Comunicadores del Centro de Medios Independientes CMI
Guatemala, Comité de Unidad Campesina CUC, Coordinación y Convergencia Nacional
Maya WAQI’B KEJ y la Marcha Indígena, Campesina y Popular fueron amenazados por
ex militares al frente de un grupo violento de choque formado por trabajadores
de la empresa norteamericana Kappes, Cassiday & Associates -“KCA” –
Exmingua S.A.
Las agresiones y amenazas contra
la vida de los comunicadores fueron hechas el día jueves 22 de noviembre 2012, mientras hacían su trabajo de cobertura en el
lugar conocido como “La Puya” en San José del Golfo, lugar en donde las
comunidades organizadas mantienen por más de un año la resistencia pacifica en contra
del proyecto minero El Tambor (Progreso 7 Derivada) propiedad de la empresa
“KCA”.
La empresa -“KCA” – Exmingua
S.A. Desde el día martes 13 de
noviembre realiza fotografías y video de cada uno de los compañeros
comunicadores, que estuvieron cubriendo durante dos semanas las constantes
agresiones e intentos de ingresar de forma violenta hasta el lugar en donde se
encuentra la mina por parte de los exmilitares.
El día martes 22 de noviembre los
comunicadores recibieron agresiones y amenazas de muerte de forma directa
hechas por los militares especialmente por el teniente del ejercito Pablo Silas
Orozco quien se presenta como personero de la empresa. Quienes bajo coacción
obligaron a los comunicadores a retirarse del lugar tras la amenaza de agredir
violentamente a las y los comunitarios en resistencia pacifica de no retirarse
del lugar.
Responsabilizamos a la empresa y al señor Daniel W. Kappes Presidente de Kappes Cassiday
& Associates – Exmingua S.A. por las serias amenazas de muerte y agresiones
que recibieron los comunicadores. También por la utilización de grupos
violentos de choque formado por ex militares, trabajadores de la mina y ex
presidiarios para la represión del pueblo de San José del Golfo y San Pedro
Ayampuc.
Responsabilizamos al Estado de Guatemala y sus instituciones
por la promoción y protección de las empresas nacionales y transnacionales,
otorgándoles licencias de exploración y explotación minera en contra de la
voluntad de las comunidades y pueblos. También por la criminalización y
represión que sufren permanentemente lideres, lideresas, organizaciones y
comunidades, especialmente por las agresiones y amenazas sufridas por los comunicadores.
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