La ejecución de Oliverio Castañeda de León

Caso ilustrativo No. 45

La ejecución de Oliverio Castañeda de León

“Oliverio era carismático … inteligente, un estudiante distinguido, el mejor de su carrera. Era el joven que todos deseábamos ser”.

I. ANTECEDENTES

Oliverio Castañeda de León era un joven de 23 años, proveniente de una familia capitalina de clase media. Brillante estudiante de Economía, se destacó en la directiva de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), de la Universidad de San Carlos de Guatemala cuando, en el período 77-78, ocupó el cargo de secretario de finanzas.

Su trayectoria en el movimiento estudiantil universitario registró un rápido ascenso, dados su carisma y capacidad de liderazgo. En mayo de 1978 fue elegido secretario general de la AEU, respaldado por el grupo estudiantil Frente, que aglutinaba a asociaciones estudiantiles de diferentes facultades y escuelas de la Universidad de San Carlos.

Frente era uno de los principales conglomerados estudiantiles en la Universidad de San Carlos, en el que participaban miembros de la Juventud Patriótica del Trabajo (JPT) y también muchos estudiantes de izquierda sin militancia política. Debido a las mismas posiciones prevalecientes en el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) en esa época, ni Frente ni la JPT apoyaron la vía armada y tampoco las tácticas violentas que propugnaban otros grupos.

Frente se proclamaba partidario de la participación democrática para la solución de los conflictos y postulaba la lucha política para enfrentar la situación nacional.

Desde el mismo día 22 de mayo de 1978 en que Oliverio Castañeda llegó al cargo de secretario general de la AEU, hizo sentir su liderazgo. A raíz de la masacre de Panzós, ocurrida el 29 de ese mismo mes, Castañeda encabezó enérgicas medidas de protesta, que lo enfrentan al Gobierno.

Dos días después de la masacre la AEU realiza una manifestación de protesta, en la que participa en forma mayoritaria población indígena maya, y hace público un comunicado de prensa en el que demanda del Gobierno tres puntos que son aceptados por las autoridades: el acceso de los medios de comunicación al lugar de la masacre, el acceso al mismo de estudiantes de Medicina y la Cruz Roja, para atender a los heridos, y autorización para entrevistar a seis soldados que resultaron lesionados.

Más tarde, en septiembre de 1978, Oliverio Castañeda, en su doble calidad de dirigente de la AEU e integrante del Comité de Emergencia de los Trabajadores del Estado (CETE), desempeña un papel activo en la organización de una huelga general, en protesta por el aumento del precio del pasaje del transporte urbano.

La huelga paralizó a la ciudad capital, que se convirtió en escenario de graves enfrentamientos entre manifestantes y Fuerzas de Seguridad, con un alto saldo de heridos y cientos de manifestantes presos.

Luego de más de 15 días de huelga el Gobierno dio marcha atrás en el aumento de las tarifas del transporte urbano y decretó un subsidio. Las demandas de los huelguistas se cumplieron.

A esas alturas, la situación de inseguridad de los dirigentes de la huelga se había agudizado. Líderes del CETE fueron encarcelados y destituidos de sus cargos. Un antiguo dirigente del Sindicato de Correos y Telégrafos, Arnulfo Cifuentes Díaz, fue asesinado el 6 de octubre y los atentados contra sindicalistas y profesionales universitarios se acrecentaron.

El 19 de octubre, en vísperas de una manifestación conmemorativa de la Revolución de 1944, aparece una lista de 39 ciudadanos amenazados de muerte por el autodenominado Ejército Secreto Anticomunista (ESA). Oliverio Castañeda de León es uno de ellos.

Este clima determinó que, aún antes de las amenazas del ESA, se adoptaran medidas para proteger a Castañeda de León de eventuales atentados. Se le llevaba a dormir a diferentes casas y se mantenía el control sobre sus movimientos.

En el contexto descrito, el presidente de la República, general Romeo Lucas García, declaró a los medios de comunicación que la Universidad era un foco de subversión, lo cual significaba que tanto estudiantes como profesionales eran partícipes de las actividades armadas en el país.

A raíz de esta situación, el 19 de octubre por la noche se decidió que los directivos de la AEU no participarían en la marcha del día siguiente, sino sólo en el mitin posterior. Esta decisión no fue acatada y la mayoría de los dirigentes se integró a la marcha.

II. LOS HECHOS

Hacia las 9 de la mañana del 20 de octubre de 1978 la marcha de conmemorativa de la Revolución de 1944 salió de El Trébol hacia el centro de la ciudad. Transcurrió sin ningún incidente y el despliegue de policías fue atribuido a declaraciones de las autoridades en el sentido de que se daría protección a los manifestantes.

La marcha concluyó en el Parque Centenario, a 100 metros del Palacio Nacional, donde inmediatamente después tuvo lugar un mitin donde figuraba como orador Oliverio Castañeda de León, quien se integró a la manifestación a la altura de la 9ª calle y 6ª avenida de la zona 1.

Su discurso, el último del mitin, imputa de modo directo al ministro de Gobernación Donaldo Alvarez Ruiz, a quien le llama “Donaldo asesino”, haciendo referencia a graves violaciones de derechos humanos en que se involucraba a efectivos de las Fuerzas de Seguridad a cargo de ese funcionario.

Al finalizar el mitin las personas que llenaban el Parque Centenario comenzaron a dispersarse. La policía mantuvo un cordón de seguridad.

Hacia la una de la tarde, Oliverio Castañeda y un grupo de estudiantes abandonaron el Parque Centenario y cruzaron la 8ª calle. Llegaron al edificio de la Empresa Eléctrica, en la inmediaciones de la 6ª avenida. Junto a él iba una amiga y el guardián de la sede de la AEU.

Inmediatamente después de que cruzaron la 6ª, se inician los disparos. Un hombre sale desde la puerta trasera de un carro sedan alargado color turquesa, placas P109716 y con una ametralladora abre fuego sobre Oliverio. Él corre sobre la 6ª avenida en dirección sur, intentando escapar, pero es alcanzado por una bala que lo hace caer a la entrada del Pasaje Rubio. Otras cinco personas que transitaban por el lugar, entre ellos dos niños, también resultan heridos. En ese momento un jeep Toyota color blanco, placas oficiales O8038, se detiene a media calle y de él desciende un hombre de civil que le dispara a la cabeza, dándole el tiro de gracia. Regresa al vehículo, que se marcha a toda velocidad. También interviene en el operativo un carro tipo bronco, placas P11716.

La víctima falleció aproximadamente a las 13.20 y su cadáver presentaba “herida de bala en región espinal y de salida en región externa, herida de bala en pabellón inferior de la oreja derecha y salida en temporal del mismo lado y herida de bala en la cara anterior del muslo izquierdo, con salida en el mismo lugar”.

A pesar de la numerosa presencia de policías en los alrededores del suceso y de la duración de la balacera, no hubo reacción policial para auxiliar a la víctima, ni tentativa de persecución de los autores.

III. DESPUÉS

El 26 de octubre una manifestación que reunió a unas 40 mil personas manifestó su rechazo ante el asesinato del líder estudiantil. Los rótulos pintados por los manifestantes fueron borrados con pintura amarilla en la madrugada del día 27, por agentes de la Policía Nacional.

La investigación del crimen corresponde en primer término a la Policía Nacional, cuyo expediente contiene una descripción de la marcha y el mitin previos al asesinato. Luego, sobre la base de la información aportada por los efectivos que estuvieron presentes en el lugar de los hechos, describe la forma en que fue asesinada la víctima y un informe en el cual se identifica el automóvil al que correspondían en realidad las placas que llevaba uno de los carros utilizados en el crimen. Además, el informe policial señala que los disparos provinieron probablemente de un arma de calibre 45, pero ello no fue comprobado, porque no hubo autopsia ni se hizo recopilación de pruebas de balística en el lugar de los hechos. Tampoco se interrogó a los testigos presenciales al iniciar las pesquisas.

Por su parte, la investigación de oficio iniciada por el Ministerio Público se centró en tres puntos:

1                  La identificación de los automóviles utilizados en el operativo. Es relevante que no se profundizó en la circunstancia de que uno de los carros, aquel que ocupaba el hombre que dio el tiro de gracia a la víctima, ostentaba placas oficiales y que los investigadores judiciales se conformaron con un primer informe, de fecha 7 de noviembre de 1978, en que el jefe del Departamento de Tránsito informa que en su archivo “no aparecen registradas” dichas placas. Información negativa y conformidad judicial semejantes se dieron respecto a las placas P11716, correspondientes al carro tipo Bronco;

2                  Entrevistas a taxistas y vendedoras de los lugares aledaños al sitio en que tuvo lugar el asesinato, pero no a otros testigos presenciales. El resultado de las entrevistas fue irrelevante. Según reza el expediente: “Por la gravedad del hecho y por temor, los entrevistados no proporcionaron información concreta que pudiera conducir al esclarecimiento del caso”.

3.         Indagación de la existencia de una cinta sobre el asesinato, mencionada por los medios de comunicación. Nada se comprobó y el Ministerio Público concluyó que el Gobierno, a través de los medios a su alcance, debería establecer la veracidad de la existencia de la cinta.

La secuencia criminal que culminó con el tiro de gracia evidencia que Oliverio Castañeda de León fue una víctima seleccionada con premeditación por sus asesinos, en un contexto de varios casos similares que afectaron a otros dirigentes universitarios y, en particular, del conjunto de efectos derivados del discurso gubernamental, que señalaba a la Universidad de San Carlos como un foco de subversión.

En dicho contexto, el 6 de noviembre de 1978, Antonio Ciani García, sucesor de Oliverio Castañeda en la AEU, es detenido por hombres armados, vestidos de civil, sin que hasta la fecha se conozca su paradero.

Pese al compromiso asumido públicamente por las autoridades, el Estado no realizó una investigación seria para tratar de esclarecer el caso. Los responsables de la persecución penal omitieron de forma deliberada seguir aquellas pistas que indicaban la participación de agentes estatales o se conformaron con referencias dudosas.

A todo lo expuesto se suma el esfuerzo propagandístico de las más altas autoridades de la época, para achacar el crimen a organizaciones clandestinas que escaparían al control del Gobierno. En carta dirigida al vicepresidente de la República, publicada en el diario La Hora, el ministro de Gobernación manifestó, refiriéndose específicamente al asesinato de Castañeda: “… Acerca de los grupos paramilitares que usted menciona en su mensaje, puedo asegurarle que no existen, aunque sí organizaciones clandestinas de la extrema derecha e izquierda, que aparentemente colaboran entre sí para desestabilizar y crearle problemas al gobierno”.

Sin embargo, un declarante ante la CEH, señaló que la eliminación de Oliverio Castañeda fue objeto de una “decisión central” de carácter estatal y que “después del asesinato de éste se sentía un ambiente alegre en el Ministerio”.

Este testimonio coincide con informaciones sobre la participación encubierta, en graves violaciones a los derechos humanos, del denominado Comando Seis, unidad operativa de la Policía Nacional, que funcionó desde 1978 hasta 1982 y que en la práctica se relacionaba directamente con el Estado Mayor del Ejército, específicamente la D2, e indirectamente con el denominado Archivo del Estado Mayor Presidencial.

IV. CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta la calidad de la víctima y sus últimas actuaciones públicas, el modus operandi de los hechores, la actuación de la policía en el lugar del crimen y el curso dado a la investigación por las autoridades del Estado; y considerando, el contexto en que vivía el país, el cual hacía imposible la comisión de un hecho de esta naturaleza y su posterior impunidad sin que los autores contaren, a lo menos, con la aquiescencia o consentimiento de las autoridades del Estado, la CEH ha llegado a la convicción de que Oliverio Castañeda de León fue víctima de agentes del Estado o de sujetos que actuaron bajo su aquiescencia o tolerancia, considerando su muerte una violación de derechos humanos. La CEH presume que la responsabilidad estatal, en cualquiera de las dos alternativas, radicó en la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército.

Además, atendidos los antecedentes de las investigaciones realizadas por la Policía, el Ministerio Público y los tribunales, la CEH se formó la convicción de que las autoridades responsables del Estado de Guatemala faltaron gravemente a su deber de investigar y sancionar los hechos, violando el derecho a la justicia que asiste a los familiares de la víctima y a la sociedad guatemalteca.

Por otra parte, la CEH considera que el modus operandi utilizado para perpetrar este crimen, que combina la desafiante, pública y notoria actuación de los hechores con el encubrimiento y protección de su identidad, es ilustrativo de las modalidades represivas empleadas, a fines de la década de los setenta y comienzo de los ochenta, contra líderes sociales identificados por el Gobierno como partícipes de la insurgencia o su ideología.

Por último, el asesinato de Oliverio Castañeda de León constituye un precedente importante del cierre de espacios a la participación política y social de los estudiantes universitarios, que se prolongará durante la década de los ochenta, en que la mayoría de los dirigentes de la AEU son asesinados o desaparecen luego de ser detenidos.

LISTADO DE LAS VÍCTIMAS

Ejecución arbitraria

Oliverio Castañeda de León

Herido en atentado

Eufracia Revolorio Ramos

Hairo José García Revolorio

Manuel de Jesús Revolorio Ramos

María del Carmen Palencia Revolorio

Pedro Larios Morales