La ejecución de Mario López Larrave

Caso ilustrativo No. 28

La ejecución de Mario López Larrave

“El ejemplo hermoso y digno que constituye la trayectoria de estudiante, de maestro universitario y de profesional democrático de Mario López Larrave se consolida y se multiplica ante su sangre derramada”.

I. ANTECEDENTES

A partir de 1945 la Constitución Política de la República de Guatemala otorgó autonomía a la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), concebida como rectora de la educación superior. A la vez, le encomendó funciones de cooperación en el estudio y solución de los problemas nacionales.

La USAC, en efecto, tuvo participación en la vida nacional, mediante propuestas concretas sobre temas económicos, políticos y sociales. En la década de los setenta algunos de sus miembros fueron víctimas de la violencia política vinculada al enfrentamiento armado interno. Más tarde, se promovieron proyectos de ley que atentaban contra la autonomía universitaria y se limitó con severidad su presupuesto.

Mario López Larrave cultivó la vocación por la defensa de los derechos laborales desde sus años de estudiante de Derecho en la USAC, donde se graduó con una tesis sobre Derecho Procesal del Trabajo. Más tarde, destacó como abogado laboralista, docente universitario e investigador.

Alternó su actividad entre las aulas universitarias y la defensa de los trabajadores. Su participación en la política universitaria siempre fue de primer orden. Desde que se iniciara como dirigente estudiantil en 1952 en la Asociación de Estudiantes El Derecho, ocupó los cargos más importantes. Más tarde, fue secretario de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, de la cual fue decano en el período 1970-1974 y, en el momento de su muerte, miembro del Consejo Superior Universitario en representación del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Esto lo convertía en un profesional notable dentro de la Universidad.

En 1970, al asumir el Decanato de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, creó una “extensión universitaria”, que tenía por finalidad capacitar a los sindicalistas para que conocieran las leyes laborales y sus derechos. La “extensión” funcionó en la Antigua Facultad de Medicina, pero tuvo que cerrar, debido a que los alumnos fueron amenazados de muerte si se presentaban a clases.

Entre 1975 y 1976 López Larrave creó, junto con Manuel Andrade Roca y Santiago López Aguilar, la Escuela de Orientación Sindical (EOS), que no sólo daba cursos de formación, sino también asesoría jurídica y, en general, asistencia a la formación de nuevos sindicatos. Andrade Roca y López Aguilar fueron asesinados en 1979 y 1984, respectivamente.

El trabajo de la EOS se extendió a nivel nacional y cubrió temas que trascendían el derecho laboral. “Buscaba impulsar no un sindicalismo por sí solo sino un sindicalismo que condujera tanto a la defensa de los intereses inmediatos de la clase obrera como a que la clase obrera pudiera hacer valer sus derechos plenos como ciudadanos”, objetivos que revelan la dimensión política que adquiría la actividad académica y profesional de López Larrave, quien, en todo caso, se ciñó siempre a la Constitución Política y a las leyes, en particular al Código de Trabajo, del que fue un tenaz defensor.

A principios de los setenta Mario López Larrave trabajó en la creación de los sindicatos bancarios, logrando organizar, entre otros, los de los bancos de Guatemala, de Londres y de los Trabajadores. Estos sindicatos constituirían después la Federación de Empleados Bancarios y de Seguros (FESEBS), entidad que ha jugado un papel determinante en el movimiento sindical bancario guatemalteco.

A su capacidad profesional como asesor laboral se atribuye que, a pesar de haber asesorado a gran cantidad de sindicatos, casi nunca las discusiones de pactos colectivos en que participó desembocaron en huelgas. “No le gustaban las huelgas [prefería evitarlas] porque se perdía la credibilidad en los sindicatos”.

Durante el período presidencial del general Kjell Eugenio Laugerud García, el movimiento sindical, que había sido reprimido con dureza bajo el Gobierno de Arana Osorio, se fue rehaciendo y en marzo de 1976 se forma el Comité Nacional de Unidad Sindical (CNUS), uno de los logros más significativos en los esfuerzos de integración sindical, y del cual Mario López Larrave fue uno de sus principales asesores legales.

En el año de su muerte, 1977, continuaba asesorando sindicatos, entre los cuales destacaba el del Ingenio Pantaleón, que meses después del asesinato de López Larrave llevó a cabo una huelga trascendental en la historia sindical de la Costa Sur.

El 30 de mayo de 1977 el CNUS informó a la prensa sobre un “plan represivo antipopular y sindical” basado en la lucha anticomunista y que contemplaría “la eliminación de todas aquellas personas que se consideran valiosas en el desarrollo del movimiento popular”.

En esos días la Universidad de San Carlos también recibió ataques verbales provenientes del anticomunista Movimiento de Liberación Nacional (MLN). Estos ataques coincidían con el contenido del plan denunciado por el CNUS, que se habría fraguado en una reunión internacional de grupos anticomunistas, en la que Guatemala estuvo representada por el vicepresidente de la República.

La actividad profesional y académica de Mario López Larrave fue constante e ininterrumpida, y el reconocimiento de su papel como defensor de los sindicatos y docente universitario ascendió progresivamente. Pero le costó la vida.

II. LOS HECHOS

La ejecución

El 8 de junio de 1977 Mario López Larrave participó en una reunión del Consejo Superior de la Universidad de San Carlos, que se prolongó durante casi todo el día. Hacia las cinco de la tarde, llegó a su oficina ubicada en la Vía 7, 4-79, zona 4 de la ciudad capital.

Dejó en su escritorio los documentos que traía de la reunión y luego salió, para ir a dar clases a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Aunque estuvo poco tiempo en la oficina, había guardado su carro en el parqueo del edificio.

En el momento que se disponía a salir del inmueble a bordo de su vehículo, fue atacado con armas de fuego. “Cuando sacó el carro del estacionamiento se oyeron los disparos. El carro quedó mitad en la calle, mitad en la banqueta. Le dispararon en dos fuegos. Y los tipos que lo hacen huyen” en un carro Datsun 120Y rojo.

Los compañeros de trabajo salieron de la oficina a ver qué pasaba. El licenciado López Larrave, malherido, aún estaba con vida dentro de su automóvil. Los Bomberos Municipales auxiliaron a la víctima y la llevaron al Centro Médico, donde ingresó a las 17.30 “con múltiples heridas de bala en diferentes partes del cuerpo …. [Fue] asistido médicamente hasta las 18h20 cuando debido a las heridas que recibiera dejó de existir”.

La autopsia reveló que la víctima había recibido múltiples heridas en el cráneo, tórax, abdomen y los miembros superiores; dos penetrantes en el cráneo y una penetrante en el abdomen.

Personas que se encontraban en una academia ubicada en la vecindad de la oficina del abogado dijeron que, desde las cuatro de la tarde, dos hombres estuvieron sentados en la acera de una calle aledaña. Vestían sombreros de petate y portaban unos costales de azúcar en los que, probablemente, escondieron las armas.

Universitarios, campesinos y sindicalistas condenaron en forma unánime el asesinato de Mario López Larrave. Diversas entidades internacionales manifestaron en forma pública su repudio por el crimen.

El entierro fue la primera manifestación multitudinaria de guatemaltecos para expresar públicamente su rechazo al terror.

La secuela

Tras la muerte de López Larrave se produjeron, en forma reiterada, ejecuciones extrajudiciales de destacados representantes de los sectores universitario y sindical. Esta secuela fue anunciada por los estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la USAC, quienes consideraron que la ejecución del abogado marcaba “el inicio de una ola represiva sin precedentes, de la que ninguno de nosotros tiene seguridad de escapar”.

Entre las víctimas se cuentan numerosas personas ligadas a la Escuela de Orientación Sindical (EOS) y, por tanto, a Mario López Larrave. A modo de ejemplo, destacan: Manuel Lisandro Andrade Roca, abogado y catedrático, cofundador de esa Escuela, quien fue ametrallado la noche del 13 de febrero de 1979 cuando salía de la elección de nueva junta directiva del Colegio de Abogados; Johnny Dahinten, abogado y catedrático, miembro de la EOS y asesor de los sindicatos de la Costa Sur, quien fue ejecutado a balazos la tarde del 9 de abril de 1980 cuando estacionaba su vehículo frente al Bufete Popular de la USAC; Manuel de Jesús Marroquín Castañeda, abogado, periodista y catedrático de la Escuela de Orientación Sindical, quien, después de salir ileso de un atentado en 1978, fue ejecutado el 17 de julio de 1980, frente a su bufete profesional; Ileana Minerva, Víctor Herrera, Rosario Leal, Nery Robledo Espinoza y Julio César Pérez Gálvez, estudiantes de la USAC, todos miembros de la EOS, quienes el 28 de agosto de 1980 fueron capturados junto con once personas más en la finca de retiro Emaús, en el municipio de Palín, Escuintla, mientras participaban en un seminario y de cuya suerte y paradero nunca más se supo, destacando que el juez encargado de la investigación fue asesinado a las pocas semanas de haberla iniciado; Santiago López Aguilar, abogado laboralista y catedrático, director de la Escuela de Orientación Sindical y estrecho colaborador de López Larrave y que luego de sufrir un atentado en 1978, del cual se recuperó, fue capturado en el centro de la ciudad el 17 de febrero de 1984 por varios hombres que lo obligaron a subir a un vehículo, apareciendo su cadáver cinco días más tarde en la Plaza Berlín, al sur de la ciudad; Alan Humberto Gatica, miembro de la Escuela de Orientación Sindical y militante de la ORPA, cuyo cadáver apareció cerca de la USAC el 21 de febrero 1984; y María Guadalupe Navas, abogada laboralista y catedrática de la Escuela de Orientación Sindical, cuyo cadáver apareció el 30 de agosto de 1980 en un hotel de Antigua Guatemala, junto al del secretario general de la Universidad de Nicaragua, indicando la necropsia que las víctimas fueron torturadas y posteriormente envenenadas, para que diera la impresión de un suicidio.

La impunidad

Ninguno de los casos reseñados fue esclarecido por las instituciones del Estado de Guatemala; tampoco la ejecución de Mario López Larrave.

El mismo día 8 de junio de 1977 elementos de la Sección de Hurtos y Robos del Cuerpo de Detectives de la Policía Nacional elaboraron un primer informe sobre el asesinato de la víctima, describiendo el hecho y agregando una declaración de su esposa, quien decía que “lo habían asesinado por defender a la clase (sic) trabajadora”.

Del expediente policial abierto sobre el asesinato se desprende de forma fehaciente que la víctima era investigada ilegalmente por las Fuerzas de Seguridad del Estado, desde que fuera incluida en un “listado de personas comunistas”, a pesar de no haber militado en ninguna organización política de ese signo. En dicho expediente se incluye un informe de la Sección de Archivo del Cuerpo de Detectives de la Policía Nacional, que registra supuestas actividades “comunistas” del licenciado Mario López Larrave, desde el año 1957 hasta 1971. Sobresale lo siguiente: “Con fecha 12/7/64. Ha viajado tras la cortina de hierro y a Cuba, lista de 219 comunistas. Con fecha 22/3/71. Como guerrillero actúa en Gualán”.

Por su parte, el expediente judicial no contiene ninguna resolución o constancia de la que se desprenda que el juez competente dio impulso a la investigación del hecho y la determinación de los responsables. El juez se limitó a tomar declaración a los compañeros de oficina de la víctima y devolver dos automóviles que habían sido consignados.

III. CONCLUSIONES

La CEH presume fundadamente que Mario López Larrave fue víctima de agentes del Estado o de sujetos que contaron con su aquiescencia o tolerancia o, en todo caso, con su posterior protección y encubrimiento, siendo su muerte una violación a los derechos humanos.

Esta presunción se funda en el análisis de todos los antecedentes del caso. Entre estos antecedentes destacan: la calidad de la víctima, quien fue previamente investigada ilegalmente por los servicios de Inteligencia del Estado, el procedimiento empleado por los autores del crimen y sus características personales, así como las armas utilizadas y el vehículo en que se movilizaban. Además, se ha tenido en cuenta la ocurrencia, en la misma época, de numerosos casos similares en un contexto de inequívoca hostilidad del Gobierno hacia las actividades de la Universidad de San Carlos y del movimiento sindical. Por último, el férreo control que el aparato del Gobierno ejercía sobre la población de la ciudad capital no permite concebir que hechos de esta naturaleza pudieran perpetrarse y mantenerse impunes sin el conocimiento y tolerancia del Estado.

Además, la CEH se formó la convicción de que en este caso las autoridades responsables del Estado de Guatemala faltaron gravemente a su deber de investigar y sancionar los hechos, violando el derecho a la justicia.

La CEH considera que el asesinato del profesor López Larrave es ilustrativo de un conjunto de casos análogos, que consistieron en la represión estatal clandestina de carácter selectivo, utilizando métodos criminales, contra miembros de la Universidad de San Carlos y del movimiento sindical. El fundamento de esta persecución fue la identificación que se hacía de ambos grupos con la insurgencia, sobre la base de la extensión impropia que, del concepto de enemigo, hacía la denominada Doctrina de la Seguridad Nacional. La garantía de impunidad que, de hecho, el Estado otorgaba a los autores de estos crímenes, fomentó su proliferación.

Por otra parte, el caso ilustra cómo se pervierte la función estatal de investigar, cuando los recursos de que el Estado dispone para ejercerla no se destinan a su propia finalidad, que es la persecución del delito, sino a la vigilancia ilegal de personas calificadas como enemigos políticos y, en definitiva, al encubrimiento objetivo de los autores de graves crímenes y violaciones de derechos humanos.

Fuente: CEH, Guatemala memoria del silencio.