Denegación de justicia: don Vicente Morán y la búsqueda de sus hijos desaparecidos

Caso ilustrativo No. 8

Denegación de justicia: don Vicente Morán y la búsqueda de sus hijos desaparecidos

“…Total, nos aburrimos de estar preguntando y ya no se supo más nada. Nos aburrimos de esta lucha de más de diez años y no nos tocó más que dejar … Después ya no seguí, ya no había para dónde, no había razón de ser…”

I. ANTECEDENTES

Vicente Morán, campesino y sacerdote maya de origen poqomchi’, vive en la actualidad en la cabecera municipal de San Cristóbal Verapaz, departamento de Alta Verapaz.

Los hijos de Vicente Morán, Lázaro y Edmundo Salvador, estaban comprometidos con actividades sociales y religiosas en San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz. Por tal motivo fueron acusados, al parecer por un comisionado militar, de pertenecer a la guerrilla.

II. LOS HECHOS

El 28 de diciembre de 1981, hacia las ocho y media de la noche, ocho individuos fuertemente armados, uno de ellos con el rostro cubierto, entraron por la fuerza en el domicilio de Vicente Morán, ubicado en la cabecera municipal de San Cristóbal, Alta Verapaz, y apresaron a su hijo Lázaro Morán, de 27 años de edad. Introdujeron a la víctima en un vehículo tipo pickup de color blanco, en donde ya se encontraban otras dos personas también prisioneras, y se los llevaron con rumbo desconocido.

Días más tarde, cuando Lázaro Morán era buscado por sus familiares, el padre de la víctima acudió a la zona militar de Cobán, donde pudo identificar, fijándose en los soldados allí destacados, a los individuos que habían capturado a su hijo.

Trece meses más tarde, el 18 de enero de 1983, en un puesto de registro del Ejército, practicado en el caserío San Julián, aldea Guaxpac, municipio de Tactic, departamento de Alta Verapaz, los soldados aprehendieron a otro hijo de Vicente Morán, Edmundo Salvador Morán, de 23 años de edad. El motivo de la captura fue que Edmundo Salvador no llevaba consigo su cédula de vecindad.

Desde que Edmundo Salvador y Lázaro Morán fueron capturados, Vicente Morán no volvió a saber nada más acerca del destino ni del paradero de sus hijos.

II. LA DENEGACIÓN DE JUSTICIA

La misma noche en que desapareció Lázaro Morán, su padre comenzó la búsqueda. “… Esa noche nos quedamos tristes. Mis [otros] hijos me decían que no tenga pena, que los llevaron por equivocación. Esa noche casi no dormimos, los buscamos en las calles, en otros pueblo…”

Vicente Morán decidió entonces acudir a la zona militar en Cobán; sin embargo, fue amenazado y perseguido. “…Nos dirigimos a la zona y nos dijeron que no podían dar información y que tengamos cuidado porque podíamos irnos nosotros también. Como a los quince días volvimos a llegar a la zona militar de Cobán … Después nos persiguieron. ¡Ay Dios!, decíamos, acá nos vamos a ir nosotros también. Con esa pena salimos. Llegamos al campo de aviación, venían atrás de nosotros en una pickup. Después venían personas particulares y lo que hicimos fue escondernos … Esa tarde venimos aquí y gracias a Dios no pasó nada. Así empezó el temor de nosotros…”

Días después, cuando la familia se sintió un poco más segura, recurrieron al Juzgado de Paz de San Cristóbal, Alta Verapaz donde, según consta en su registro, el 26 de marzo de 1982, Juana Ical Cahuec, esposa de Vicente Morán, denunció el secuestro de su hijo. No obstante, tampoco recibió una respuesta adecuada. “Dimos parte acá en el juzgado, contamos cómo fue el secuestro de mi hijo, a mi señora la recibieron la denuncia en el juzgado, a ella le dijeron de que había que investigar cómo está la cosa. Si era guerrillero, no importaba si desaparecía. En el juzgado nos dijeron que esperáramos hasta dónde iban a llegar las investigaciones o que de repente se fueron a servir al ejército. No hubo respuesta, dijeron que teníamos que ver qué se hace … No hubo nada de investigación”.

Como la autoridad civil no atendió en la forma debida la denuncia interpuesta por su esposa, Vicente Morán volvió, a pesar de que le habían amenazado en su visita anterior, a la zona militar de Cobán. Ahí algunas veces le recibían: “El comandante de la zona nos recibió, nos dijo que no tuviéramos pena, que iba a averiguar”. Pero en la mayoría de las ocasiones no fue así: “Quería hablar con el comandante y que no estaba, que se iba de comisión, total que así nos tuvieron. Yo iba con los otros padres de los patojos que secuestraron la misma noche. Nos decían que vayamos otro día, pasaron meses y años y nada. Siempre íbamos y nada”.

Con estos resultados, los familiares recurrieron de nuevo a las autoridades civiles. En esta ocasión, fueron a hablar con el gobernador y la Policía Nacional. Tampoco obtuvieron resultados favorables: “…En gobernación hice una petición verbal, pero no hubo nada. Ahí me dijeron que también iban a investigar y que puede ser que mi hijo se metió en asuntos en contra del Gobierno … También fui a la Policía, ahí no pusimos ningún papel y nos dijeron que no sabían nada de eso, no escribieron nada …”

Ante semejante situación, el 2 de abril de 1982 la familia Morán y los familiares de otras personas desaparecidas decidieron escribirle una petición al general José Efraín Ríos Montt, que pocos días antes había asumido la Jefatura de Estado. En esa petición le exponían las circunstancias que habían rodeado la desaparición de sus parientes y solicitaban su intervención para que se investigara su paradero.

Dos semanas más tarde recibieron un escueto telegrama del general Ríos Montt, en el cual les respondía: “Su telegrama fecha 20 corrientes cursé al señor ministro de Gobernación”. Entonces escribieron al ministro de Gobernación en los siguientes términos: “Hacemos de su conocimiento estos casos lamentables que nos afligen en nuestros hogares, por nuestros familiares desaparecidos, por lo que suplicamos a usted, que por su medio se investigue el paradero de ellos y que se esclarezca por las vías legales los casos mencionados … confiamos en dios nuestro señor, su fina colaboración …”

La respuesta del ministro de Gobernación fue transmitida a los familiares de las víctimas a través de la jefa de Receptoría e Información de ese Ministerio, mediante nota de fecha 12 de mayo de 1982: “Con relación a su solicitud dirigida a este Ministerio … con esta misma fecha se cursó a la Dirección General de la Policía Nacional para que, por medio del Departamento de Investigaciones Técnicas, se hagan con la mayor prontitud las investigaciones pertinentes y de cuyos resultados esa institución les informará”. Esta promesa nunca se cumplió.

Vicente Morán señaló que, aunque obtenían respuesta al dirigirse a una u otra dependencia, en definitiva nada se podía hacer: “Era mucho gasto, porque teníamos que irnos a la capital y ya no fuimos”. Además de que tales gestiones hubieran resultado inútiles, al igual que todas las demás que se realizaron, “…por ahí tengo copias de los papeles que había mandado. La gente que nos acompañaba dejaron, pues nos decían venga mañana, venga en 18 días…” No obstante, la familia Morán continúo insistiendo, más aun cuando otro de sus hijos fue capturado y desaparecido en un retén militar.

En 1987, una vez creada la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos, Vicente Morán acudió a ella, para denunciar las desapariciones de sus hijos: “…el compareciente solicita concretamente la intervención del señor procurador de los Derechos Humanos, a efecto de que por medio de él, se logre averiguar el paradero de sus dos hijos secuestrados o bien, saber si están vivos o están muertos…” Don Vicente Morán albergó un poco de esperanza cuando, en el momento de presentar su denuncia “…me dijeron que en ese departamento me iban a aclarar cómo estaban las cosas…” Sin embargo, con el paso del tiempo, la esperanza inicial se vio minada “…y no, no aclararon nada ni tampoco hubo respuesta por escrito…”

Diez años después de su denuncia ante la PDH y transcurridos más de quince desde que se produjeron las desapariciones de sus hijos, plazo durante el cual la familia Morán recurrió una y otra vez a las autoridades del Estado buscando una justicia que hasta este momento no ha obtenido, sólo hay frustración y decepción en la familia: “…Nos aburrimos de esta lucha de más de diez años y no nos tocó más que dejar. Con eso gastamos mucho en la capital y en Cobán … después ya no seguí, ya no había para donde, no había razón de ser. Hicimos muchas cosas pero ya no me recuerdo. Cuando pasaba el día, la semana, el mes, ya no sabía nada. Seguía luchando la vida, pero la tristeza era grande, ahora estamos ya enfermos, yo creo que no es por la edad, sino por lo que pasó”.

IV. CONCLUSIONES

La CEH ha llegado a la convicción plena de que Lázaro y Edmundo Salvador Morán fueron detenidos arbitrariamente, desaparecidos forzadamente y eventualmente, ejecutados en forma secreta por efectivos del Ejército de Guatemala, en violación de sus derechos a la libertad, la integridad personal y la vida.

La CEH arribó, también, a la convicción de que, en el presente caso, el Estado de Guatemala violó los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial de los hermanos Morán.

De igual forma, asiste a la CEH la convicción de que el Estado, a través de sus cuerpos de seguridad pública y sus órganos judiciales, atentó gravemente contra el derecho a la justicia, al no cumplir con su obligación de investigar el hecho y sancionar a los responsables, así como al no haber provisto a la familia de las víctimas recursos judiciales eficaces.

La CEH considera que este caso ilustra no sólo la inoperancia, sino incluso la ausencia del sistema de justicia del Estado en las zonas rurales del país, que fue característica durante el enfrentamiento armado interno.

Finalmente, el caso ilustra la total impunidad que favoreció a los autores de la abrumadora mayoría de las violaciones de derechos humanos cometidas durante el enfrentamiento armado interno.

Fuente: CEH, Guatemala memoria del silencio.