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lunes, 15 de octubre de 2012

Ejecuciones arbitrarias en la finca El Hato


Caso ilustrativo No. 23
Ejecuciones arbitrarias en la finca El Hato

I. ANTECEDENTES
En el año 1982 un grupo de trabajadores de las colindantes fincas El Hato y Las Animas, en el municipio de Colomba Costa Cuca, departamento de Quetzaltenango, fundó una entidad denominada Asociación de Desarrollo Organizado Campesino (ADOC), con el fin de obtener salarios más dignos; llegó a contar más de 100 miembros y 10 directivos.
Las condiciones laborales de los trabajadores eran deplorables. En esa época sólo se les pagaba 60 centavos de quetzal por una tarea de tres cuerdas, sin importar si la realizaban en uno, dos o mas días.
A un mes de constituida la asociación los trabajadores plantearon un aumento de salario de 30 centavos, propuesta que fue rechazada por el dueño de las fincas.
Ante la negativa patronal, en el mes de abril de 1982 los directivos de ADOC visitaron al inspector de Trabajo de Coatepeque, Quetzaltenango, solicitaron que realizara una visita a las fincas y comprobara los bajos salarios que se pagaban. Fue una forma de presionar al finquero para que concediera los aumentos solicitados.
La visita del inspector de Trabajo se llevó a cabo, pero no tuvo resultados positivos. Debido a ello, 130 trabajadores fueron a la huelga, exigiendo el aumento de los salarios. Sin embargo, después de dos días de huelga, los mayordomos les amenazaron: si no volvían al trabajo los expulsarían de la finca. Por este motivo los huelguistas depusieron su actitud y regresaron a sus labores.
Los directivos de la ADOC insistieron en mantener sus demandas y evaluaron la posibilidad de realizar una denuncia formal ante la Inspectoría de Trabajo, para lo cual se comunicaron con un abogado, a la vez que buscaron el apoyo de la Liga Campesina.
En el transcurso de estas gestiones los directivos se percataron de que los mayordomos de las fincas Las Animas y El Repósito, esta última una finca nacional colindante a la primera, vigilaban sus actividades. De todos modos, los directivos de la asociación no desistieron en sus esfuerzos.

II. LOS HECHOS
El 16 de octubre de 1982, a las once de la noche, los mayordomos de las fincas Las Animas y El Repósito, acompañados por una veintena de hombres bien armados y vestidos con uniformes del Ejército, llegaron a la finca El Hato, donde procedieron a buscar a los líderes de la asociación.
Primero, los hombres armados llegaron al domicilio de Emilio de León Gómez, presidente de la ADOC, quien se encontraba durmiendo junto a su esposa y tres hijos. Sacaron a de León de la casa y registraron ésta buscando los documentos de la asociación. Los papeles que encontraron fueron quemados en presencia del dirigente y su familia. A continuación, asesinaron a balazos a Emilio de León Gómez.
El grupo armado se dirigió en seguida a la casa de otro líder de ADOC. Sin embargo, este había huido, como otras personas de la comunidad, al escuchar los disparos. Los agresores, al percatarse de la ausencia del dirigente, ametrallaron la casa, matando a su esposa y a su hija de dos años, quien se encontraba en la cama en brazos de su madre.
Después de perpetrar estos crímenes los hechores se marcharon. Los vecinos, a la luz de candelas, pudieron ver que de León Gómez presentaba alrededor de 35 heridas de bala y que la cabeza de la niña Gilomena González García aparecía destrozada por los impactos recibidos. Según los testigos que declararon ante la Comisión, los proyectiles que quitaron la vida a las víctimas correspondían a fusiles Galil, que son los empleados por el Ejército guatemalteco.

III. DESPUÉS DE LOS HECHOS
El miedo que provocaron los asesinatos paralizó a la comunidad. El dirigente de ADOC que logró escapar a tiempo del ataque, pero en el transcurso de los hechos perdió a su familia, marchó a la capital y no se volvió a saber de él. La familia de Emilio de León Gómez, por su parte, se mudó a una comunidad cercana.
El 24 de octubre de 1982, a escasos días de haberse producido los crímenes, cerca de cien personas de la comunidad se desplazaron por razones de seguridad a la aldea San Miguelito, municipio de Génova Costa Cuca, departamento de Quetzaltenango, que se encuentra al otro lado del río que pasa por la comunidad donde vivían. Allí, los desplazados pasaron numerosas privaciones.
Semanas después, una comisión de la Organización del Pueblo en Armas (ORPA) se presentó en San Miguelito para instar a los campesinos desalojados a colaborar con la guerrilla. Como resultado de esta visita, algunos miembros de la ADOC realizaron, a partir de enero de 1983, tareas de propaganda que incluían las reivindicaciones laborales de los trabajadores de las fincas.
En el año de 1983 ADOC cambió su nombre por el de Unión de los Campesinos del Sur (UCS). En 1985 los miembros de la Unión fundaron una cooperativa con el propósito de recaudar fondos y realizar préstamos a los cooperativistas. Al año siguiente participaron en la fundación de la Asociación de Desarrollo Integrado de Coatepeque (ADIC), con el fin de elaborar proyectos y obtener fondos para el desarrollo comunitario.
A pesar de sus esfuerzos de muchos años, en 1996 la situación de los campesinos no había mejorado. En abril de ese año, unos doscientos campesinos procedentes de las aldeas San Miguelito y La Paz, incluida una veintena de personas originarias de las fincas El Hato y Las Animas, ocuparon la finca El Repósito, que fue desocupada de forma pacífica el 18 de julio de 1996. En la actualidad los campesinos que en 1980 dejaron las fincas El Hato y Las Animas, siguen viviendo, en la pobreza, en San Miguelito.

IV. CONCLUSIONES
Analizados los antecedentes del caso, asiste a la CEH la convicción de que Emilio de León Gómez, así como la esposa y la hija del otro dirigente de ADOC, quien logró escapar y cuyo nombre se omite por seguridad, fueron ejecutados arbitrariamente por efectivos del Ejército de Guatemala, o por particulares que actuaron con la colaboración y protección de dichos efectivos. En cualquier caso, estas muertes constituyen graves violaciones al derecho a la vida atribuible, ya por acción u omisión, a agentes del Estado.
La CEH considera que, en este caso, la participación de empleados de confianza de los finqueros en la identificación y localización de los líderes asesinados y la actuación conjunta con militares en la ejecución de las víctimas ilustra la frecuente connivencia entre hacendados y efectivos del Ejército y la protección que estos prestaban a aquellos cuando se producían conflictos con los campesinos.
Asimismo, la CEH considera que la acción que resultó en la ejecución de las víctimas perseguía claramente eliminar selectivamente a los líderes de una organización campesina, desarticular la misma e impedir, por lo tanto, la consecución de sus objetivos.
Finalmente, la CEH considera que este caso ilustra, también, cómo el desconocimiento del derecho a un salario digno y la resolución por la fuerza de los conflictos laborales, sin respetar siquiera la edad de las víctimas ni importar la desintegración de las familias, favoreció el involucramiento de más personas en la insurgencia y el desarrollo del enfrentamiento armado.

Fuente: CEH, Guatemala memoria del silencio.

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