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lunes, 15 de octubre de 2012

El sindicato de la Coca-Cola


Caso ilustrativo No. 67
El sindicato de la Coca-Cola

“El mando del Ejército Secreto Anticomunista [ESA] por medio de este boletín presenta un “ultimátum” a los siguientes sindicalistas, profesionales, obreros y estudiantes: … advierte a todos que ya los tiene localizados y sabe muy bien donde se encuentran estos ne-fastos dirigentes comunistas, quienes desde ya están condenados a MUERTE por lo que serán ejecutados despiadadamente…

I. ANTECEDENTES
El sindicato de la Coca-Cola surge en 1948, con la apertura democrática propiciada por la revolución de Octubre de 1944. En 1954, cuando es derrocado el Gobierno del presidente Jacobo Arbenz, como consecuencia de la represión al movimiento sindical, el sindicato es disuelto.
En diciembre de 1974 se produce el resurgimiento del sindicato. La empresa “indemnizó a la casi totalidad de los obreros de la planta y posteriormente recontrata a la mayoría, con lo cual automáticamente los trabajadores perdían su antigüedad en la empresa. Fue ese el detonante para la reorganización del sindicato”. Se condicionó la recontratación de los trabajadores al hecho de que aceptaran sólo el 75% de sus prestaciones. Para recuperar el restante 25% y mejorar las condiciones de salubridad y de trato, los asalariados buscaron la asesoría de la Central Nacional de Trabajadores (CNT). Entre sus primeras acciones destacó la presentación de un pliego de peticiones a un juzgado de trabajo y convocaron a una asamblea general para constituir el sindicato.
El 24 de enero de 1976 los trabajadores de la Embotelladora Guatemalteca, S.A. (EGSA-Coca-Cola) ocuparon la fábrica, después que fueran despedidos 154 de ellos. Ese día la patronal solicitó la intervención de la fuerza pública, que desalojó con violencia a los obreros, hiriendo a 12 personas y deteniendo a otras 14. Varios sindicatos iniciaron acciones de solidaridad con el de Coca-Cola, lo que originó un amplio movimiento que se materializó en la formación del Comité Nacional de Unidad Sindical (CNUS).
El CNUS logró encabezar una serie de campañas de movilización y denuncia que permitieron el reconocimiento legal del Sindicato de Trabajadores de la Embotelladora Guatemalteca, S.A. (STEGSA), la reinstalación de los despedidos y la aceptación por parte de la empresa para discutir el pacto colectivo de condiciones de trabajo.
Miembros del sindicato llegaron a tener contactos con la Federación Autónoma Sindical de Guatemala (FASGUA), el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) e incluso con las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR). Según un declarante, “el movimiento sindical era alérgico a los partidos políticos, aunque algunos dirigentes sí tenían vínculos establecidos e incluso pertenecían a movimientos políticos”; y hubo algunos sindicalistas de base que pertenecían a las organizaciones insurgentes.
Para ejercer un control directo sobre los trabajadores, existía una estrecha relación entre los administradores de la empresa y los agentes de seguridad del Estado. Las Fuerzas de Seguridad sostenían reuniones con los propietarios de la empresa. Se conoce que participaban en los encuentros, por parte de la empresa, John C. Trotter, propietario de la franquicia de Coca-Cola, Alfonso Riege y otros empleados de la empresa; por parte del Estado, intervenía el coronel Germán Chupina Barahona.
Tuvieron lugar también, algunas acciones legales por parte de la empresa que los dirigentes consideraban atentados contra la unidad sindical. Una de esas acciones consistió en fraccionar la empresa en 12 razones sociales diferentes.

II. ACCIONES CONTRA TRABAJADORES Y PERSONAS LIGADAS AL SINDICATO
El control del personal de la empresa se ejercía a través de miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado que laboraban en puestos administrativos, tales como el jefe de personal, el jefe de almacén y el jefe de seguridad. Incluso llegaron a la contratación de ex militares, como en el caso del ex teniente Francisco Javier Rodas Flores, quien llegó a la empresa acompañado de tres guardaespaldas. Pero, además, la empresa contrató a la Policía Militar Ambulante (PMA) para que se encargara de la seguridad.
En este contexto, se produjeron varios atentados contra trabajadores. El 10 de febrero de 1977, Angel Villegas y Oscar Humberto Sarti fueron ametrallados en la calzada Aguilar Batres, pero ambos sobrevivieron al atentado. Días antes los dos trabajadores habían acusado ante los tribunales a uno de los jefes de la empresa, quien los había amenazado de muerte. El 2 de marzo los asesores del sindicato, Marta Gloria de la Vega y Enrique Torres, sufrieron un atentado contra su vida, resultando heridos.
El 16 de octubre de 1978, Israel Márquez Pivaral, secretario general del sindicato, fue atacado a balazos cuando estacionaba su vehículo frente a su casa en la zona 11. Del atentado salió ileso. Sin embargo, Márquez Pivaral continuó siendo víctima de actos intimidatorios y amenazas que lo obligaron a abandonar el país en febrero de 1979.
Otros sindicalistas recibieron también amenazas de muerte, suscritas por el denominado Ejército Secreto Anticomunista (ESA). De acuerdo con un declarante que trabajaba en la embotelladora:
“…En esos días, la empresa era una especie de cuartel y el ambiente era muy tenso … En el lugar donde se marcaba la tarjeta había una ametralladora calibre 50, a manera de intimidación, apuntando a la entrada de los trabajadores”. A pesar de las amenazas y de que los administradores de la compañía no querían tratar con los sindicalistas, a quienes consideraban de extrema izquierda, el sindicato logró que en febrero de 1978 se suscribiera el pacto colectivo de condiciones de trabajo.
No obstante, entre 1978 y 1980, siete miembros y líderes del sindicato de la Coca-Cola fueron asesinados y dos más fueron desaparecidos forzadamente. De conformidad con documentación desclasificada, la empresa embotelladora estaba decidida a acabar con el sindicato: “…Un funcionario norteamericano de la compañía reconoció, entre otras cosas, que la compañía estaba decidida a poner fin al sindicato…

III.LAS EJECUCIONES ARBITRARIAS DE LOS SINDICALISTAS
El 12 de diciembre de 1978 fue asesinado Pedro Quevedo y Quevedo, primer secretario general del STEGSA. El hecho ocurrió a medio día en la 11ª avenida y 9ª calle, zona 19, colonia La Florida, en el momento que esperaba en la cabina del camión de reparto placa C-175850. Fue baleado por dos sujetos que se conducían en motocicleta. Los sujetos se acercaron a la puerta izquierda del camión y por la ventanilla hicieron varios disparos que le causaron tres heridas en la cara (en la frente, cerca de la boca y en el cuello). En total recibió 12 impactos de bala. Con anterioridad, la víctima había recibido amenazas de muerte y un conocido suyo, que trabajaba en la Policía Judicial, le había aconsejado que era mejor que se fuera del país.
Al mes siguiente, el 24 de enero de 1979, fue asesinado Manuel Moscoso Zaldaña. En el atentado, su esposa, Gladys Castillo de Moscoso, sufrió heridas graves. Los esposos Moscoso viajaban en un vehículo Honda Civic P-48639 por la 3ª calle de la zona 11, colonia Molino de las Flores, donde fueron atacados a balazos. Se presume que los autores pensaron que en el vehículo iba Israel Márquez, secretario general del sindicato, quien días antes había rentado a las víctimas la casa de su propiedad. Por ello, la pareja fue víctima de la represión contra el sindicato de la Coca-Cola, a pesar de no tener ningún vínculo ni relación con esa organización.
Cuando Israel Márquez salió al exilio, ocupó su puesto Manuel Francisco López Balam, quien ya había sufrido antes varios atentados que no fueron denunciados, porque se valoró que era inconveniente. Incluso, tuvo que irse a vivir con su familia a la sede de la CNT.
No obstante las medidas de seguridad que tomó, López Balam fue asesinado el 5 de abril de 1979 en la 17 avenida y 2ª calle de la zona 6, en la tienda El Valle. Igual que en el caso de Quevedo, López Balam se encontraba realizando su tarea de distribución del producto de la empresa y fue asesinado por dos sujetos, quienes lo golpearon con un tubo de hierro y luego lo degollaron. Cuando otro trabajador acudió en su auxilio, uno de los asesinos le dijo: “Yo no quiero matarte, es a él a quien quiero”, señalando a López Balam. Como en el caso de la muerte de Quevedo, los dos asesinos, según se reportó, siguieron en motocicletas al camión de la compañía. El cuerpo de López Balam mostraba 17 heridas. Se afirma que sus agresores intentaron cubrir este crimen como un acto de delincuencia común (intento de robo). Un declarante recuerda que para el entierro de Manuel López Balam había agentes de la G-2 amedrentándolos y, a la salida del cementerio, los persiguieron.
Un declarante sostiene: “Fue con este hecho que se agudizó la relación trabajadores-empresa. La confrontación fue muy fuerte. El número de agentes de seguridad se había redoblado y hasta tenían perros”.
En los meses siguientes, la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación y Afines (UITA), con sede en Ginebra, Suiza, al conocer las ejecuciones arbitrarias que se sucedían contra los trabajadores de la EGSA, iniciaron campañas internacionales con la finalidad de presionar a los empresarios de la Coca Cola y a las autoridades guatemaltecas, y detener la ola de violencia.
En enero de 1980, “…se hablaba ya más concretamente de boicot a la producción y al consumo … a nivel local; Trotter [propietario de la franquicia Coca-Cola] continuaba empecinado en mantener sus posiciones. El 2 de febrero había vencido el convenio colectivo y Trotter se había negado a discutir uno nuevo…
El 13 de abril, ante la negativa de la empresa de discutir el pacto colectivo que había vencido el 2 de febrero anterior, los trabajadores recurrieron a los tribunales de trabajo. Ese mismo día, por la tarde, fueron despedidos 31 trabajadores, entre ellos tres miembros del comité ejecutivo del sindicato: Marlon Mendizábal, Florentino Gómez e Ismael Vásquez, que gozaban de inamovilidad. Estos tres directivos fueron reinstalados por orden del tribunal.
El 1 de mayo de 1980, luego de la marcha por el Día del Trabajo, fueron detenidos Ricardo de Jesús García Ayfan y Arnulfo Gómez Segura, miembros del sindicato de Coca-Cola. Ricardo de Jesús fue torturado, le quebraron los dedos de los pies y las manos, y todo su cuerpo presentaba evidencias de los numerosos golpes recibidos. Su cadáver apareció en Chiquimulilla, Santa Rosa, cerca de la frontera con El Salvador. Arnulfo Gómez Segura, de 22 años de edad, fue también torturado, con una hoja de afeitar le cercenaron los labios y la lengua, colocándoselos en los bolsillos de la camisa, le rompieron los dientes y todo su cuerpo mostraba señales de golpes. Su cadáver apareció con tiro de gracia en el puerto de Iztapa, kilómetro 119 de la carretera al Pacífico.
René Reyes, miembro de base del sindicato, también fue secuestrado y torturado en mayo de 1980. Su cadáver apareció en el departamento de Jutiapa.
Marlon Randolfo Mendizábal asumió el cargo de secretario general después de la ejecución de Manuel Francisco López Balam. Un declarante refiere que en el sindicato de la Coca-Cola la elección del secretario general se hacía en el mismo velorio del anterior y que la elección era un compromiso de muerte. Marlon Randolfo fue asesinado el 27 de mayo de 1980, cuando salía de la empresa, poco antes de las cinco de la tarde, a esperar un bus para ir a su casa. El hecho ocurrió en la calzada Raúl Aguilar Batres y 23 de la calle zona 11. Marlon Randolfo fue víctima de una ráfaga de ametralladora disparada por la espalda, a menos de dos metros; recibió 45 impactos de bala. Antes de su muerte, Mendizábal fue sujeto de encarcelamiento y habían intentado detenerle en julio de 1979. Había recibido también amenazas de muerte.
Luego del asesinato de Marlon Randolfo Mendizábal, Mercedes Gómez fue electo secretario general del sindicato. El 21 de junio de 1980, hacia las cuatro de la mañana, se produjo el cambio de turno de trabajo entre Mercedes Gómez y Edgar René Aldana, afiliado de base del sindicato, dándole el primero su sombrero a Aldana. Momentos después, irrumpieron en la fábrica varios guardaespaldas de los empresarios y seis policías militares ambulantes que formaban parte del equipo de seguridad de la compañía. Fue allí donde capturaron, torturaron y dieron muerte a Aldana, quizá pensando que se trataba de Mercedes Gómez.
El mismo día sábado 21 de junio de 1980, en torno las 11 de la mañana, se convocó a una reunión en la CNT, en parte para tratar el caso del asesinato de Edgar Aldana. Sin embargo, por cuestiones de seguridad, se decidió suspenderla. Debido a la dificultad de notificar a todas las personas citadas acerca de la cancelación, varios se presentaron. Esa misma tarde, 27 miembros de la CNT fueron secuestrados, entre ellos Ismael Vásquez y Florentino Gómez, miembros del Comité Ejecutivo del sindicato de Coca-Cola. Nunca más se volvió a saber de ellos.

IV. OTROS HECHOS DE VIOLENCIA
El 20 de junio de 1980, sobre las dos de la tarde, en la 13ª calle y 9ª avenida de la zona 11, el jefe de personal de la Coca-Cola, teniente (retirado) del Ejército, Francisco Javier Rodas Flores, quien se dirigía de su casa a la empresa a bordo de un carro, fue interceptado por otros tres vehículos. Le hicieron varios disparos con metralletas. Francisco Rodas perdió el control del automóvil, estrellándose contra una pared. Luego del hecho, dos de los sujetos bajaron del automóvil y le dieron el tiro de gracia. En este caso, las FAR reconocieron públicamente que lo habían “ajusticiado”.
El 10 de julio de 1980, en la madrugada, Justiniano Vargas Casasola, trabajador de la Coca Cola, fue muerto a cuchilladas, golpes y tiros. Su cadáver fue arrojado al campo de fútbol Las Ilusiones, ubicado en la punta de un cerro en la zona 18. La víctima tenía en su bolsillo un carnet que lo identificaba como miembro del servicio de Inteligencia militar.

V. CONCLUSIONES
La CEH, analizando los antecedentes del caso, ha llegado a la convicción que entre 1978 y 1980 fueron ejecutados arbitraria y sistemáticamente siete sindicalistas pertenecientes a la empresa Coca-Cola y una persona particular; que dos más fueron desaparecidos forzadamente y que los asesores jurídicos y varios miembros del sindicato sufrieron amenazas e intimidaciones, violándose de esta manera el derecho a la libertad, integridad personal y a la vida de las víctimas, así como el pleno ejercicio del derecho de asociación.
La CEH, tomando en cuenta numerosos antecedentes unívocos y concordantes, entre los que se incluyen la capacidad de acción necesaria para realizar dichas acciones, el modus operandi de los perpetradores y el control que las fuerzas de seguridad ejercían sobre la ciudad capital, presume que los sindicalistas fueron víctimas de operativos en los que participaron agentes del Estado o personas que actuaron bajo su protección, tolerancia o aquiescencia.
La CEH concluye, asimismo, que la ejecución de un funcionario de la empresa por parte de miembros de las FAR, y la tortura y ejecución de un trabajador, presunto agente de la inteligencia militar, por desconocidos, constituye una grave violación al derecho a la integridad personal y a la vida de estas víctimas.
Por otro lado, la CEH considera que este caso ilustra la represión selectiva contra uno de los sindicatos protagonistas del movimiento sindical en Guatemala entre 1970 y 1980, la cual consistió en la eliminación sistemática de los secretarios generales y miembros del Comité Ejecutivo, el control de los trabajadores y la inflitración de agentes de seguridad en la empresa.
Finalmente, la CEH estima que, en el presente caso, se aprecia no sólo la abierta colaboración y estrecha relación que existió entre los patrones de la empresa y las fuerzas de seguridad del Estado, sino también el ejercicio de una política abiertamente antisindical y contrainsurgente por parte del Estado.

LISTADO DE LAS VÍCTIMAS
Ejecución arbitraria
Edgar René Aldana Ruano
Manuel Francisco López Balam
Manuel Moscoso Zaldaña
Marlon Randolfo Mendizábal García
Pedro Quevedo y Quevedo
Ricardo de Jesús García Ayfan
Arnulfo Gómez Segura
René Reyes

Desaparición forzada
Ismael Vásquez
Florentino Gómez

Herido en atentado
Angel Villegas
Enrique Torres
Gladys Castillo de Moscoso
Oscar Humberto Sarti
Silverio Vásquez
Marta Gloria de la Vega

Ejecución arbitraria (FAR)
Francisco Javier Rodas Flores
Ejecución arbitraria (desconcocidos)
Justiniano Vargas Casasola
Víctimas colectivas/desconocidas: 1

Fuente: CEH, Guatemala memoria del silencio.

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