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martes, 24 de julio de 2012

Desplazados internos en San Miguel Uspantán: La familia Tipaz Pérez


Caso ilustrativo No. 77
Desplazados internos en San Miguel Uspantán: La familia Tipaz Pérez
“Sufrimos más de lo que podemos contar. Nos acusaron de guerrilleros porque estábamos en las montañas, pero nosotros sólo estábamos defendiendo nuestra vida porque ya quemaron nuestras casas y nuestra milpa”.
“En las noches entraban para violar, más a las que sólo tienen uno o dos hijos, a las jóvenes. Pero una noche pusieron marimba y violaron a todas … hay fiesta, hay tragos, ellos estaban alegres, nosotros estamos tristes. Nosotros lloramos, nosotros queremos morir … quería morir, ya no soportaba tanto dolor, tanto sufrimiento mío y de mis familias, pero me dio fuerzas mi hijita que sólo tenía dos años”.

I. ANTECEDENTES
El presente caso se ubica en San Miguel Uspantán, en el departamento de Quiché, donde desde finales de 1980 el Ejército aplicó la denominada estrategia de tierra arrasada. En algunas comunidades de la región los militares obligaban a todos los vecinos a abandonar sus casas y concentrarse en la cabecera municipal bajo control militar. Unas familias obedecían; otras, se refugiaban en la montaña.
A la población maya k’iche’ que se refugió en la montaña, el Ejército la identificó con la guerrilla. La sometió a un cerco militar, a continuos ataques que imposibilitaron su alimentación, alojamiento y asistencia médica. Estas poblaciones permanecieron entre uno y dos años en las montañas de los alrededores de sus comunidades, para desplazarse después hacia Las Guacamayas, donde quedaron aisladas por la persistencia del asedio militar. Muchas personas murieron de hambre.
Los sobrevivientes y otros que no habían caído prisioneros se reunieron en Xasboj (área Xeputul, Comunidades de Población en Resistencia, CPR-Sierra): “…Como ya quemaron las casas, nos fuimos a las montañas para que no nos mataran los Ejércitos, y como ya no tenemos papá, cuesta más conseguir nuestras comidas. Y es así como se van muriendo, uno detrás de otro. Es así como los vamos enterrando porque si uno no come, se muere, pues”.
Los ataques en Las Guacamayas fueron perpetrados por efectivos del Ejército que procedían de los destacamentos de San Miguel Uspantán, Cotzal y La Parroquia Lancetillo y por Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) venidas de los mismos lugares.
A partir de 1983 estas unidades son las que concentran a las mujeres y los niños capturados en instalaciones castrenses en condiciones infrahumanas, sin proporcionarles alimentos ni mínimas condiciones de higiene. Los militares violan allí a las mujeres, las fuerzan a unirse con los patrulleros y entregan a los niños a personas ajenas a su familia.
La familia Tipaz Pérez vivía en una de las comunidades del municipio de San Miguel Uspantán, cuando la violencia comenzó a golpearla. Su historia podría ser la de una familia cualquiera de El Desengaño, Macalajau, Chimel, San Pedro La Esperanza, San Pablo Baldío, Las Guacamayas...

II. LOS HECHOS
La primera generación
Felipe Tipaz Chic y Juana Pérez Cac pertenecían al Comité de Unidad Campesina (CUC), como la mayoría de los habitantes de Santa Lucía, “porque no es delito organizarse para defender nuestros derechos”. Felipe había participado en la toma de la Embajada de España, donde encontró la muerte, y dejó a Juana viuda y con once hijos a su cargo.
En enero de 1981 el Ejército arrasó Santa Lucía. Huyendo de los militares, que continuamente no dejaban de atacarlos, la familia quedó dividida en las montañas: en un lado, los hijos Felipa y Eduardo; en otro, Juana con los demás hijos.
Estando en el monte, entre mayo y junio de 1982, a Juana se le murieron cinco hijos: Rubén Darío, Francisco, Candelaria, Aurelia y Domingo. Habían soportado durante más de un año el hambre, el frío y la lluvia, la tensión, el miedo y las huidas ante las ofensivas del Ejército; pero sucumbieron al hambre. El mayor de éstos niños tenía doce años, el más pequeño solamente tres. “Día a día veía como se me iban muriendo, sin poder hacer nada”.
De Felipa y Eduardo, que vivían en Santa Lucía, la madre seguía sin noticias. Con ella, en las montañas de San Antonio, sólo quedaban Jesús, Ramiro, Pablo y Carmen.
En esa época, soldados y patrulleros procedentes de San Miguel Uspantán y la Zona Reina atacaban de forma constante a las familias desplazadas en la montaña. El 13 de junio de 1982, Jesús —de 17 años— “iba a buscar alimentación. Primero, le pegaron un tiro en una pierna: se corrió en otro bordo y se chocó con más patrulla … También había soldados. Le dieron dos tiros en la espalda, le agarraron vivo y todavía le torturaron. Hasta el tercer día no lo pudimos enterrar, hasta que se retiraron las patrullas. Cortaron su lengua, sus oídos … estaba todavía patojo”.
El 24 de julio de 1983 soldados y patrulleros procedentes de la Zona Reina atacaron otra vez a la población en las montañas de San Antonio. En el ataque murió Pablo, de catorce años, mientras que Juana y su hija Carmen fueron capturadas y conducidas al destacamento de La Parroquia Lancetillo, en la Zona Reina. Permanecieron presas durante 20 días, privadas de alimentación y asistencia médica y sometidas a todo tipo de humillaciones, junto con otras 30 personas, mujeres y niños en su mayoría. Las mujeres fueron torturadas y violadas por los soldados:
“En las noches entraban para violar, más a las que sólo tienen uno o dos hijos, a las jóvenes. Pero una noche pusieron marimba y violaron a todas. Yo tengo mucha pena porque ya tengo muchos hijos, ya mataron a algunos, ya soy casi anciana, ya tengo como 40 años cuando me violaron … Yo cargo mi nena, jalan mi nena, me sacan a la capilla con otra señora y uno pasa conmigo … sólo pasó uno conmigo porque yo ya estoy vieja y quieren más a las jóvenes … yo no puedo olvidar eso, los soldados nos van a matar si nosotras no queremos y yo tengo que defender la vida de mi hija que está chiquita, pero yo no quiero y el soldado me abusa … Ellos tienen marimba, hay fiesta, hay tragos, ellos estaban alegres, nosotros estamos tristes, nosotros lloramos, nosotros queremos morir … Quería morir, ya no soportaba tanto dolor, tanto sufrimiento mío y de mis familias, pero me dio fuerzas mi hijita que sólo tenía dos años”.
En el mismo mes se transfirió a los pobladores retenidos en La Parroquia Lancetillo al destacamento militar de San Miguel Uspantán: “No nos maltrataron, al contrario nos cuidaron, pensaron que con eso íbamos a creer que eran buena gente; jamás; llevamos grabado el dolor, sabemos quiénes son los Ejércitos”. Los niños enfermos fueron trasladados a un hospital de Guatemala. Entre ellos estaba la hijita Carmen, que permaneció cuatro meses en el nosocomio. Durante este tiempo su madre tuvo que mantenerse en Santa Cruz del Quiché. Sólo en noviembre de 1983 el Ejército “me trajo a mi niñita”, recuerda la madre Juana: a principios de 1984 las dos fueron llevadas a Santa Catarina.
En 1985 Ramiro se incorporó al EGP: “[tenía 17 años y] me fui con la guerrilla para proteger a nuestra gente y me dio coraje que mataran mi familia … tengo odio de todo lo que pasé, más que todo tengo odio al Ejército”. Estuvo hasta 1991 en el frente Ho Chi Min. “Para mí que ya toda mi familia murió y sólo tengo dos hermanos, pero en ese tiempo tuve que estar dos o tres años sin saber nada de ellos, sin saber si están vivos … yo estaba por Nebaj. Cuando está algo tranquilo, al final del 91 ya me salí y ya quiero buscar noticia de mi mamá y mis hermanos … Ya quiero buscar mi mujer y ya pienso en los hijos también … antes no pensaba en mujer, no pensaba en hijos, para qué darles tanto sufrimiento, para qué vamos a tener niños si se mueren o los matan y siempre corriendo y creciendo con el miedo, el susto … yo ya pasé eso y ya no quiero que mis hijos van a ver lo mismo”.

La segunda generación
Felipa y Eduardo, hijos de Juana Pérez Coc, quienes encontraron refugio en Caja (CPR de la Sierra), tampoco lograron escapar de la persecución. Sus vidas reproducen el sufrimiento de su madre.
Felipa se casó con Diego. Cuando el Ejército arrasó Santa Lucía tenían tres hijos y los tres fueron ejecutados por miembros de esta institución. Angela y Salvador, de seis y cuatro años de edad, fueron degollados por los soldados en febrero de 1981 cuando intentaban huir hacia las montañas. Diego, el padre, “…chocó con el Ejército y dejó tirado a sus dos chiquitos … Los llevaba en un costal y ya no pudo cargarlos, salió corriendo. Los soldados los mataron con cuchillo… El tercero fue asesinado un año después, a los dos años y medio de edad.
Felipa siguió teniendo hijos porque “su idea es tener más hijos para no morir de tristeza por el recuerdo de los otros que mató el Ejército”. Ahora tiene cinco.
En 1981 Eduardo se uniría a Verónica, una mujer “huérfana por la misma guerra”. Tenía una hija, Ermelina, que murió por los rigores del desplazamiento forzado cuando sólo tenía cinco meses: “A los catorce días del parto tuvimos que salir corriendo de San Antonio, no había comadronas … Ella se quedó muy triste cuando murió el nene y yo también … se quedó muy triste y ya no puede tener más hijos. Cuando todo es más tranquilo ya podemos tener al Francisco, solamente a él tenemos”.
Hasta 1992 Eduardo, Ramiro y Felipa no tuvieron noticias del paradero de su madre y de su hermana Carmen. En 1992 Ramiro comenzó a hacer averiguaciones y ubicó la casa donde vivía su mamá en Santa Catarina: “Fui a verla con muchos nervios y muchas ganas, pero no quiero asustarla porque igual ella piensa que estamos muertos y le doy mucho susto. Yo me había informado que ella vende tamales. Llegué a la casa y le compré tamales. No quiero asustarla pero no sé cómo decirle, entonces sólo le digo: Me conoces, soy tu hijo. Se puso a llorar, a llorar todo el rato. Luego me dijo: Venite, vamos a vivir todos juntos. Pero ya no podemos vivir todos juntos y ella tampoco va a venir con nosotros porque tiene su hija y se juntó con otro hombre. Sólo le di información de los otros vivos … A mi hermana intentamos explicar, pero ella no quiere saber nada, es una evangélica también, creció con un señor que era colaborador con el Ejército, está en contra de las organizaciones populares. Mi hermana no se acuerda de mi papá, dice que su verdadero papá es su padrastro, y que a saber quién es el papá de nosotros. No reconoce, no tiene mayor culpa porque así creció, sin ideas”.
A los pocos meses, Eduardo también fue a ver a su mamá y Felipa lo logró en 1995.

III. DESPUÉS DE LOS HECHOS
Juana tiene ahora 57 años, y tuvo que aceptar una unión forzada con un patrullero, Luis Sánchez, hace catorce años: “Los soldados me dijeron que tenía que juntarme con un señor que me pretendía. El señor estaba en las patrullas, también viudo, y tiene dos hijos que ya están grandes y no tiene quien le cuide. Yo me pongo a pensar porque no tengo dónde ir: no tengo casa, no tengo nada, no puedo hacer otra cosa … El señor era patrullero, es evangélico, él piensa que los soldados son buenos…
Carmen vive con su madre Juana y su padrastro. Se casó con Francisco Cac, también evangélico; tiene 18 años, un hijo de dos años y otro de dos meses: “Cuando yo llegué era muy pequeña, sólo tengo tres años, él es mi verdadero papá … así lo siento … Mi mamá me contó, mis hermanos me contaron pero yo no quiero conocer la historia, yo soy evangélica … Mis hermanos vienen con ideas que no son buenas y no me interesan … mi mamá a veces va a reuniones … todo eso no puede ser bueno, yo no tengo nada que decir, sólo cuidar a mi esposo y a mis hijos”.
En 1997 Juana pudo hacer un viaje a las CPR y ver dónde vivían sus hijos: “Sólo cinco días, el trato eran quince días, pero el hombre [su esposo] llegó por ella a los cinco días y tuvo que irse … Cuando nacen sus nietos, mi mamá quiere llegar y el señor no la deja”.
Con la reubicación de los pobladores de las CPR, los hermanos vuelven a separarse: Eduardo y Ramiro van a la Costa Sur, Felipa a Puente Seco y Juana continúa viviendo con su hija Carmen en Santa Catarina.
Para la familia Tipaz Pérez la guerra tuvo un costo de once vidas humanas (diez menores de edad), más el padecimiento de torturas, violaciones, traumas psicológicos ligados a la orfandez, la viudez y la disgregación familiar.

IV. CONCLUSIONES
Atendidos todos los antecedentes y el contexto general del caso, la CEH llegó a la plena convicción de que los once miembros de la familia Tipaz Pérez, entre ellos diez menores de edad, ejecutados arbitrariamente o muertos como consecuencia de la constante persecución y la destrucción de bienes imprescindibles para la supervivencia, fueron víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por miembros del Ejercito de Guatemala y de las Patrullas de Autodefensa Civil.
Igualmente la CEH llegó a la plena convicción que varios miembros de la familia Tipaz Pérez fueron torturados y, en el caso de las mujeres, violadas sexualmente por los mismos agentes, violando gravemente el derecho a la integridad física y moral de las víctimas.
Asimismo, la CEH está plenamente convencida del carácter forzado del desplazamiento a que se vio sometida la familia afectada, lo cual constituye una violación del derecho de circulación y residencia.
El caso es ilustrativo de este fenómeno, que afectó a un alto porcentaje de las inermes poblaciones civiles maya k’iche’ que se refugiaron en la montaña del norte de San Miguel Uspantán durante los años ochenta, lo cual los obligó a vivir en condiciones de vida infrahumanas y sometidas a otras violaciones de derechos humanos y sufrimientos de todo tipo.
Del mismo modo, el caso ilustra el odio hacia la institución militar que generó en la población afectada estas graves violaciones a los derechos humanos y, que en algunos casos, permitió a la insurgencia ganar adeptos.


Fuente: CEH, Guatemala memoria del silencio.

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