se retiraron pensando que todos estaban muertos. Horas después, otro grupo de personas que también huía hacia México encontró a las víctimas y trasladó a los sobrevivientes hacia México. Lucas Mauricio Guillén fue llevado al hospital de la ciudad de Comitán, Estado de Chiapas, México, pero a los tres días murió como consecuencia de las heridas. Asimismo, murieron durante el desplazamiento hacia México la anciana Angelina Gómez, de 80 años de edad, quien no aguantó la caminata, y la niña Juana Alonso Pedro, de cinco años de edad, quien no aguantó el frío y las fuertes lluvias. También desapareció Juana Pérez García, de quien nunca se volvió a tener noticia. Víctimas identificadas: Angelina Mauricio Ignacio (niña), Angelina Mauricio Ignacio (niña), Eulalia Mauricio Ignacio (niña), Lucas Mauricio Guillen, Lucas Mauricio Guillen, Juana Perez Garcia, Juana Alonso Pedro (niña), Angelina Gomez, Catarina Ignacio.

2.            El 19 de julio de 1982, camino hacia el refugio en México, antes de llegar al caserío Yaltoyá, municipio de Nentón, departamento de Huehuetenango, miembros del Ejército capturaron a dieciséis personas, quienes se encontraban huyendo de la violencia, las torturaron y las ejecutaron. Las mujeres fueron violadas antes de su ejecución. Víctimas identificadas: Angelina Juana Domingo Lucas (niña), Magdalena Domingo Gomez, Maria Domingo Domingo (niña), Maria Domingo Lucas, Miguel Domingo, Miguel Domingo Santiso, Petrona Domingo Lucas, Andres Lopez, Lucas Lopez Domingo, Maria Lucas Ramos, Pascual Paiz, Angelina Pedro Tomas, Angelina Perez Domingo (niña), Antonia Perez, Guillermo Perez Perez (niño), Isabel Perez Perez (niña), Maria Perez Domingo (niña), Maria Perez Gomez, Maria Perez Paiz, Maria Perez, Marcos Tomas Lucas (niño), Angelina Pais, Guillermo Perez (niño), Maria Perez, Pascual Perez (niño). Víctimas sin identificar: 16.

3.            El 19 de julio de 1982, en la aldea Chex, municipio de Aguacatán, departamento de Huehuetenango, miembros del Ejército capturaron a cuarenta personas, quienes eran colaboradores de la guerrilla. Posteriormente, las víctimas fueron trasladadas al destacamento militar de Aguacatán y más tarde, a la Zona Militar de Huehuetenango. Desde esos hechos, nadie volvió a saber más del paradero de las víctimas excepto de dos de ellas que lograron escapar. Víctimas identificadas: Lorenzo Ajanel Pastor, Isabelo Box González, Luciano Box García, Manuel Box Hernández, Juan de León Mejía, Francisco González Juárez, Pablo González, Juana Hernández Chay, Pedro Hernández Pastor, Ricardo Hernández González (niño), Evaristo Hernández Juárez, Felipe Hernández Pérez, Felipe Hernández Pérez, Felix Hernández Calel, Gregorio Hernández Mejía, Juan Hernández Chay, Logias Hernández Chay, Lorenzo Hernández Juárez, Pablo Hernández Calel, Pedro Hernández Juárez, Ricardo Hernández Gonzáles, Ricardo Hernández, Francisco Mejía, Francisco Mejía Calel, Gerónimo Mejía, Jesús Mejía Chávez, Marcos Mejía, Pedro Mejía, Pedro Pastor Hernández, José Tecun Hernández, Baldomero Herrera, Crisanto Pastor. Víctimas sin identificar: 8. ,

4.            El 19 de julio de 1982, en el caserío Xicalcal, municipio de Zacualpa, departamento de Quiché, miembros del Ejército de Guatemala asignados al destacamento de Zacualpa, ejecutaron a Jerónimo Hernández Poncio -miembro de la DC- y violaron a una mujer después que la golpearon delante de sus hijos.

5.            El 19 de julio de 1982, en la aldea Xicalcal, municipio de Zacualpa, departamento de Quiché, miembros del Ejército de Guatemala ejecutaron a Gregorio García. Ese mismo día, Gregoria Simaj García resultó herida.

Fuente: CEH, Guatemala memoria del silencio.