Desaparición forzada masiva en los parcelamientos de Almolonga y Pinula

Caso ilustrativo No. 74

Desaparición forzada masiva en los parcelamientos de Almolonga y Pinula

I. ANTECEDENTES

En los años veinte el Estado de Guatemala otorgó varias fincas a la Compañía Agrícola Bananera de Guatemala, situadas en la región de Santa Lucía Cotzumalguapa, Nueva Concepción y Tiquisate, al oeste del municipio de Escuintla, con una extensión aproximada de 1,440 caballerías, y donde el banano era el cultivo predominante.

En 1944 los hombres que laboraban para la compañía se organizaron en sindicatos y exigieron mejoras salariales. Hacia 1950 varios campesinos comenzaron a ocupar tierras ociosas de la compañía, tal como sucedió en San Juan la Noria en la región de Tiquisate, donde los trabajadores se apropiaron de algunas parcelas para vivir y cultivar su milpa.

Con la expropiación de tierras de la Compañía Bananera, promovida en 1953 por el Gobierno de Jacobo Arbenz (Decreto 900, Ley de Reforma Agraria), campesinos procedentes en su mayoría del oriente del país lograron obtener tierras en los parcelamientos creados por la reforma agraria: Jocotén, Almolonga, Pinula, Santiago y Santiaguito, en Tiquisate y Nueva Concepción.

El derrocamiento de Arbenz (1954) interrumpió este proceso. En 1956, el Gobierno de Castillo Armas otorgó el resto de las tierras que habían pertenecido a la Compañía a finqueros amigos, miembros del Movimiento de Liberación Nacional (MLN), quienes obtuvieron grandes extensiones de terreno en la zona de Tiquisate. En esta época empezaron las primeras persecuciones y desapariciones forzadas en el área. Las violaciones de los derechos humanos que alcanzaron mayor resonancia tuvieron lugar en la finca Jocotén. “Cuando cayó Arbenz hubo masacres en la finca Jocotén; fue el Ejército de Castillo Armas y los del MLN los que masacraban, metían a la gente en pozos y luego los enterraban con tractores en la finca”.

Durante los años sesenta el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) inició su trabajo político en los parcelamientos de Almolonga y Pinula, y a su tarea se incorporaron varios campesinos.

Años después, en los setenta, el Comité de Unidad Campesina (CUC) realizó actividades en ambas comunidades. También las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) y el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) tuvieron influencia en el área. Sin embargo, los campesinos nunca se integraron en la lucha armada.

En esta época el Ejército comenzó a servirse de los pobladores de las comunidades designados como comisionados militares, para reunir información sobre las actividades de los campesinos. En los parcelamientos de Pinula y Almolonga, los comisionados militares reportaban de forma periódica al destacamento de Tiquisate sobre la situación en la zona. Sobre la base de esta información el Ejército tuvo noticias de que en los parcelamientos se encontraban miembros del PGT, del CUC y otros activistas que formaban la base social de las FAR y del EGP. Fueron elaboradas listas con los nombres de estas personas.

El 12 de junio de 1980, en la carretera que comunica a Almolonga y Pinula con Tiquisate, aparecieron volantes, mantas y pintas en algunas casas, que promovían la organización campesina. Sobre la responsabilidad de los volantes existen versiones opuestas: unos afirman que fueron impresos por los miembros del Ejército para justificar la represión en la comunidad, otros que fueron hechos por las organizaciones políticas que tenían influencia en la zona.

II. LOS HECHOS

En la madrugada del 13 de junio de 1980, alrededor de las cinco de la mañana, los trabajadores de las fincas se hallaban frente al salón comunal de Pinula, como de costumbre, para esperar el bus que los llevaba a las fincas algodoneras. Llovía. De repente, un batallón de soldados del Ejército ingresó con tanquetas, camiones y jeeps por la carretera principal que conduce a los parcelamientos de Pinula y Almolonga. “Nos asustamos al ver a tanto soldado y ver las tanquetas del Ejército entrar al parcelamiento”. Los soldados descendieron de los vehículos y con violencia, los registraron y les exigieron que se identificaran. La mayoría de los campesinos no portaban sus cédulas de identidad. Los soldados, con insultos y golpes, les ordenaron que fueran a buscarlas a sus casas.

Los efectivos militares se desplegaron por ambos parcelamientos, recorrieron casa por casa revisando todos los rincones y preguntando por los varones mayores de 15 años. Llevaban una lista que cotejaban con los nombres que les daban los pobladores. A aquéllos cuyos nombres coincidían con los de la lista, los subían a los camiones y se los llevaban. Dos comisionados militares de los parcelamientos fueron vistos este día acompañando al Ejército, incluso uno de ellos vistiendo uniforme militar.

El Ejército permaneció allí cerca de siete horas, tiempo en el que interrogaron a la gente y capturaron a más de 25 hombres. Los encerraron en los camiones cubiertos con lonas verdes, que impedían que pudiera distinguirse a las víctimas. Los familiares que intentaban impedir que se los llevaran recibían insultos y amenazas. Los soldados afirmaban, según un declarante, que se “los llevaban porque eran guerrilleros”.

Al retirarse el Ejército, doña Marta Julia Yanes de Mérida, una mujer de 50 años de edad, “desesperada por el dolor” decidió seguir los camiones y tanquetas del Ejército en el vehículo de un familiar, para ver a dónde llevaban a su esposo y a sus dos hijos, pero los perdió de vista en la entrada a Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla. La señora Yanes siguió buscando a las víctimas junto con otras madres y esposas de los desaparecidos. El 12 de octubre de 1980 fue asesinada a balazos en su casa, junto con un nieto de seis años que tenía en brazos. El crimen fue realizado por hombres armados y vestidos de civil, que circulaban en un pick-up.

Todos los esfuerzos tendientes a conocer la suerte corrida por las víctimas fueron infructuosos.

De los 25 campesinos que, según los testimonios desaparecieron a consecuencia de esta operación, la CEH logró identificar los nombres de 23 víctimas.

III. CONCLUSIONES

Estudiados los antecedentes del caso, la CEH llegó a la convicción de que efectivos del Ejército de Guatemala fueron autores de la desaparición forzada de por lo menos 23 pobladores de los parcelamientos Pinula y Almolonga, municipio de Tiquisate, Escuintla, el día 13 de junio de 1980.

La CEH presume que agentes de las fuerzas de seguridad del Estado fueron autores de la ejecución arbitraria de la señora Marta Julia Yanes de Mérida y de su nieto de seis años, como represalia por los esfuerzos realizados por aquella para dar con el paradero de sus familiares capturados por el Ejército.

La CEH considera que este caso es ilustrativo de la identificación que el Ejército realizó durante el enfrentamiento armado interno, de los líderes sindicales y personas que reivindicaban sus derechos laborales, con la insurgencia. El caso ilustra, además, la efectividad con que operaba, en esa época, el método criminal de exterminio conocido como desaparición forzada de personas.

Finalmente, el caso es ilustrativo de la utilización, por parte de agentes del Estado, de miembros de las comunidades como informantes y delatores, con el resultado de ruptura del tejido social y de los lazos comunitarios al provocar la división de la población.

LISTADO DE LAS VÍCTIMAS

Ejecución arbitraria

Marta Julia Yanes de Merida y su nieto

Desaparición forzada

Antonio Carrera

Antonio Mérida

Carlos Alberto Belton Luna

Daniel Chávez

Eduardo Trujillo

Ernesto Guevara Morales

Eulalio Merida

Eulogio López

Everardo Merida Yanes

Felipe Mencos Valez

Felipe Paredes

Francisco Guevara Morales

Jaime López

Julio Zepeda Castillo

Justiniano Merida Yanes

Ovidio del Jesús Belton Luna

Pedro Chojola

Pedro Merida López

René Trujillo

Rocael Florian

Ruben Chávez Barrera

Salvador Carrillo Velásquez

Santiago Pérez Esteban

Víctimas colectivas/desconocidas: 3

Fuente: CEH, Guatemala memoria del silencio.