Caso ilustrativo No. 67
El sindicato de la
Coca-Cola
“El
mando del Ejército Secreto Anticomunista [ESA] por medio de este boletín
presenta un “ultimátum” a los siguientes sindicalistas, profesionales, obreros
y estudiantes: … advierte a todos que ya los tiene localizados y sabe muy bien
donde se encuentran estos ne-fastos dirigentes comunistas, quienes desde ya
están condenados a MUERTE por lo que serán ejecutados despiadadamente…”
I. ANTECEDENTES
El sindicato de la
Coca-Cola surge en 1948, con la apertura democrática propiciada por la
revolución de Octubre de 1944. En 1954, cuando es derrocado el Gobierno del
presidente Jacobo Arbenz, como consecuencia de la represión al movimiento
sindical, el sindicato es disuelto.
En diciembre de 1974
se produce el resurgimiento del sindicato. La empresa “indemnizó a la casi
totalidad de los obreros de la planta y posteriormente recontrata a la mayoría,
con lo cual automáticamente los trabajadores perdían su antigüedad en la
empresa. Fue ese el detonante para la reorganización del sindicato”. Se condicionó la recontratación de
los trabajadores al hecho de que aceptaran sólo el 75% de sus prestaciones.
Para recuperar el restante 25% y mejorar las condiciones de salubridad y de
trato, los asalariados buscaron la asesoría de la Central Nacional de
Trabajadores (CNT). Entre sus primeras acciones destacó la presentación de un
pliego de peticiones a un juzgado de trabajo y convocaron a una asamblea general para constituir el
sindicato.
El
24 de enero de 1976 los trabajadores de la Embotelladora Guatemalteca, S.A.
(EGSA-Coca-Cola) ocuparon la fábrica, después que fueran despedidos 154 de
ellos. Ese día la patronal solicitó la intervención de la fuerza pública, que
desalojó con violencia a los obreros, hiriendo a 12 personas y deteniendo a
otras 14. Varios sindicatos iniciaron acciones de solidaridad con el de
Coca-Cola, lo que originó un amplio movimiento que se materializó en la
formación del Comité Nacional de Unidad Sindical (CNUS).
El CNUS logró
encabezar una serie de campañas de movilización y denuncia que permitieron el
reconocimiento legal del Sindicato de Trabajadores de la Embotelladora
Guatemalteca, S.A. (STEGSA), la reinstalación de los despedidos y la aceptación
por parte de la empresa para discutir el pacto colectivo de condiciones de
trabajo.
Miembros del
sindicato llegaron a tener contactos con la Federación Autónoma Sindical de
Guatemala (FASGUA), el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) e incluso con las
Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR). Según un declarante, “el movimiento sindical
era alérgico a los partidos políticos, aunque algunos dirigentes sí tenían
vínculos establecidos e incluso pertenecían a movimientos políticos”; y hubo algunos sindicalistas de base
que pertenecían a las organizaciones insurgentes.
Para ejercer un
control directo sobre los trabajadores, existía una estrecha relación entre los
administradores de la empresa y los agentes de seguridad del Estado. Las
Fuerzas de Seguridad sostenían reuniones con los propietarios de la empresa. Se conoce que participaban en los
encuentros, por parte de la empresa, John C. Trotter, propietario de la franquicia de
Coca-Cola, Alfonso Riege y otros empleados de la empresa; por parte del Estado,
intervenía el coronel Germán Chupina Barahona.
Tuvieron
lugar también, algunas acciones legales por parte de la empresa que los
dirigentes consideraban atentados contra la unidad sindical. Una de esas
acciones consistió en fraccionar la empresa en 12 razones sociales diferentes.
II. ACCIONES CONTRA
TRABAJADORES Y PERSONAS LIGADAS AL SINDICATO
El control del personal de la
empresa se ejercía a través de miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado
que laboraban en puestos administrativos, tales como el jefe de personal, el
jefe de almacén y el jefe de seguridad.
Incluso llegaron a la contratación de ex militares, como en el
caso del ex teniente Francisco Javier Rodas Flores, quien llegó a la empresa acompañado de tres
guardaespaldas. Pero, además, la empresa contrató a la Policía Militar
Ambulante (PMA) para que se encargara de la seguridad.
En este contexto, se
produjeron varios atentados contra trabajadores. El 10 de febrero de 1977,
Angel Villegas y Oscar Humberto Sarti fueron ametrallados en la calzada Aguilar
Batres, pero ambos sobrevivieron al atentado. Días antes los dos trabajadores habían acusado ante los
tribunales a uno de los jefes de la empresa, quien los había amenazado de
muerte. El 2 de marzo los asesores del sindicato, Marta Gloria de la Vega y
Enrique Torres, sufrieron un atentado contra su vida, resultando heridos.
El 16 de octubre de
1978, Israel Márquez Pivaral, secretario general del sindicato, fue atacado a
balazos cuando estacionaba su vehículo frente a su casa en la zona 11. Del
atentado salió ileso. Sin embargo,
Márquez Pivaral continuó siendo víctima de actos intimidatorios y amenazas que
lo obligaron a abandonar el país en febrero de 1979.
Otros sindicalistas
recibieron también amenazas de muerte, suscritas por el denominado Ejército
Secreto Anticomunista (ESA). De
acuerdo con un declarante que trabajaba en la embotelladora:
“…En esos días, la
empresa era una especie de cuartel y el ambiente era muy tenso … En el lugar
donde se marcaba la tarjeta había una ametralladora calibre 50, a manera de
intimidación, apuntando a la entrada de los trabajadores”.
A
pesar de las amenazas y de que los administradores de la compañía no querían
tratar con los sindicalistas, a quienes consideraban de extrema izquierda, el sindicato logró que en febrero de
1978 se suscribiera el pacto colectivo de condiciones de trabajo.
No
obstante, entre 1978 y 1980, siete miembros y líderes del sindicato de la
Coca-Cola fueron asesinados y dos más fueron desaparecidos forzadamente. De
conformidad con documentación desclasificada, la empresa embotelladora estaba
decidida a acabar con el sindicato: “…Un funcionario norteamericano de la
compañía reconoció, entre otras cosas, que la compañía estaba decidida a poner
fin al sindicato…”
III.LAS EJECUCIONES
ARBITRARIAS DE LOS SINDICALISTAS
El 12 de diciembre
de 1978 fue asesinado Pedro Quevedo y Quevedo, primer secretario general del
STEGSA. El hecho ocurrió a medio día en la 11ª avenida y 9ª calle, zona 19,
colonia La Florida, en el momento que esperaba en la cabina del camión de
reparto placa C-175850. Fue baleado por dos sujetos que se conducían en
motocicleta. Los sujetos se acercaron a la puerta izquierda del camión y por la
ventanilla hicieron varios disparos que le causaron tres heridas en la cara (en
la frente, cerca de la boca y en el cuello). En total recibió 12 impactos de
bala. Con anterioridad, la víctima había recibido amenazas de muerte y un
conocido suyo, que trabajaba en la Policía Judicial, le había aconsejado que
era mejor que se fuera del país.
Al mes siguiente, el
24 de enero de 1979, fue asesinado Manuel Moscoso Zaldaña. En el atentado, su
esposa, Gladys Castillo de Moscoso, sufrió heridas graves. Los esposos Moscoso
viajaban en un vehículo Honda Civic P-48639 por la 3ª calle de la zona
11, colonia Molino de las Flores, donde fueron atacados a balazos. Se presume
que los autores pensaron que en el vehículo iba Israel Márquez, secretario
general del sindicato, quien días antes había rentado a las víctimas la casa de
su propiedad. Por ello, la pareja fue víctima de la represión contra el
sindicato de la Coca-Cola, a pesar de no tener ningún vínculo ni relación con
esa organización.
Cuando Israel
Márquez salió al exilio, ocupó su puesto Manuel Francisco López Balam, quien ya
había sufrido antes varios atentados que no fueron denunciados, porque se
valoró que era inconveniente. Incluso, tuvo que irse a vivir con su familia a
la sede de la CNT.
No
obstante las medidas de seguridad que tomó, López Balam fue asesinado el 5 de
abril de 1979 en la 17 avenida y 2ª calle de la zona 6, en la tienda El Valle.
Igual que en el caso de Quevedo, López Balam se encontraba realizando su tarea
de distribución del producto de la empresa y fue asesinado por dos sujetos,
quienes lo golpearon con un tubo de hierro y luego lo degollaron. Cuando otro
trabajador acudió en su auxilio, uno de los asesinos le dijo: “Yo no quiero
matarte, es a él a quien quiero”, señalando
a López Balam. Como en el caso de la muerte de Quevedo, los dos asesinos, según
se reportó, siguieron en motocicletas al camión de la compañía. El cuerpo de
López Balam mostraba 17 heridas. Se
afirma que sus agresores intentaron cubrir este crimen como un acto de
delincuencia común (intento de robo). Un
declarante recuerda que para el entierro de Manuel López Balam había agentes de
la G-2 amedrentándolos y, a la salida del cementerio, los persiguieron.
Un declarante
sostiene: “Fue con este hecho que se agudizó la relación
trabajadores-empresa. La confrontación fue muy fuerte. El número de agentes de
seguridad se había redoblado y hasta tenían perros”.
En los meses
siguientes, la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación y Afines
(UITA), con sede en Ginebra, Suiza, al conocer las ejecuciones arbitrarias que
se sucedían contra los trabajadores de la EGSA, iniciaron campañas internacionales
con la finalidad de presionar a los empresarios de la Coca Cola y a las
autoridades guatemaltecas, y detener la ola de violencia.
En enero de 1980, “…se
hablaba ya más concretamente de boicot a la producción y al consumo … a nivel
local; Trotter [propietario de la franquicia Coca-Cola] continuaba
empecinado en mantener sus posiciones. El 2 de febrero había vencido el
convenio colectivo y Trotter se había negado a discutir uno nuevo…”
El 13 de abril, ante
la negativa de la empresa de discutir el pacto colectivo que había vencido el 2
de febrero anterior, los trabajadores recurrieron a los tribunales de trabajo.
Ese mismo día, por la tarde, fueron despedidos 31 trabajadores, entre ellos
tres miembros del comité ejecutivo del sindicato: Marlon Mendizábal, Florentino
Gómez e Ismael Vásquez, que gozaban de inamovilidad. Estos tres directivos
fueron reinstalados por orden del tribunal.
El 1 de
mayo de 1980, luego de la marcha por el Día del Trabajo, fueron detenidos
Ricardo de Jesús García Ayfan y Arnulfo Gómez Segura, miembros del sindicato de
Coca-Cola. Ricardo de Jesús fue torturado, le quebraron los dedos de los pies y
las manos, y todo su cuerpo presentaba evidencias de los numerosos golpes
recibidos. Su cadáver apareció en Chiquimulilla, Santa Rosa, cerca de la
frontera con El Salvador. Arnulfo
Gómez Segura, de 22 años de edad, fue también torturado, con una hoja de
afeitar le cercenaron los labios y la lengua, colocándoselos en los bolsillos
de la camisa, le rompieron los dientes y todo su cuerpo mostraba señales de
golpes. Su cadáver apareció con tiro de gracia en el puerto de Iztapa, kilómetro 119 de la carretera al
Pacífico.
René Reyes, miembro
de base del sindicato, también fue secuestrado y torturado en mayo de 1980. Su
cadáver apareció en el departamento de Jutiapa.
Marlon Randolfo
Mendizábal asumió el cargo de secretario general después de la ejecución de
Manuel Francisco López Balam. Un declarante refiere que en el sindicato de la
Coca-Cola la elección del secretario general se hacía en el mismo velorio del
anterior y que la elección era un compromiso de muerte. Marlon Randolfo fue asesinado el 27
de mayo de 1980, cuando salía de la empresa, poco antes de las cinco de la
tarde, a esperar un bus para ir a su casa. El hecho ocurrió en la calzada Raúl
Aguilar Batres y 23 de la calle zona 11. Marlon Randolfo fue víctima de una
ráfaga de ametralladora disparada por la espalda, a menos de dos metros;
recibió 45 impactos de bala. Antes
de su muerte, Mendizábal fue sujeto de encarcelamiento y habían intentado
detenerle en julio de 1979. Había recibido también amenazas de muerte.
Luego del asesinato
de Marlon Randolfo Mendizábal, Mercedes Gómez fue electo secretario general del
sindicato. El 21 de junio de 1980, hacia las cuatro de la mañana, se produjo el
cambio de turno de trabajo entre Mercedes Gómez y Edgar René Aldana, afiliado
de base del sindicato, dándole el primero su sombrero a Aldana. Momentos después,
irrumpieron en la fábrica varios guardaespaldas de los empresarios y seis
policías militares ambulantes que formaban parte del equipo de seguridad de la
compañía. Fue allí donde capturaron, torturaron y dieron muerte a Aldana, quizá
pensando que se trataba de Mercedes Gómez.
El mismo día sábado
21 de junio de 1980, en torno las 11 de la mañana, se convocó a una reunión en
la CNT, en parte para tratar el caso del asesinato de Edgar Aldana. Sin
embargo, por cuestiones de seguridad, se decidió suspenderla. Debido a la
dificultad de notificar a todas las personas citadas acerca de la cancelación,
varios se presentaron. Esa misma tarde, 27 miembros de la CNT fueron
secuestrados, entre ellos Ismael Vásquez y Florentino Gómez, miembros del
Comité Ejecutivo del sindicato de Coca-Cola. Nunca más se volvió a saber de ellos.
IV. OTROS HECHOS DE
VIOLENCIA
El 20 de junio de
1980, sobre las dos de la tarde, en la 13ª calle y 9ª avenida de la zona 11, el
jefe de personal de la Coca-Cola, teniente (retirado) del Ejército, Francisco
Javier Rodas Flores, quien se dirigía de su casa a la empresa a bordo de un
carro, fue interceptado por otros tres vehículos. Le hicieron varios disparos
con metralletas. Francisco Rodas perdió el control del automóvil, estrellándose
contra una pared. Luego
del hecho, dos de los sujetos bajaron del automóvil y le dieron el tiro de
gracia. En este caso, las
FAR reconocieron públicamente que lo habían “ajusticiado”.
El
10 de julio de 1980, en la madrugada, Justiniano Vargas Casasola, trabajador de
la Coca Cola, fue muerto a cuchilladas, golpes y tiros. Su cadáver fue arrojado
al campo de fútbol Las Ilusiones, ubicado en la punta de un cerro en la zona
18. La víctima tenía en su bolsillo un carnet que lo identificaba como miembro
del servicio de Inteligencia militar.
V. CONCLUSIONES
La CEH, analizando
los antecedentes del caso, ha llegado a la convicción que entre 1978 y 1980
fueron ejecutados arbitraria y sistemáticamente siete sindicalistas
pertenecientes a la empresa Coca-Cola y una persona particular; que dos más
fueron desaparecidos forzadamente y que los asesores jurídicos y varios
miembros del sindicato sufrieron amenazas e intimidaciones, violándose de esta
manera el derecho a la libertad, integridad personal y a la vida de las
víctimas, así como el pleno ejercicio del derecho de asociación.
La CEH, tomando en
cuenta numerosos antecedentes unívocos y concordantes, entre los que se
incluyen la capacidad de acción necesaria para realizar dichas acciones, el
modus operandi de los perpetradores y el control que las fuerzas de seguridad
ejercían sobre la ciudad capital, presume que los sindicalistas fueron víctimas
de operativos en los que participaron agentes del Estado o personas que
actuaron bajo su protección, tolerancia o aquiescencia.
La CEH
concluye, asimismo, que la ejecución de un funcionario de la empresa por parte
de miembros de las FAR, y la tortura y ejecución de un trabajador, presunto
agente de la inteligencia militar, por desconocidos, constituye una grave
violación al derecho a la integridad personal y a la vida de estas víctimas.
Por otro lado, la
CEH considera que este caso ilustra la represión selectiva contra uno de los
sindicatos protagonistas del movimiento sindical en Guatemala entre 1970 y
1980, la cual consistió en la eliminación sistemática de los secretarios
generales y miembros del Comité Ejecutivo, el control de los trabajadores y la
inflitración de agentes de seguridad en la empresa.
Finalmente, la CEH
estima que, en el presente caso, se aprecia no sólo la abierta colaboración y
estrecha relación que existió entre los patrones de la empresa y las fuerzas de
seguridad del Estado, sino también el ejercicio de una política abiertamente
antisindical y contrainsurgente por parte del Estado.
LISTADO DE LAS VÍCTIMAS
Ejecución arbitraria
Edgar
René Aldana Ruano
Manuel
Francisco López Balam
Manuel
Moscoso Zaldaña
Marlon
Randolfo Mendizábal García
Pedro
Quevedo y Quevedo
Ricardo
de Jesús García Ayfan
Arnulfo
Gómez Segura
René
Reyes
Desaparición
forzada
Ismael
Vásquez
Florentino
Gómez
Herido
en atentado
Angel
Villegas
Enrique
Torres
Gladys
Castillo de Moscoso
Oscar
Humberto Sarti
Silverio
Vásquez
Marta
Gloria de la Vega
Ejecución
arbitraria (FAR)
Francisco
Javier Rodas Flores
Ejecución
arbitraria (desconcocidos)
Justiniano
Vargas Casasola
Víctimas
colectivas/desconocidas: 1
Fuente: CEH, Guatemala memoria
del silencio.
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