Los patrulleros de Cucabaj

Caso ilustrativo No. 43

Los patrulleros de Cucabaj

“Nos hicieron matar a nuestros hermanos, eso no podemos olvidarlo nunca, con ese peso es que seguimos viviendo. Eso es peor que nos maten los soldados, tenemos ese doloroso recuerdo para siempre en nuestros pensamientos”.

I. ANTECEDENTES

Cucabaj es una aldea situada en el municipio de Santa Cruz del Quiché, y que habita población maya k’iche’.

En los años sesenta Acción Católica inició sus actividades en las comunidades del área. A través de cursos de alfabetización dio a conocer a los pobladores unas nuevas opciones inspiradas en la Teología de la Liberación. A finales de los años sesenta, el Comité de Unidad Campesina (CUC) empezó sus actividades políticas. En 1980 gran parte de los pobladores de Cucabaj participaba en el CUC. Uno de sus líderes, Mateo López Calvo, falleció en la quema de la embajada de España el 31 de enero de 1980. A su vez, a finales de los setenta, el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) estableció los primeros contactos en la comunidad. Los pobladores sabían distinguir entre las actividades de carácter político y la de índole militar: “[Los miembros del EGP] llegaban a las reuniones del CUC pacíficamente, para hacer mitines y actividades de propaganda política … la mayoría de la población, también Mateo [López Calvo], mantuvo la postura de no mezclar la lucha política con la militar, y así hicimos, nuestro trabajo se dirigía a abrir espacios políticos”. Por su parte y a la vez, el Ejército incrementó el reclutamiento forzado y los comisionados militares comenzaron, en voz de un declarante, a “controlar que no hubieran reuniones clandestinas”.

Durante el primer semestre de 1981 tuvieron lugar en la comunidad acciones de represión selectiva realizadas por el Ejército.

En julio de 1981 entraron en la comunidad numerosos efectivos del Ejército, por considerar que Cucabaj, al ser una zona de paso hacia el norte del departamento, representaba un lugar de valor estratégico para el desarrollo de las actividades militares. El Ejército sabía, además, que en la comunidad había una fuerte presencia de población organizada. Ante el avance de los soldados, unos pobladores lograron huir; otros, más de treinta personas, fueron encerrados en la casa del ex líder del CUC, Mateo López Calvo. Los torturaron para arrancarles información. Un declarante cuenta: “Era un símbolo que los mataran en esa casa que ese mismo día quemaron … iban cortando a pedazos, las orejas, las manos, la nariz, para que delataran a su propia gente, porque todos estábamos en el CUC”. Más tarde, los ejecutaron. Los cadáveres quedaron abandonados y, contra la tradición maya y cristiana, no fueron velados ni recibieron sepultura. Un miembro de la comunidad afirma: “Los comieron los perros porque ninguno tuvo valor para enterrarlos por temor a que volviera el Ejército, no se puede decir cómo a nuestra gente eso le duele, no tener un lugar sagrado donde descansen sus familias”. Después de la masacre, el Ejército y los patrulleros de Chiché, Chiniqué, Joyabaj y San Pedro Jocopilas llegaban una o dos veces por semana y permanecían durante un día en la comunidad.

La población estuvo unos meses escondiéndose en los barrancos y montañas. Cuando los habitantes volvieron a su comunidad dejaron de reunirse, ya que relacionaron sus actividades políticas con la represión sufrida. Un declarante cuenta: “Algunos se alzaron porque no vieron para dónde y sabían que estaban quemados por su participación en el CUC … pero el EGP [nos] abandonó porque no tenía fuerza para enfrentar”.

II. LA FORMACIÓN DE LAS PATRULLAS DE AUTODEFENSA CIVIL (PAC)

A mediados de octubre de 1982 elementos del Ejército al mando de un teniente entraron en Cucabaj y ordenaron a la población concentrarse en el campo, en un lugar cercano que se llamaba La Antena, para organizar las PAC. Todos los hombres mayores de 15 años fueron obligados a incorporarse a ellas y allí mismo se instaló un puesto para la patrulla. Según recuerda un ex patrullero de la época, un miembro del Ejército justificó la creación de este cuerpo diciendo: “Había que organizar las patrullas para salir de la violencia, para defenderse de la delincuencia y de la ‘mala gente’, para que no hubieran asaltos en las camionetas”.

Las PAC de Cucabaj recibieron la orden de vigilar todos los días, de mañana y de noche los caminos de acceso a la aldea. Si alguien no patrullaba, debía pagar una multa de 25 quetzales o patrullar sin dormir dos o tres días.

Una mujer de la aldea recuerda:

“Cuando formaron las patrullas nosotras tenemos muchos sufrimientos. Los hombres llegan a las casas, maltratan, pegan, ya no quieren trabajar, se van con los ejércitos … Cuando tienen su turno en las patrullas tenemos que ver de dónde conseguimos sus comidas para que no tengan vergüenza por no tener comida, se llevan lo mejor: huevito, tortillas, su tambo de café … aunque ya no quede comida para los niños … Nosotras sufrimos eso”.

III. EL FRATRICIDIO

Hacia el 10 de diciembre de 1982 miembros de las PAC capturaron a otro patrullero, Sebastián Nato, y lo trasladaron al puesto que tenían en La Antena, donde lo torturaron e interrogaron durante cuatro o cinco días. Después lo condujeron al destacamento militar de Santa Cruz del Quiché donde continuaron con las torturas. Cedió entonces, delató a dos personas que pertenecían al EGP: Isabel Calvo y otro hombre, originario de Sacapulas. Alrededor del 17 de diciembre, estas dos personas fueron detenidas y torturadas. Sebastián Nato e Isabel Calvo fueron más tarde ejecutados y sus cadáveres arrojados a los barrancos de Lemoa, aldea del municipio de Santa Cruz del Quiché.

El 19 de diciembre, domingo, irrumpieron en Cucabaj dos camiones del Ejército bajo el mando del mismo teniente que participó en la formación de las PAC y de otro oficial. Les acompañaba la persona de Sacapulas aprehendida junto a Isabel Calvo, que estaba encapuchada y actuaba como guía. Un declarante que estuvo presente cuenta: “El de Sacapulas dio información y por eso llegó con el Ejército de guía, iba encapuchado pero enseguida le reconocimos por la voz y por todo”. Los militares reunieron a los patrulleros que estaban de turno y les interrogaron sobre un buzón con medicinas —escondidas por Isabel Calvo— que había sido encontrado en un panteón del cementerio. “Nosotros no sabemos nada”, respondieron los patrulleros, “Entonces, si ustedes no saben, vayan a llamar a quienes sepan”, ordenó el oficial.

Sobre las cinco de la tarde, miembros del Ejército concentraron en el puesto de las PAC, en La Antena, a unos 150 hombres de Cucabaj. Luego, los llevaron al cementerio de Cucabaj, donde los soldados los rodearon. “Les doy cinco minutos para que salgan los que son guerrilleros”, ordenó el oficial.

Como nadie salió, el oficial agregó: “Entonces aquí no hay guerrilleros. Si no hay vamos a llamar al “aparato” [guía encapuchado] para que saque a los guerrilleros”.

El encapuchado indicó que no habían llegado los guerrilleros. Sin embargo, por la insistencia y las amenazas del oficial, señaló a Diego Nato, un patrullero joven, y éste señaló entonces a Santos López Tipaz, también patrullero.

“Sólo yo soy guerrillero, yo no voy a entregar a ninguno, si me matan me matan a mí pero a balazos, no quiero que me amarren y me torturen” — exclamó Santos López— y, en un intento desesperado por escapar, salió corriendo. Fue acribillado a tiros por el teniente.

Acto seguido, comenzaron a torturar a Diego Nato. Un declarante que se encontraba presente detalla: “Estaba en el piso, le golpearon, le patearon, le sacaban pelos a montones”. Nato dio los nombres de otros patrulleros, que fueron detenidos por el Ejército: Tomás Ventura González, Tomás López Tiño y Diego Ventura López.

“Hay que sacar los que están podridos para que no se pudran los demás, si no, no van a tener paz en sus casas”, reprendió el oficial.

A continuación, el oficial ordenó a los patrulleros que pasaran, uno por uno, y que cortaran el cuello de sus compañeros, hasta matarlos. Un testigo presencial afirma que debieron hacerlo, “hasta quitarles la cabeza, también tuvimos que darles con piedras y palos”. De esta manera el Ejército obligó a los hombres de Cucabaj a matar a sus vecinos Santos López López, Tomás Ventura González, Tomás López Tiño y Diego Ventura López.

A las siete de la noche, cuando los presuntos guerrilleros, todos inermes, estaban ya muertos, el oficial ordenó que los enterraran.

Diego Nato también señaló a Tomás Lux, Juan González y Miguel Lux Tiño. Estos, junto con quien los había delatado, fueron llevados detenidos por los militares, que reanudaron las torturas para obtener más nombres de guerrilleros de la comunidad.

El 28 de diciembre patrulleros de Lemoa llegaron a Cucabaj con las personas que habían sido detenidas el 19 de ese mes. Llegaron con evidencias de las torturas sufridas; cuentan: “A uno ya le sacaron los dientes, otro falta un dedo de su pie”. Y de nuevo, en el cementerio, obligaron a los patrulleros que estaban de turno a cortarlos de a poco, con un cuchillo, hasta matarlos.

Dos personas más fueron nombradas por los torturados y apresados por el Ejército y los patrulleros: Sebastián Ventura Grijalbo, cuyo cadáver fue encontrado luego por la comunidad, y Marto de León Tiño, que fue desaparecido.

En total, la CEH identificó a 14 víctimas, todos pobladores y miembros de las PAC de Cucabaj.

IV. DESPUÉS DE LOS HECHOS

Por temor a figurar en las listas y ser ejecutados, algunos hombres de la comunidad que pertenecían al CUC huyeron para ocultarse por los barrancos. De éstos, dos se incorporaron al EGP y el resto se desplazó a la montaña.

Muchos de los pobladores se integraron en la organización Comunidades Etnicas Runujel Junam (CERJ) y se propusieron disolver las PAC. El 7 de diciembre de 1987 unas cien personas de Cucabaj, entre quienes se contaban mujeres, hombres y niños, participaron en una marcha a la ciudad de Guatemala para lograr este objetivo. Cucabaj fue una de las primeras comunidades donde las PAC se desintegraron, en 1988.

Los habitantes de Cucabaj guardan en su memoria con sentimientos de culpa la imagen de los hechos. Una mujer de la comunidad afirma: “Nos hicieron matar a nuestros hermanos, eso no podemos olvidarlo nunca, con ese peso es que seguimos viviendo, eso es peor que nos maten los soldados, tenemos ese doloroso recuerdo para siempre en nuestros pensamientos”. A pesar de reconocer que los victimarios se vieron obligados a matar para sobrevivir, la experiencia es muy difícil de superar para los familiares de las víctimas. La misma declarante añade: “Todos tenían alguna familia y mataron a sus familias, a sus hermanos, pero sabemos que fueron obligados y en ese tiempo sabemos que hay que hacer lo que dicen los soldados porque si no morimos todos, pero siempre queda el dolor, la pena de que mataron a sus hermanos … Las familias de los que mataron no mucho quieren hablar”.

Los pobladores maya k’iche’ que sobrevivieron resistieron el enfrentamiento armado interno, pero arrastran las consecuencias de la guerra. Así lo relata un líder de la comunidad: “Costó mucho acabar con las patrullas porque dividieron a la población, pero la mayoría estaba unida, no nos llegaban los ejércitos, resistimos a sus campañas, aunque siempre bien calladito y siempre con miedo”. Quedó manifiesta de forma palpable la división de la comunidad, ya que alrededor de 25 hombres con sus familias se mudaron para vivir en La Antena, convirtiendo este lugar en una aldea. Otros continuaron en las patrullas: “Los que viven en La Antena ya no los reconocemos porque ya no son como nosotros, ya tienen las ideas que dejaron los soldados, ellos hicieron mucho daño”.

Por otra lado, la violencia sufrida por esta comunidad provocó fenómenos como el aumento del alcoholismo y una más acusada y creciente violencia intrafamiliar y comunitaria. Algunos huérfanos se desplazaron para subsistir hacia la ciudad de Guatemala. Una mujer de la comunidad cuenta: “Yo sé de cinco huérfanos que se fueron a Guate de lustradores y acaban robando. Nosotras sabemos que eso lo dejaron los soldados … porque mataron sus papás”.

V. CONCLUSIONES

Luego de estudiados los antecedentes del caso, la CEH llegó a la convicción de que 14 personas de la comunidad de Cucabaj, Santa Cruz del Quiché fueron ejecutadas arbitrariamente por patrulleros civiles, en cumplimiento de órdenes directamente impartidas por oficiales del Ejército de Guatemala. Sus muertes constituyen una grave violación del derecho a la vida.

Las torturas sufridas por las mismas víctimas, constituyen graves violaciones del derecho a la integridad personal.

La CEH considera que, aún cuando el deber de obediencia militar no se extiende al cumplimiento de órdenes que implican cometer violaciones de derechos humanos, en este caso los patrulleros que ejecutaron a sus propios compañeros fueron colocados, por los militares, en una situación límite que anuló su capacidad para obedecer o desobedecer libremente las órdenes impartidas.

La circunstancia anteriormente señalada es arquetípica del efecto disociador de los lazos de solidaridad existentes en las comunidades mayas k’iche’ y de la alteración de los valores y las costumbres familiares y comunitarias, como resultado del fenómeno de militarización promovido por el Ejército y, en particular, de la creación de las PAC y el reclutamiento forzoso de patrulleros.

Finalmente, los hechos posteriores a esta violación de derechos humanos revelan, además, el impacto que tuvo sobre la población afectada aquella violencia que convirtió a unos guatemaltecos en victimarios de sus propios hermanos, con su secuela de miedo, culpa, división, tristeza, violencia familiar, delincuencia común, alcoholismo y desplazamiento.

LISTADO DE LAS VÍCTIMAS

Ejecución arbitraria

Diego Ventura López

Santos López López

Santos López Tipaz

Sebastián Ventura Grijalbo

Tomás López Tiño

Tomás Ventura González

Ejecución arbitraria, tortura

Isabel Calvo

Ejecución arbitraria, tortura, privación de libertad

Diego Nat López

Juan González

Miguel Lux Tiño

Sebastián Nat

Tomás Lux

Desaparición forzada

Marto León Tiño

Víctimas colectivas/desconocidas: 1

Fuente: CEH, Guatemala memoria del silencio.