Ejecución arbitraria de Mario Mujía Córdoba

Caso ilustrativo No. 16

Ejecución arbitraria de Mario Mujía Córdoba

I. ANTECEDENTES

En la década de los setenta se desarrollaron diferentes movimientos estudiantiles y se concretaron iniciativas de unidad sindical, como fue la constitución de la Central Nacional de Trabajadores (CNT) y otras entidades que aglutinaron a diferentes sindicatos.

A partir de 1976 la actividad de los sindicatos y organizaciones estudiantiles fue notoria. Existen múltiples antecedentes de que, en esa misma época, sectores económicos poderosos y las Fuerzas de Seguridad del Estado actuaron coordinadamente, con el propósito de desarticular, en particular, la actividad sindical. En este contexto se produjo una serie de violaciones de derechos humanos contra estudiantes, obreros, campesinos y profesionales que formaban parte de aquellas organizaciones.

Antecedentes en poder de la CEH indican que, en aquella época, empresarios entregaban listados de líderes sindicales y obreros a altos funcionarios de Gobierno encargados de las fuerzas de seguridad, con el fin de que trabajadores que consideraban molestos o que representaban algún peligro para sus intereses empresariales fueran eliminados.

La CNT se expandió y procedió a una reorganización interna, para atender diferentes demandas que se le presentaban, especialmente en asesoría legal. Estableció también una división por zonas geográficas, en cada una de las cuales fueron designados un responsable del área jurídica y otro de organización.

Mario Mujía Córdoba era en 1977 encargado de organización de la CNT en Huehuetenango. Fue el actor principal de la apertura de la sección huehueteca de la CNT. Además, era estudiante de Fruticultura en el Centro Universitario de NorOccidente de la Universidad de San Carlos de Guatemala (CUNOROC), en la que también se proyectó como líder estudiantil.

Mario Mujía Córdoba promovió la organización sindical en las empresas Santa Agape, Corral Chiquito, Minas de Ixtahuacán y en el Proyecto Lingüístico Francisco Marroquín.

La empresa Corral Chiquito producía anzuelos, mientras que la actividad productiva de la empresa Santa Agape consistía en la fabricación de juguetes para perros, elaborados en cuero. La mano de obra era guatemalteca y el producto llevaba las etiquetas impresas en inglés, para su comercialización y venta en los Estados Unidos. En 1973, la empresa Santa Agape fue vendida a la compañía estadounidense Miller Morton Company. El gerente en Guatemala era José Leopoldo Zúñiga Seigne.

El Proyecto Lingüístico había abierto escuelas de español en Antigua Guatemala, Quetzaltenango y Huehuetenango, donde funcionaba el centro de Investigaciones Lingüísticas sobre idiomas mayas y una editorial. Su sindicato fue fundado por maestros de español de las tres áreas geográficas.

Mujía logró proyección nacional como líder sindical al formar el Sindicato Minas de Ixtahuacán Huehuetenango, y como promotor de una marcha de los mineros, que habían sufrido represalias, despidos injustificados y desconocimiento de su organización sindical.

Los trabajadores de las minas laboraban en condiciones infrahumanas y percibían un salario de 80 centavos de quetzal por día trabajado (menos de 80 centavos de dólar). Al organizarse, demandaron mejores condiciones de trabajo y un salario justo, pero no obtuvieron una respuesta favorable de los patronos y hubieron de enfrentar una actitud apática de los funcionarios del Ministerio de Trabajo.

Mario Mujía promovió, en noviembre de 1977, la marcha de los mineros de Ixtahuacán, que fue la movilización humana más importante de la década. Agrupó a gente de otras organizaciones sindicales que se sumaron, a lo largo de aquella semana, al recorrido de más de 300 kilómetros, desde Ixtahuacán hasta la ciudad de Guatemala. Mujía marchó junto a los mineros.

Miles de personas ingresaron con la manifestación en la ciudad, hasta concluir su recorrido frente al Palacio Nacional. Los mineros atribuyeron a esa marcha la autorización de su sindicato, por parte del Gobierno, y la reinstalación de los trabajadores despedidos.

También en ese año los trabajadores de las empresas Santa Agape y Corral Chiquito negociaron con sus patronos nuevas condiciones de trabajo, que incluían mejoras salariales. Sin embargo, los patronos se opusieron a la actividad de los sindicatos en sus empresas, ya que al permitirlo, según su opinión, se estaría afectando la libre empresa.

Mario Mujía recibió amenazas contra su integridad física y de muerte mediante cartas anónimas. Sus compañeros de la CNT le recomendaron salir de Huehuetenango, pero él decidió quedarse allí.

II. LOS HECHOS

El 20 de julio de 1978, Mario Mujía Córdoba terminó de almorzar y se dirigió a la sede de la CNT, ubicada en el segundo nivel de una casa cercana al Parque Central de Huehuetenango. A poca distancia de la sede se encontraba la agencia del Banco de Guatemala, local que se mantenía permanentemente vigilado y protegido por elementos de seguridad. Su esposa lo acompañó hasta la entrada de la oficina. Observaba que “Mario se mostraba preocupado en los últimos días; en ocasiones le hablaba y parecía que no escuchaba”.

Cerca de las tres de la tarde, la víctima se encontraba en su oficina donde asesoraba a diario a trabajadores con problemas laborales, cuando “entraron dos hombres para él desconocidos a preguntarle si alquilaba cuartos; que iban mandados por Leopoldo Zúñiga … Uno de los individuos le hizo seis disparos y rápido se ausentaron”. Los atacantes de la víctima tenían apariencia de campesinos ladinos, portaban sombreros de petate de ala ancha y lentes oscuros.

A pesar de las múltiples heridas recibidas, Mario Mujía logró arrastrarse, bajar las escaleras y salir a la calle a pedir auxilio. Unos transeúntes, al verlo tirado y sangrando en la acera, llamaron a los bomberos, quienes lo condujeron al hospital del Seguro Social. Dado que éste no podía brindarle la asistencia médica adecuada, debió ser trasladado al Hospital Nacional de la localidad.

La población de Huehuetenango se consternó al conocer la noticia del ataque. Representantes del CUNOROC llegaron al lugar unos minutos después del hecho y procedieron a realizar diversas gestiones ante la Policía Nacional, los ministros de Gobernación y de la Defensa Nacional, y hasta el presidente de la República, para exigir que se investigara lo sucedido y aplicar la ley a los responsables.

Aquella misma noche, estudiantes universitarios y de educación media de la localidad decidieron montar guardia en las afueras del hospital, con el propósito de evitar un nuevo atentado. Varias autoridades militares se presentaron al lugar para conocer el estado de salud de la víctima; sin embargo, los estudiantes se opusieron y exigieron al médico de turno que les negara el ingreso.

Al día siguiente, 21 de julio, autoridades del CUNOROC, estudiantes, docentes, sindicalistas, empleados municipales y representantes de la CNT de Guatemala y Quetzaltenango, planificaron una manifestación de protesta que se realizó el día 22, en la que participaron cientos de personas. Salieron del Centro Universitario de la localidad y recorrieron las principales calles de Huehuetenango hasta llegar al Parque Central, donde se realizó un mitin con la intervención de varios dirigentes que condenaron airadamente el hecho criminal sufrido por Mario Mujía.

No obstante el grave estado en que se encontraba, la víctima pudo declarar ante el juez de paz, relatando los detalles del hecho y acusando formalmente al empresario Leopoldo Zúñiga como responsable del atentado sufrido.

Ante su estado cada vez más grave, dirigentes de la CNT gestionaron el traslado de la víctima a un hospital privado de la ciudad de Guatemala, para que recibiera una atención médica más apropiada. Mario Mujía fue trasladado en avión el 23 de julio a las siete de la mañana. En el vuelo acompañaron a la víctima su esposa, su hermano, un dirigente de la CNT, un médico y dos enfermeras del hospital Herrera Llerandi.

Durante el viaje, por su gravedad, sufrió un paro cardíaco y, aún con vida, luego del aterrizaje en la ciudad capital fue trasladado, pero falleció al ingresar en el hospital. El médico forense estableció como causa de la muerte “herida penetrante del abdomen producida por proyectil de arma de fuego”.

Ese mismo día, en horas de la tarde, sus compañeros trasladaron de regreso a Huehuetenango el cadáver de la víctima, donde fue recibido por representantes de todos los sectores de la sociedad, quienes condenaron el hecho.

La CNT declaró 1978 “año del mártir Mario Mujía”.

III. DESPUÉS DE LOS HECHOS

Investigación judicial y ejecución arbitraria de Leopoldo Zúñiga Seigne

Como consecuencia de la sindicación formal que hizo Mario Mujía ante el juez de paz contra el empresario Leopoldo Zúñiga, éste fue objeto de investigación como presunto responsable del atentado y estuvo detenido, al igual que un empleado de su confianza.

Ambos fueron sometidos a un proceso penal, del cual quedaron desvinculados por falta de pruebas de conformidad con la sentencia emitida por el juez primero de Primera Instancia de Huehuetenango, de fecha 8 de enero de 1979.

Luego de esa resolución las entidades encargadas de administrar justicia no realizaron ninguna investigación dirigida a la determinación de los autores materiales e intelectuales del crimen. La ejecución de Mario Mujía quedó en la impunidad, provocando frustración y descontento en diferentes sectores de la población.

El 1 de marzo de 1979 Leopoldo Zúñiga Seigne fue ejecutado por integrantes de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) que se atribuyeron el hecho mediante un comunicado difundido el día 10 de marzo. Además, esta acción fue reconocida ante la CEH.

Continuó la persecución contra los sindicatos

La persecución contra organizaciones sindicales continuó. En 1980 la CNT debió cerrar su oficina en Huehuetenango, en tanto que la sede central ubicada en ciudad de Guatemala fue allanada; posteriormente los sindicalistas debieron disponer su cierre. En 1981 éstos y sus asesores se vieron obligados a salir del país, como consecuencia de las amenazas e intimidaciones que sufrían.

Los hechos de violencia continuaron también contra sindicalistas de las Minas de Ixtahuacán. En febrero de 1981 fue capturado y desaparecido Luis Federico Castillo Mauricio, secretario del sindicato.

En abril fue ejecutado Joaquín Ranferi Aguirre Villatoro, miembro del mismo sindicato y líder socialdemócrata. En mayo fue amenazado el vocal del sindicato, Salvador Ordóñez Ramos, quien por medidas de seguridad abandonó el país. Estos hechos, sumados a la muerte de Mario Mujía, tuvieron como consecuencia la disolución del sindicato de los mineros.

IV. CONCLUSIONES

La CEH, luego de analizados todos los antecedentes reunidos, presume fundadamente que la muerte de Mario Mujía fue causada por sujetos que actuaron por encargo de terceros, posiblemente particulares, quienes contaron con la tolerancia o, en todo caso, con la posterior protección y encubrimiento del Estado. Debido a esta última circunstancia, su muerte constituye una violación a los derechos humanos.

Los antecedentes fundamentales de esta presunción tienen relación con varios aspectos, tales como el procedimiento empleado por los autores y sus dichos, la calidad de la víctima y la reacción de las autoridades encargadas de investigar el crimen.

La CEH también consideró el contexto en que éste fue perpetrado, el cual se caracterizó por otros atentados a la vida y la seguridad de numerosos dirigentes sindicales, anteriores y posteriores al caso investigado, y por una situación que no permitía concebir la comisión de un hecho de esta naturaleza y su posterior impunidad sin que el Estado lo hubiese tolerado o encubierto.

Además, la CEH se formó la convicción plena de que, en este caso, las autoridades responsables del Estado de Guatemala incumplieron deliberadamente su deber de investigar el hecho y sancionar a los responsables, violando el derecho a la justicia, puesto que, a pesar de que Mario Mujía alcanzó a realizar señalamientos contra determinadas personas, el crimen quedó en la impunidad.

La CEH considera que la ejecución arbitraria de Mario Mujía Córdoba es representativa de las represalias y violaciones de derechos humanos sufridas, en la segunda mitad de la década de los setenta, por sindicalistas que pretendían sostener sus organizaciones y hacer valer sus derechos. Estos dirigentes se enfrentaron a acciones tendientes a impedir todo intento de organización social, coordinadas por sectores económicamente poderosos que contaron con la tolerancia del Estado y que concretaron, incluso, la eliminación de líderes y asesores sindicales. Esta política logró en buena medida su objetivo, al producirse la disolución de importantes sindicatos, como el de los mineros de Ixtahuacán, el cierre de la CNT en Huehuetenango y, finalmente, el allanamiento y posterior clausura de la sede central de esa entidad en Guatemala.

Del mismo modo, en la investigación del caso que afectó a Leopoldo Zúñiga, la CEH adquirió la convicción de que esta persona fue víctima de una ejecución arbitraria perpetrada por miembros de las Fuerzas Armadas Rebeldes, quienes lo privaron de su derecho a la vida, en clara infracción a las reglas del Derecho Internacional Humanitario y a los principios comunes del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Para alcanzar esta convicción, la CEH tuvo en cuenta, como elementos de plena prueba, el Comunicado de las FAR del 10 de marzo de 1979 y, especialmente, el reconocimiento del hecho ante la Comisión, gesto que debe valorarse positivamente, desde la perspectiva de la reconciliación nacional.

La CEH considera que la ejecución arbitraria de Leopoldo Zúñiga Seigne, es ilustrativa de la estrategia guerrillera de “ajusticiar”, al margen de toda ley y violando las normas de la guerra, a personas que no eran combatientes y a quienes consideraba enemigos políticos, cuya muerte quedó también en la impunidad.

Finalmente, la CEH estableció también, en la investigación de los respectivos casos, la presunción fundada de que Luis Federico Castillo Mauricio fue víctima de desaparición forzada cometida por agentes del Estado y que Joaquín Ranferi Aguirre Villatoro fue también víctima de agentes estatales, constituyendo su muerte una ejecución arbitraria.

La CEH considera que, tanto el tipo de “represalia” de la guerrilla, manifestado en la ejecución de Leopoldo Zúñiga, como la subsiguiente represión criminal de sindicalistas ilustran cómo opera, en un enfrentamiento fratricida, el círculo vicioso de la violencia, al que tanto ha costado poner fin en Guatemala.

Fuente: CEH, Guatemala memoria del silencio.