lunes, 3 de diciembre de 2012

Carta de denuncia en contra de la empresa Kappes, Cassiday & Associates -“KCA” (Exmingua S.A.) por las amenazas de muerte y agresiones hechas por personeros de esta empresa en contra de comunicadores sociales


Comunicadores  del Centro de Medios Independientes CMI Guatemala, Comité de Unidad Campesina CUC, Coordinación y Convergencia Nacional Maya WAQI’B KEJ y la Marcha Indígena, Campesina y Popular fueron amenazados por ex militares al frente de un grupo violento de choque formado por trabajadores de la empresa norteamericana Kappes, Cassiday & Associates -“KCA” – Exmingua S.A.
Las agresiones y amenazas contra la vida de los comunicadores fueron hechas el día jueves 22 de noviembre 2012,  mientras hacían su trabajo de cobertura en el lugar conocido como “La Puya” en San José del Golfo, lugar en donde las comunidades organizadas mantienen por más de un año la resistencia pacifica en contra del proyecto minero El Tambor (Progreso 7 Derivada) propiedad de la empresa “KCA”.
La empresa -“KCA” – Exmingua S.A.  Desde el día martes 13 de noviembre realiza fotografías  y  video de cada uno de los compañeros comunicadores, que estuvieron cubriendo durante dos semanas las constantes agresiones e intentos de ingresar de forma violenta hasta el lugar en donde se encuentra la mina por parte de los exmilitares.
El día martes 22 de noviembre los comunicadores recibieron agresiones y amenazas de muerte de forma directa hechas por los militares especialmente por el teniente del ejercito Pablo Silas Orozco quien se presenta como personero de la empresa. Quienes bajo coacción obligaron a los comunicadores a retirarse del lugar tras la amenaza de agredir violentamente a las y los comunitarios en resistencia pacifica de no retirarse del lugar.
Responsabilizamos a la empresa y al señor Daniel W. Kappes Presidente de Kappes Cassiday & Associates – Exmingua S.A. por las serias amenazas de muerte y agresiones que recibieron los comunicadores. También por la utilización de grupos violentos de choque formado por ex militares, trabajadores de la mina y ex presidiarios para la represión del pueblo de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc.
Responsabilizamos al Estado de Guatemala y sus instituciones por la promoción y protección de las empresas nacionales y transnacionales, otorgándoles licencias de exploración y explotación minera en contra de la voluntad de las comunidades y pueblos. También por la criminalización y represión que sufren permanentemente lideres, lideresas, organizaciones y comunidades, especialmente por las agresiones y amenazas sufridas por  los comunicadores.

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